La lucha por los fideicomisos del Poder Judicial

La próxima semana, Morena y sus partidos aliados van a votar a favor de extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que se transferirán unos 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. La amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo el bloque oficialista se cumplió: contra viento y marea van a tomar esos recursos que afectarán a muchos trabajadores de base, además de ministros, ministras, magistrados, magistradas, consejeros, consejeras, jueces y juezas.

La estrategia de los partidos de oposición, que anticipan vulnerabilidades al Poder Judicial por la falta de estos recursos, será recurrir precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una acción de inconstitucionalidad. La Corte, entonces, va a ser juez y parte, pero no se considera un conflicto de interés, pues hay un antecedente de esto: la acción de inconstitucionalidad que resolvió en contra de la ley de remuneraciones, la cual afectaba los sueldos de los ministros y ministras del máximo órgano de justicia del país.

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Como sucedió en ese entonces (2009), es muy probable que la Corte resuelva en contra de la ley para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, entre otras cosas porque la iniciativa se pasó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en lugar de la Comisión de Justicia.

Sin embargo, como pintan hoy las cosas, aun cuando la Corte logré darle “palo” a esta ley, el futuro sigue siendo muy incierto para el Poder Judicial, pues de trascender otro sexenio la 4T –como todo indica que va a suceder–, a la nueva presidenta le tocará enviar las propuestas para sustituir a dos ministros que concluirán su periodo en diciembre del 2024: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, ambos, por cierto, expresidentes del máximo tribunal.

De esta manera, la Corte tendría a cuatros ministras (pues se prevé que las sustitutas de Zaldívar y Aguilar sean mujeres) afines a la 4T, sumando a Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes podría frenar todas las acciones de inconstitucionalidad o controversias sometidas a votación en el pleno de la SCJN. Es decir que de frenar la decisión de la mayoría legislativa respecto de los fideicomisos del Poder Judicial, a estos solamente se les estarían dando “vida artificial”.

Así, los 15 mil millones de pesos que busca defender el Poder Judicial, con apoyo de los partidos que forman el Frente Amplio por México, estarán resguardados por un año más y, muy seguramente, aplicando los porcentajes en los que estos recursos han crecido en los últimos años, se estarían acumulando por lo menos otros mil millones de pesos más.

Y efectivamente, como ella misma lo ha declarado a los integrantes de su gremio, la ministra Norma Piña no tiene respuestas para el proceso legislativo que determinará la extinción de sus fideicomisos de prestaciones y tampoco sobre el recorte cantado al Presupuesto 2024 del Poder Judicial, que llegará, paradójicamente, en un año en el que el gobierno federal pretende gastar una cifra histórica de 9 billones de pesos.

La única estrategia contemplada por la ministra Piña es la de defenderse en su propio territorio; efectiva si se trata de argumentar la autonomía e independencia del Poder Judicial, así como el riesgo que correrán muchos integrantes de este poder, pero equivocada en el mensaje que se transmite hacia la ciudadanía –o el pueblo, como le llaman en la 4T–, sobre todo en un escenario en el que ya inició el proceso electoral y que, sin duda, la reforma constitucional al PJF será una de las banderas electorales para lograr una amplia mayoría legislativa en el 2024.

El objetivo de desaparecer a la SCJN tal y como la conocemos en la actualidad es la cereza del pastel. Y si bien sería un golpe a la democracia y al equilibrio de poderes, no se ve cómo pueda ser contrarrestado por la máxima autoridad del Poder Judicial, quien aunque niegue ruptura con los otros dos Poderes de la Unión, en los hechos es lo que predomina.

Posdata

Las empresas mexicanas con presencia en Israel no han sufrido de sobremanera la crisis que vive este país por la guerra con el grupo extremista Hamas.

Las compañías con mayor presencia en este país son Orbia y Cemex, las cuales mantienen sus operaciones funcionando con normalidad.

En enero de 2023, Cemex dio a conocer la compra de una participación de 51% en la firma Shtang Recycle, que se dedica al reciclaje de residuos de construcción, demolición y excavación y que tiene sede en Israel.

El comercio entre México e Israel está concentrado en el intercambio de manufacturas. En 2022, la principal exportación hacia este país fue de teléfonos móviles, con un valor de 40.7 millones de dólares, mientras que el principal artículo que importó México fueron los circuitos electrónicos integrados, con un valor de 116 millones de dólares. De enero a junio de 2023, la Inversión Extranjera Directa de Israel a México tuvo un registro negativo de 4.64 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía recopilados por elceo.com

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