Diez años, siete meses, 27 días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un tribunal federal estableció que no hay elementos para afirmar que es falsa la verdad histórica, que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam, hoy en prisión domiciliaria.
El tribunal agrega que tampoco se sostiene la versión de que es una “maquinación” de funcionarios de la entonces PGR para encubrir los hechos y legitimar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso, como han sostenido altos funcionarios de la cuatroté, periodistas, el GIEI, la famosa Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y Alejandro Encinas.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX concluyó que no está acreditada otra versión distinta a la de Karam. Es decir, la Unidad de Investigación y Litigación de Caso Ayotzinapa tendría que localizar los restos de los normalistas en un lugar distinto al del río San Juan.
“Ese diverso lugar que se requiere para estimar que la versión conocida como la verdad histórica, hasta la fecha no se advierte que sea falsa si, como acontece, no está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad”, dice el fallo publicado por el periódico El Sur de Acapulco, a partir de un texto de Abel Barajas en la agencia de Reforma. Esta sentencia es contraria a la que emitió en 2018 el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, la cual desestimó la verdad histórica.
“El Poder Judicial ha entrado en franca oposición de criterios”, nos dijo Iñaki Blanco, procurador de Justicia en Guerrero cuando desaparecieron los normalistas. En enero de 2015, Murillo presentó lo que llamó “versión histórica” de Ayotzinapa. La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados a Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado en el basurero de Cocula, y arrojado al río San Juan.
Por años, Murillo fue vilipendiado y acusado de complicidad hasta que fue arrestado y encarcelado en agosto de 2022 por sostener esa verdad. Hoy se perfila como un chivo expiatorio de confirmarse la sentencia del citado tribunal.
— ¿Le deben una disculpa a Murillo?, le preguntamos.
— El tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre. La verdad, tarde o temprano, encuentra el camino. Lo más probable es que el asunto escale a la SCJN, respondió.
* No es común que un alto funcionario del gabinete presidencial se encierre tres horas y media a dialogar con coordinadores de todos los partidos. Mucho menos en estos tiempos de la cuatroté, en los que pensar diferente es motivo de críticas. Rosa Icela Rodríguez lo hizo ayer. Sostuvo un diálogo institucional con todos los jefes de bancadas legislativas.
Se manifestaron diferencias, pero con respeto. El mismísimo Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN, reconoció la apertura de la titular de la Segob. “Es de demócratas reconocer cuando un ejercicio como éste se da en un ambiente respetuoso y se ofrece una posibilidad de intercambiar puntos de vista”, dijo.
San Luís Potosí necesita una gobernadora incluyente, sencilla, de amplio criterio y buen currículum. Morena tiene ahí un buen prospecto para 2027.
* Ya que estamos. Rosa Icela aceptó tres preguntas al salir del maratónico cónclave. Una de ellas fue relativa a la CNTE.
— ¿Se mantiene la reunión con la Presidenta mañana?, le preguntaron.
Su respuesta puso en duda el encuentro: “¿Ellos quieren la mesa? La hemos estado ofreciendo, pero en esas condiciones ¿Se puede hacer una mesa? ¿Se debe hacer cuando están afectando a los niños que se quedan sin clases?
Lo que sí dejó muy claro es que el incremento salarial del 100% que están pidiendo los maestros no se puede dar.
* Mónica Güicho es sinaloense. Aspira a ser ministra de la SCJN. Tiene el número 15 en la boleta morada de la elección judicial. Egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría por la Universidad Panamericana y doctorado en la Universidad de Salamanca. Renunció a su cargo de magistrada representante del gobierno federal de la sexta sala.
— ¿Qué se necesita para que el Poder Judicial mantenga su autonomía después de estas cuestionadas elecciones?, preguntamos.
“La legalidad del proceso electoral tiene mucho que ver con los perfiles de alta calidad que se integren a la nueva Corte y a los nuevos cargos que se han convocado en ese proceso extraordinario. Es importantísimo que las personas sí cuenten con los requisitos que la reforma exige: profesionalismo, capacidad técnica y jurídica, experiencia, honorabilidad y probidad”, respondió.
Pide mucho para los estándares de la cuatroté.