EN EL SANTUARIO, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Valle de Bravo, el acceso al agua depende no de la ley, sino de la voluntad de un particular: Michel Domit.
A más de 30 años de haber obtenido el permiso para urbanizar esa zona privilegiada, el cuñado de Carlos Slim Helú sigue sin entregar formalmente el desarrollo al municipio.
Valle de Bravo se ha convertido en el codiciado lugar de descanso lo mismo que de influyentes hombres de negocio que de políticos encumbrados, deportistas, artistas, etcétera.
Roberto Hernández, Emilio Azcárraga, Fernando Chico Pardo, Andrés Conesa, María Asunción Aramburuzabala, Jorge y Carlos Rojas, Elmer Franco, Pablo Escandón, Jorge Ballesteros, entre otros.
Lejos de allanarse a la ley, Domit mantiene un sistema de control privado que incluye cobros indebidos, cortes arbitrarios de agua y restricciones ilegales al paso de pipas que circulan ahí.
Lo grave es que los abusos continúan, pese a que distintos juzgados de distrito han concedido suspensiones federales que ordenan restablecer el suministro de agua, cesar cortes y permitir entrada de pipas.
Las órdenes son explícitas a la empresa Promotora Valle de Bravo de Domit, quien las ha ignorado sistemáticamente, haciendo valer la máxima de que “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
La ausencia del Estado de Derecho es grave, pues hablamos de una zona donde también tienen residencia políticos como el ex presidente Enrique Peña Nieto o el ex gobernador de ahí, Alfredo del Mazo.
Igualmente, la ex secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, la ahora senadora morenista Olga Sánchez Cordero.
El desacato de Domit no se detiene ahí: como represalia, Promotora ha dejado incluso de recoger la basura de los vecinos que han promovido amparos, con el claro objetivo de castigar la disidencia.
En pleno 2025, a dos horas de la capital del país, los habitantes de El Santuario viven bajo un régimen de chantaje hídrico y represión administrativa, sin que la autoridad municipal intervenga.
La presidenta, Michelle Núñez, no ha hecho valer la ley: mientras el juez federal ordena restituir servicios, el desarrollador actúa como si tuviera licencia para ignorar al Poder Judicial.
La omisión del gobierno local de Núñez es ya cómplice, no pasiva, demostrando, una vez más, que el Poder Judicial del Estado de México a cargo de Fernando Díaz deja mucho qué desear.
Frente a este escenario, los vecinos han decidido responder por la vía institucional: el equipo de abogados ha promovido múltiples juicios de amparo y denuncias ante autoridades administrativas y judiciales.
Hasta ahora han logrado diversas suspensiones a su favor que ratifican la ilegalidad de los actos de Promotora Valle de Bravo y ordenan la restitución inmediata del servicio de agua.
El conflicto ya no es solo vecinal ni de gestión de servicios, es un caso de desacato reiterado a la justicia federal y de violación flagrante al derecho humano al agua.
Las acciones de Promotora son ilegales, porque negar un servicio esencial sin orden judicial ni procedimiento no es un asunto privado, sino un delito en las narices de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los colonos, hartos, han optado por lo que debió ser innecesario: acudir a los tribunales para que se les garantice lo que Domit prometió desde un inicio y lo que la Constitución ya reconoce como derecho. Hoy, tienen la ley de su lado, pero no el agua en sus casas.
¿Y qué dice la comisión encabezada por Efraín Morales?
HACE UNOS DÍAS le refería que en varios escritorios de bancos de inversión hay mandatos para la venta de activos energéticos, debido a la incertidumbre que hay entre las empresas del sector por mantener sus inversiones aquí por la inminente entrada en vigor de una Reforma Judicial que les produce desconfianza. Hay dos casos ahora mismo: la estadounidense Sempra Energy, que preside Jeffrey Martin, puso a la venta Ecogas México, una de sus empresas filiales que posee tres franquicias de servicios públicos que ofrece servicio de distribución de gas natural Mexicali, Chihuahua y La Laguna-Durango. Otro es la española Acciona, de José Manuel Entrecanales, que está buscando deshacerse de sus plantas fotovoltaicas, principalmente las que tiene en Sonora. Igualmente, en un proceso que ni siquiera es público, la francesa Engie que encabeza Catherine MacGregor, está evaluando sus plantas de renovables. Macquarie y Monterra son otro par de empresas extranjeras que también sondean el mercado. ¿Compradores? Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, y la CFE, al mando de Emilia Calleja, pero sin recursos en caja.
HAY MALESTAR ENTRE los empresarios de Monterrey con la Secretaría de la Defensa. Resulta que no conformes con haberles quitado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la administración del Aeropuerto del Norte, ahora la milicia les está cobrando a los usuarios, pasajeros ejecutivos, la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario). Y lo que es peor: dicho impuesto, que debería ser enterado y cobrado por la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador, lo retiene y entra a las arcas del Ejército. ¿Quiénes son los usuarios de esa terminal que hasta el gobierno federal pasado era privada? Pues básicamente los grandes corporativos regiomontanos, desde Cementos Mexicanos, que comanda Fernando González Oliveri, hasta FEMSA, que lidera José Antonio Fernández Carbajal; pasando por Xignux, de Juan Ignacio Garza Herrera; Metalsa, de Enrique Zambrano; Vitro, de Adrián Sada; Ternium, que encabeza Máximo Vedoya; Cydsa, de Tomás González Sada; Arca-Continental, de Manuel L. Barragán, entre muchos otros más.
HABLANDO DE REGIOS, no pierda de vista a la sociedad financiera de objeto Múltiple Préstamo Feliz, de Fernando García Sada. Podría estar siguiendo los mismos pasos de Crédito Real, la que fuera de Ángel Romano, o Unifin, de Rodrigo Lebois. Al parecer ya está enfrentando retraso en pagos a algunos acreedores. Esa financiera venía creciendo muy bien. Forma parte del mismo grupo que el año pasado adquirió Banco Forjadores, que preside Enrique Barrera. Su target son los microcréditos para las pequeñas y medianas empresas.
POR UN TOTAL de 500 millones de pesos, el Banco del Bienestar, de Víctor Manuel Lamoyi, asignó el contrato con clave BABIEN-UA-LPNE-004-2025 a las empresas Gurges Implementación de Negocios, Sankual Negocios, Soluciones Integrales Prebeo, Imago Centro de Inteligencia de Negocios y Noval Collective, todas ellas representadas como consorcio por Felipe Méndez López. El acuerdo contempla el “Servicio especializado de asistencia técnica para el seguimiento, atención e implementación de diversos programas para el fortalecimiento de actividades que lleve a cabo el Banco del Bienestar en el ejercicio fiscal 2025”, que no es otra cosa que una modalidad del otrora llamado outsourcing.