Cientos de hectáreas de suelo de conservación en la Ciudad de México han sido invadidas por organizaciones vinculadas a Morena y al crimen organizado, con el presunto respaldo de autoridades capitalinas y de la alcaldía Tláhuac, según denuncia la investigación de Latinus y testimonios de ejidatarios de San Francisco Tlaltenco.
Los afectados señalan que la zona conocida como La Ciénega, destinada exclusivamente a actividades agrícolas, ha sido urbanizada ilegalmente con asentamientos irregulares, que ahora cuentan con servicios públicos como agua potable y energía eléctrica, a pesar de tratarse de un suelo protegido.
Los ejidatarios acusan que estas tierras han sido usadas como moneda de cambio para movilizar votantes. Según testimonios, las personas que reciben los terrenos invadidos deben participar en actos políticos cuando así se les indique. “Ese grupo que está ahí les da un terreno, pero con la condición de que salgan cuando ellos los necesitan a votar”, relató uno de los ejidatarios.
Las denuncias apuntan directamente a Rigoberto Salgado Vázquez, actual diputado federal por Morena y exalcalde de Tláhuac, así como a la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, señalada por brindar servicios públicos en zonas invadidas. También mencionan al cártel de Tláhuac, el cual ha intensificado la violencia en el área para forzar el abandono de parcelas.
En 2012, la especulación inmobiliaria generada por la Línea 12 del Metro detonó las primeras invasiones. A partir de 2020, la construcción de viviendas creció sin control, dejando solo 40 de las 513 parcelas aún disponibles para sembrar, de acuerdo con los testimonios recabados.
Los ejidatarios afirman haber acudido al Ministerio Público, pero fueron disuadidos de presentar denuncias por el temor a represalias y la supuesta protección de los invasores por parte de autoridades. Uno de los testimonios más graves relata el asesinato de un ejidatario que se negó a ceder su tierra.
Además de los grupos criminales, también se ha identificado la participación de organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa, Antorcha Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Sindicato Libertad, los cuales operan como grupos de choque y movilización electoral.
A pesar de que las autoridades de la Ciudad de México aseguraron en mayo que no permitirán nuevas construcciones, los ejidatarios continúan denunciando la pérdida de su patrimonio y la indiferencia oficial. Desde la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum hasta la actual administración de Clara Brugada, las demandas han sido ignoradas, según los afectados.