CIUDAD JUÁREZ.— Las respuestas que está teniendo el gobierno federal ante los aranceles y otras medidas de Donald Trump son acertadas y sensatas.
Ante la imposición de aranceles de 25 por ciento a las importaciones estadunidenses de acero y aluminio no había, en nuestro caso, que contestar con represalias arancelarias porque simplemente no tenía sentido. Ayer en la mañanera, el secretario de Economía lo explicó muy bien: México tiene un comercio deficitario con Estados Unidos en acero y aluminio. Las empresas de la Unión Americana le venden a nuestro país seis mil 987 millones de dólares anuales de acero y aluminio. Como dijo Marcelo Ebrard, cobrar aranceles sería en contra de su propia economía (y de la nuestra).
Ya están a punto de iniciar los contactos formales (informales ha habido y muchos en distintos ámbitos, incluida, por supuesto la cancillería de Juan Ramón de la Fuente) para negociar estos temas con quienes serán los nuevos funcionarios de comercio de la administración de Trump que serán ratificados por el Congreso esta misma semana. Y allí se comenzarán a definir estos temas.
Hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en no engancharse en una dinámica de respuestas arancelarias (como tendrán que hacerla otros países cuyo comercio de metales con Estados Unidos es superavitario, como Canadá, Australia, China, Corea del Sur o la Unión Europea). Con un agregado, el gobierno federal ha decidido impedir la compra disfrazada de acero chino para ser revendido a Estados Unidos como producto nacional. No es un punto menor.
Pero no es el único tema que aparece o aparecerá en la agenda bilateral. El tema migratorio como hemos dicho parece estar bastante controlado: hoy en Juárez como la semana pasada en Baja California, y poco antes en Tapachula, lo pudimos comprobar fehacientemente.
La seguridad está teniendo buenos resultados, aunque no sé si le alcanzará a Trump, que quiere medidas espectaculares, con ello. La colaboración de Omar García Harfuch con las agencias estadunidenses, sobre todo el Homeland Security, aseguran que está muy bien encaminada, lo mismo que la relación en estos y otros temas con Marco Rubio vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Del Ejército y próximamente la Marina con intercambio de información, inteligencia, incluso de elementos de fuerzas especiales para entrenamiento y capacitación.
Pero otro tema que terminará saliendo en la negociación bilateral más temprano que tarde, será el de la corrupción y la justicia, y con ello la reforma judicial, cuya elección de junio se ve cada día más tortuosa y manipulada.
Ahora sabemos que ni siquiera serán los ciudadanos los que contarán los votos que se llevarán de las casillas (en realidad, centros de votación, donde sólo habrá autoridades del Instituto Nacional Electoral y en los cuales se concentrarán varias casillas) a centros de cómputo del INE, lo que desde las reformas de los años 90 se había cancelado porque los votos se contaban en las casillas por los ciudadanos para que en el traslado no se rompiera la cadena de custodia. Ya no será así. La elección de junio será cuestionada desde todos los ángulos posibles.
A eso hay que sumarle que en los seis últimos años retrocedimos notablemente en la percepción de corrupción. México cayó al puesto 140 de los 180 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción 2024, levantado por Transparencia Internacional. Caímos 14 puntos. Es la calificación más baja de nuestra historia desde que se levanta dicho índice, el puntaje de México es apenas de 26 sobre 100. En América sólo estamos mejor calificados (y por muy poco) que Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).
Transparencia Internacional, una organización reconocida a nivel global y con sede en Berlín, sostuvo que la baja calificación mexicana se debe a “la debilidad y opacidad del Poder Judicial, lo que ha limitado la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia. El Poder Judicial en México, cuya puntuación como país es la más baja hasta el momento, no ha logrado tomar medidas contra casos de corrupción emblemáticos, como Odebrecht y Segalmex” sostiene el informe.
No hay forma de que después de una reforma y una elección judicial controvertidas, que vulneran la independencia del Poder Judicial, salgamos bien librados de esa visión. Y, finalmente el tema se colará a las negociaciones comerciales y de seguridad con la administración de Trump.
