No sé si el avión militar de reconocimiento que recorrió el golfo de California o el portaviones que transitó —en aguas internacionales— frente a Ensenada fueron juegos de guerra del trumpismo, un mensaje de la Casa Blanca o simplemente algo que ocurre con mucha frecuencia sin que nos enteremos. El mismo día que ese avión de reconocimiento cruzó el mar de Cortés, sin violar el espacio aéreo mexicano, estaba en la frontera el secretario de Defensa, Pete Hegseth; no sería extraño que hubiera seguridad adicional. Seguridad que se puede obtener, además, por innumerables satélites.

En el caso del portaviones, Ensenada está a un paso de la base naval militar de Estados Unidos en San Diego, por allí transitan con regularidad buques de guerra. O puede ser también que, como hemos dicho, estemos ante una nueva etapa de colaboración entre las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos.

No sería inverosímil. Es evidente que muchas cosas están cambiando desde el 20 de enero pasado y se confirmó con la plática que tuvieron este lunes la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Habrá, desde ya, una renegociación, como habíamos adelantado, del T-MEC, que no esperará hasta el 2026: Trump la quiere iniciar ya, quizá sea una renegociación bilateral y no necesariamente trilateral, con Canadá. Y nos conviene como país que sea lo más rápido posible, para tener una base firme de la relación con la administración Trump.

De la mano con esa renegociación se tendrá que negociar un acuerdo de seguridad, como también hemos dicho, que irá mucho más allá de cualquiera de los que se han establecido hasta ahora; es imprescindible y servirá también para tener certidumbre en el tema y, además, para tener una batalla mucho más eficiente contra la delincuencia. Yo no veo problema en que se designe como terroristas a los grupos criminales, tampoco ello implicaría una intervención directa, militar, de Estados Unidos en México, como algunos piensan, salvo que nos enfrentemos a una catástrofe política y diplomática, que no se avizora.

Y serviría para muchas cosas positivas, una de ellas, indudable, es obligar, por sus propias leyes, a que el gobierno de Trump combata la venta de armas a los grupos criminales. Uno de los principales capítulos de la designación de cualquier organización como FTO por el gobierno estadunidense incluye la prohibición absoluta de la venta de cualquier tipo de armas a esos grupos. Es un instrumento mucho más útil que la vía judicial que ha intentado el gobierno mexicano hasta ahora. Eso reforzaría enormemente nuestra posición en ese tema.

Simultáneamente a la negociación del nuevo acuerdo, tanto comercial como de seguridad, se tendrán que dar modificaciones internas importantes, porque, si no, se vulnerarán los propios acuerdos. En el ámbito de la seguridad se tendrá que seguir y reforzar la actual estrategia, pero se esperan algunos golpes políticos que le den una dimensión y credibilidad mayor aquí y, sobre todo, en Estados Unidos.

En el terreno económico y comercial eso también ya está ocurriendo: México ha dado marcha atrás en el tema de la compra del maíz transgénico, un absurdo en el que nos embarcó la anterior administración y donde perdimos el panel de controversia sobre ese asunto. Con las nuevas normas energéticas que anunció la presidenta Sheinbaum quedó un amplio espacio para inversiones privadas de todo tipo. La información de ayer sobre la producción de semiconductores va en el camino de atender una de las mayores exigencias (y de nuestras mejores oportunidades) de la estrategia de distanciamiento de Estados Unidos con China.

La presidenta Sheinbaum ha ordenado acabar con las compras gubernamentales a China y ha pedido a los empresarios atender el tema del acero y el aluminio importado de ese país, lo que causó fuertes y justificadas quejas de la Unión Americana. Pareciera que en todos estos temas se están alineando los intereses y es una buena noticia.

Pero falta más. En diciembre pasado decíamos aquí “que, más temprano que tarde, el gobierno federal tendrá que decidir si avanza con la reforma judicial, así como está planteada y renuncia al T-MEC, o cumple con éste y adecua la reforma a lo que el tratado estipula. No es un tema de interpretaciones, estamos hablando de la letra del propio T-MEC.

“En el capítulo XXI sobre política de competencia del T-MEC se señala que cada parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva”. Lo mismo dice en el Capítulo XIV del T-MEC referente a la inversión y en el capítulo XXIII sobre política laboral.

Con la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se compromete la garantía de tribunales independientes. ¿Puede establecerse una renegociación del T-MEC sin cumplir con sus normas básicas o quizás se piensa (o se negoció) que avanzando en temas como el fentanilo y la migración, energía y agricultura, Estados Unidos ignorará esos cambios en las normas del propio tratado?