A unas horas de que el Gobierno de Estados Unidos implemente una nueva regulación para migrantes, que impedirá solicitar asilo a quienes crucen ilegalmente, miles de personas, especialmente de Centroamérica, Sudamérica y México, pero también de países tan lejanos como Ucrania, abarrotan la franja fronteriza del lado mexicano en un intento desesperado por internarse al país vecino antes de que entren en vigor leyes más restrictivas.

Y, mientras eso ocurre en México, el Gobierno de Estados Unidos desplegó a 24 mil agentes a lo largo de la frontera en un esfuerzo para evitar los cruces de migrantes, y ordenó el envío de mil 500 soldados en servicio activo adicionales para respaldar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a la vez que intensifica las detenciones.

Brandon Judd, presidente de un sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza, informó que más de 10 mil migrantes han sido detenidos cada día en esta semana, superando las previsiones de las autoridades estadounidenses ante la conclusión del Título 42 esta medianoche.

Esta norma fue implementada en marzo de 2020, al inicio de la pandemia por Covid-19, y permitió a EU expulsar a los migrantes en la frontera para evitar la propagación del coronavirus.

En los poco más de tres años de su implementación, provocó 2.8 millones de “expulsiones exprés” hacia la franja con México, pero sin consecuencias legales para los migrantes.

A partir del primer minuto de mañana, entrará de nuevo en vigor el llamado Título 8, como antes de la pandemia, y se retomarán las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen.

El Título 8 sí establece consecuencias penales además de prohibir el ingreso por 5 años a Estados Unidos a quien viole disposiciones.

El fin del Título 42 ha provocado un hervidero humano en las diferentes ciudades fronterizas ante la idea equivocada entre muchos migrantes de que, con esto, se acaban las restricciones para cruzar.

Ciudades como Matamoros, reportan albergues al tope con más de 8 mil migrantes en sus calles, en tanto que en Reynosa esta cifra llega a 16 mil, y ambos municipios tamaulipecos se quejan por la falta de apoyo federal para atender el problema.

“Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es contra la ley y que aquellos que no sean elegibles para la ayuda (asilo) serán devueltos rápidamente”, dijo en Washington el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Especialistas consideraron que esta decisión del Gobierno estadounidense causará una mayor presión a las ciudades fronterizas mexicanas y representará un mayor desafío para el País.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Migración suspendió ayer temporalmente las 33 estancias provisionales, a mes y medio de la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, con la intención de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervise estas instalaciones.