PAN, PRI y PRD perdieron 23 gubernaturas… y un billón de pesos

Los partidos del Frente Amplio por México (FAM) encaran las elecciones presidenciales de 2024 con una merma de poder político y económico. En los últimos seis años no sólo perdieron 23 gobiernos estatales –pasaron de 30 a 7–, sino también el control presupuestal de la mayoría de las entidades. Sumando al Estado de México, esta alianza tripartita administra 1.2 billones de pesos menos que en 2017.

De acuerdo con una revisión presupuestal realizada por MILENIO, PAN, PRI y PRD tenían los hilos del 92% de los presupuestos estatales en 2017, en el presente año solo controlan 29.5% del dinero público aprobado por los congresos locales; y el panorama para el próximo año será todavía más adverso tras perder el dominio del Estado de México.

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Hace seis años, estos tres partidos manejaban una bolsa de 2.04 billones de pesos al gobernar en 30 entidades federativas; sin embargo, la historia cambió drásticamente, ya que actualmente gobiernan ocho estados que manejan un botín de 788 mil millones de pesos. Descontando al Estado de México, esta cifra se reduce a 432 mil millones.

Desde finales del México revolucionario, los políticos tenían claro que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, y para el siguiente año la oposición vivirá un panorama más cercano a dicha premisa, pues perderán el control de al menos 356 mil millones de pesos que manejan actualmente los priistas en el Estado de México y que representa casi la mitad del presupuesto controlado durante este año.

En contraparte, el cambio político que surgió a partir de las elecciones de 2018 ha beneficiado en gran medida al partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Morena pasó de no gobernar ningún estado a conseguir 21 gubernaturas que concentran un presupuesto público de 1.53 billones de pesos.

En términos relativos, los 21 gobernadores morenistas manejan el 57.3% de los presupuestos de gastos aprobados por los congresos estatales de este año. De esta manera se cumplió uno de los objetivos trazados por la dirigencia nacional de Morena de arrebatar el control operacional de los recursos públicos del PRI y el PAN para evitar su uso en las campañas electorales.

De esta forma, el PRI pasó de ser la fuerza dominante en los poderes Ejecutivos estatales y la bolsa de dinero disminuyó en gran medida durante los últimos seis años, pues en 2017 decidía el destino de 992 mil millones de pesos provenientes de 15 gubernaturas, pero en 2023 únicamente maneja 456 mil millones de pesos al gobernar en Coahuila, Durango y Estado de México, aunque en esta última entidad pasará a manos de Morena el próximo año.

El PAN también disminuyó su manejo de presupuesto público, pues de tener 644 mil millones de pesos, que representaban el 29% de los dineros estatales en 2017, actualmente cuenta con una bolsa de 331 mil millones de pesos que solo representan el 12.4% de los montos estatales. Incluso, esa cifra es apenas mayor al 11.2% que domina Movimiento Ciudadano tras gobernar Nuevo León y Jalisco.

Para el PRD la llegada de Morena significó desaparecer del panorama presupuestal estatal, pues de gobernar cinco entidades que concentraban 403 mil millones de pesos, actualmente no tiene ninguna entidad bajo su control.

Históricamente los gobiernos estatales han hecho mal uso de los recursos públicos para destinarlos a las campañas electorales con el objetivo de mantener el poder político y el control de los recursos por un sexenio más. El caso más reciente fue la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral al PRI por 98 millones de pesos tras concluir que el gobierno de César Duarte desvió fondos hacia el partido cuando éste era gobernador de Chihuahua.

Pero a escala nacional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)ha reportado que tan solo en 2021 los gobiernos estatales tienen que comprobar el uso de 51 mil millones de pesos que tienen sospecha de ser mal usados; sin embargo, lograr comprobar el desvío de dinero es una labor complicada, sobre todo si se destina para campañas políticas, explicó Daniela Balbino, investigadora de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“No es fácil saberlo. Primero la ASF documenta estas irregularidades en sobrecostos en las obras públicas, en que no hay comprobantes o facturas en el uso de recursos. También se observa que mandaron los fondos a una función ajena a la que fue destinada o el uso de empresas fantasma. Hay una ventana de oportunidad para quienes quieran hacer mal uso de los recursos”, explicó la investigadora.

Simpatizantes del PAN y del PRD en calles del Centro Histórico (Archivo)
Simpatizantes del PAN y del PRD en calles del Centro Histórico 

De acuerdo con el IMCO, los estados de Durango y Michoacán presentan un severo problema de recursos por aclarar en el gasto federalizado al presentar 19.2 y 16%, respectivamente, del monto auditado por la ASF en 2021. Otros estados señalados son Nayarit (9.3%), Baja California Sur (7.75%), Colima (6.8%) y Tlaxcala (5.9%).

De acuerdo con el estudio El financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, realizado por el ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, uno de los fenómenos que ha contribuido a detonar la corrupción en el país ha sido el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Propaganda política en Hermosillo (Archivo)
Propaganda política en Hermosillo 

“De forma general se identifica que, para ser usado en campañas políticas, los recursos del presupuesto deben ser transformados primero en efectivo, ya que esta es la principal forma en la cual los operadores de las campañas los utilizan. Hay varias modalidades: ingresos en efectivo no reportados, facturas apócrifas, sobrecostos en adquisiciones de bienes y obra pública, subcontratación forzosa, descuentos de nómina, permisos de construcción y ambulantaje, programas sociales y otros cuantos”, expuso el ex consejero del IFE.

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