Un juez frenó por ahora el intento de la Fiscalía General de la República (FGR), que en año electoral, pretende revivir la teoría del “complot” y va por el “segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
A casi tres décadas del crimen de Lomas Taurinas, la Fiscalía afirma que el aspirante presidencial del PRI en 1994 fue víctima de un aparato organizado de poder, estructurado desde el gobierno y con una cadena de mando que iba desde la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta agentes del Cisen.
Bajo ese supuesto, la Fiscalía del Caso Colosio pidió la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra José Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen que estuvo asignado a la seguridad del candidato y al que considera como el segundo tirador.
Sin embargo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, negó por ahora la orden de captura porque concluyó que la única prueba que tiene la Fiscalía para acreditar una acción concertada entre Mario Aburto y Sánchez es el dicho de una mujer que no es fiable, pues cambió su testimonio 25 años después.
Se trata de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto en la fábrica de plástico Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay. En 1998, Ortiz declaró que Aburto fue visitado tres veces en su centro de trabajo por un sujeto al que describió para un retrato hablado.
El año pasado, la Fiscalía del Caso Colosio citó a Ortiz para una diligencia en la que le mostraron dos fotografías, una de ellas de Sánchez Ortega, y esta vez aseguró sin duda alguna que fue él quien visitó en la fábrica a Aburto, días antes del magnicidio.
Sánchez Ortega ya había sido detenido por el magnicidio.
La Policía lo capturó minutos después del asesinato por dos indicios que lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: al momento de su captura, su chamarra blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de radizonato de sodio.
Pero la entonces PGR nunca procedió en su contra porque Sánchez no tenía un arma en el momento de su captura y nunca se halló una distinta a la de Aburto en el lugar de los hechos.
La actual Fiscalía apunta también contra Genaro García Luna y Jorge Tello Peón en el Caso Colosio.
La FGR indaga si ambos fueron parte de las gestiones para que liberaran unas horas después de su captura a José Antonio Sánchez Ortega, el ex agente del Cisen al que ahora señalan como el “segundo tirador”.