El Año de Hidalgo

EN EL OCASO del primer gobierno de la 4T, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, Salim Arturo Orci juega un papel decisivo en la campaña insidiosa para desprestigiar, sabotear y entorpecer la operación de un servicio integral clave.

Y se ha puesto sobre sus hombros la misión de boicotear el trabajo de CBH+ en materia de anestesia y de promover intentos fallidos por quitarle a esa empresa de Samantha Bárcenas sus contratos.

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En la antesala de su retiro, Orci encontró en los bolsillos de Casa Plarre de Adrián Cervantes, el gran perdedor, su bono de salida: las acciones orquestadas por el OIC que no se limitan a la simple calumnia.

Se sabe que a través de la encargada del Área de Quejas en el OIC, la doctora Tzitzi Martínez, ha ordenado más de 30 visitas a hospitales del instituto que dirige Zoé Robledo en todo el país.

A decir de no pocos médicos y funcionarios del Seguro Social entrevistados en diferentes momentos, han acusado a los visitadores enviados por Orci y Martínez de sistemáticamente humillarlos.

Los obligan a posar frente a las máquinas de anestesia, tomándoles fotos y video, sometiéndoles a entrevistas indignas y acusatorias bajo la máxima de que están coludidos con el proveedor del servicio CBH+.

Hasta el momento el pupilo del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, ha impulsado al menos dos investigaciones con una rapidez y eficacia que cualquier mortal denunciante de actos de corrupción dentro del IMSS solo se atrevería a soñar.

Y es que Casa Plarre solo tuvo que esperar seis meses, y no años como los casos de medicamentos falsos que le denunciamos la semana pasada, para que iniciaran los procedimientos de sanción contra Bárcenas.

Habría que preguntarse hasta que dónde los brazos de Orci y de Cervantes están llegando a “tocar” a funcionarios del IMSS en las oficinas generales de Paseo de Reforma y de la calle de Durango.

O si éstos son solo las víctimas de la embestida de un órgano con un poder desmedido y sin control, porque Orci ha utilizado su autoridad para encontrar fallas donde no las hay.

El OIC del IMSS ha ejercido presión sobre administradores de contratos y servidores públicos para justificar sanciones absurdas y penalizaciones a proveedores mal calculadas al margen de la ley.

En un país donde la lucha contra la corrupción es una prioridad, permitir que individuos como el Titular del OIC del IMSS conviertan sus oficinas en trincheras de persecución y manipulación no debería ocurrir.

Un expediente que también debería llamar la atención de la Secretaría de la Función Pública, que lleva Roberto Salcedo, y donde su número dos, la subsecretaria Thalía Lagunas, conoce a fondo.

Pero ambos igualmente no han dicho “esta boca es mía” en este caso que tiene un valor de 3 mil 435 millones de pesos de contratos de gobierno.

ESTA SEMANA VA estar muy movida por donde se le vea. Los mercados seguirán volátiles, como quedó ayer demostrado tras la conferencia de prensa que por la tarde ofreció en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum. A los 45 minutos que empezó a informar que a partir de ya se abre la discusión de la Reforma Judicial en un parlamento abierto, para votarla en septiembre, el billete verde brincó hasta los 18.57 pesos, pero, a la hora 15 minutos de su intervención, se empezó a ajustar hasta los 18.42 por la toma de utilidades que hicieron bancos. La Presidenta electa anunció que la próxima semana dará a conocer a su gabinete, lo que se constituye en un mensaje de certidumbre que los grandes empresarios saludaron al mostrarse confiados en que no habrá mayores sobresaltos en el proceso de transición. Hoy Sheinbaum recibirá a una comitiva del gobierno de Estados Unidos encabezado por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional. Y este miércoles será la comida de la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, que tendrá como invitado al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien también seguramente llevará el mensaje de certidumbre y la hoja de ruta de la transición. O sea, semana muy movida.

SI BIEN JALISCO y Puebla estarían ya en la recta final para ser seleccionadas por BYD como sede de la supuesta planta de manufactura, otras fuentes cercanas al proceso nos dicen que no hay que descartar ni a San Luis Potosí, que gobierna el verde Ricardo Gallardo, ni a Guanajuato, al mando del blanquiazul Diego Sinhue Rodríguez. Dos elementos de último momento podrían cambiar el fiel de la balanza. Puebla, si bien es atractivo, el encarecimiento de la mano de obra producto de la última huelga de Volkswagen le afectaría. Y segundo: la presión que el gobierno de Joe Badin está ejerciendo sobre China limitaría a la armadora de Wang Chuanfu a llegar con nuevos proveedores de su país y a decantarse por un cluster que le garantice la proveeduría local de partes y componentes.

FINALMENTE, LUEGO DE que desde el 24 de marzo pasado se lo informamos aquí, ayer el poderoso fondo Blackstone anunció que creó un fideicomiso con MRP Group para ir por el 100% de las acciones de Terrafina, a un precio de compra de 38.50 pesos por acción. Ayer mismo la influyente firma financiera estadounidense comandada por Stephen Schwarzman informó conjuntamente con el desarrollador inmobiliario mexicano de Jerónimo Gerard la oferta, que consiste en un precio que representa una prima de 5% sobre el precio de cierre de las acciones del fideicomiso dirigido por Alberto Chretin el 7 de junio pasado. La propuesta de Blackstone y MRP estará vigente hasta el próximo 10 de julio.

HABLANDO DE FONDOS, solo que éstos catalogados como de los llamados “buitres”, ayer Televisión Azteca reafirmó su disposición al diálogo para llegar a un arreglo razonable con los dos fondos acreedores que la semana pasada volvieron a la carga contra la empresa de Ricardo Salinas, pretendiendo involucrar al Estado mexicano en un conflicto entre particulares al invocar improcedentemente el Tratado de Libre Comercio que México y Estados Unidos tienen firmados. Parece que la desesperación está embargando a Contrarian Capital, que preside Jon Bauer, y a Cyrus Capital, de Stephen Freidheim.

EL CASO DEL Club Hípico San Francisco en la CDMX sigue dando de qué hablar. Le platiqué cómo René Toussaint irregularmente le arrebató a su ex esposa el inmueble. Pues ahora los reflectores caen sobre el inquilino del Hípico, Manuel Castillo Mondragón, quien cumple al pie de la letra las instrucciones de Toussaint, ya que por malos manejos y falta de permisos autoridades de Álvaro Obregón, que aún gobierna Lía Limón, ordenaron el 5 de junio su clausura y colocaron sellos. Pero Castillo mandó a quitarlos y continúa operando como si nada. Mientras tanto, el financiero Toussaint disfruta invitando a sus grandes clientes a visitar algunos bancos en Suiza.

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