El Palacio Nacional, sede del gobierno mexicano y residencia temporal del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un foco de manifestaciones y protestas. Desafortunadamente, estas protestas han llevado al vandalismo del histórico edificio en varias ocasiones. Recientemente, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la misma escuela causaron daños significativos al irrumpir con una camioneta en el Palacio durante una conferencia matutina del presidente.

Según la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Palacio Nacional, construido en 1523, es un monumento histórico. Por lo tanto, cualquier daño causado intencionalmente debe ser sancionado, incluyendo multas y posibles penas de prisión.

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La cuestión del costo de reparación es particularmente importante. La Puerta Mariana, vandalizada en el pasado, ha requerido en una ocasión una inversión de más de un millón de pesos para su restauración. La Secretaría de Hacienda asignó en 2021 un contrato de un millón 49 mil 426 pesos a MR Infraestructura y Publicidad, S.A. de C.V. para la restauración de un portón en Palacio Nacional, según El Universal.

Estos gastos de restauración han generado preocupaciones sobre los costos adicionales que el gobierno debe asumir para mantener la integridad de este emblemático edificio. El vandalismo en el Palacio Nacional no solo es un ataque a una estructura física, sino también a un símbolo histórico y cultural de México, lo que ha suscitado debates sobre la forma en que se manejan las protestas y la protección del patrimonio cultural del país.