La central de patrones dice que los datos reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática: cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que, en conjunto, ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
Suena bien el compromiso asumido ayer por la presidenta Sheinbaum de ir “hasta donde tope” en las investigaciones sobre los decomisos de millones de litros de combustible robado que se han hecho en el país.
“Nosotros no vamos a proteger a nadie. Si hay servidores públicos involucrados… bueno, servidores, no, ¿verdad?, porque no sirven al pueblo”, dijo en la mañanera.
Omar García Harfuch secundó a su jefa: “En caso de que haya funcionarios públicos involucrados, también saldrá la orden de aprehensión, por supuesto”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tuvo el cuidado de aclarar que en Coahuila, donde recientemente se incautaron 129 carro-tanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo, recibió el apoyo del gobierno del estado.
Esperemos que el de Sheinbaum no sea sólo otro discurso de corte populista. Los mexicanos tenemos derecho a la duda sembrada desde que se construyó el primer piso de la Cuatroté.
No hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador declaró “acabado” el fenómeno del huachicol desde su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre del 2019. Fue un engaño.
Ya que estamos. El gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez, presumió ayer en X resultados en materia de seguridad.
“Nuestro estado se destaca nuevamente como el segundo de mayor disminución en el promedio diario de homicidios dolosos, con una reducción de 58.2 por ciento”, escribió en su cuenta de X.
El PAN celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum haya reconocido que su gobierno no ha podido disminuir la extorsión y que haya anunciado el envío al Congreso de una ley que ordena que ese delito sea investigado de oficio.
“Qué bueno que el gobierno reconoce que este ilícito ha crecido en años recientes en, al menos, 60 por ciento, y que es momento de trabajar y poner manos a la obra para detenerlo”, dijo el diputado Héctor Saúl Téllez, coordinador económico de la bancada azul en San Lázaro.
En el mismo sentido se pronunció la Coparmex.
En un comunicado subraya su respaldo a la iniciativa anunciada por la presidenta y agrega:
“Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias”.
La central de patrones dice que los datos reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática: cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que, en conjunto, ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
“Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional”, subraya el comunicado.
Esas ocho entidades, que concentran 66 por ciento de las extorsiones, son: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, advirtió ayer que la autonomía universitaria y las libertades académicas deben reconocerse como condiciones para preservar la salud democrática.
“Sin pensamiento crítico sin investigación independiente, y sin espacios educativos libres de coerción política o económica, la democracia pierde su capacidad de cuestionarse”, dijo.
Hizo el pronunciamiento en el XII Seminario Impactos Democráticos Transformadores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, celebrado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL).
Armin von Bogdandy, director del MPIL, advirtió sobre el duro golpe que ha significado para las democracias mundiales “la tormenta de la polarización, el populismo, y los autoritarismos, cuyas consecuencias no conocemos en toda su dimensión”.