LA ESTRATEGIA DE Estados Unidos hacia México no es reactiva, sino profundamente estructurada. Ha estado centrada en frenar el narcotráfico, con énfasis particular en el fentanilo, en combatir de forma frontal a los cárteles y controlar los flujos financieros provenientes del crimen organizado.

Esa táctica también ha implicado la desarticulación de estructuras políticas y privadas que funcionan como vehículos para estas redes criminales.

Asimismo, el férreo control de la migración irregular y de las remesas, sectores donde el Departamento de Estado que lleva Marco Rubio ha identificado una creciente presencia del crimen organizado. El objetivo de la administración de Donald Trump ha sido uno: proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos y económicos de las empresas estadounidenses en nuestro país.

La Casa Blanca ya trazó una hoja de ruta con la que pretende enfrentar y aumentar la “Lista Viva” de redes criminales transnacionales y combatir la corrupción institucional de otros gobiernos y empresas.

El 9 de junio, el Departamento de Justicia, de Pam Bondi, publicó la nueva directriz sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la herramienta de la orden ejecutiva 14209 firmada por Trump.

En ésta, el Memorándum instruye a los fiscales federales a priorizar casos con tres características centrales: a) vínculo directo con operaciones de cárteles, b) con perjuicio específico a empresas o ciudadanos estadounidenses, y c) corrupción relacionada con activos clave como puertos, energía, transporte e infraestructura crítica.

El Memorándum contiene la arquitectura legal que justifica acciones directas en sectores específicos en México:

1.- Sector político: La aplicación extraterritorial de la FCPA podría alcanzar a actores vinculados directa o indirectamente con redes de financiamiento ilícito.

Esto incluye no sólo a funcionarios en activo, sino también a exfuncionarios con nexos identificables con cárteles o empresas pantalla.

En particular, se prevé que figuras asociadas al partido Morena, liderado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, así como al gobierno federal y gobiernos estatales con historial de corrupción o colusión criminal, sean blanco de investigaciones o sanciones.

La “Lista Viva”, que otros en su momento denominaron la “Lista Marco”, se convierte ahora en una plataforma operativa.

2.- Empresas y contratistas: Compañías que hayan participado en licitaciones públicas, especialmente en sectores como infraestructura, energía y transporte, y que hayan generado una desventaja estratégica a las empresas de Estados Unidos, serán objeto de escrutinio.

Desde el gobierno de Joe Biden, y así lo expresó en su momento el entonces embajador Ken Salazar, Washington había puesto el foco en las secretarías de Marina, que llevaba José Rafael Ojeda Durán, pero sobre todo en la Defensa, que está al mando de Luis Cresencio Sandoval, por compras de equipos de origen chino.

Cualquier indicio de soborno a funcionarios mexicanos o uso de empresas fantasma puede detonar procesos bajo la FCPA, incluso si éstos ocurrieron fuera de la Unión Americana.

La exposición jurídica de estas empresas crece significativamente, sobre todo, si tienen socios o proveedores en territorio estadounidense.

3.- Sistema financiero y bancario: El control sobre flujos financieros ilícitos abre la puerta a una presión creciente sobre bancos, fintechs y operadores de transferencias de dinero en México.

El Departamento del Tesoro, que está a cargo de Scott Bessent, podría solicitar auditorías cruzadas y solicitudes de colaboración para identificar, por ejemplo, beneficiarios finales de remesas que puedan estar ligadas al lavado de dinero o financiamiento del crimen organizado.

Esto no sólo pondrá en alerta a entidades financieras, sino que podría afectar a comunidades enteras que dependen de estas transferencias.

4. Relaciones diplomáticas: Aunque no se enmarque oficialmente como una intervención, el uso extraterritorial de la FCPA debilita el principio de la soberanía jurídica. La falta de mediación diplomática en los procesos puede escalar tensiones bilaterales, específicamente, si actores políticos mexicanos interpretan estas acciones como persecución o desestabilización.

En ese sentido, la estrategia se mueve con eficacia operativa, pero con alto costo político para la relación bilateral.

LE PLATICABA QUE la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Pablo Gómez, acaba de crear una nueva dirección. Se trata de una unidad especializada en Análisis Criminal. Su objetivo será el análisis de las organizaciones criminales, sus estructuras y ramificaciones. La autoridad, léase Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, Hacienda de Edgar Amador e, incluso, la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch están siendo rebasadas por la delincuencia organizada, no sólo por los seis cárteles de la droga que fueron catalogados en enero por el gobierno de Donald Trump como “organizaciones terroristas internacionales”. El gobierno y sus agencias de seguridad desconocen en muchos casos cómo se están integrando los mercados del huachicol fiscal, el huachigas, el huachidiésel, el tráfico de personas, el terrorismo y no se diga el de las nuevas drogas. Esta área es una respuesta a la presión de las Secretarías de Justicia y del Tesoro, que manejan, precisamente, Marco Rubio y Scott Bessent, respectivamente.

Y LOS BANCOS siguen metiendo el acelerador en cuanto al reforzamiento de las medidas y protocolos para detectar áreas vulnerables y operaciones inusuales, a fin de que ese crimen organizado ingrese dinero sucio a sus cuentas. Scotiabank que dirige Pablo Elek, Banorte que lleva Carlos Hank González y Santander que conduce Felipe García Ascencio recién ficharon a Narciso Campos para que los asesore y, eventualmente, defienda ante posibles demandas o contingencias relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de las autoridades estadounidenses. Campos es el socio de White & Case especializado en esos menesteres. De hecho, la Asociación de Bancos de México, que preside Emilio Romano, contrató a ese afamado bufete neoyorquino como asesor externo. Campos fue jefe de la Oficina de la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray. Le tocó negociar el T-MEC hace ocho años, justo cuando llegó por primera vez a la presidencia Donald Trump.

LA REESTRUCTURA FINANCIERA que al parecer se ha complicado es la de Casa Marzam, uno de los distribuidores de medicamentos históricos en el mercado privado. La compañía que encabeza Luis Doporto viene haciendo esfuerzos para capitalizarse. El plan era que se le inyectaran 450 millones de pesos con la participación de Santander, que comanda Felipe García Ascencio, y HSBC, que capitanea Jorge Arce. Un componente relevante en la ecuación era Genomma Lab, que posee 44 por ciento, cuyo dueño, Rodrigo Herrera Aspra, aportaría 200 millones del monto total. El problema es que al parecer este empresario se echó para atrás. ¿Se acuerda que le contamos la última vez que había problemas con Pablo Escandón, el dueño de Nadro, y con el que se dio una sociedad? Por ahí se conflictuó el plan que ya habían avalado unos 200 proveedores.

SOBRE EL CONVENIO de La Europea, que la semana pasada autorizó la Jueza Segunda especializada en Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta, los dos únicos bancos que no lo firmaron fueron Banamex, que preside Manuel Romo, y Bx+, que dirige Tom Ehrenberg. De hecho éste último, propiedad de Antonio del Valle Ruiz, fue el más belicoso, con varios recursos jurídicos. El proveedor más grande de la afamada cadena de vinos y licores de José Ramón Ruiz es Casa Cuervo, que tampoco suscribió el convenio. Sin embargo, la empresa de Juan Beckmann no lo objetó. Bacardí de Daniel Aliaga, Diageo de Nuno Tales y Pernod Ricard de Nicolas Payet, tres de las más importantes multinacionales de bebidas, sí dieron su aval.