CSR quiere cobrar servicios inexistentes

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Darío Celis

GRUPO COTEMAR, QUE dirige Alejandro Villarreal, se apresta a denunciar a Consultores en Sistemas y Redes (CSR), de Leopoldo Hernández Muñoz, por el delito de falsificación de documentos y los que resulten, además de daño patrimonial derivado de ello.

La historia se remonta a marzo de 2011, cuando la prestadora de servicios para la exploración y producción de Pemex, que dirige Octavio Romero, contrató a CSR para mantenimiento y reparación de hardware.

Asimismo, para trabajos de consultoría en tecnología, para lo cual su personal laboraba dentro de Cotemar. Una vez otorgados los servicios, CSR presentaba factura para cobrar y Cotemar le pagaba.

En noviembre de 2015 Cotemar realizó una revisión al desempeño de CSR y detectó anomalías en el costo de sus servicios, amén de beneficios desproporcionados al personal que subcontrató.

Por ejemplo: la empresa de Hernández Muñoz cobraba a Cotemar sueldos elevados y prestaciones para sus trabajadores, los cuales dizque ponía a su disposición, pero éstos en realidad no los recibían.

Asimismo, Consultores en Sistemas y Redes cobraba a Cotemar supuestos equipos, software y oficinas que no eran utilizados para los servicios que prestaba a la contratante.

Al pedirle cuentas, Hernández no logró justificar los montos que pretendía cobrar por el servicio, por lo que Cotemar decidió no cubrir las facturas presentadas, que ascienden a más de 10 mil millones de pesos.

Entonces, aquél demandó penalmente y sin éxito al gerente de Tecnologías de Información de Cotemar, pero la Fiscalía General de Campeche, que lleva Renato Sales, determinó el no ejercicio de acción penal, debido a que CSR no pudo demostrar que prestó los servicios, ni que el gerente hubiera cometido delito alguno.

Con sus facturas por servicios que en realidad no prestó nunca, y prestaciones que no dio a sus propios empleados, Hernández Muñoz se fue a juicio mercantil contra Cotemar, perdiendo en primera instancia en 2019; pero la absolución a Cotemar y logró la reposición del proceso.

Es así como en octubre pasado, con las pruebas falsas de CSR, la Jueza Primero de Distrito de Campeche, Perla Fabiola Estrada Ayala, concedió la medida precautoria de la retención de dinero en cuentas bancarias de Cotemar.

El congelamiento derivó en un perjuicio económico para la principal prestadora de servicios de Pemex, al impedirle realizar sus operaciones comerciales de manera habitual y afectando el pago de nómina a sus trabajadores.

En adición a lo anterior, Cotemar está obligado a presentar una fianza ante un juzgado de amparo, a fin de gozar de la suspensión provisional en contra de la medida cautelar.

LA NOTICIA ES que el jueves pasado Alonso Ancira firmó un term sheet en el que se comprometió a renunciar a la administración de Altos Hornos de México (AHMSA) y acepta apoyar, y lo más importante, no interferir con la reestructura de la compañía. El convenio lo suscribió con David Chapman, mandamás del fondo Argentem Creek Partners, que encabeza la estrategia de capitalización. El documento se rubrica justo cuando representantes de un consorcio internacional conformado por la tribu Kickapoo, el fondo Asia Pacific Royalties y del China Steel Corporation y Cargill Company visitaron las instalaciones de AHMSA. Los primeros ya aportaron a un fideicomiso 150 millones de dólares y los asiáticos están en vías de inyectar 350 millones más. El objetivo es que la empresa de Monclova entre en operaciones en el primer trimestre de 2024.

PUES CON LA novedad de que el reputado abogado Enrique Graham fue denunciado por Manufacturera Plástica Tulti, tras incurrir en declaraciones falsas, en aras de revertir una sentencia que en septiembre pasado emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la cancelación unilateral de un contrato que la poderosa transnacional inglesa Associated British Foods, su cliente y dueña de la marca de aceites Capullo, tenía con el proveedor de envases de PET, y que lo llevó a la quiebra. Graham Tapia supuso que el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se votó por unanimidad, fue influenciado por su tío, el litigante Raúl Carrancá y Rivas, que afirma es abogado de Tulti. La realidad es que éste último no tiene ninguna relación en este caso.

PROVEEDOR ESTRELLA DEL arrendamiento de grandes flotillas de vehículos para distintas dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, el régimen de la 4T acaba de vetar por segunda ocasión, ahora por 30 meses, a Casanova Vallejo de cualquier proceso licitatorio que convoque la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios o empresas productivas del Estado, como Pemex, o la CFE. Fue justamente esta última, que ahora comanda Manuel Bartlett, la que le otorgó multimillonarios contratos el sexenio pasado. La orden de ahora fue por incumplir cláusulas de un contrato con el ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, en concreto, por no reemplazar una ambulancia que presentó fallas. En realidad se trató de un recordatorio, porque Casanova ya tenía una inhabilitación que ahora mismo litiga en tribunales.

DOS DÍAS DESPUÉS de que Otis azotara Acapulco, Grupo Orión ofreció al gobierno de Guerrero invertir algo así como 500 millones de pesos en la rehabilitación y conservación del Viaducto Punta Diamante, la carretera de unos 22 kilómetros que va de la La Venta, la penúltima caseta de la Autopista del Sol, a la zona de Punta Diamante. Estamos hablando de la concesión que hace siete meses les revocó la administración de Evelyn Salgado, argumentando que ante la falta de mantenimiento ponía en riesgo a la población. Orión, que preside Rodolfo Campos, promovió desde abril un juicio de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito de ese puerto. El ofrecimiento de los privados se planteó bajo el razonamiento de que el gobierno del estado no debería distraer recursos ante la actual emergencia. La concesión todavía tiene diez años de vigencia.

EL VIERNES, EL Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, a cargo de Olga Borja, admitió a trámite el concurso de Sitio 300, la agrupación de taxistas que desde 2010 tiene la concesión del Aeropuerto Internacional de la CDMX para prestar el servicio de transporte en la Terminal 1 y Terminal 2. Desde julio de 2019 la agrupación, que lidera Arturo Andrade, viene dizque negociando con su arrendatario, que ahora dirige Carlos Velázquez Tiscareño. En esa fecha firmó un convenio de reconocimiento de crédito y forma de pago aceptando liquidar, entonces, casi 22 millones de pesos. En 2020 y 2021 la administración del aeropuerto, dirigida entonces por Jesús Rosano, firmó con Sitio 300 un total de 30 acuerdos de arrendamiento y convenios modificatorios, sin que fueran honrados. Ahora le demandan el pago de casi 60 millones de pesos.

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