Así es como Trump y sus aliados planean ejercer el poder en 2025

En el primer mitin de su campaña presidencial de 2024, el expresidente Donald Trump declaró: “Yo soy su castigo”. Más tarde, prometió utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus adversarios políticos, empezando por el presidente Joe Biden y su familia.

Detrás de estas amenazas públicas hay una serie de planes de Trump y sus aliados que pondrían en jaque elementos fundamentales de la gobernanza, la democracia, la política exterior y el Estado de derecho de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca.

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Algunos de estos temas se remontan al último periodo del mandato de Trump. Para entonces, sus asesores clave habían aprendido a ejercer el poder con mayor eficacia y Trump había despedido a funcionarios que se resistían a algunos de sus impulsos y los había sustituido por partidarios leales. Entonces, perdió las elecciones de 2020 y tuvo que abandonar el poder.

Desde que dejó el cargo, los asesores y aliados de Trump en una red de grupos bien financiados han perfeccionado políticas, creado listas de posibles funcionarios y comenzado a dar forma a un nuevo andamiaje jurídico, con lo que han sentado las bases para una segunda presidencia de Trump que esperan que comience el 20 de enero de 2025.

En una declaración poco clara, dos de los funcionarios más importantes de la campaña de Trump buscaron distanciar a su equipo de campaña de algunos de los planes que desarrollan los aliados externos del expresidente, grupos liderados por antiguos altos mandos de su gobierno que siguen en contacto directo con él. La declaración calificó los informes de noticias sobre el personal y las intenciones políticas de la campaña como “puramente especulativos y teóricos”.

Los planes descritos aquí se derivan de lo que Trump ha pregonado en la campaña, lo que ha aparecido en su sitio web de campaña y de entrevistas con asesores de Trump, incluido uno que habló con The New York Times a petición de la campaña.

Si vuelve a ganar la presidencia, Trump ha declarado que usaría el Departamento de Justicia para iniciar investigaciones en contra de sus adversarios y acusarlos de cometer delitos, incluso dijo en junio que nombraría a “un fiscal especial de verdad para ir tras” Biden y su familia. Más tarde declaró en una entrevista con Univisión que, si alguien lo desafiaba por motivos políticos, podría hacer que esa persona fuera acusada formalmente.

Los aliados de Trump también han estado desarrollando un proyecto intelectual para desechar la norma posterior al Watergate sobre la independencia investigadora del Departamento de Justicia respecto a la dirección política de la Casa Blanca.

Anticipándose a eso, Trump ya había violado las normas en su campaña de 2016, cuando prometió “encarcelar” a su oponente, Hillary Clinton, por usar un servidor de correo electrónico privado. Durante su presidencia, dijo en varias ocasiones a sus asesores que quería que el Departamento de Justicia presentara cargos contra sus enemigos políticos, incluidos funcionarios a quienes había despedido como James Comey, exdirector del FBI. El Departamento de Justicia abrió varias investigaciones de este tipo, pero no presentó cargos, lo cual enfureció a Trump y provocó una ruptura en 2020 con Bill Barr, su fiscal general.

Trump planea un ataque a la migración a una escala nunca antes vista en la historia moderna de Estados Unidos. A millones de migrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos se les prohibiría estar en el país o se les deportaría años o incluso décadas después de haberse establecido aquí.

Reforzados por agentes reasignados de otros organismos federales de procuración de justicia, la policía estatal y la Guardia Nacional, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevarían a cabo redadas masivas destinadas a deportar a millones de personas cada año. Se emplearían fondos militares con el propósito de construir campamentos para albergar a los detenidos. Se invocaría una ley de emergencia de salud pública para suspender las solicitudes de asilo de las personas que llegan a la frontera. Y el gobierno trataría de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos en suelo estadounidense de padres sin estatus legal.

Mientras estaba en el cargo, Trump pensó en usar el Ejército para atacar a los cárteles de drogas en México, una idea que violaría el derecho internacional a menos que México consintiera. Desde entonces, esa idea ha recibido un respaldo republicano más amplio y Trump pretende hacerla realidad si vuelve al Despacho Oval.

Aunque la Ley Posse Comitatus prohíbe en general el uso de soldados federales con fines policiales, otra ley, la Ley de Insurrección, establece una excepción. Trump quería invocar la Ley de Insurrección a fin de utilizar al Ejército para reprimir a los manifestantes después de la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020, pero no lo logró y la idea sigue siendo importante entre sus asistentes. Entre otras cosas, su principal asesor de migración ha dicho que invocarían la Ley de Insurrección en la frontera sur para usar soldados con la finalidad de interceptar y detener a los migrantes que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal.

Trump y sus aliados quieren un mayor control sobre la burocracia federal y la fuerza laboral

Trump y sus partidarios quieren aumentar el poder que tiene el presidente sobre las agencias federales, lo cual implicaría concentrar en la Casa Blanca un mayor control sobre toda la maquinaria del gobierno.

Para ello han adoptado una versión maximalista de la llamada teoría del ejecutivo unitario, según la cual el presidente tiene autoridad directa sobre toda la burocracia federal y es inconstitucional que el Congreso cree reductos de autoridad independiente en la toma de decisiones.

Como parte de ese plan, Trump también pretende revivir una iniciativa del final de su presidencia para alterar las normas de servicio civil que protegen a los profesionales de carrera del gobierno, lo que le permitiría despedir a decenas de miles de trabajadores federales y remplazarlos por partidarios. Después de que el Congreso fracasó en su intento de promulgar una ley para impedir que ese cambio sucediera, el gobierno de Biden decidió redactar un reglamento para blindar a los empleados federales contra Trump. Sin embargo, dado que se trata solo de una acción ejecutiva, el próximo presidente republicano podría dejarla sin efecto de la misma manera.

Los abogados con designación política frustraron en ocasiones los deseos de Trump al plantear objeciones legales a sus ideas y a las de sus principales asesores. Esta dinámica ha provocado una división silenciosa en la derecha, ya que los partidarios leales a Trump han llegado a ver con desdén al típico abogado de la Sociedad Federalista, en esencia, un conservador republicano de la corriente dominante.

En un posible nuevo mandato, los aliados de Trump están planeando instalar de forma sistemática guardianes legales más agresivos y alineados ideológicamente, que serán más propensos a aprobar acciones contenciosas. En un sondeo de The New York Times sobre candidatos presidenciales para 2024, Trump y su equipo de campaña se negaron a responder a una serie de preguntas detalladas sobre qué límites, de haberlos, reconocería a sus poderes en una serie de asuntos bélicos, de confidencialidad y de aplicación de la ley, muchos de ellos planteados en su primer mandato.

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