El asesinato de Teresa González, lideresa del colectivo Esperanza de Jalisco, provocó un viraje en la relación del Gobierno federal con las madres buscadoras, en lo que representa uno de los primeros ajustes sensibles en la administración de Claudia Sheinbaum. La Presidenta instruyó pausar las reformas en materia de desapariciones y abrir una ruta de diálogo con los colectivos antes de avanzar en el Congreso.

González fue atacada el 27 de marzo en su domicilio en Guadalajara, donde recibió un disparo en la cabeza tras resistirse a un intento de secuestro por parte de un grupo armado. Su fallecimiento esta semana intensificó las exigencias sociales y provocó una reacción directa del Ejecutivo federal.

En respuesta, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, iniciará una serie de reuniones con representantes de colectivos, con el objetivo de incorporar sus propuestas a las reformas enviadas por el Ejecutivo. Las iniciativas contemplan la creación de una base nacional de carpetas de investigación, uso de datos biométricos en el CURP y coordinación entre INE y fiscalías estatales para el cruce de información.

“Ellas quieren agregar algunos temas que consideran que van a favorecer a las leyes y acordamos que así sea”, explicó Sheinbaum al anunciar la suspensión temporal del trámite legislativo.

Una de las primeras reuniones se realizará con Indira Navarro, madre buscadora que encabezó los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, considerado un centro de exterminio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Gobierno federal ha señalado que estos encuentros buscarán garantizar mayor seguridad, participación y apoyo institucional para las labores de búsqueda.

El giro marca un cambio notorio respecto a la administración anterior, que mantuvo distancia con estos grupos. Sheinbaum busca reconfigurar la relación con los colectivos para dar respuesta a una crisis que persiste en el país y que ha dejado más de 110 mil personas desaparecidas según cifras oficiales.