Con un entramado de negocios vinculado con el gobierno, que se extendió durante los últimos cuatro años con ganancias históricas para sus acciones, y con una intensa participación de sus empresas en sectores regulados, Grupo México valora cómo reaccionará jurídicamente ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar un freno contundente y en seco a la concesión que obtuvo durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, para explotar 120 kilómetros de tramos ferroviarios que conectan el puerto de Coatzacoalcos con el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con fuentes consultadas que conocen el caso, los abogados del empresario analizan las bases jurídicas del decreto que se emitió sobre las bases de una expropiación, y no de la revocación de la concesión que, en efecto, es propiedad del gobierno y que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La concesión estaría vigente hasta 2028.

Aunque seguirán en conversaciones con la Secretaría de Gobernación y la negociación institucional, los asesores jurídicos de Germán Larrea usarán una carta de formalidad jurídica y apostarán al tiempo que pueda durar el conflicto en tribunales: si el gobierno federal no logra demostrar después de cinco años la utilidad pública que se argumentó para retirar la concesión, entonces la operación de esos tramos tendría que regresar a Grupo México.

Aún más, si el gobierno insiste en la indemnización, Larrea defenderá el monto de nueve mil 500 millones de pesos porque –argumentarán– se desarrollaron varios mercados con los que no contaba la ruta en 1999, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo la privatizó.

Fuentes del caso también explicaron que el empresario defenderá sus negocios como el de un ferrobuque que está conectado al puerto de Alabama, o la operación con la industria petroquímica en Coatzacoalcos, como la que representa Etileno XXI.

Aunque Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación de Felipe Calderón, es asesor de Grupo México, este semanario tuvo acceso a información que señala a David Olea como el abogado que se hará cargo de la estrategia para hacer frente al freno en seco que impuso la Cuarta Transformación a los negocios de Germán Larrea en el estado de Veracruz, donde aún mantiene los derechos de su concesión para operar servicios ferroviarios en los tramos que no fueron ocupados por la Marina.

Así, mientras Germán Larrea queda fuera –por ahora– de la posibilidad de adquirir un paquete de acciones que lo convierta en el accionista mayoritario de Banamex, su equipo de abogados también analiza cuál será la reacción ante tribunales de uno de los empresarios más importante del país que, hasta hace unas semanas, participó en el Consejo Asesor Empresarial, convocado en su momento por Alfonso Romo y en el cual López Obrador se reúne con selecto grupo de empresarios.

Proceso