Guerrero ha sido azotado por Otis, sigue convulsionado por el caso Ayotzinapa, hace años que no tiene plena estabilidad política, pero nada es más grave, nada afecta más la vida y la gobernabilidad del estado que la violencia y el crimen.

Guerrero necesita ejecutar una amplia limpieza política y requiere acuerdos básicos para volver a trazar su destino. Ayer, la gobernadora Evelyn Salgado tomó una buena decisión pidiendo la renuncia del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano, que llevaba apenas un mes en el cargo, y de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos. La fiscal se ha negado a dejar su cargo y dice que agotará los recursos legales para permanecer en él. Habrá que ver quiénes son sus reemplazantes, pero es una oportunidad para buscar otro tipo de perfiles para avanzar en la gobernabilidad y la seguridad.

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De la misma forma que Otis debería obligar a rediseñar el modelo urbano de Acapulco, la crisis derivada por el asesinato del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta (en realidad, incubada por la lucha por el control territorial iniciada hace años por los grupos criminales) debería obligar a rediseñar las políticas y estrategias de seguridad en el estado.

Después de Otis se presentó un programa basado en el desplazamiento de elementos de la Guardia Nacional que puede funcionar, pero se requiere mucho más. Y hay que comenzar por ubicar a personal especializado en esas áreas que tienen que garantizar honestidad, pero, además, eficiencia. Ver a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad culpándose mutuamente de la fuga de un policía es tan lamentable como ver la impunidad con la que se siguen moviendo las organizaciones criminales o de la que gozan grupos que pueden incendiar la Fiscalía, golpear a sus trabajadores, quemar una docena de automóviles y patrullas sin que pase nada.

Evelyn Salgado tiene la oportunidad de relanzar su gobierno. ¿Qué pasaría si decide no sólo cambiar funcionarios, sino rediseñar las políticas de seguridad y de reconstrucción?, ¿si, además de sus funcionarios, se deshace de munícipes notablemente ineficaces o corruptos (o las dos cosas), como las alcaldesas de Chilpancingo y Acapulco, las dos de su partido?, ¿qué sucedería si se apuesta, por ejemplo, a erradicar a los grupos criminales que, con impunidad, hasta difunden sus videos de amedrentamiento, violencia y asesinatos? No hablo de utopías, sino de política real, implementada con gradualismo y pragmatismo, pero también con objetivos claros.

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Dicen que la crisis es sinónimo de oportunidad. Y esta crisis podría ser para Guerrero una oportunidad. O terminará siendo una crisis más, hasta que llegue la siguiente.

CHILAPA

La mejor demostración de la crisis endémica de seguridad del estado la tenemos, desde hace años, en Chilapa de Álvarez, municipio que conecta la región Centro con la zona de la Montaña de Guerrero, donde fue asesinado esta semana el candidato de Morena Tomás Morales Patrón.

Hace nueve años, para las elecciones de 2015, fue asesinado en la comunidad de Atzacoaloya Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía. Para esa fecha, poco después de los hechos de Iguala, la delincuencia organizada había desaparecido a 30 personas en el municipio. En noviembre del 2014, otras 11 personas fueron ejecutadas, calcinadas y decapitadas en Ayahualulco. Tres días después, el 30 de noviembre, se hallaron otros cinco cadáveres en el interior de una camioneta incendiada en un camino de terracería que conducía a la comunidad indígena de Acatlán. Otra candidata, Aidé Nava González, precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, fue encontrada decapitada luego de que, en la víspera, fuera levantada por un grupo armado.

Para entonces, los ocho candidatos a la presidencia municipal y a otros cargos públicos cancelaron sus campañas. Se suspendieron las clases en las 661 escuelas de la región. El 9 de mayo de aquel 2015, 300 autodefensas tomaron el control de la localidad, desarmaron a 40 policías municipales y retuvieron a once, a los que acusaron de trabajar como “halcones” para Los Rojos.

Para contener a los autodefensas, en realidad a Los Ardillos, el gobierno del estado, entonces encabezado por el que probablemente haya sido el peor gobernador del estado en décadas (y vaya que ha habido malos), Rogelio Ortega, les entregó armas y el control del municipio.

Pasaron los años y la violencia continúa. A Los Ardillos se les atribuye el control de municipios como Zitlala, Chilapa, Quechultenango y Mochitlán, además de varias comunidades de Chilpancingo. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Buenavista de la Salud es la base social y de operaciones de Los Ardillos, que tendrían, además, presencia en una parte importante de la región Centro, Montaña Baja y, particularmente, en el circuito Río Azul.

Los Tlacos surgieron como grupo entre 2015 y 2016, su principal punto de operaciones está en el municipio de Heliodoro Castillo, en Tlacotepec. Aparecieron originalmente como un grupo de autodefensa contra Los Tequileros, El Cártel del Sur, lo que quedaba de Los Rojos (la fracción que dirigía Santiago Mazari El Carrete), y han disputado también el control de Iguala y Taxco. Explotan importantes minas que han arrebatado a sus dueños en la zona minera de Eduardo Neri (Mezcala y Carrizalillo), y tienen presencia creciente en Chilpancingo. Ahora están disputando también Acapulco, donde ha aparecido, además, el cártel de La Nueva Familia Michoacana, que quiere su parte.

Es imposible cambiar esto haciendo lo mismo que se ha hecho durante años. Ésa es la oportunidad que la crisis abre.