¿Quién gana con la crisis judicial?

Ninguno de los directamente involucrados va a ganar de la crisis detonada en el sistema de justicia. A la investigación ordenada por la ministra presidenta Norma Piña contra Arturo Zaldívar, jueces, funcionarios y exfuncionarios, se ha sumado el juicio político solicitado contra Piña y el que los panistas quieren iniciar contra el expresidente de la Corte y ahora integrante de la campaña de Claudia Sheinbaum.

La escalada servirá para que quienes declaran contra la corrupción del Poder Judicial asienten su posición, sean denunciantes o denunciados. ¿Puede servir electoralmente? Lo dudo. A cada acusación se responderá con otra y la gente finalmente no sabrá de qué se está hablando. El camino tendría que haber sido otro porque éste no será, al final, transitable.

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Con una agravante: no veo posible sentar las bases de esta investigación en tan corto tiempo, antes de las elecciones, y quién sabe si se pueda judicializar después. Si Xóchitl Gálvez gana las elecciones, el escenario será diferente, pero si la ganadora es Claudia Sheinbaum, lo cierto es que seguirá ampliando su peso en la Suprema Corte. Buena parte del Consejo de la Judicatura está ya controlado por cercanos a Morena. Apenas concluyan las elecciones habrá que decidir el reemplazo del ministro y expresidente Luis María Aguilar, y ya vimos cómo actuó Morena en la sustitución del propio Arturo Zaldívar, colocando como ministra a Lenia Batres que, más allá de cualquier otra consideración, no tiene capacidades judiciales suficientes como para estar en la Corte. Pero vota, y vota disciplinadamente con el Presidente. Al año siguiente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y luego Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dejarán la Corte. La situación que prevalecerá en la SCJN será muy compleja. Quizá la investigación logre desestabilizar a Zaldívar y parte de su equipo, pero también a Norma Piña.

La pregunta que persiste es quién es el famoso denunciante anónimo que disparó la investigación inmediata. Una posibilidad es que sea el fiscal Alejandro Gertz Manero, que continuará en el cargo hasta el 2028. Concluirá cuando tenga ya poco más de 88 años. Provenga o no de la FGR, la denuncia anónima le permite al fiscal ajustar cuentas con varios enemigos políticos, sobre todo contra quienes responsabilizó de falta de apoyo en el pleito familiar que mantuvo contra su exfamilia política, Zaldívar y Julio Scherer.

También acotaría a miembros de la Corte con los que tiene mucha distancia. Para el fiscal Gertz, que influye y mucho en el presidente López Obrador, sería una forma de golpear tanto a sus adversarios internos en el entorno de Claudia Sheinbaum, como a la ministra Piña y a la SCJN, a la que, desde el gobierno, se ha denunciado muchas veces por, presuntamente, bloquear la procuración de justicia. Claudia Sheinbaum, como decíamos ayer, está disconforme con la operación de la Fiscalía, quiere crear una policía de investigación mucho más amplia, no cree que toda la culpa de las liberaciones sea de una conspiración judicial, sino que las averiguaciones están, muchas veces, mal construidas; la relación de Gertz con Omar García Harfuch no es precisamente buena, más bien lo contrario. Y la denuncia puede bloquear a varios de los aliados de la candidata de Morena.

Con un tema que no es menor: no deberían subestimar el carácter de Claudia ni apostar todo a una sucesión rectilínea. Quienes conocen a la candidata de Morena saben que no tiene un carácter endeble y no querrá ser manipulada en sus decisiones. Es verdad que el presidente López Obrador, desde ahora, quiere imponer una suerte de maximato (incluso en lugar de dejarle su espacio a quien gane las elecciones del 2 de junio anunció que iniciará una gira con actos de masas por todo el país), pero a partir del primero de octubre habrá que ver cómo se juegan las cartas. Por supuesto que, a partir del resultado electoral, con sus múltiples combinaciones, pueden modificarse muchas cosas, alianzas y enemistades. Pero al intentar polarizar tanto el escenario, al intentar focalizar tanto a los enemigos internos (ya lo hicieron en la elección de candidatura para la Ciudad de México, en varios estados y ahora en el contexto de esta denuncia), como a los externos, lo que se intenta es que la situación se polarice tanto que sea imposible una transición civilizada.

Que el escenario puede tener muchos cambios, es indudable, todo está cambiando todos los días. Lo que no cambia es una polarización cada vez más acentuada que puede hacer del Poder Judicial autónomo una de sus víctimas, incluso cuando se cree que se le está defendiendo. Es el escenario preferido por Palacio Nacional.

Por cierto, la iniciativa para que el Presidente de la República tenga un amplio poder de amnistía, de forma tal que pueda indultar a cualquier persona acusada del delito que sea, tiene relación con todo esto. Se le otorgará al Presidente un poder que estará por encima de cualquier tribunal. Es un instrumento formidable que no tiene, incluso, el presidente de Estados Unidos, que tiene la atribución, “excepto en los casos de juicios políticos”.

Y, junto con el poder de amnistía, se vota la expropiación de las pensiones de los mayores de 70 años y una limitación seria de la ley de amparo. O, dicho en otras palabras: al término de sexenio (y para quien quede en el siguiente) se crean antecedentes expropiatorios muy delicados, se reduce uno de nuestros principales derechos, el amparo, y se le otorga al Presidente una atribución que lo pone por encima de la justicia.

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