Una investigación realizada por Montserrat Peralta y Julio Astorga, periodistas de Latinus, ha revelado que Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y su hermana Bertha, recientemente nombrada directora del ISSSTE, no cumplieron con la normativa vigente como propietarias de un edificio de departamentos en la Ciudad de México.
Según los documentos obtenidos de la alcaldía Cuauhtémoc, las hermanas Alcalde no presentaron el aviso de terminación de obra necesario para el edificio que construyeron en 2020. Esta omisión significa que no poseen la autorización de uso y ocupación del inmueble, un requisito esencial para edificaciones de esta naturaleza.
Este caso guarda similitudes con las acusaciones que Morena lanzó contra la casa de Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo. En ese caso, se denunció que la vivienda de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México carece de autorización de uso y ocupación, lo que llevó a Morena a solicitar su demolición.
El incumplimiento de las hermanas Alcalde pone de manifiesto una situación de irregularidad en el sector inmobiliario y plantea cuestiones sobre la equidad en el trato de estas situaciones, especialmente cuando involucra a figuras públicas y altos funcionarios del gobierno.
La falta de cumplimiento con las normas de construcción y uso de suelo es un tema recurrente en la Ciudad de México, y este nuevo caso añade otra capa a la discusión sobre la transparencia y la legalidad en la administración de propiedades por parte de funcionarios públicos.
Reportaje completo:
Irregularidades en Edificio de Hermanas Alcalde en Roma Sur, CDMX
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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