La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sabía que dos de sus agentes extrajeron información de altísimo nivel de seguridad para entregarla a los cárteles mexicanos y a otros “clientes VIP”.
El escándalo de corrupción estalló luego de que la defensa de los topos argumentara que las autoridades estadunidenses permitieron que estas operaciones se extendieran a lo largo de tres años para seguir el rastro criminal.
MILENIO tuvo acceso a los detalles de una riesgosa operación al estilo del Rápido y Furioso, la cual fue implementada entre 2006 y 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sus siglas en inglés), durante la administración de Felipe Calderón.
El objetivo era ubicar la trazabilidad en la ruta de dos mil armas letales estadunidenses, con chips, que fueron vendidas a diversas mafias del crimen organizado. Aquella estrategia permitió la entrada ilegal de miles de armas largas desde Estados Unidos y no necesariamente ayudó a seguir la cadena de suministro y compra de las mismas.
Esa metodología fallida se reeditó pero en esta ocasión el operativo fue llevado a cabo por varias agencias estadunidenses con el objetivo de descubrir cómo el agente en activo, Juan Constanzo y su cómplice, un agente jubilado de la DEA llamado Manuel Recio, extraían información de diferente naturaleza desde los sistemas de la agencia, por ejemplo, dar aviso a sus “clientes” de investigaciones abiertas en su contra a través de acusaciones selladas, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados.
Según el Departamento de Justicia, parte de la información que extrajeron la obtuvieron a través del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA (NADDIS, por sus siglas en inglés), una herramienta que contiene datos sobre personas que están o han estado bajo investigación de la agencia.
Además, la intercepción de llamadas entre los agentes y los criminales reveló que entre los “clientes VIP” de los ex funcionarios de la DEA estaban narcotraficantes mexicanos que eran objetivos prioritarios para la agencia antidrogas. Aun así y como parte de la operación, durante casi tres años, se les permitió a Constanzo y a Recio continuar con la extracción de información de altísimo nivel de seguridad.
Paradójicamente, hoy es la misma defensa la que cuestiona por qué tres agencias como la DEA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional no impidieron que durante años los acusados permanecieran en activo y se involucraran en investigaciones internacionales muy delicadas.
“Al agente especial Constanzo se le permitió ser agente de la DEA completamente activo, trabajar con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos desde el inicio de la autorización inicial de escuchas telefónicas a partir del primero de julio de 2019 hasta su autoentrega, el 20 de mayo del 2022”, plantearon los abogados del prestigioso despacho Mukaser Frenchman LLP.
Ellos, los defensores del agente de la DEA Juan Constanzo son quienes ahora cuestionan esa permisividad y las razones por las cuales no se ahondó más en ese caso.
“Quizás lo más impactante de todo fue la declaración jurada de Delzotto (Christopher S. Delzotto, agente del FBI quien investigó el caso), que pasa por alto muchas técnicas de investigación que estaban disponibles”, alegaron.
Los abogados del despacho Mukaser Frenchman plantearon que:
“Colegas de la DEA, el FBI o el Departamento de Policía de Miami podrían haber sido utilizados de manera encubierta para acopiar inteligencia, recopilar documentos, dialogar y vigilar. Como agente activo adscrito a la DEA las asignaciones del agente especial Constanzo, y su paradero, horarios, viajes, gastos, informes y vínculos estaban sujetos a un intenso control”.
La información personal del agente Constanzo, incluidos los datos de sus familiares, direcciones y fuentes de ingresos, también estaban disponibles para la DEA.
Manuel Recio era un veterano agente de la DEA que ingresó a la corporación en 1997 y que, tras su retiro en 2018, decidió montar su propio negocio, aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso.
En ese año fundó la empresa de consultoría Global Legal Consulting, que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores penales y también ayudaba a reclutar clientes desde la Florida. Pero además, Recio ofrecía un servicio VIP: en contubernio con otro agente de la DEA, Juan Constanzo, extraía información de los sistemas de la Agencia, como acusaciones selladas con las que daban aviso a sus clientes sobre las investigaciones abiertas en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados por diferentes organismos del Estado norteamericano.
Una de sus principales fuentes de información era el Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la DEA (NADDIS), una herramienta que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación judicial por parte de las autoridades estadunidenses.
La intercepción de llamadas entre ambos agentes de la DEA –que publicó este diario– reveló la forma en cómo gestionaban la información útil para sus clientes VIP, entre los que figuraban narcotraficantes mexicanos:
Constanzo: Oye…
Recio: ¿Qué pasa mi amigo?
Constanzo: Es un agente amistoso de la DEA.
Recio: Oh, ¿y en dónde está?
Constanzo: En la División de Operaciones Especiales.
Recio: Ah, está bien.
Constanzo: Pero creo que se está preparando para ir a algún lugar al extranjero.
Recio: Ah, ¿y quieres trabajar con ese tipo?
Constanzo: Sí.
Recio: Bueno.
Constanzo: Sí, pero tranquilo… Déjame llamarlo.
Recio: No, no, no lo queremos llamar todavía. Es (información) para alguien con quien podemos trabajar, es un mexicano objetivo (de la DEA)
Este intercambio de frases entre Constanzo y Recio hace alusión a cuando querían negociar con un compañero en activo de la DEA, con el fin de que los ayudara a conseguir más información para un cliente mexicano, target u objetivo para la Agencia Antidrogas. Sin embargo, en la información sobre el caso no se evidencia el nombre del agente en activo referido.
Las autoridades del Departamento de Justicia lograron identificar cómo operaba este sistema de pagos y sobornos, que utilizaba un esquema a través de terceros y teléfonos especiales, además de la creación de empresas fantasmas. Los pagos iban desde los dos mil 500 hasta 50 mil o 70 mil dólares.
El nivel de cinismo de Constanzo y Recio llegó al punto de revisar la lista de narcotraficantes y delincuentes que habían sido acusados recientemente, para entonces contactarlos y ofrecerles sus servicios de alertas al interior de la agencia.
Incluso lograron reunirse con informantes de la DEA para que los pusieran en contacto con estos criminales. Fue precisamente uno de estos personajes quien grabó para el FBI las conversaciones entre los ex agentes y así finalmente se demostró su participación en el esquema de corrupción.
“Había órdenes de allanamiento electrónico para teléfonos pertenecientes al Sr. Recio y al Sr. Constanzo, aunque el Sr. Constanzo finalmente dio su consentimiento para buscar en su teléfono. Existían órdenes de allanamiento de cuentas de correo electrónico que el señor Recio controlaba, y hubo una intervención telefónica en este caso de 90 días”, revelaron en una audiencia la defensa y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Así se logró obtener los datos para desarticular el emprendimiento criminal.
Para hacer aún más extravagante este caso, el juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó la destitución del abogado del agente jubilado de la DEA, Manuel Recio. ¿La razón? Se percataron que incluso él podría ser testigo potencial de las empresas fantasmas de Recio para cobrar los pagos y sobornos, pues existían facturas a su nombre desde una empresa llamada JEM.
De mayo de 2022 a la fecha, tanto la defensa como la Fiscalía han entrado en dimes y diretes en tribunales, y en ese camino se ha revelado cómo habría sido el involucramiento de los agentes de la DEA en este escándalo de corrupción.
Sin embargo, por parte de la defensa se cuestiona el porqué se permitió que durante más de dos años a un agente supuestamente corrupto se le permitiera su participación en investigaciones internacionales de altísimo nivel, relacionadas con casos de drogas.
En un escrito presentado el 13 de marzo de 2023, los abogados Marc L. Mukasey, Torrey K. Young y Stephanie Guaba ponían en duda las prácticas de la agencia antidrogas en la investigación contra del agente Constanzo.
“Se pone a prueba la credibilidad de que si el agente especial Constanzo estuvo cometiendo delitos federales; tres agencias de aplicación de la ley [la DEA, la Oficina del Investigador General, el FBI] le permitieron permanecer en activo durante años”, planteó la defensa de Constanzo, que además aseguró que el agente estaba en “licencia administrativa”.
Incluso cuestionaron el testimonio de un testigo encubierto identificado como CI-1. Aunque la Corte decidió borrar con negros los párrafos y documentos de este testigo, la defensa aseguró que se habían omitido los extensos antecedentes penales del mismo y que en sus declaraciones pudo tergiversar los hechos.
Por si eso fuera poco, la defensa además solicitó la supresión de las evidencias recopiladas a través de la intercepción de mensajes y grabaciones de los teléfonos celulares de Manuel Recio.
Hoy los cargos que se discuten son: sobornar a un funcionario público; aceptar un soborno como funcionario público; conspiración para cometer delitos de fraude electrónico de servicios, entre otros.
Mientras tanto, los abogados de los acusados han metido en aprietos a las agencias del gobierno que los involucraron en esta investigación. Exigieron, por ejemplo, todo el Manual de Personal de la DEA, así como las declaraciones de política con respecto al uso de información confidencial de informantes tanto de la agencia antidrogas como del FBI, lo que revelaría información muy reservada sobre estas agencias en Estados Unidos.
Ciudad de México, a 14 de enero de 2025.
A la opinión pública.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
Atentamente
Generación Industrial, S.A. de C.V.
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Director: Juan Luis Parra
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