En riesgo, 63% de los Juzgados y 69% de los Tribunales

EL COORDINADOR DE los diputados de Morena, Ignacio Mier, presentó finalmente la reforma que plantea quitarle al Poder Judicial 20 mil millones de pesos al desaparecer 13 fideicomisos.

El golpe significa perder ocho años de avances en las capacidades institucionales de ese poder y se inscribe en la guerra que Andrés Manuel López Obrador sostiene con ministros, magistrados y jueces. Un análisis del Consejo de la Judicatura Federal, que lidera la también presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, da cuenta de que se perdería 35% del empleo en ese poder.

Desaparecería 63% de los Juzgados de Distrito y 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito, poniendo en riesgo la atención de más de 3 millones 541 mil asuntos, que implican la defensa de la dignidad de las personas, su patrimonio, familia, trabajo y desarrollo.

El recorte, diseñado por el Poder Ejecutivo y operado por el Poder Legislativo, allana el camino al ejercicio abusivo del poder público y vulnera las garantías para la vigencia del Estado democrático de Derecho.

Se pondría en riesgo la integridad de las personas usuarias y del personal judicial, al reducir gravemente las capacidades para su protección y la de los inmuebles donde se imparte la justicia federal.

Asimismo, habría una severa reducción en las funciones de representación y asesoría jurídica gratuita, afectando en promedio a 76 mil personas que se ven beneficiadas por los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Desaparecerían también los mecanismos de profesionalización del Poder Judicial Federal para asegurar una impartición de justicia de mayor calidad, y se incumplirían compromisos en materia de justicia laboral que implican la creación de 22 Tribunales Laborales y la capacitación de sus integrantes.

Esta reducción causaría la inoperancia del Poder Judicial Federal, ya que entre 60% y 70% de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales.

También, provocaría falta de capacidades institucionales para contribuir a reducir la incidencia de impunidad y sería una violación a la Constitución por trasgredir la División de Poderes.

Profundizaría una desigualdad social, porque sólo quienes puedan pagar un abogado particular contarían con una defensa jurídica adecuada y de calidad, privando a las personas más pobres de una defensa pública y gratuita.

Un atentado a la independencia judicial, ya que ante los riesgos contra la integridad y la vida de las y los jueces y magistrados, así como de sus familias, podría quedar en entredicho la capacidad de resolver de forma imparcial, por miedo o amenaza.

Finalmente, sería una violación grave a derechos humanos por la supresión de garantías del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, así como para la protección y defensa de todos los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano.

Por todo ello, se darían las condiciones para incrementar el índice de conflictividad social y la incidencia de justicia por propia mano.

AHMSA OBTUVO de un juez de Monclova, Oscar Tercero Cadena, el “aseguramiento” de varios inmuebles de quien fuera el director de Recursos Humanos, Fernando Monroy Guajardo. Para ello, durante julio montaron un show con la ayuda de la Fiscalía local para fijar sellos. En uno dejaron encerrada e incomunicada a la cuñada de Monroy, bajo la amenaza de abrirle una carpeta de investigación en caso de quebrantarlos. Ello dio lugar a que la Jueza Cuarto de Amparo de esa misma ciudad le diera tres horas al juez que la emitió para que cesara la incomunicación al interior del inmueble. Monroy, que ya se amparó contra los aseguramientos, no era un directivo común. Durante años recibió instrucciones de Alonso Ancira para desviar recursos de la siderúrgica, simulando contratos para beneficiar a sus familiares, amigos cercanos, pago de escoltas israelíes, trabajadores de sus ranchos y tripulaciones de sus yates y aviones. Las acciones penales en su contra podrían obedecer a un acto de intimidación para evitar que las malversaciones salgan a la luz pública. Esto se da a la par de una supuesta capitalización de AHMSA y en medio de una refriega discursiva con Andrés Manuel López Obrador que no se descarta trascienda a otro ámbito.

NO HAY NINGÚN juicio contra Rosario Robles por la venta de terrenos en la Bahía de San Quintín. Y si hubiera una denuncia, no prosperaría por muchas razones. De entrada, no fue la Secretaría de Desarrollo Agrario la que fijó el precio y cobró, sino la Secretaría de Hacienda, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Los 127 millones se liquidaron desde 1994. Lo que sí se inició en el sexenio pasado fue su regularización, pero la hizo su antecesor, Jesús Murillo, y expidió los títulos su sucesora. Los beneficiarios son cien familias que viven de la pesca del ostión. Concretamente, diez personas que tienen perfectamente documentado su trámite. Lo que sucedió fue que un par de familias influyentes en esa región de Ensenada, los Orendáin y los Manzanera del Campo, argumentaron que dichos terrenos se sobreponían a los suyos. Llevan años litigando el caso. A la fecha la secretaría que ahora lleva Román Meyer ya rindió un informe en donde demuestra que los quejosos no tienen la razón. Los juicios de amparo se ventilan en los Tribunales Octavo y Noveno de Distrito en Materia Administrativa de Baja California.

KOOLTIVO ES UNA organización sin fines de lucro que demuestra que la tecnología puede ser más que una herramienta de negocio: una fuerza impulsora de progreso y equidad. La fundó Norberto Maldonado, el director de Sellcom Solutions. La idea que rige esta iniciativa es que si una persona tiene a la mano herramientas de capacitación y un ambiente propicio para aprovecharlas, puede superarse. Por ello se sirve de la tecnología como apoyo de cuatro pilares fundamentales: educación tecnológica, educación financiera, equidad de género y cuidado animal. A través de relaciones estratégicas con gigantes tecnológicos como Intel, HP, AutomationAnywhere, Veeam y Microfocus, acerca a que cualquier persona pueda tomar cursos de capacitación impartidos por estos reconocidos fabricantes. Pero la labor va más allá de la capacitación. Una vez concluidos los cursos, los graduados ingresan a una bolsa de trabajo gestionada con inteligencia artificial. Se conectan así a los estudiantes certificados con oportunidades laborales en el campo tecnológico, contribuyendo a la ocupación de empleos en el sector mediante la creación de mano de obra mexicana altamente capacitada.

NO HUBO SORPRESAS: CLAUDIA SHEINBAUM es ya la candidata de Morena a la Presidencia. Viene un reacomodo en la clase política de la 4T con la cargada hacia los puestos de elección popular que se van a disputar en la misma jornada electoral de junio próximo. Uno muy importante es la candidatura de Morena para jefe de Gobierno de la CDMX. Omar García Harfuch ya alzó la mano y se apresta a renunciar al cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina. Lo haría tan pronto como mañana, para ajustarse a los plazos legales que plantea la Constitución.