El crimen de un candidato presidencial

El asesinato del candidato presidencial oficial, Fernando Villavicencio, en Quito, a dos domingos de las elecciones en Ecuador, tiene un plano policial claro y uno político borroso y multinacional, donde México, por imputación, vinculación o proximidad, está en el centro de la discusión de la crisis que azota a esa nación.

El plano policial tiene que ver con las investigaciones, que en este momento apuntan en una de sus principales líneas al Cártel de Sinaloa. Ayer, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó de la detención de seis personas presuntamente vinculadas al asesinado de Villavicencio, que son extranjeros y que pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, cuyo nombre se abstuvo de revelar.

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Este plano policial tiene un matiz que poco se observó en las primeras horas tras el atentado. Villavicencio fue baleado al salir de un viejo colegio donde habló con jóvenes. Salió del inmueble rodeado de elementos de seguridad, quienes casi lo empujaron a entrar a su camioneta. Inmediatamente comenzaron a dispararle desde el otro costado de la camioneta, que no estaba protegida por nadie, donde el atacante disparó repetidamente.

Uno de los cómplices del atacante lanzó una granada para provocar una distracción y facilitar la huida, pero no explotó. Pero en lugar de desactivarla –quitándole la espoleta para separarla del explosivo–, los artificieros de la policía la destruyeron, eliminando de esa forma una evidencia importante. Como la granada no explotó, la policía detuvo al atacante y lo llevó a la estación de policía más cercana, donde fue ejecutado. La persona que le disparó no ha sido detenida, pese al lugar en donde mató al agresor, un recinto policial, y los agentes supuestamente protegiendo al asesino.

En medio de la crisis, el miedo y el desconcierto, surgió la desinformación. El miércoles por la noche se difundió en las redes sociales un video de 58 segundos donde aparecen más de dos decenas de personas vestidas de negro, encapuchadas y con fusiles de asalto, que dijeron llamarse Los Lobos, que se adjudicaron el asesinato de Villavicencio. Pero ayer, en otro video grabado desde la cárcel, de un minuto y 19 segundos, más de 10 miembros de Los Lobos denunciaron que era falso y se deslindaron del asesinato, afirmando que fue otra organización criminal, que no identificaron, la responsable.

El tema de Los Lobos es relevante porque están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que se puede inferir que el primer video buscó dirigir la responsabilidad hacia esa organización criminal, que se encuentran en guerra contra el Cártel de Sinaloa en territorio ecuatoriano. Villavicencio había señalado el pasado 8 de junio que esos cárteles son los principales grupos criminales en Ecuador, y retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a encarar “sus problemas con las mafias, allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico”. López Obrador no respondió en su momento a Villavicencio, y ayer, tras las imputaciones al Cártel de Sinaloa de estar detrás del atentado, pidió “no culpar a la ligera a nadie, (y) esperar las investigaciones”.

La política y el narcotráfico, sin embargo, parecen estar entreverados en el asesinato de Villavicencio. El 30 de julio denunció amenazas de José Adolfo Macías, apodado Fito, de que si seguía refiriéndose a él o a su estructura, atentarían contra su vida. Fito, que se encuentra preso, es el líder de la banda Los Choneros, un brazo criminal del Cártel de Sinaloa, que opera en el Departamento de Manabí, donde se encuentra el puerto de Manta, que en el campo de la geopolítica, es el epicentro de la lucha que se vive en Ecuador. En Manta, el 24 de julio pasado, en un sólo día asesinaron al alcalde Agustín Intrago y hubo motines en seis cárceles en todo el país, lo que se vio en ese momento como una demostración de fuerza del Cártel de Sinaloa, aunque no parecía que la violencia subiría de grado.

Manta está en disputa. Hasta 2009, el puerto de Manta albergaba una base militar desde donde realizaba operaciones conjuntas Estados Unidos contra el narcotráfico, que fueron canceladas cuando Rafael Correa llegó a la Presidencia, luego de una campaña donde su utilización por parte de los norteamericanos fue un tema recurrente del entonces candidato, quien una vez en la sede del gobierno, el Palacio de Carondelet, promovió una reforma constitucional para prohibir bases extranjeras en Ecuador. Villavicencio denunció en mayo la injerencia de Correa en el proceso electoral y recordó, como explicación de aquella medida, que había recibido dinero de las FARC colombianas, que se asociaron con el Cártel de Sinaloa para financiar la lucha armada, para su campaña.

La presencia de Correa en la campaña presidencial se da a través de su exsecretaria de Estado, la candidata Luisa González, que ha ofrecido regresarlo de su asilo político en Europa y darle un cargo de asesor en su gobierno, y cuyo compañero de fórmula para la vicepresidencia, Andrés Aráuz, que fue candidato del correismo en las elecciones presidenciales en 2021, recientemente detonó un escándalo cuando declaró que, para combatir la inseguridad, se reunirían a negociar con los 10 criminales más buscados de cada provincia.

Villavicencio había dado señales de que, de llegar a la Presidencia, podría buscar una nueva reforma constitucional para permitir el regreso de Estados Unidos a la base de Manta y colaborar conjuntamente con Ecuador en el combate al narcotráfico. Otro de los candidatos a la Presidencia ecuatoriana, Jan Topic, que tiene un discurso contra el crimen organizado que se asemeja al del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido más claro en su promesa de recuperar el viejo convenio entre los dos países por la vía constitucional. La base de Manta unía a Villavicencio y a Topic, quien no fortuitamente fue amenazado en el aparentemente video falso atribuido a Los Lobos, de ser el siguiente en su lista de muerte.

Esta historia de la narcopolítica ecuatoriana apenas empieza a emerger.

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