De contar con el voto de la mayoría en el Senado, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de la Presidencia, podría pasar de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cobrar en ella.
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En lo que va del año, la funcionaria ha difundido comunicados y posicionamientos para denostar la actuación del Poder Judicial, sus ministros, magistrados y jueces.
Apenas el 10 de noviembre, cinco días antes de que Ríos González fuera nominada en la terna de candidatas a la Corte, la Consejería emitió un pronunciamiento en el que acusó a jueces y magistrados del PJF de negarse a devolver los recursos públicos de 13 fideicomisos extintos para construir un fondo de ayuda para Acapulco.
También los señaló de conflicto de interés y violación al principio de imparcialidad.
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En octubre, la Consejería presionó públicamente a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para demandar que no retrasara la aplicación de la justicia en el litigio que mantenían los Gobiernos de Coahuila y Chihuahua para frenar la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP, para educación básica.
El 27 de septiembre ya había exigido a la Corte resolver a la brevedad la controversia interpuesta por las autoridades chihuahuenses.
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El 18 de agosto, emitió un comunicado en el que acusó al Ministro Luis María Aguilar de cometer un atropello por ordenar la suspensión del reparto de los ejemplares.
Ese mismo mes reclamó a la Corte que confirmara la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, tras denunciar que una oligarquía académica y política pretendía la nueva ley del Conhacyt “para mantener sus privilegios”.
También lanzó críticas a los Ministros, a quienes advirtió que podrían afectar los derechos de miles de burócratas, si aceptan la pretensión de “un grupo minoritario de senadores” para invalidar una reforma a la Ley del ISSSTE.
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En junio, la funcionaria denunció públicamente que el proyecto de sentencia del Ministro Javier Laynez, contra el denominado Plan B o Reforma Electoral, vulneraría el principio de imparcialidad, ya que se planteaba la invalidez total del decreto, sin entrar al estudio de fondo.
Además, acusó a la Corte de poner en peligro el equilibrio entre los poderes de la unión por invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas indebidas en materia de Contratación de Publicidad, impugnada por irregularidades en el proceso legislativo.
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En abril, la Consejería demandó a la Corte revocar la suspensión otorgada al INE para que no entrarán en vigor las disposiciones contenidas en el llamado Plan B.
La ahora aspirante a la Corte también se ha lanzado contra de otros integrantes del Poder Judicial.
En marzo de este año, acusó a la magistrada electoral Janine Otálora de violar el artículo 17 de la Constitución por prejuzgar y anticipar públicamente su postura en favor de la permanencia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE.