La Nueva Familia Michoacana es el último protagonista en la llamada “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles nuevas sanciones financieras contra Franco Tabárez Martínez, señalado como un narcotraficante que opera en el Estado de Guerrero a nombre del grupo criminal, de acuerdo con un comunicado. Una semana antes, la Casa Blanca dio a conocer otra ola de castigos contra aliados y cómplices de Los Chapitos, incluidos un tío y dos primos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros. Se trata de un esfuerzo sostenido para atacar el imperio económico del crimen organizado y romper las cadenas de suministro de droga de los carteles mexicanos.
Tabárez Martínez fue acusado este mismo mes por una corte de Georgia por narcotráfico, aunque no se dieron mayores detalles después de que se desclasificara la causa judicial. Es señalado como proveedor de drogas de la Nueva Familia Michoacana, una organización sucesora del cartel homónimo que tuvo una presencia preponderante en los primeros años de la guerra contra el narco y que está detrás de cada vez más envíos del “fentanilo arcoíris”. Esa presentación de la droga ha llamado la atención por sus pastillas y formas coloridas, y porque está supuestamente diseñada para enganchar a niños y jóvenes, según las autoridades estadounidenses. “Distribuye cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetaminas cada dos meses”, señaló la Embajada de Estados Unidos en México sobre Tabárez Martínez en un comunicado.
El operador de la Nueva Familia Michoacana, de 39 años, es acusado también de controlar dos narcolaboratorios en México para la producción de cristal (metanfetamina) y de haber traficado con fentanilo en polvo proveniente de China. Sus rutas de tráfico se extienden por el sur de Estados Unidos, en algunas de las principales áreas metropolitanas del país, como Atlanta y Houston. Tabárez Martínez ya había estado un año encarcelado en EE UU por tráfico de metanfetaminas. Su designación en la “lista negra” de la OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros] se dio por haber participado en actividades criminales que entrañan “un riesgo material significativo para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción” e implica que sus activos en el sistema bancario internacional, así como sus empresas, sean “congelados”.
En noviembre del año pasado, la OFAC incluyó en su lista negra a quienes son señalados como los dos líderes de la Nueva Familia Michoacana: Johnny y José Hurtado. Los intentos de Estados Unidos por minar el poder económico de esa organización, al menos su brazo “original”, se remontan a 2009. Las autoridades estadounidenses aseguraron que el grupo tiene presencia en 35 municipios del sur de México, en los Estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.
“El cartel se está expandiendo a otras regiones de México y genera ganancias del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión”, apuntó el Departamento del Tesoro. También dijo que estaba detrás de plantaciones de marihuana y amapola, así como del tráfico de otros narcóticos producidos en Centroamérica y que tienen por destino final Estados Unidos. “La Nueva Familia Michoacana ha demostrado también su intención de atacar a funcionarios y oficinas del Gobierno en México, además de emplear y entrenar a múltiples asesinos”, afirmó. Johnny y José Hurtado son “dos de los criminales más buscados en México” y la Fiscalía General de la República ofrecía a finales del año pasado hasta medio millón de pesos, unos 30.000 dólares, por información que lleve a su captura. Johnny Hurtado lleva más de dos décadas como fugitivo de la justicia estadounidense.
La DEA ha enfatizado en los últimos meses la necesidad de desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales. “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”, declaró Anne Milgram, la directora de la agencia antinarcóticos, en mayo pasado. “A los carteles les cuesta entre 10 y 20 centavos hacer una de estas pastillas falsas en México, que se venden entre cinco y 30 dólares en Estados Unidos”, dijo sobre cómo el fentanilo, más fácil y barato de producir, ha ampliado el margen de ganancias de los grupos del narcotráfico.
La semana pasada, las sanciones fueron dirigidas a diez facilitadores de Los Chapitos. La lista estuvo encabezada por Noel López, hermano de Griselda López, la segunda esposa de El Chapo. También estaban incluidos Ricardo y Saúl Páez López, primos de los hijos del capo por el lado materno. Son señalados por negociar el trasiego de fentanilo desde Asia y lidiar con los proveedores, así como por utilizar empresas fachada para camuflar las operaciones.
Hace menos de dos meses, las autoridades estadounidenses también pusieron en la mira a otros aliados del entramado mundial de Los Chapitos. El Tesoro designó a 17 empresas e individuos chinos que han facilitado materiales para terminar las dosis de fentanilo, como sustancias para fabricar el opioide, imitaciones de otras drogas y prensas para fabricar pastillas. Pekín reclamó a Washington la decisión de sancionar a miembros de la industria farmacéutica china, donde las agencias de EEUU aseguran que está el epicentro de la cadena mundial de suministro de fentanilo. La epidemia de sobredosis por esta droga sintética se cobra más 70.000 vidas en Estados Unidos al año, según datos oficiales.
EU se centra en derribar el imperio financiero de los carteles mexicanos
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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