Un total de 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán se entregaron al FBI en la garita de San Ysidro, Tijuana, el pasado viernes, en un movimiento que ha detonado especulaciones sobre un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, en medio de una creciente presión internacional sobre figuras del oficialismo mexicano.
Entre los entregados está Griselda Guadalupe López Pérez, exesposa del capo y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como sobrinos, una hija, un nieto de nombre Archivaldo y un yerno. Todos ellos ingresaron a pie, según confirmaron fuentes federales estadounidenses.
El arribo del grupo se da apenas dos semanas después de que Ovidio Guzmán “El Ratón” —detenido en Chicago— llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia para cambiar su declaración a culpable, lo que se interpretó como el inicio de una colaboración con fiscales estadounidenses.
La entrega masiva ha encendido las alertas en sectores del Gobierno mexicano, ya que se teme que los familiares de “El Chapo” puedan fungir como testigos clave en procesos judiciales con implicaciones políticas en México, particularmente en medio de tensiones binacionales tras la revocación de visa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Versiones en círculos políticos sostienen que Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor del capo y actual líder de “Los Chapitos”, también podría entregarse próximamente a las autoridades de EU. El movimiento se estaría produciendo en medio de un posible reacomodo de fuerzas dentro del Cártel de Sinaloa, donde los aliados de Ismael “El Mayo” Zambada han comenzado a recuperar control territorial, especialmente en el norte y sur del estado.
En 2021, la oposición denunció que Ovidio Guzmán habría intervenido en la operación electoral a favor de Morena en Sinaloa, lo que ahora vuelve a tomar fuerza ante la posibilidad de que los acuerdos con EU revelen nexos políticos.
También se menciona que algunos de los familiares entregados podrían testificar en el juicio contra Rafael Caro Quintero, recientemente deportado a Estados Unidos.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano no ha emitido postura oficial sobre la entrega de los familiares del exlíder del Cártel de Sinaloa.
