Si hay algo que nunca ha funcionado eficientemente entre los gobiernos de México con Estados Unidos es la relación con la DEA, la agencia antinarcóticos de la Unión Americana.
Lo sucedido en las últimas horas es la mejor demostración de esa distancia. La DEA anunció el martes en la tarde un operativo conjunto con México, el Proyecto Portero, que busca desmantelar las estructuras que permiten el tránsito y el ingreso de drogas en la frontera. Incluso anunció que ya estaba dando capacitación a agentes mexicanos para llevarlo a cabo.
Pero horas después, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que hubiera algún proyecto conjunto con la DEA. Habló del convenio de seguridad que debe firmarse con el gobierno estadunidense, pero negó que el proyecto Portero siquiera existiera. Es, por lo menos, extraño que se informe oficialmente de un proyecto de estas características, incluso anunciando actividades de capacitación ya en marcha, y que, por otra parte, se niegue su existencia en forma terminante.
Los desencuentros de México con la DEA son añejos y comenzaron casi desde la fundación de esa agencia. En 1985 fue secuestrado y asesinado del agente Enrique Camarena, junto con su piloto mexicano, Alfredo Zavala. La DEA acusó siempre al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y al ahora fallecido secretario de Defensa, Arévalo Gardoqui, de estar involucrados con el crimen, aunque con lo que se ha investigado en estos años no existen pruebas en ese sentido. Habrá que ver si en el próximo juicio a Caro Quintero aparecen.
Existe información en torno al caso Camarena, en la propia investigación que llevó a cabo la corte de San Diego, donde se instruyó el caso, respecto a la participación de otras agencias, como la CIA, en la lucha interna que llevó a la muerte de Camarena en Guadalajara, asesinado por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. De acuerdo con el testimonio de Víctor Harrison, que trabajaba para la CIA, pero que fue presentado por la DEA, la agencia de inteligencia habría colocado micrófonos en las oficinas de la DEA en Guadalajara para evitar que las investigaciones descubrieran las relaciones que esa organización habría establecido con narcotraficantes mexicanos, de Honduras y de Colombia, para abastecer de armas a la contra nicaragüense, en el contexto de la fallida operación Irán-Contras.
Cuando asumió Carlos Salinas, al mismo tiempo que George Bush, se hizo una suerte de borrón y cuenta nueva, con el TLC de fondo. México detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo y se desmanteló el Cártel de Guadalajara. Pero fue secuestrado dentro de México y entregado a la DEA en Estados Unidos el médico Carlos Álvarez Machain, acusado de haber participado en la tortura a Camarena, al mismo tiempo que en San Diego fue detenido Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría y acusado de ser propietario de la casa donde se torturó a Camarena. Álvarez Machain fue regresado a México, Zuno Arce terminó sus días en una cárcel estadunidense.
En el gobierno de Zedillo estalló el caso Gutiérrez Rebollo, el general que, con el respaldo de la DEA, fue designado zar antidrogas sólo para que la inteligencia militar mexicana descubriera, pocos meses después, que en realidad trabajaba para el cártel de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Cuando llegó Vicente Fox en el 2000, se revivió la colaboración, pese a la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande, pero los atentados del 11S y la dubitativa reacción del gobierno mexicano enfriaron toda la relación, mientras que la atención de la Casa Blanca se puso en el terrorismo, no en el narcotráfico y, para colmo, no se renovó la orden ejecutiva de Clinton que prohibía la venta de armas de alto poder en Estados Unidos. Fue justo cuando los cárteles comenzaron su guerra interna (2004, e hizo eclosión tres años después), pero ahora con un armamento que nunca habían tenido, comprado en Estados Unidos
Felipe Calderón trató de reconstruir la relación con la Iniciativa Mérida y fue la más estrecha que se haya tenido, se estableció, paradójicamente, vía Genaro García Luna, y hubo una fuerte presencia de la DEA, incluso con muchos operativos conjuntos. Años después de haber trabajado codo a codo con él, la DEA ordenó detener a García Luna.
Con Peña, la DEA no quería que Miguel Osorio Chong concentrara en Gobernación el tema de seguridad, se mantuvo la relación con la Marina, incluso con operativos conjuntos. Poco antes de que concluyera el gobierno de Peña, el general Salvador Cienfuegos fue condecorado en la Casa Blanca por su apoyo en la lucha contra el narcotráfico por el secretario de Defensa, el general James Mattis. Dos años después fue detenido por la DEA. El general fue liberado con el profundo disgusto de la agencia.
López Obrador ordenó el fin de operativos en México (enmarcado también en la estrategia de abrazos y no balazos) y después impulsó la Ley de Seguridad Nacional para, prácticamente, frenar la presencia de la DEA. No hubo ni siquiera renovación de visas para agentes de la agencia antidrogas. La llegada de Biden encauzó un poco las cosas, pero no demasiado. Dicen que en su primera visita a México, Anne Milgram, la nueva directora de la agencia, se disculpó con el general Luis Cresencio Sandoval por la detención de su antecesor, pero, ante la petición del secretario de la Defensa de que hiciera pública esa disculpa, Milgram dijo que eso no era posible. Y ahí quedaron las cosas. Estos son polvos de aquellos lodos.