A medida que México se acerca a un nuevo ciclo electoral, la violencia política ha alcanzado niveles alarmantes. Con el inicio formal de las campañas presidenciales a solo tres días, el país ha sido testigo de un patrón preocupante: cada cuatro días, un candidato, político o activista es ejecutado.
La última ola de violencia cobró la vida de Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán. Estos asesinatos se suman al de Dagoberto García, líder de Morena en Maravatío, encontrado muerto en noviembre pasado tras haber sido reportado como desaparecido.
En Guerrero, el panorama no es menos sombrío. Omar Jalil Flores, ex Alcalde y ex diputado local priista, sufrió un intento de secuestro. El incidente ocurrió cuando Flores cruzaba la caseta de peaje de Zacapalco, siendo interceptado por hombres armados.
Según un reporte de REFORMA, en lo que va del año, 14 aspirantes a cargos de Alcaldías y diputaciones locales y federales han sido asesinados en el país. Los candidatos asesinados pertenecen a diversos partidos, incluyendo Morena, MC, PRI, PAN, PRD, PVEM y otros independientes.
Además de estos asesinatos, se han registrado tres atentados donde los políticos resultaron ilesos. Los estados de Colima y Guerrero han sido escenarios de múltiples de estos actos violentos, con Guerrero enfrentando también dos atentados contra políticos de Morena.
Organizaciones electorales y consultorías han expresado su preocupación, señalando que este proceso electoral puede ser más violento que los anteriores. Laboratorio Electoral, un grupo de académicos, añade a esta sombría estadística una veintena de personas relacionadas con el proceso electoral que también han sido asesinadas.
La Consultora Integralia, en su análisis sobre la violencia en la elección 2024, apunta a las bandas criminales que buscan controlar las localidades a través del asesinato de aspirantes a las Alcaldías.
Frente a esta situación, el INE, en colaboración con el Gobierno federal, ha establecido un mecanismo de protección para candidatos. Las solicitudes de seguridad para aspirantes a diputaciones y senadurías serán analizadas y aprobadas por la Guardia Nacional, en un esfuerzo por mitigar este clima de inseguridad.
