Durante los Gobiernos que han sido encabezados por el expresidente, Enrique Peña Nieto, así como por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, un total de siete prisiones federales han cerrado sus puertas de forma definitiva, aún cuando cerca de la mitad de todos los centros penitenciarios del país presentan actualmente problemas de sobrepoblación.

De acuerdo con registros proporcionados vía transparencia por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México, durante la administración de Peña Nieto fueron dos las prisiones federales que finalizaron sus operaciones, mientras que las cinco restantes fueron cerradas durante la actual gestión del presidente, López Obrador.

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La primera de estas cárceles cerradas, fue el Centro Federal de Readaptación Social “Femenil Noreste”, ubicado en El Rincón, Tepic, Nayarit, lo cual ocurrió el 3 de mayo de 2016, es decir, aún en el Gobierno de Peña Nieto. Esa cárcel podía albergar un total de mil 200 reclusos.

Al momento de su cierre, dicho Centro Federal tenía un total de 188 presos (187 procesados y solo un sentenciado), los cuales fueron trasladados hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, así como al CERESO Venustiano Carranza, localizado en Tepic, Nayarit.

La segunda cárcel que cerró la administración de Peña Nieto fue el Centro Federal de Readaptación Social No. 10 “Nor-Noreste”, ubicado en Monclova, Coahuila, y cuyas operaciones finalizaron el 2 de enero de 2017. Su capacidad total era de mil 200 reclusos, sin embargo, albergaba solo 353 presos (18 procesados y 335 sentenciados).

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Todos ellos fueron transferidos hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, así como al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Por su parte, ya durante el actual Gobierno que encabeza el presidente López Obrador, la primera prisión federal que fue cerrada fue el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, localizado en las Islas Marías, en Nayarit, el 8 de marzo de 2019. Esa cárcel podía alojar una población total de 8 mil reclusos, pero solo tenía 645 (cuatro procesados y 641 sentenciados), mismos que fueron transferidos al Centro Penitenciario Federal 18 “CPS Coahuila”.

La segunda cárcel que “bajó la cortina” con López Obrador fue el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “Occidente”, localizado en Puente Grande, Jalisco, lo cual ocurrió el 28 de septiembre de 2020. Esa prisión podía recluir un total de mil 40 personas, no obstante, al momento de su cierre sólo tenía cinco presos (cuatro procesados y un sentenciado).

Cada uno de esos reclusos de Puente Grande fue transferido hacia una cárcel distinta.

La tercera cárcel que finalizó sus operaciones en este Gobierno fue el Centro Federal de Readaptación Social No. 6 “Sureste”, localizado en Huimanguillo, Tabasco, el 21 de octubre de 2020. Podía tener una población total carcelaria de 720 personas, pero contaba solo con 262 (99 procesados y 163 sentenciados).

Todos ellos fueron trasladados hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”; el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 “CPS Sonora”; el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”; así como el Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

La penúltima prisión cerrada por el Gobierno de López Obrador fue el Centro Federal de Readaptación Social No. 3 “Noreste”, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, y sin funcionamiento desde el 15 de diciembre de 2020. Con una capacidad total de 836 reclusos, albergaba solamente 441 (340 procesados y 101 sentenciados).

Los presos fueron reubicados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”; en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13 “CPS Oaxaca”; y también en el Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

De esta manera, la última cárcel cuyas puertas fueron cerradas por el actual Gobierno fue el Centro Federal de Readaptación Social No. 9 “Norte”, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de diciembre de 2020. Fue diseñado para alojar un total de mil 148 reclusos, pero tenía únicamente 492 (363 procesados y 129 sentenciados).

Todos ellos fueron transferidos hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”; el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 “CPS Michoacán”; así como el Centro Penitenciario Federal 18 “CPS Coahuila”.

Crece población carcelaria

La implementación en el país del nuevo sistema de justicia penal, mucho más “garantista” que el anterior, trajo consigo una reducción gradual de la población carcelaria en el país, aunque esto se revirtió durante el actual Gobierno del presidente López Obrador, que ha impulsado la ampliación del catálogo de delitos graves (es decir, que reciben prisión preventiva oficiosa).

De esta manera, mientras en el año 2014 el país tenía una población carcelaria total de 255 mil 638 reclusos; para el año 2018, cuando comenzó la gestión de López Obrador, esta cifra se había reducido a 197 mil 988 presos; ahora, en cambio, este número ha vuelto a crecer hasta los 232 mil 684 presos, según los registros del Órgano Administrativo titulados “Comportamiento de la Población privada de la Libertad“, actualizados en febrero de 2024.

El 28 de septiembre de 2020, cuando se publicó el decreto que oficializaba el cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, se argumentó este motivo tras dicha determinación:

“Que es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna que señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo cual, con esta acción de desincorporación se facilitarán los mecanismos y actividades para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad”.

‘Elefantes blancos’

Salvo el caso del complejo penitenciario de las Islas Marías que fue transformado en un centro turístico, el resto de las cárceles federales que han sido cerradas permanecen completamente desocupadas, no obstante que alrededor de la mitad de todas las prisiones existentes en el país presentan sobrepoblación.

De acuerdo con las estadísticas que publica el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en estos momentos todas las cárceles del país, tanto federales como estatales, tienen una población penitenciaria total de 232 mil 684 personas, a pesar de que su capacidad total es de 222 mil 075 espacios.

El sistema penitenciario nacional, por lo tanto, tiene una sobrepoblación de 10 mil 609 reclusos. Además, de los 282 centros penitenciarios totales con que cuenta el país, hay 128 clasificados como “Centros Penitenciarios con Sobrepoblación“, esto es, el 45.39 por ciento de toda la infraestructura penitenciaria de México.

Como lo han señalado los órganos defensores de los derechos humanos, la sobrepoblación penitenciaría genera la violación sistemática de los derechos humanos de las personas recluidas en esas condiciones.

Paradójicamente, con las cárceles que han sido cerradas durante estos dos Gobiernos, pudo haberse resuelto esa problemática de sobrepoblación, pues México perdió con estas determinaciones un total de 14 mil 144 espacios de reclusión (albergaban 2 mil 386 presos: mil 015 procesados y mil 371 sentenciados).

Dice al respecto la respuesta del Órgano Administrativo: “se comunica que, los desincorporados Centros Penitenciarios en cita, al día de la fecha se encuentran vacíos, no cuentan con población penitenciaria (Folio 330024024000052)”.

Sin embargo, también precisó que el nuevo destino que tengan las cárceles cerradas ya no está en sus manos.

“Se hace de conocimiento que, una vez que los Centros Penitenciarios Federales son desincorporados del Sistema Penitenciario Federal, los mismo son puestos a disposición del Instituto de Administración y Avalúo de los Bienes Nacionales (INDAABIN), por lo que no es facultad de esta unidad administrativa determinar el uso o el destino que se les dará a los Inmuebles“.

Todas las cárceles que presentan actualmente sobrepoblación son de naturaleza estatal, pues los 14 Centros Penitenciarios Federales activos tienen, de hecho, espacios disponibles. Los registros indican que estos tienen una capacidad total de 28 mil 520 espacios, pero 7 mil 801 de estos están desocupados (el 27.35 por ciento).

Muchos desafíos y pocas propuestas

De acuerdo con el especialista en seguridad y actual investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Juan Manuel Aguilar Antonio, el sistema penitenciario en México enfrenta múltiples desafíos como la sobrepoblación, la falta de separación entre detenidos y sentenciados, escasez de personal médico, entre muchos otros.

“Estos problemas persisten desde hace varios años y los podemos encontrar en distintos centros penitenciarios locales y federales. El Gobierno federal ha implementado varias medidas para enfrentar estos problemas, pero la situación sigue siendo muy compleja”, dice el especialista.

Estos problemas se acrecientan luego de que se decidiera aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Es importante señalar que la sobrepoblación y la escasez de recursos en los centros penitenciarios, en efecto, se puede agravar si aumenta el número de detenidos. Esta situación puede generar condiciones más difíciles para los detenidos y personal así como dificultar el proceso de rehabilitación y reinserción social.

“Esto nos revela que hay ciertas políticas del Gobierno federal que parecen no tener una sintonía y que no tienen una visión holística complementaria ya que se está ampliando el catálogo de delitos, pero esto no se está haciendo considerando el gran cierre de centros penitenciarios dentro del país”, apunta Aguilar Antonio.

Esta política del cierre de prisiones, dice el especialista, va de la mano con el enfoque social de combate a los delitos en este país de “abrazos no balazos”.

“Si bien esta política de dotar de más lugares de recreación, de convivencia social y de recuperar capitales sociales que se han perdido por la alta criminalidad es buena, no son acorde a la realidad de aumentar el catálogo de delitos y ante un sistema penitenciario que está sobresaturado y en condiciones paupérrimas.

“En resumen, falta una cohesión en las acciones del Gobierno federal porque existe una crisis de derechos humanos en el sistema penitenciario que no ha explotado, pero que en cualquier momento lo puede hacer”, concluye.

El futuro del sistema penitenciario

Las dos candidatas punteras a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, han realizado propuestas relacionadas con el sistema penitenciario en el país, pero sin profundizar en ellas.

La morenista en su Proyecto de Nación propone un Plan Integral para el Fortalecimiento Penitenciario, sin dar más detalles.

Por su parte, Gálvez propone el uso de la prisión preventiva oficiosa para ser la excepción, construir una prisión de máxima seguridad y coordinarse con los gobiernos estatales para que las prisiones federales puedan recibir personas de alto nivel de peligrosidad.