Lisa y llanamente fue vergonzosa la sesión de este martes y miércoles de los diputados en la que se aprobó la reforma judicial en lo general y en lo particular. Sin diálogo alguno, en la Magdalena Mixiuhca, donde lo que más destacó fue ver a los diputados comiendo tacos y tortas ignorando el debate, en un desorden absoluto, fue como se aprobó una reforma trascendental para el futuro del país, una reforma judicial que, cuando se termine de aprobar en el Senado (al oficialismo le falta un voto para lograrlo), acabará con un sistema de justicia autónomo e independiente.

No se trata sólo de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, algo que no hace ningún país en el mundo (ni siquiera Bolivia, y por supuesto que no lo hace Estados Unidos, es lamentable que el Presidente haya tenido que ser desmentido al respecto por el embajador Ken Salazar, y mucho menos Japón, como han dicho), además, la forma de designar a los candidatos queda, en los hechos, en manos del gobierno, del Ejecutivo y el Legislativo. En otras palabras, sólo se podrá elegir entre los que el gobierno designe.

El vacío judicial que sufriremos en cuanto se apruebe la reforma será brutal. Hoy, el Poder Judicial tiene unos 400 mil casos pendientes de resolver, mientras la Suprema Corte por sí sola, unos diez mil. Además del paro, muchos jueces renunciarán de forma inmediata en cuanto se apruebe la reforma y otras instituciones estarán paralizadas, desde la propia Corte hasta el Consejo de la Judicatura. Habrá elecciones en junio del 2025 y nadie sabe siquiera cuánto costarán y su dimensión, y será hasta septiembre de ese año cuando se puedan conformar los nuevos tribunales, juzgados, la nueva Corte, y luego ese totalitario tribunal de disciplina judicial que será como un comité de salud pública de Robespierre, sobre todo el sistema judicial. ¿Se imagina el costo que tendrá un sistema judicial inoperante durante un año?

La reforma judicial ha logrado un unánime rechazo de empresarios, de las cámaras, de los principales socios comerciales de México, comenzando por Estados Unidos y Canadá, y terminando con la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia. Es un absoluto despropósito que pone en riesgo los tratados comerciales y las inversiones. Ayer, el Presidente se burlaba diciendo “¿ustedes creen que por una reforma judicial van a dejar de invertir en México?”. La verdad es que muchas de esas potenciales inversiones ya no se hicieron, cada vez más están optando por Texas, que, además, tiene una carga fiscal más baja que México y, sin duda, mayor seguridad. Las inversiones que tenemos son en su mayoría reinversiones de utilidades, pero el fenómeno del nearshoring, que tendría que estar disparando la economía mexicana, no se ha convertido en una realidad.

Los datos duros sobre la caída de la economía ahí están: se puede tratar de ignorarlos o de esconderlos, pero la realidad es terca: el dólar se ha devaluado un 30% desde la elección; el mes pasado, las remesas, el principal apoyo que tienen millones de familias mexicanas (son el doble de los programas sociales del gobierno), cayeron un 10%; la tasa de crecimiento de la economía se redujo a poco más del 1% para el sexenio, al Presidente le pareció un dato fantástico pese a que, comenzando el sexenio, prometió un 5 o 6%, para el segundo semestre de este año será del 0.8 por ciento. Se dijo que es por efecto de la pandemia, pero nuestros socios comerciales han crecido mucho más. La economía mexicana ha sido siempre jalada por la estadunidense, pero el crecimiento de EU, el país al que va el 80% de nuestras exportaciones, fue de 3.1 por ciento. Eso quiere decir que el estancamiento es nuestro, no de la economía global.

Y eso se demuestra con el aumento del consumo privado, que fue el motor de la economía en el pasado reciente y que ahora apenas creció un 0.1 por ciento. El déficit fiscal que le deja al país esta administración es de 6%, cuando lo recibió con un 2.1% del PIB; el gobierno se endeudó más y gastó de más en proyectos faraónicos que ni siquiera terminó. Y no hablemos de la deuda y las pérdidas de Pemex, una tragedia económica en sí misma, incrementada notablemente en este sexenio.

Nuestra economía depende en un porcentaje altísimo de la de Estados Unidos. Es verdad que existe una enorme integración de las economías de los dos países que no va a desaparecer por la reforma judicial, pero sí lo harán muchas inversiones potenciales ante la falta de seguridad jurídica, otras ya han impuesto como condición para dirimir conflictos que serán las cortes de Nueva York y no las mexicanas las que decidirán en los mismos.

Para terminar de causar temor a los inversionistas, el gobierno de la Ciudad de México decidió establecer en la Constitución local que la propiedad privada está supeditada a la propiedad pública. Martí Batres ayer dijo que la reforma a la Constitución de la ciudad no afecta a la propiedad privada porque la misma está garantizada en la Constitución nacional, pero el hecho es que eso será, al final, tema de controversia y el propio Martí aseguró exactamente lo contrario cuando firmó el lunes la reforma al asegurar que la propiedad pública está por encima de la propiedad privada. La inversión inmobiliaria es uno de los factores más importantes para la economía de la Ciudad de México, ¿invertirán en grandes desarrollos inmobiliarios si no está asegurada su propiedad?

Al oficialismo le falta un voto en el Senado para aprobar la reforma. Dicen que ya lo tienen, y la oposición dice que tiene asegurados los votos de 39 de sus 43 senadores. Esos cuatro terminarán decidiendo el futuro de la nación.