Es mayo de 2024 y México está al borde del colapso ambiental.

“Estamos en una situación crítica”, dice la abogada climática Nora Cabrera. “México pasó de tener políticas insuficientes, de acuerdo con los compromisos de Climate Action Tracker, a ser críticamente insuficientes”, dice el coordinador de Conexiones Climáticas, Pablo Montaño. “Si el panorama mundial está complicado, en México estamos dos décadas atrasados”, dice el investigador Luis Zambrano. “Hay temas sumamente graves, estamos en un momento cercano a un umbral sin retorno”, dice la académica Leticia Merino. Los cuatro expertos, entrevistados por EL PAÍS, coinciden: este ha sido un “sexenio perdido” en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

México es el quinto país con más diversidad del mundo, su territorio alberga el 12% de la biodiversidad planetaria. También es el cuarto Estado más vulnerable a los efectos del cambio climático, según el World Risk Index. Sube al segundo puesto en cuanto a exposición a sufrir desastres naturales. Es por su geografía —rodeado de océanos y con zonas por debajo del nivel del mar— y también por su profunda desigualdad. De los 2.456 municipios que hay en México, el 56% está en la categoría de riesgo alto de desastres, según recoge el panel de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que presentó la Agenda Socioambiental 2024: “Eso se traduce en que 27 millones de habitantes son altamente vulnerables a las consecuencias del cambio climático”. Y, ¿quiénes son los más expuestos a los huracanes, a la sequía, a las inundaciones? “Las poblaciones con menos recursos”, resume Merino. Los pobres que han hecho lema este Gobierno. Sin embargo, el medio ambiente nunca ha sido una prioridad para Andrés Manuel López Obrador.

El presidente mexicano llegó a Palacio Nacional en 2018 después de enunciar 100 compromisos en un Zócalo repleto. De estos, cinco estaban relacionados con el medio ambiente: plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables; impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables; proteger la diversidad de México y no permitir semillas transgénicas; no recurrir a métodos de extracción de materias primas —como el fracking— que afecten la naturaleza, y no permitir que “ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico afecte el medio ambiente”.

Esos compromisos convivían con otros: construir el Tren Maya y el corredor Transístmico, aumentar la inversión pública para la producción de petróleo, rehabilitar seis refinerías, construir una nueva en Tabasco. En esa contradictoria lista de promesas estaba la advertencia de cómo iban a ser los siguientes seis años.

Andrés Manuel López Obrador ha convertido el rescate a Petróleos Mexicanos en su proyecto personal. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo (106.000 millones de dólares de deuda) y el Gobierno le ha inyectado en este sexenio 49.000 millones de dólares en efectivo, deducciones de impuestos y otro tipo de ayudas, según un estimado de Bloomberg. Aun así sigue sin ser eficiente. También es la novena empresa petrolera que más contamina en el mundo, según el Instituto para la Responsabilidad Climática de Estados Unidos.

Los combustibles fósiles —el petróleo, el gas y el carbón— son los principales responsables del cambio climático debido a los gases de efecto invernadero que emiten cuando se queman para generar energía y que están provocando el aumento de las temperaturas. La ONU ha llegado a advertir que si la proporción de combustibles fósiles se mantiene para 2050 las consecuencias para el planeta serán “desastrosas”.

Hace solo un par de meses que López Obrador, en el aniversario de la nacionalización del petróleo, se negó a dejar de invertir “anticipadamente” en la extracción de petróleo: “En los últimos tiempos… de manera sutil, ha surgido una fuerza, una corriente de opinión en contra del petróleo y de otras energías fósiles, lo cual ha llevado a plantear que se elimine o se reduzca su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables, pero debemos calcular bien los tiempos”. Faltaban pocos días para que México llegara a las temperaturas más altas que se han registrado en su historia.

Para Pablo Montaño que el presidente haya priorizado esta visión de desarrollo se topa con dos problemas básicos: “Primero la crisis climática, que se nos va el planeta, y después que México ya no es un país petrolero. La producción petrolera ha ido decreciendo y solo se ha conseguido sostener ese declive. El petróleo que nos queda cuesta mucho dinero y energía sacarlo”. Además, señala los efectos en cascada de “aferrarse así a Pemex”: “Tienen a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) quemando combustóleo, crudo más pesado, que tiene menor rendimiento y un altísimo costo medioambiental y para la salud”.

La postura de López Obrador ha ralentizado la entrada a otros debates urgentes, como la transición energética justa, apunta Nora Cabrera, fundadora de Nuestro Futuro. “Nos hemos quedado en debatir si se necesitan o no paneles solares. Cuando ya sabemos que sí, pero lo importante es saber cómo vamos a redistribuir de forma justa esa energía solar. Este sexenio, hemos abandonado el proceso de transición energética y lo vamos a tener que retomar de forma acelerada, lo que va a hacer que los procesos generen más injusticias”. En otras palabras, Montaño apunta: “¿Para qué o para quién va a ser esa energía limpia? ¿Para tener sistemas de refrigeración para la pesca artesanal en comunidades o para producir autopartes de Tesla?”.

Los dos expertos concluyen que López Obrador se ha comportado como un negacionista climático. “Es un presidente muy fuerte y con mucha legitimación política. Que tenga nulas convicciones sobre la crisis climática, que no sea su agenda, se ha reflejado en una falta de políticas efectivas y también ha generado un desinterés social”, señala Cabrera. “Se puede negar el cambio climático desde posturas muy críticas, como Trump, Bolsonaro o Milei, y está el negacionismo con las acciones. Y es ahí donde estamos. Construir una refinería ahora, cuando sabemos lo que provocan las emisiones de combustibles fósiles, es una forma de negacionismo, es una forma de creer que este problema no nos va a alcanzar”, apunta Montaño. Ambos recogen la ironía de que el Estado natal del presidente, Tabasco, sea uno de los territorios más vulnerables de México al cambio climático, porque gran parte del Estado está por debajo del nivel del mar. “Un cuarto de su territorio podría desaparecer en 2050″, incide Cabrera.

Así lo resume Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM: “Perdimos seis años y un dinero descomunal. Para adaptarnos a la crisis tenemos que deshacernos de Pemex y parece que estamos pidiendo tirar la Pirámide del Sol y poner un McDonald’s. Es un problema vincular nuestra identidad nacional al petróleo”.

El 85,5% de México está seco. El 30% en un grado extremo. Hay 13 Estados que sufren la sequía en todos sus municipios; en algunos casos, la situación es extrema, como en Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo o Guanajuato. El país encadena tres años de sequía, lo que ha provocado que se sequen los lagos y se agoten las presas. La situación es dramática. Se multiplican los incendios y se pierden las cosechas. “El 80% de la cosecha de maíz en Oaxaca se perdió el año pasado, si este año llueve tan poco como el anterior, el nuevo Gobierno va a entrar enfrentando una crisis de hambre”, advierte Leticia Merino, coordinadora de la Agenda Socioambiental 2024, que reúne a 35 expertos en medio ambiente.

El problema no es nuevo. Los especialistas sitúan el origen en la Ley de Aguas Nacionales que Carlos Salinas de Gortari promulgó en 1992 para “mercantilizar los bienes hídricos del país”. El agua del país quedó en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua): “Una institución opaca, dirigida por feudos conectados con grupos de interés, que ponen en riesgo la viabilidad hídrica del país”, señala un grupo de cinco investigadores, coordinados por Omar Arellano Aguilar, “los intentos del presidente López Obrador de limpiar la corrupción de la Conagua fueron infructuosos”. Así, un 7% de los usuarios tiene en sus manos el 70% de las aguas concesionadas en el país. Los expertos reseñan que el funcionamiento de la Conagua permite tratos favorables a grandes corporaciones e inmobiliarias, frente al detrimento a comunidades, que pagan 33 veces más que los primeros por el uso del agua. O priorizar el suministro a campos de golf por encima de viviendas humildes.

Además, no hay sanciones para los grandes contaminadores de los cuerpos de agua. Hay 100 inspectores para vigilar 514.000 concesiones en todo el país. “Cuando se llega a aplicar una sanción, el contaminador se ampara y la Conagua no litiga el caso”, afirman los expertos, que destacan que la ley no provee de instrumentos para enfrentar, por ejemplo, la contaminación de acuíferos por agroquímicos, porque el uso agrícola no requiere permiso de descarga. Merino, que formó parte de las comisiones que hacen las normas oficiales de México, explica que solo hay tres normas sobre los residuos industriales que se echan al agua y que en las comisiones donde esto se decide hay tres plazas para la academía, dos para la sociedad civil y 30 para la industria: “Las propuestas por hacer normas más estrictas no pasaban nunca”.

Como consecuencias: los ríos, arroyos, canales y embalses de México están contaminados. En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció por primera vez el nexo entre la contaminación de los ríos y el deterioro de la salud de las poblaciones que viven en sus riveras. La Secretaría de Medio Ambiente llegó en 2019 a reconocer “la grave devastación ambiental” de los ríos y definió lo que llamó “infiernos ambientales”. En ellos estaban la cuenca del río Atoyac, Tula, Independencia, Santiago, Coatzacoalcos y Lerma. “Los ríos en el país siempre han sido visto como grandes desagües”, apunta Luis Zambrano.

Ante esto, la sociedad civil exigió reemplazar la ley de 1992 por otra nueva centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se ha quedado congelada. Hubo una oposición tremenda de los diputados y senadores del PAN y PRI, pero también fue boicoteada por los senadores de Morena”, señala Merino, que afirma que hay una “captura corporativa” debido a la “corrupción tremenda” dentro de la Conagua. “Este Gobierno no tuvo la fuerza o la claridad ambiental para regular el poder de las corporaciones”, concluye la experta. Zambrano, que lleva décadas investigando el tema del agua, señala: “Si tenemos 10 litros de agua y Modelo usa ocho, tenemos que sacar a Modelo de Ciudad de México. Tenemos que sacar a las industrias de las zonas con alto estrés hídrico, como el Valle de México, Monterrey o Guadalajara. Pero en seis años, no hicimos nada”.

El Gobierno de López Obrador heredó muchos de los problemas ambientales sobre los que decidió no actuar. Sin embargo, todos los expertos coinciden en uno creado directamente en esta administración: el desmantelamiento de las instituciones que velan por la protección del medio ambiente. “Con Ernesto Zedillo se crearon. La debilidad institucional se inició con Peña, pero el desbarate total es obra de este sexenio”, explica Leticia Merino: “El presidente las dejó sin presupuesto”. La asfixia para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es tal que prácticamente no pueden operar. También desapareció la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), que tenía un papel importante en investigación”

Merino, antrópologa e investigadora de la UNAM, ejemplifica: “Profepa se quedó con cuatro inspectores para el Estado de Michoacán, por lo que se quedó sin capacidad para trabajar en campo. Estuve en diciembre en Oaxaca, en la Sierra de Juárez, y nos decían las comunidades que tuvieron que prestarle dinero a la Secretaría de Medio Ambiente para pagar la luz e imprimir. Conafor tenía como dos años que no pagaba en Ixtlán la renta, ellos le prestaban el local. ¿Qué capacidad va a tener entonces de combatir plagas o incendios forestales?”.

Hay números oficiales: el presupuesto de la Conafor ha pasado de siete millones en 2015, tres milones en 2018 a menos de dos desde 2020. Mientras eso ocurre, la superficie quemada por los incendios ha pasado de 500.000 hectáreas en 2018 a 700.000 en 2022. Así, mientras el programa de manejo de fuego 2020-2024 carece de recursos, los incendios y las plagas se han multiplicado. También se ha hundido la superficie reforestada. “El 70% de las áreas forestales está abandonada y en manos de la delincuencia”, sentencia Merino, investigadora de los bosques mexicanos, que luchan contra la tala ilegal, la deforestación por desarrollos inmobiliarios, los proyectos mineros y de energías renovables, y el cambio de uso para ganadería.

El informe de Agenda Socioambiental 2024 recupera algunos de los éxitos del Gobierno: apoyar la producción de granos básicos; disminuir los subsidios a los grandes agroproductores e incrementar para los pequeños; avanzar en la protección del maíz nativo, tras un decreto que prohibió sembrar maíz transgénico y proponer la eliminación del uso del glifosato en la agricultura (esto debería haber entrado en vigor el 1 de abril, pero López Obrador lo puso en pausa por la enorme presión de la industria); no otorgar nuevas concesiones mineras y aprobar una nueva ley de Minería que modifica algunos de los aspectos más abusivos de la de 1992. También se lograron algunas concesiones comunitarias en Oaxaca, Yucatán y para el pueblo yaqui de Sonora. Y se avanzó en la cobertura de servicios de agua potable para familias de menos recursos.

El investigador Luis Zambrano recuerda que no hay balas de plata para salir de la crisis climática, pero que las principales pasan por restaurar los cuerpos de agua. Nora Cabrera señala la urgencia de crear un plan nacional de adaptación al cambio climático, con financiamiento y medidas que permitan articular una política de estado. También reparar las violaciones a derechos humanos que ya están viviendo algunas comunidades. Pablo Montaño apunta por “cuestionar la lógica de crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos”. Leticia Merino aboga porque el próximo Gobierno entro con la visión de emergencia ambiental. “Lo que hagamos se va a reflejar en 20 años”, dice Zambrano, “y lo que no hagamos también”.