La reciente aprobación exprés de la nueva Ley de la Guardia Nacional marca otro paso más en la militarización del país. Este cuerpo, nacido en 2019 como corporación híbrida, fue absorbido por el Ejército y ahora transita a ser una extensión castrense bajo la Sedena, con labores que rodean y menguan las instituciones civiles. La reforma otorga facultades de inteligencia, vigilancia de comunicaciones y geolocalización en tiempo real -todo ello sin órdenes judiciales ni contrapesos claros. Causa en Común advirtió lo que esto significa: “la militarización se consolida como pilar del nuevo régimen”. López Obrador y Citlalli Hernández y Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde criticaron a Calderón por darle tanto poder a las Fuerzas Armadas. Ahora ellos, calderonizados, se han vuelto una versión peor de lo que denostaban.

El paquete legislativo no se detiene ahí en las Fuerzas Armadas. Incluye la Ley Espía, que da vía libre a la Secretaría de Seguridad para acceder a bases de datos personales, biométricos y geolocalización de cualquier individuo -y sin orden judicial. A ello se suma el uso obligatorio de una CURP biométrica, con huellas, rostro, iris, y sujeta a una nueva Plataforma Única de Identidad. El resultado: un sistema de vigilancia integral, sin límites ni transparencia. Una granja gendarme, en manos de Morena.

Y como en la granja orwelliana, los porcinos del partido en el gobierno prometen un sistema para protegernos. Pero ahora esa promesa se subvierte, porque la protección se vuelve el pretexto para el control. Sin mecanismos independientes -desaparecidos o capturados o eviscerados por el gobierno-, ¿quién vigila al vigilante, al cerdo que te observa sin que lo sepas? ¿A quién beneficia el Big Brother del Bienestar? A los militares impunes que consolidan su rol político y presupuestal a costa del debilitamiento del poder civil. A futuros gobiernos que podrán reutilizar esta infraestructura autoritaria sin restricciones. Como advierte la Red en Defensa de los Derechos Digitales: “el día de mañana… ahí están las leyes”. Leyes que podrían ser usadas contra el ciudadano, a cualquier hora, en cualquier momento.

¿Y quiénes pierden? Personas vulnerables como los adultos mayores, las comunidades rurales, las personas trans, quienes pueden ser excluidos por fallas en registro biométrico. Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que en el gobierno de AMLO fueron víctimas del “Ejército espía” y la maquinaria de Pegasus, ahora reforzada para intimidarlos. Toda la sociedad porque no habrá garantía de la presunción de inocencia, ni del debido proceso. Al contrario: todos somos potencialmente observados, espiados, amedrentados.

El analista Luis Fernando García señala que este paso es parte de un “rompecabezas de vigilancia”, donde la suma de las leyes crea un sistema mucho más peligroso que cada norma por separado. Las reformas -22 en total, aprobadas en un periodo extraordinario sin parlamento abierto- evidencian más que un pacto legislativo acelerado: reflejan una visión donde el Estado olvida el interés público y se convierte en centinela autoritario.

Orwell nos enseñó que el poder crece con la vigilancia. En ese rancho represivo viven personas sabiendo que pueden ser vistas, escuchadas, geolocalizadas y por eso comienzan a callar. En esa estancia de la estulticia florece la autocensura. Crece el miedo que se vuelve el árbol torcido donde las libertades mueren.

Los ciudadanos no deben resignarse a ser observados -no sin garantías, no sin contrapesos. Este Estado-cuerpo militarizado no es invulnerable, pero sí puede volverse irreversible. Y como pronosticó Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Hoy, si no lo detenemos, los cerdos que vigilan México serán cada vez más iguales en su capacidad para apropiarse de la granja nacional, mientras protegen sus nuevos privilegios. Incluyendo el de espiarnos.