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Columnistas de SP

Cae Chávez Jr. en EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este jueves que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Studio City, California, y se encuentra en proceso de deportación acelerada.

Chávez Jr., quien ingresó legalmente al país en agosto de 2023 con una visa de turista B2 vencida en febrero de 2024, es considerado por las autoridades estadounidenses como un inmigrante ilegal con vínculos con el Cártel de Sinaloa, calificado como organización terrorista extranjera.

De acuerdo con el comunicado del DHS, Chávez tiene una orden de arresto vigente en México por presunta participación en crimen organizado, así como tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. La detención se realizó el 2 de julio.

En abril de 2024, Chávez solicitó la residencia permanente legal en Estados Unidos, argumentando matrimonio con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, la mujer está ligada al Cártel de Sinaloa por una relación anterior con el hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) notificó a ICE que consideraba al pugilista una amenaza grave para la seguridad pública. A pesar de ello, el 4 de enero de 2025, el gobierno de Joe Biden le permitió reingresar a Estados Unidos con libertad condicional a través del puerto de entrada de San Ysidro.

El 27 de junio de 2025, las autoridades determinaron que Chávez Jr. podía ser deportado tras detectar declaraciones fraudulentas en su solicitud migratoria. La detención se produjo a solo días de su pelea programada contra Jake Paul.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, destacó que el boxeador fue arrestado como afiliado a un cártel con antecedentes criminales, y criticó que la administración anterior no priorizara su deportación pese a los riesgos señalados.

El comunicado finaliza reiterando la política del expresidente Donald Trump respecto a los afiliados de cárteles dentro del territorio estadounidense.

El canto del Ratón

En la ópera judicial que arranca este 9 de julio en Chicago, el primer tenor ya está afinando la voz. Se llama Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, y su repertorio incluye todo: nombres, cuentas, transferencias, paraísos fiscales, financiamientos cruzados y los aplausos cómplices del poder financiero mexicano.

La nota es brutal: Vector Casa de Bolsa —sí, esa misma que presume asesoría patrimonial y que tiene ligas públicas con Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO— ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como un engrane clave en la maquinaria de lavado del Cártel de Sinaloa. Y no está sola. CIBanco e Intercam también están en la lista de FinCEN. Pero la joya de la corona es Vector.

Según el reporte, esta casa de bolsa facilitó transferencias millonarias entre empresas mexicanas y chinas involucradas en la producción de fentanilo. No es un error contable ni una operación aislada. Es sistemático. Metódico. Estratégico.

¿Coincidencia que esto salga a la luz días antes de que Ovidio firme su culpabilidad y busque entrar al programa de testigos protegidos? El periodista José Luis Montenegro dice que no. Que Vector es, muy probablemente, parte del intercambio de favores con la justicia gringa. Que “El Ratón” ya cantó. Y lo que sigue es un coro de revelaciones que pondrá a temblar al sistema político y financiero de México.

Porque esto no va solo de narcos. Va de banqueros, empresarios, políticos, intermediarios, y hasta de algunos que se sentaban en la mesa presidencial.

El show de Ovidio viene acompañado de un elenco familiar que ya cruzó la frontera: esposa, hijas, madre… todos bajo resguardo federal. Algo saben. Mucho saben. Y lo van a contar.

La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay pruebas. Que sólo son dichos. Y mientras lo dice, su gobierno ordena la intervención temporal de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por Estados Unidos. No hay pruebas, pero se interviene. A veces la lógica oficial da risa. O miedo.

Mike Vigil, ex DEA, lo dijo sin matices: “Nunca en 31 años vi que EE.UU. admitiera a 17 familiares de un capo. Eso indica la importancia de ‘Los Chapitos’”.

A cambio de qué, es la gran pregunta.

Y la respuesta es aterradora por lo simple: A cambio de información. De nombres. De vínculos. De la red completa que permitió que el Cártel de Sinaloa fuera algo más que un grupo criminal. Lo convirtieron en una multinacional con logotipo, estrategia y hasta presencia en la lista Forbes.

Ovidio no sólo busca reducir su condena. Busca destruir a quienes lo construyeron. Y si alguien todavía cree que este es un tema de seguridad pública, que se prepare para ver desfilar a personajes de traje fino, corbata Hermès y sonrisa de consejo directivo.

Esta no es una guerra contra el narco. Es la primera batalla pública de la guerra financiera contra México. Estados Unidos ya eligió escenario, tenor y repertorio.

Y nosotros… nosotros seguiremos discutiendo si las pruebas son suficientes.

El concierto del 9 de Julio

A Ovidio Guzmán López ya le montaron en Estados Unidos el escenario perfecto “para que cante”. El hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán decidió declararse culpable en los cargos relacionados con el narcotráfico y con ello se le borraron cinco acusaciones que le permitirán reducir su condena. De los 11 cargos que enfrentaba originalmente, sólo le quedarán seis.

Con ese acuerdo, ‘El Ratón’ -como se le conoce a Ovidio- podrá enfrentar su causa en el Distrito Norte Chicago, desechando su traslado al Distrito de Nueva York. El texto de su comunicado es claro: “Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado que una acusación está pendiente en mi contra… deseo declararme culpable de la ofensa presentada en mi contra para permitir la disposición de la causa en el Distrito Norte desechando a Illinois, en la cual estoy detenido. Y renuncio a un juicio”.

Ya antes el gobierno norteamericano, a través del FBI, había aceptado recibir en Estados Unidos a 17 familiares directos de Ovidio Guzmán López, incluyendo a su esposa Adriana Meza Torres y a su madre -Griselda López Pérez- segunda esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El ex agente de la DEA, Mike Vigil, dejó en claro la dimensión de esta  negociación: “En toda mi carrera de 31 años dentro de la DEA se ha visto que los Estados Unidos permita la entrada de familiares nucleares, pero no 17. Esto nunca se ha visto. Eso indica la importancia de ‘Los Chapitos’”.

La reducción abrupta de cargos y el traslado de sus familiares a territorio norteamericano para salvar su integridad física sólo arrastran una inevitable conclusión: que le negociación entre el gobierno de Donald Trump con el Clan Guzmán Loera y Guzmán López ya se cerró. La pregunta es ¿a cambio de qué la reducción de cargos?, ¿A cambio de qué la salvaguarda de toda una familia Guzmán López? ¿Se le admitirá oficialmente como “testigo protegido” con todas sus consecuencias?

Y la respuesta es más que obvia: a cambio de compartir toda la información que Ovidio Guzmán López y familia tengan de la protección política, financiera y empresarial que recibieron de todos aquellos que en su momento facilitaron que el llamado Cártel de Sinaloa creciera, hasta alcanzar la dimensión de ser el grupo criminal más peligroso del planeta, líderes globales en el tráfico tanto de drogas tradicionales, como marihuana y cocaína, así como con las nuevas drogas sintéticas, especialmente el mortal fentanilo.

Lo que Ovidio Guzmán López vendrá a confesar a partir de su declaración de culpabilidad con el premio de la reducción de cargos y sentencias, será el principio de una ola de revelaciones sobre el rol que jugaron los principales políticos, no sólo de Morena, sino del PAN y del PRI, algunos empresarios que facilitaron sus operaciones y financieros que apoyaron con sus instituciones el lavado de dinero de la organización de ‘El Chapo’ Guzmán Loera, que hace algunos años llegó a ser incluida en la lista de las corporaciones globales más poderosas exhibidas en la lista de Forbes 500.

El “concierto” de Ovidio Guzmán López está agendado ya para el próximo 9 de julio en la Corte del Distrito Norte de Chicago. Ahí “cantará” y será el ejemplo para que se incorporen a ese coro de denuncias como la de su padre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la de su “tío” Ismael ‘El Mayo’ Zambada y su hermano Joaquín Guzmán López.

Esa aseveración de “me declaro culpable” del próximo miércoles será el banderazo oficial para iniciar la confrontación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México.

Y si todavía existe alguna duda, que sólo recuerde las declaraciones ante el Senado norteamericano de la Fiscal Pam Bondi: “Donald Trump lo ha dicho alto y claro: no nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo gracias al liderazgo del presidente Trump. No sólo de Irán, sino también de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que intenten matarnos físicamente o drogando a nuestros hijos”. Ya no somos los buenos vecinos. Ni siquiera los vecinos distantes. Ahora somos “el enemigo”.

A otro de esos enemigos -Irán- ya le destruyeron sus potenciales capacidades nucleares y la amenaza de una conflagración mayor está latente. Con México ya se inició la “guerra financiera”. Y lo que viene en los próximos 90 días -pasando el 9 de julio- sacudirá las entrañas del sistema político, empresarial  y financiero de México.

No lo duden. Ovidio Guzmán López está ya anunciado y habilitado como el primer tenor. Será la voz cantante de esta ópera prima que bien podría intitularse “Morena In Mobile”.

¿Ovidio entregó a Vector? Revelan posible conexión entre su acuerdo con EU y caso de lavado de dinero

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, podría haber revelado información clave sobre operaciones de Vector Casa de Bolsa como parte de un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para evitar un juicio, afirmó el periodista José Luis Montenegro. La declaración se dio días después de que el Departamento del Tesoro señalara a la firma financiera como pieza central en el esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Según un documento emitido el 25 de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector facilitó transferencias millonarias entre empresas mexicanas y chinas relacionadas con la producción de fentanilo. Entre 2013 y 2021, una “mula” del cártel habría transferido más de 2 millones de dólares a través de esta casa de bolsa. De 2018 a 2023, la firma también habría gestionado pagos por más de un millón de dólares a compañías chinas proveedoras de precursores químicos.

Montenegro, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, señaló que la cooperación de Ovidio podría haber sido clave para el señalamiento contra Vector: “Casa Vector es muy probablemente el caso con el que habría cooperado también Ovidio Guzmán para abrir esa puerta al programa de testigos protegidos o criterio de oportunidad”, afirmó.

El 30 de junio, Ovidio firmó un documento en el que acepta declararse culpable en una corte federal de Chicago, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas. La audiencia en la que oficializará su declaración está programada para el próximo 9 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

El caso de Vector se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno estadounidense contra las estructuras financieras del narcotráfico. Junto a esta firma, también fueron señaladas CIBanco e Intercam, todas acusadas de haber facilitado transacciones millonarias para el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

En el caso de Vector, vinculada públicamente al empresario Alfonso Romo, se documentaron operaciones sistemáticas para ocultar el origen de fondos ilícitos, mientras que CIBanco fue acusado de gestionar pagos por más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores, y Intercam de mantener contactos directos entre ejecutivos y miembros del CJNG.

Tras estos señalamientos, Estados Unidos prohibió a sus instituciones financieras realizar operaciones con las tres entidades mexicanas, incluidas transacciones en moneda virtual convertible. En respuesta, el gobierno mexicano anunció la intervención temporal de las firmas, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “no hay pruebas” que confirmen las acusaciones.

Montenegro añadió que el caso Vector podría ser solo una pieza dentro de una negociación judicial más amplia que incluye a Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, y a Ismael “El Mayo” Zambada, cuyas audiencias están previstas para el 15 de julio y 25 de agosto, respectivamente.

Como parte del acuerdo, 17 familiares de Ovidio ingresaron a Estados Unidos en mayo pasado bajo protección federal, incluidos su madre, su esposa y sus hijas. De confirmarse su ingreso al programa de testigos protegidos, “El Ratón” podría acceder a una identidad nueva, residencia bajo vigilancia y una reducción de sentencia que lo pondría en libertad en aproximadamente dos años y medio.

Alerta mundial: la “droga zombi” avanza en México y América Latina

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una alerta por la expansión de la xilacina —conocida como “droga zombi”— en México y otros países de América Latina, señalando su combinación con opioides como el fentanilo como una amenaza creciente para la salud pública.

De acuerdo con el último informe del Programa Global de Monitoreo de Drogas Sintéticas (SMART), la xilacina ya ha sido detectada en muestras de drogas en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México, lo que ha llevado a estos tres últimos países a emitir alertas sanitarias por los riesgos del policonsumo.

En México, un estudio realizado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones reveló que 61 de 300 muestras de fentanilo y/o heroína recolectadas en Tijuana y Mexicali contenían xilacina. El análisis fue publicado el 8 de abril de 2024.

La xilacina, un sedante no opioide de uso exclusivo en medicina veterinaria, provoca efectos como euforia, sedación, desorientación y reducción severa de funciones respiratorias y cardiacas, lo que incrementa el riesgo de sobredosis cuando se mezcla con otras sustancias como benzodiacepinas o alcohol.

En el mercado ilícito, esta droga se comercializa bajo nombres como “tranq”, “tranq dope”, “anestesia de caballo”, “sleep-cut” o “zombi”. Su uso combinado con otras drogas ha sido documentado por autoridades de salud en países como Chile, donde fue hallada junto a hasta ocho sustancias distintas, y en Colombia, donde se ha detectado en el “tusi” junto con ketamina, metanfetamina y cafeína.

El sistema de alerta temprana de Argentina también ha reportado presencia de xilacina en papeles secantes y mezclas con sustancias como pregabalina, carisoprodol, cocaína y compuestos sintéticos. Ante esta situación, la ONU advierte que las personas podrían estar consumiendo xilacina sin saberlo, al estar oculta en drogas vendidas bajo otros nombres.

SMART también encendió la alerta sobre la medetomidina, otro sedante veterinario aún más potente, cuya presencia incipiente en los mercados norteamericanos representa una preocupación adicional.

El organismo llamó a reforzar los sistemas de detección en laboratorios forenses y ampliar los métodos analíticos, como la cromatografía de gases o líquida acoplada a espectrometría de masas, ya que la xilacina no se detecta fácilmente mediante pruebas de orina comunes.

El informe recomienda mejorar la vigilancia sanitaria, fortalecer los sistemas de alerta temprana y garantizar el acceso a tratamientos que permitan responder con rapidez a los casos de sobredosis.

Resuelve Tamaulipas que a EL UNIVERSAL y a mí nos registren 4 años como violentadores de género

A través de un notificador, la nueva resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó a las puertas de mi domicilio.

Todo esto en razón de una columna publicada en este espacio el 1º de mayo pasado bajo el título de “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, la cual abordó las redes de tráfico de combustible en las aduanas de Tamaulipas, a partir de un oficio en el que el ex secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, denunció al administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, de extorsionar agentes aduanales, recibir sobornos y estar vinculado con una red de tráfico de huachicol.

En la columna en cuestión señalé básicamente que Madero Larios seguía impune a pesar de la denuncia del exsecretario, y anoté el hecho preocupante de que el líder de esa red de tráfico fuera cuñado de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, considerada entonces “la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (cosa que, tras la elección judicial, obtuvo Contreras).

Ese era el tema de la columna: las redes impunes y su conexión con el Poder Judicial.

Todo esto sucedió, por cierto, en los días en que acababa de llevarse a cabo en Altamira, Tamaulipas, un decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol.

Contreras nos denunció, a EL UNIVERSAL y al autor de esta columna, por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral del estado, integrado por una prima hermana suya y por un magistrado que fue subordinado directo de su esposo en la subsecretaría general de gobierno, atendió la denuncia y nos dictó una serie de medidas cautelares.

Se nos ordenó eliminar de inmediato la publicación de la página web de EL UNIVERSAL y no volver a emitir expresiones que vincularan a Contreras “con personas o actos delincuenciales”.

El periódico tomó la decisión de resistir el inadmisible intento de censura, condenó el amago de llevar a cabo procedimientos sancionatorios por la publicación de un tema de interés público relacionado con la corrupción y preguntó si este era el futuro para el Poder Judicial.

Comenzó la incierta batalla legal.

Según la resolución enviada nuevamente a mi domicilio, y no al del periódico donde la columna se publicó, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas ha declarado existente la infracción de “violencia política en contra de las mujeres en razón de género” debido a la publicación de esa columna.

Después de infinitas páginas de jerga legal, la resolución ordena que se me inscriba durante cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Me ordena ofrecer durante 16 días naturales una disculpa pública en la misma columna, “y dejar el mensaje anclado de fijo”.

Me ordena publicar la síntesis de la resolución, absteniéndome “de incluir comentarios o expresiones ajenas al fin y a los alcances definidos en la presente sentencia”.

Me ordena “reconocer los hechos”. “Aceptar mi responsabilidad”. “Dignificar a mi víctima”, sin que la disculpa “reviva las situaciones que provocaron la sanción”.

Me obliga a hacer pública mi “aceptación expresa de la necesidad de reparar el daño”.

Y “como medida idónea para inhibir conductas futuras como la acreditada en el caso concreto”, me impone una multa que debo pagar ante la Dirección de Administración del Instituto, so pena de que se dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes procedan al cobro.

Para que tenga acceso a un “mayor grado de sensibilización”, me mandan a leer, además, guías y manuales para el uso no sexista del lenguaje y para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de perspectiva de género.

No es todo. La resolución sostiene que también EL UNIVERSAL incurrió en violencia política de género al no eliminar la publicación, y a fin de que “el infractor” pueda “hacer conciencia” de que “su conducta fue ilícita”, se la ha impuesto también el pago de una multa. Se le obliga, además, a reconocer “su responsabilidad”, a ofrecer una disculpa pública, a aceptar “la necesidad de reparar el daño”, a publicar un extracto de la sentencia durante cinco días naturales… y a permanecer, a lo largo de cuatro años, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

Las faltas leves, por cierto, son sancionadas con una permanencia en el registro de hasta por tres años.

La batalla legal sigue su curso. El hecho referido arriba se enmarca, sin embargo, en el patrón de censura, en la embestida imparable contra medios, periodistas y ciudadanos que osan ejercer la crítica frente a un régimen que se dice democrático y que solo da muestras de practicar la intolerancia.

La parábola de Noroña: de rebelde a mirrey

Ayer fue la última sesión de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado. Su paso por la máxima tribuna legislativa no dejó legado legislativo, pero sí regaló para la historia el símbolo perfecto de la degradación de la 4T: un hombre que se encumbró políticamente como la voz desafiante de la calle convertido en un ícono del abuso de poder y los lujos excesivos.

Gerardo Fernández Noroña no es el ignorante ramplón que muchos piensan: al lado de la vulgaridad fácil con la que se desempeña en política, hay un hombre leído, culto. Se inició en la lucha social hace treinta años defendiendo deudores de los bancos en medio de la peor crisis económica de la historia de México. En sus protestas, nunca escatimó espectacularidad y rudeza en las declaraciones. Se disfrazaba, se tiraba en la calle para interrumpir una caravana presidencial, se jaloneaba con granaderos una vez al mes. Cuando accedió al Congreso, gritaba hasta quedarse sin aliento desde su curul reclamando el autoritarismo de los gobernantes en turno. Los acusaba de todo: rateros, vendepatrias, espurios, narcos, asesinos. Sin más arma que un megáfono, encabezó bloqueos, tomas, irrupciones e interrupciones. Un opositor hecho y derecho. Un opositor con ingenio y con barrio. Pero en eso ganó Morena. Y todo cambió. Cambió el líder (AMLO), cambió el partido, cambió el movimiento, cambiaron los morenistas y cambió Noroña. De plebeyo a cortesano. De rebelde de la calle a mirrey de Palacio. Se volvió parte del sistema que por décadas denunció.

El momento icónico de su abuso de poder fue cuando obligó a un ciudadano a acudir frente a él —presidente del Senado— y humillarse ofreciéndole una disculpa pública, ante todos los medios de comunicación, por supuestamente haberlo “agredido” mientras descansaba en una sala VIP del aeropuerto de la Ciudad de México.

Una sala VIP. El lugar menos probable para encontrar a aquel Noroña que en 2006 decía que dormía en la calle para protestar contra el fraude electoral y marchaba como ejercicio diario. Así de lejos ha quedado aquel Noroña que usaba el Metro como trinchera política y los tianguis como foros populares. Ese Noroña murió, lentamente, entre boletos de avión en clase ejecutiva, viajes a Europa y sueños de una candidatura presidencial que nunca llegó.

La degradación de Noroña es la degradación del movimiento al que pertenece. Ahora tienen que vivir justificando a sus corruptos. Diario tienen que salir a decir que ellos no censuran, porque censuran. Que no espían, porque espían. Que no tienen narcopolíticos, porque sí los tienen. Ahora los mirreyes son de Morena. Los juniors son de ellos. Los familiares del presidente que hacen negocios son de su presidente. Los que vuelan en aviones privados son ellos. Los que viajan a Europa a todo lujo son ellos. Los que vuelan en “clase premier” son ellos.

Noroña ya no será presidente del Senado. Su presidencia será recordada por los desplantes, por el ego, por los discursos encendidos que no cambian nada, y por el contraste brutal con lo que alguna vez representó: el líder social que terminó defendiendo privilegios con la misma ferocidad con la que antes los denunciaba.

En un régimen que prometió cambiarlo todo, Noroña cambió… pero para quedarse igual que los de antes. Es una metáfora de su movimiento.

Sheinbaum y Salinas Pliego: la guerra sube de tono

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se perfilaba ya como la candidata ungida de Morena, el empresario Ricardo Salinas Pliego, que ya había roto lanzas con su amigo el presidente López Obrador, buscó la forma de acercarse a quien se perfilaba ya como la sucesora en la Presidencia de la República. A través de un enviado de su círculo cercano, Salinas mandó un mensaje de apoyo a la candidata oficial y pidió ser recibido en una plática privada de acercamiento. La respuesta fue contundente: “La doctora no tiene tiempo en su agenda para recibirlo”.

Después vendría un segundo intento, por otra vía y con otro mensajero, que ya en plena campaña y cuando las principales casas encuestadoras ya se habían alineado todas con la campaña que les pagaba sus sondeos, el segundo intento recibió también la misma respuesta negativa a la petición proveniente del Ajusco. “Está cerrada a dialogar, Ricardo la ha buscado ya en varias ocasiones pero no quiere verlo y estamos preocupados por ello”, me comentó un par de meses antes de la elección presidencial del 2 de junio del 2024 un alto ejecutivo de una de las empresas de Grupo Salinas.

Ya siendo Presidenta electa hubo un tercer mensaje con nuevo mensajero al que se le dio una respuesta distinta, menos tajante pero condicionada: “La Presidenta electa aceptaría reunirse siempre y cuando él se disculpe públicamente con Citlalli Hernández”, la entonces secretaria general de Morena, con quien el empresario sostuvo varios diálogos agresivos en las redes sociales en los que se refería a la dirigente morenista como “Cenadora” y se mofaba de su obesidad con expresiones como “oink, oink” o mencionando siempre su exceso de peso para cuestionarla: “Es que con militantes como usted, imagínese construirla en las alturas, nooo, se nos viene el mundo encima, cenadora. Es más, sería un evento que podría ser comparado con el cataclismo causado por el meteorito que extinguió a los dinosaurios”, respondió Salinas en 2023 a un tweet de Hernández que decía que Morena se había construido “a ras de tierra”.

Esta vez la negativa contundente fue del lado del empresario que se negó a disculparse, como ya antes se había negado a cumplir la orden del INE, que le había pedido borrar cerca de 90 publicaciones en redes sociales en la que los consejeros del instituto consideraron que había incurrido en “violencia política de género” contra la senadora morenista al atacarla por su físico y por su género, esto en respuesta a una queja que interpuso ante el órgano electoral Citlalli Hernández.

A partir de ese último intento y del rechazo a la condición que pusieron en el equipo de la entonces Presidenta electa, no volvió a haber ningún tipo de contacto de ninguna de las dos partes. Y lo que ya era un pleito fiscal, legal y político abierto entre las empresas de Salinas Pliego y el gobierno de López Obrador, se fue escalando cada vez más en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quien, como en muchos otros casos, heredó también las filias, fobias y pleitos de su antecesor.

Recién llegada a la presidencia, el 6 de diciembre de 2024, la doctora Sheinbaum fue cuestionada sobre un mensaje de Salinas Pliego en redes sociales cuestionando a su gobierno. En aquella ocasión, aunque ya había toda una andanada de morenistas y bots de la Presidencia en contra del empresario al que le exigían pagar sus impuestos, la Presidenta mantuvo cierta neutralidad: “Pues él también tiene un estilo, y tampoco vamos a estar cayendo en eso. El está buscando cobertura, yo creo, en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe. A lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega. Él, como cualquier ciudadano, va a tener que pagar sus impuestos. No voy a entrar a ese debate, la verdad”, comentó.

Pero en la última semana el enfrentamiento entre Salinas Pliego y el gobierno de Sheinbaum se volvió frontal. La postura cada vez más crítica de Televisión Azteca y sus noticieros y programas de parodia, junto al endurecimiento del SAT y del gobierno sobre los montos que, según ellos, adeuda el empresario por impuestos eludidos, hicieron que el pleito se transformara ya en una guerra abierta en la que, por un lado Salinas Pliego mantiene su defensa jurídica y legal alegando que no debe los 74 mil millones de pesos de impuestos que sostiene el gobierno y que el monto sería mucho menor, mientras que del lado oficial, la Presidenta contratacó descalificando a Salinas, afirmando que “no quiere pagar impuestos” y atribuyendo a ello la crítica que se realiza contra su gobierno en la Televisora del Ajusco.

El viernes pasado la Presidenta lanzó desde su mañanera a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, quien presentó una serie de gráficas, documentos y cuentas con las que aseguró que Grupo Salinas –ya no solo Elektra que era la empresa que litigaba contra los cobros del SAT— mantiene una deuda de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria. La funcionaria habló de 32 juicios que tiene el grupo empresarial ante distintas instancias judiciales que suman ese monto de adeudos y los acusó de incurrir en “abuso del sistema judicial”, con apelaciones y recusaciones que han retrasado los juicios que datan, el más antiguo, del 2008.

Y luego, fue la propia Presidenta la que se lanzó, primero contra TV Azteca el pasado 24 de junio, cuestionado que “¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la Presidenta con un montón de mentiras?” y diciendo que por eso no le paga publicidad a la televisora, y el viernes pasado, la doctora enfiló todas sus baterías y su poder contra el Grupo Salinas: “¿Por que están en contra de la elección al Poder Judicial, por qué tanta crítica y tanto enojo? Pues porque tenían vínculos con ministras y ministros que favorecían este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería, ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión”.

El mensaje de la Presidenta, que se interpretó como un intento de “línea” a la Corte que tiene pendiente la discusión del amparo interpuesto por Salinas Pliego contra el cobro de esos impuestos, se reforzó luego con un comentario de la propia mandataria sugiriendo que si la actual Corte ya no puede resolver los temas pendientes, debiera dejárselos a la nueva Corte formada por ministros afines a Morena. “Le queda a esta Corte hasta el 1 de septiembre, cuando entran los nuevos ministros y ministras de la Corte. No son juicios que vengan de nuestro gobierno, sino impuestos que no se han pagado desde hace 16 años y que prefirieron tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, magistrados y ministros que les han evitado pagar impuestos. Pero van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vayan a atrever algo en contra del pueblo de México”, dijo la Presidenta en lo que pareció una advertencia a los actuales ministros.

La respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar y desde un yate en el que navegaba en el extranjero, contestó en un video: “Lo que dice la señora es que no pagamos impuestos, mentira, sí pagamos y pagamos mucho. En este caso particular, tenemos una disputa que data desde hace muchos años y ella sabe perfectamente por qué, no tengo que explicarlo, pero para que veas cómo usa la técnica de ´la gran mentira´, es la mejor alumna de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía ´tú repite una mentira mil veces y veras que se convierte en verdad´. Entonces la señora está mintiendo mil veces, pero eso no lo hace verdad. Además los impuestos que pagamos se malgastan en tonterías como el Tren Maya, la Refinería (Dos Bocas) o como el AIFA…Así que vamos a seguir luchando y nos vamos a seguir luchando por la verdad. Nos vamos a defender con todo”, dijo el empresario.

Así la guerra ya abierta y declarada entre la Presidenta, con todo el poder de su gobierno, contra el empresario, con todo el poder de su dinero. La gran incógnita es si el caso de Salinas Pliego será resuelto por esta Corte, antes de que termine sus funciones en agosto próximo, o si los actuales ministros, ya también amenazados por la Presidenta, deciden dejar el caso pendiente y se pasa a la nueva Corte de filiación morenista que tomará posesión el 1 de septiembre.

En todo caso, esta es una guerra de pronóstico reservado porque de ambos lados, tanto la presidenta Sheinbaum como del lado de Salinas Pliego, han traspasado ya todos los límites y las reglas no escritas del sistema político mexicano en el que ni los empresarios se lanzaban con todo a cuestionar al presidente en turno, ni el gobierno hacía declaraciones públicas de guerra contra a algún empresario al que podían aventarle el aparato fiscal y judicial, pero sin la estridencia y el nivel de ataques verbales que hoy estamos viendo. ¿Quién ganará esta guerra entre el poder político y el poder del dinero?

Se detienen los dados. Cayó Serpiente Doble. Descenso obligado.

El cisma en Hacienda (2)

Los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a tres instituciones financieras mexicanas atizaron las pugnas dentro de la Secretaría de Hacienda de México.

Muestra de ello es la vacancia en la Subsecretaría de Hacienda que dejó Edgar Amador para convertirse en el secretario del ramo, la cual lleva cuatro meses sin ser ocupada, principalmente porque los jaloneos internos entre la Oficina de la Presidencia, el SAT y las huestes del exsecretario Rogelio Ramírez de la O no lo han permitido.

Según fuentes de Hacienda, el viernes pasado, el actual jefe de la Oficina de Hacienda, Roberto Lazzeri, habría amagado con dejar el cargo si no se le nombraba como subsecretario del ramo. Sin embargo, en la Oficina de la Presidencia apoyan a la titular de la Unidad de Crédito Público, Maricarmen Bonilla.

A Lazzeri, otrora mano derecha del exsecretario Ramírez de la O, no lo ven con seriedad, entre muchas otras cosas porque tiene su propia agenda y sus propios intereses. Ni qué decir de cómo se lleva con el SAT, donde Alejandro Martínez Dagnino se resiste a enterarle cualquier cosa a Carlos Lerma, el flamante subsecretario de Ingresos, que a su vez le reporta al extitular de esa cartera que ahora vive entre Texas y Nueva York: Rogelio Ramírez de la O.

Al amago de renuncia del jefe de la Oficina de Hacienda se sumó a la posible dimisión del titular de la Unidad de Planeación Económica, Rodrigo Mariscal, y también de la titular de la Unidad de Crédito Público, Maricarmen Bonilla.

Ambos eran cartas del actual titular de Hacienda, Edgar Amador, para ocupar esa posición en la que él inició en el actual sexenio. Sobre todo Mariscal, a quien le prometieron hace unas semanas el nivel de subsecretaria. Las cosas se complicaron por el caso de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y por el oportunismo de exsecretarios y exsubsecretarios que ven en la actual coyuntura la posibilidad de ser llamados de vuelta para “arreglar” los problemas. La realidad es que pueden traer al economista más avezado, pero ninguno logrará componer el desaseo que hay en todo el sistema financiero mexicano.

Mariscal Paredes fue informado esta semana de que su jefe ya no lo impulsaría hacia el cargo, por lo que decidió seguir los pasos de su rival, Roberto Lazzeri, y amagó también con dejar la Secretaría. Ambos sabían que sus oportunidades reales para ocupar la Subsecretaría eran limitadas.

El verdadero problema, según fuentes de Palacio Nacional, es que muchos funcionarios del actual equipo de Hacienda siguen bajo la influencia del exsecretario Rogelio Ramírez de la O, quien por cierto ya le declaró la guerra a su sucesor y se dedica a ponerle piedras en el camino. El conflicto por la Subsecretaría de Hacienda sería precisamente uno de esos obstáculos que el ahora asesor de Claudia Sheinbaum le pone a quien lo relevó en el cargo. El Caballo de Troya que dejó en ese espacio es Roberto Lazzeri.

El objetivo de Ramírez de la O va más allá de tomar las riendas de la Subsecretaría de Hacienda. El fundador de Ecanal va por el máximo cargo financiero de la administración federal, pues desde hace tiempo impulsa para esa posición a su amigo Santiago Levy.

Pero parece que contra viento y marea Edgar Amador se mantendrá en el cargo. No se descarta que quien esté moviendo las aguas también sea el exsubsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien se fue a vivir a Washington, a trabajar para el Banco Mundial, después de ser desechado por el gobierno de la 4T, igual que su amigo y exjefe, Arturo Herrera, quien del régimen de la 4T solo recibió maltratos.

Otro de los nombres que han sonado para llegar a ocupar la Subsecretaría de Hacienda es el del actual director de Banobras, Jorge Mendoza. Así que hay muchos aspirantes y mucha grilla en Hacienda, en momentos en los que todos deberían estar concentrados en cómo salir del escándalo generado por la bomba que les mandó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Posdata 1

Banco Azteca, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fue reconocido como el más rentable y el de mayor liquidez de México, según la revista The Banker, perteneciente a Financial Times Group.

A través de un comunicado, la institución financiera detalló que, según lo señalado en el ranking Top 1,000 World Banks 2025, también se encuentra dentro de los cinco bancos con mejor desempeño en territorio nacional y en la novena posición nacional dentro del listado global.

El brazo financiero de Grupo Salinas expuso que seguirá trabajando con miras al largo plazo, no sólo para fortalecer su negocios, sino también para dar impulso al desarrollo económico de México.

Dicho reconocimiento se da en medio de la “guerra”, de pronóstico reservado, que libran el grupo del empresario Salinas Pliego con el gobierno federal por un supuesto adeudo fiscal.

Posdata 2

A propósito del Grupo Salinas, este próximo 12 de julio auspiciará una cena de gala en honor del Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un hotel de la Ciudad de México.

No es la primera vez que Grupo Salinas patrocina un evento del gobierno estadounidense. En enero, durante la toma de protesta de Donald Trump, el grupo del magnate Ricardo Salinas Pliego financió el Hispanic Inaugural Ball 2025, evento que formó parte de la toma de protesta de Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos de América, y el cual tuvo por objeto fortalecer lazos entre empresarios de la comunidad hispana y la próxima administración estadounidense.

Esto se suma al evento del jueves pasado, que se llevó a cabo en la residencia oficial del Embajador de Estados Unidos en México por el 249 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Algunos de los asistentes a esa reunión por parte de la iniciativa privada mexicana fueron Carlos Slim Helú, su hijo Carlos Slim Domit y Héctor Slim; también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el presidente de Concamin, Alejandro Malagón.

Posdata 3

La plataforma financiera Plata anunció la colocación de bonos senior no garantizados por un monto de 120 millones de dólares, con vencimiento en julio de 2028. La fecha prevista de emisión de los bonos es el 16 de julio de 2025.

La colocación se realizó tras un proceso de roadshow integral y tuvo una fuerte demanda de 1.7 veces mayor a la oferta anunciada. Los recursos de los bonos se utilizarán para impulsar el crecimiento de la empresa y refinanciar la deuda existente.

Pareto Securities actuó como Sole Bookrunner en la transacción y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP participaron como asesores legales de Banco Plata.

Sí es una ley espía

Con una teatralidad en aumento, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer, con tono burlón, al titular del diario Reforma, que decía: “Advierte oposición creación de un Estado espía”, citando a legisladores del PAN y del PRI. “Reforma miente”, subrayó la presidenta, adjudicándole una afirmación que no era del periódico, incurriendo en una falsedad. Una de dos: o pretendió engañar a los mexicanos, o fue timada por sus principales asesores en medios. En todo caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la que se referían los diputados, es el nuevo catalizador de la polarización, entre quienes consideran que es una herramienta en beneficio de las audiencias, y quienes la ven como un instrumento de censura y represión.

Cuál será el derrotero que tome la nueva ley telecom, sólo el tiempo y su aplicación lo esclarecerán. Pero el arranque no es promisorio por los embustes salidos de Palacio Nacional. La oposición la calificó como una “ley espía” por las disposiciones para que el gobierno pueda acceder a todos los datos privados de las personas, incluidos algunos que están regulados como datos personales o sellados por las autoridades financieras, así como su ubicación en tiempo real. “Es falso, es mentira que las leyes tengan que ver con que el Estado va a espiar”, atajó Sheinbaum. “El gobierno no va a espiar como nos espiaron a nosotros”.

Su afirmación no pasa la prueba de ácido. Los gobiernos del PRI y del PAN, como se ha documentado, sí espiaron. Sin embargo, su uso político fue discrecional y excepcional. Muchas personas públicas, o que representaban algún interés para el Estado, fueron espiadas, y se supo no por ellas, sino porque, a través de las leyes de Transparencia –demolidas por el régimen actual–, se accedió a sus expedientes. En los gobiernos de Morena, la historia ha sido diferente.

El máximo abusador de los recursos del Estado fue el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, que difundió datos personales de periodistas, autorizó la entrega de información fiscal –que es confidencial– a medios afines para chantajear, reanudó el espionaje a periodistas y activistas mediante el software Pegasus, y avaló el espionaje físico a cuando menos dos periodistas que le resultaban incómodos.

Pero no fue sólo López Obrador. Su pupila Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también recurrió a esas prácticas. En noviembre de 2023, el periódico The New York Times reveló que, en al menos 14 expedientes judiciales que revisó, encontró que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México que le entregara registros telefónicos y mensajes de textos, además de los datos de geolocalización, de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.

Entre esos registros solicitados se encontraban los del actual líder del PAN, Jorge Romero; la senadora Lilly Téllez; el senador de Morena Higinio Martínez, y el entonces director de Aduanas, Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno en el Estado de México. José Pepe Merino, uno de los arquitectos actuales de instrumentos de censura, fue señalado en privado por López Obrador de haber sido quien filtró documentos confidenciales sobre la Línea 12 del Metro para afectar a Marcelo Ebrard, el adversario de Sheinbaum para la candidatura presidencial, y de paso, al magnate Carlos Slim.

La Fiscalía de Colima, otro estado gobernado por Morena, añadió el diario, hizo lo mismo que Sheinbaum y Godoy en la Ciudad de México: solicitó los registros telefónicos del entonces senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, y de otras 10 personas más. Previamente, pero por parte de la Secretaría de la Defensa, se espió a Alejandro Encinas, como subsecretario de Gobernación, quien llevaba la investigación del caso Ayotzinapa, donde involucró a militares.

Ninguna de esas acciones tuvo el respaldo de una orden judicial. Sheinbaum aseguró que en la nueva ley solamente podrá haber una intervención telefónica o una localización de GPS bajo orden judicial, salvo en casos de desapariciones o de un asunto extraordinario. “Una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes”, agregó. “En ningún momento se está espiando a nadie”.

Sheinbaum mintió o fue inducida mediante engaños para hacerlo. La nueva ley telecom no incluye en ningún artículo la obligación previa de una orden judicial antes de intervenir o pedir la localización de una persona en tiempo real a través del GPS. Como subrayó un experto: “si quisieran que fuera con orden judicial, lo habrían puesto expresamente”.

Javier Tejado, en una columna en El Universal en noviembre de 2023, enfatizó que el apartado “Colaboración de la Justicia”, que habla de los supuestos para hacer intervenciones legales, permite que “prácticamente cualquier fiscalía puede pedir, sin orden judicial, los datos generales de cualquier teléfono móvil… y los operadores telefónicos deben entregarles nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicaciones que realiza el usuario y con quién se comunica”. Nada cambió ahora.

Los dos principales voceros del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria de propaganda del régimen y actual coordinador de asesores de la presidenta, y Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han estado tratando de desviar el fondo de sus pretensiones vindicativas mediante actos chapuceros. Villamil y Ramírez Cuevas son los impulsores de la línea del gobierno para todas sus voces en los medios y defensores en las mesas de discusión, para que siembren la idea de que quienes hoy critican la nueva ley la aprobaron en 2014, en la ley de telecomunicaciones aprobada dentro del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no es cierto. En 2017 el Congreso eliminó los incisos que permitían a las autoridades judiciales acceso a información de líneas del servicio móvil sin autorización judicial previa. Ahora los restablecieron, agregando a la intervención los mensajes instantáneos de todos los equipos y la geolocalización.

Desconocemos cómo funcionará la ley y cómo se aplicará. Pero la experiencia es un preámbulo ominoso que permite conjeturar que está diseñada para controlar periodistas y acabar con los noticiarios que les resulten incómodos.

INE hace descuentazo a partidos

Nos hacen ver que quien tuvo promoción esta semana es el Instituto Nacional Electoral (INE). Los partidos políticos recibieron por parte del INE descuentos en multas por más de 64 millones que se tenía programado aprobar para siete partidos nacionales. De último momento, el instituto que preside Guadalupe Taddei realizó un descuentazo dejando las cifras a la mitad, al aceptar aclaraciones de último momento, entrega de facturas y otros mecanismos que ponen evidencia una pobre fiscalización en el INE que permita que los montos puedan variar tanto de un día para otro.

En Palacio Nacional nadie quiere comentar si algo salió mal en la pasada reunión entre el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que desde ese encuentro —del que pocos detalles han trascendido— no se ha concretado ninguna reunión posterior con funcionarios estadounidenses ni se ha pactado la anunciada visita de Marco Rubio, secretario de Estado de la administración de Donald Trump. Aunque en el círculo cercano a la Presidenta aseguran que no hay problema, algunos se preguntan si don Marco vendrá pronto a México, o por ahora el horno no está para bollos. Ayer, el canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con Rubio y acordaron que un grupo de trabajo se reúna próximamente en Washington para dar seguimiento a los temas de seguridad, migración y comercio. Sin embargo, no se sabe si la visita a México está pospuesta o cancelada.

Muy alegres, riendo y estrechando la mano más de una vez en el Senado fueron captados Alejandro Esquer, senador de Morena y exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador, y el senador panista Ricardo Anaya, excandidato presidencial y acérrimo adversario de AMLO en la elección de 2018. El martes por la tarde, en el Salón de Plenos, ambos senadores charlaron muy alegres y parecían quedar lejos los fuertes señalamientos de hace siete años, que durante la campaña presidencial intercambiaron López Obrador y Anaya. Seguro que en Palenque, el exjefe del senador Esquer estará contento de ver que su colaborador no es nada rencoroso

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, insiste en reactivar el proceso de desafuero contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Sin embargo, nos comentan que eso no quita el sueño al dirigente tricolor, quien dice que ha ganado todas las instancias judiciales y cuenta con amparos que impiden que se le retire el fuero. Nos hace ver que esta es la enésima vez que el morenista anuncia que ahora sí procederá contra el priista. ¿Esta será la vencida?

‘Hasta no ver, no creer’

AUNQUE NUBLADO, que sea un buen jueves el de hoy, en el que se celebra al mismísimo apóstol Santo Tomás, por quien se acuñó la frase de “hasta no ver, no creer”.

Y VAYA QUE son tiempos para poner en duda tooodo, pues la burra no era arisca, sino que los palos de la Ley Espía la hicieron. Resulta que el gobierno de la República ha insistido en que las reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones no van enfocadas a la creación de un Estado policiaco e hipervigilante.

EL ARGUMENTO central es que la ciudadanía no tiene nada que temer ante cualquier acción de las autoridades destinada a la intervención de comunicaciones. Uno, porque en el caso de hacerlas será para la persecución de delitos; y, dos porque eso dependerá de la autorización de un juez.

¿DE QUÉ JUECES habla el gobierno? Pues de esos mismos jueces que acaban de ser electos en un proceso cuestionado y manipulado por el propio régimen. Si la intervención de las comunicaciones personales depende de un juez afín a la 4T, ¿realmente hay una garantía para los derechos de las personas? ¿Y dónde habrá controles que eviten que espíen a un inocente?

VAYA EXHIBIDA le dieron a la funcionaria capitalina Ana Villagrán, a la que acusaron de darle a sus mascotas una vida de perros.

RESULTA QUE vive en un departamento con seis perros, los cuales prácticamente viven hacinados en el lugar. Debido a las malas condiciones en que los tiene, los canes se han convertido en una molestia para sus vecinos pero Villagrán ha desdeñado los reclamos y hasta amenaza con emprender acciones legales contra los residentes.

EL COLMO es que ella es la responsable de la Agencia de Atención Animal de la administración de Clara Brugada, y ya anda circulando un video en el que se le ve someter a uno de sus perros de manera bastante violenta. Ella se dice animalista, pero… ¡a otro perro con ese hueso!

QUÉ FEA MANERA de acabar con el prestigio de una institución. Los magistrados del Tribunal Electoral federal, encabezados por Mónica Soto, ya ni siquiera disimulan su proclividad a favorecer todo lo que huela a Morena y dar palo a lo que no.

HACE APENAS unos días confirmaron “sentencias” contra ciudadanos comunes y corrientes, como a una tuitera por haberse atrevido a criticar en sus redes sociales a una diputada morenista. “Violencia política de género“, clamaron.

A PESAR DE ESO, ahora votaron en sentido totalmente contrario. Revirtieron la decisión de la Sala Especializada que había otorgado medidas en favor de la consejera presidenta del instituto electoral de Jalisco, Paula Ramírez… precisamente por lo mismo.

ES DECIR, para los magistrados del Trife, si la crítica es contra morenistas, ¡sanción! Pero si el ataque es contra cualquier otra persona, ¡pase usted!

El nuevo litigio de Niágara Bottling

¿NIÁGARA BOTTLING EMBOTELLA agua sucia para consumo humano? Al menos eso es lo que está a debate ante un juez federal del Poder Judicial de la Federación.

La embotelladora norteamericana se instaló en tierras mexiquenses en 2017. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dirigida entonces por Roberto Ramírez, le otorgó un permiso para extraer casi tres mil millones de litros de agua del subsuelo.

Se trata del acuífero del Valle del Mezquital, que comprende gran parte de Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca, y del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez.

Este acuífero recibe, desde hace más de 100 años, las descargas de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales se infiltran a los mantos freáticos.

Estas aguas son empleadas para la agricultura regional del Valle del Mezquital.

Estudios ambientales y de salud pública que han efectuado diversas universidades nacionales e internacionales sobre esta controvertida situación, concluyen que representa más riesgos que beneficios por los altos índices de contaminación de las aguas negras arrojadas.

Pero el campesinado de la región, ampliamente beneficiado por estos enormes volúmenes de agua gratuita, alega que esos “nutrientes” son absorbidos por los cultivos, por lo que no hay riesgo para la salud pública.

Lo cierto es que de no ser por estas aguas que la capital descarga en la región hidalgo/mexiquense, la disponibilidad de agua para cultivo en el Valle del Mezquital sería ínfima.

De acuerdo con información de la Conagua, ahora al mando de Efraín Morales, el Valle del Mezquital es el único acuífero del centro del país con un importante superávit de disponibilidad de agua.

Es en este contexto que dicho organismo federal dio el visto bueno a Niagara Bottling para extraer aguas del subsuelo, dado que se acreditó una disponibilidad de agua.

Sin embargo, en meses recientes la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de México, Pamela López Swain, emitió una sentencia que cuestiona el tipo de agua que embotella la empresa transnacional.

La togada ordenó a la Conagua realice estudios para demostrar que las aguas del acuífero Valle del Mezquital no provienen de descargas de aguas residuales, sino que se trata de aguas limpias.

Llama la atención que la dependencia ha reusado cumplir la resolución de la jueza, como si se fuera a destapar la caja de Pandora del negocio del embotellado de aguas.

Y no es para menos: de acuerdo a la regulación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que maneja Alicia Bárcena, está estrictamente prohibido tratar y purificar aguas negras para destinarlas al consumo humano.

De ahí que la totalidad de la operación que realiza la embotelladora que preside Andy Peykoff, podría verse paralizada si se descubre que sus aguas en realidad son residuales sometidas a un riguroso proceso de purificación.

¿Los consumidores no tienen derecho a conocer su origen? ¿O los socios comerciales de la empresa, Costco en el caso de Kirkland, o Great Value, en el de Walmart?

Respuestas que tendría que dar el director de Calidad Regulatorio y Cumplimiento de la planta embotelladora en territorio mexicano, Rafael Orlando Martínez, además, claro, de la Conagua.

EL SECRETARIO DE Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a posponer la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay fecha a la vista para que lo reciban en Palacio Nacional, luego de que él mismo adelantara el 21 de mayo que tenía la intención de visitar a México, junto con otros miembros del gabinete del Presidente Donald Trump. En la Casa Blanca siguen esperando acciones contra políticos ligados al crimen organizado que se han documentado desde la administración de Joe Biden. Y como no se muestra voluntad aquí, el exsenador ultraconservador por Florida optó por poner en pausa su reunión con Sheinbaum. “No hay nada qué tratar que ya se haya pedido”, dicen sus cercanos.

EN MEDIO DE la crisis reputacional que provocaron los señalamientos del FinCEN contra CI Banco, Intercam y Vector, Banco Azteca acaba de ser reconocido por la prestigiada revista The Banker, como el banco más rentable y con mayor liquidez de México. La institución que preside Alejandro Valenzuela se mantiene entre los cinco con mejor desempeño en el país y en la novena posición nacional dentro del listado global. The Banker, perteneciente al Financial Times Group, coloca a la empresa de Ricardo Salinas Pliego en su ranking top 1000 World Banks 2025, considerado el referente más riguroso del sector bancario internacional, ya que evalúa la fortaleza financiera real, basándose en métricas como Capital Tier 1, activos totales, utilidades netas y eficiencia operativa.

BYD Y SU director general, Jorge Vallejo, siguen avanzando fuerte en el mercado automotriz mexicano. La firma china que fundó y preside Wang Chuanfu, ya tiene 5.1% de participación de mercado aquí. Histórico en la industria automotriz mexicana, colocándolos en la séptima posición, recortando solo 900 unidades del sexto lugar. Acaban de suscribir una alianza de colaboración con el BBVA, que comanda Eduardo Osuna, para ofrecer mejores productos y tasas financieras.

Más de las mentiras de López-Gatell (II)

Ayer le hice la primera entrega de la relación, criminal, de las mentiras de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de López Obrador y su zar anticovid, que dejaron un saldo de 808 mil 619 muertos, el tercero peor del mundo con un exceso de mortalidad de 300 mil, y su reciente designación de representante de México ante la OMS, que deberá crearle esa organización dependiente de la ONU con sede en Ginebra, porque no existe.

Este cínico, en abril de 2020, dijo que el pico de contagios sería entre el 8 y el 10 de mayo, si fuéramos muy puntuales sería el 6 de mayo (sic). Y después empezará a descender.

Obvio, pasó mayo y los contagios se dispararon, anulando trágicamente sus dolosas predicciones. Las reiteradas declaraciones de haber domado (sic) la pandemia las negaban los cientos de miles, y luego millones de inoculados y los hospitales atestados, lo que fue otro error para satisfacer a su líder amado.

Y así llego a una de sus más condenadas falsedades con consecuencias devastadoras:

El 4 de julio de 2020 dijo que el acumulado de muertes estaría entre 6 mil y 8 mil. ¡Bueno, hasta 30 mil! Llegar a 60 mil sería un límite máximo hipotético. Un escenario catastrófico al que no vamos a llegar.

Así la inmoralidad de este sujeto cuando las muertes, 808 mil 619, sumaron casi 14 veces más de su inalcanzable escenario catastrófico.

En línea con su jefe, que nunca usó cubrebocas, afirmó el 27 de abril de 2020: La mascarilla no tiene razón de ser. Si creemos que es una barrera para protegerme a mí mismo, es una falsa expectativa. Y las calificó de utilidad nula, lo que rebatió la misma OMS, que calificó sus dichos de irresponsables.

El 28 de junio de 2021 acusó a los padres de los niños con cáncer de una campaña golpista de los grupos de derecha internacionales.

Y así se la llevó toda la pandemia este farsante irredimible, mentira tras mentira, para satisfacer a su amado líder mientras los mexicanos se contagiaban por millones y morían por cientos de miles.

Mañana más.

RETALES

1. INDIGNACIÓN. La Comisión Independiente sobre la Pandemia de Covid calificó de inaudito este nombramiento, además, para un cargo que no existe;

2. CARGAS. Hacienda reportó que la deuda pública total llegó a 17.6 billones de pesos al cierre de 2024. En 2018 era de 10.4 billones. En seis años López Obrador la aumentó 7.2 billones, es decir, 68 por ciento. Por eso las estrecheces y recortes en el presupuesto de Claudia Sheinbaum; y

3. PRISAS. En el Senado dejaron vacíos legales para garantizar la toma de protesta de los juzgadores electos. Se omitió en la ley la obligación de las autoridades electorales y judiciales de darle a conocer formalmente los resultados definitivos para llevar a cabo su toma de protesta. Pero les vale.

Un Estado policial… ¿a cambio de qué?

“Es falso. Es mentira… que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto”. Mañanera del 2 de julio de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta dice que críticos y opositores mienten sobre las reformas aprobadas esta semana en el Congreso. Asegura que su gobierno no espía, que se requerirá orden judicial para intervenciones telefónicas, y que ellos no pueden espiar porque fueron espiados.

Aquí hay verdades a medias, un dramático cambio en las capacidades de órganos policiacos y gubernamentales para conocer en tiempo real demasiada información ciudadana, y dudas sobre la credibilidad de Morena: cómo creer al gobierno que datos en su poder no serán utilizados (again) contra adversarios políticos o activistas, y qué prometen a cambio del fin de la privacidad.

Comencemos por las cartas credenciales del gobierno para decir que actuará con apego a la ley, incluso a unas tan permisivas, cuando en tiempo real vea las bases de datos que registrarán lo que hace un ciudadano con su CURP biométrica, ese chip que lo delatará 24/7.

Desde que el obradorismo es gobierno, hemos visto –contra toda ley y contra todo decoro político, si tal cosa no mueve a la risa–, que desde el micrófono más empoderado del país se han revelado teléfonos de periodistas, sueldos de locutores y activistas, y supuestas inconsistencias financieras o presuntos delitos de exfuncionarios; se ha utilizado la UIF para perseguir a ONG, se ha vulnerado el debido proceso, culpado a jueces de resoluciones sin asumir errores o insuficiencias legales de ministerios públicos, se ha tolerado la persecución de fiscales en contra de ciudadanos o de funcionarios de otros ámbitos, se ha espiado con Pegasus (incluso a miembros del propio gabinete), se toleran leyes y actos de censura de gobernadores contra ciudadanos, se extinguió el Inai, se colonizó el INE (que ahora demanda a periodistas revelar sus fuentes), se evisceró la CNDH, que tiro por viaje defiende al gobierno y no a las víctimas, se le dice en público a la Suprema Corte cómo ha de votar y, por si ya se les olvidó, con ayuda de fiscalías y el tribunal electoral se obliga a ciudadanos a ofrecer disculpas públicas a legisladores morenistas. Ah, pero a ellos los espiaron más…

Con esa credibilidad (resumen nada exhaustivo de lo hecho desde 2018, por cierto), ahora el gobierno dice: no te preocupes, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia van a tener acceso en tiempo real, sin mediar control judicial, a toda base de datos y/o registro de datos biométricos que irás dejando en tu banco, en tus reportes fiscales, en tus visitas a médicos, farmacias y laboratorios, en tu transporte, en consumo en apps…

¿Y a tus llamadas? A eso sólo en el caso de peligro de la integridad de otros en el marco de un delito. Pero en caso de riesgo excepcional pueden pedir acceso a tu telefónica y ya luego ir con un juez y ratificar/justificar eso… ¿tú crees que hacen lo segundo? Si sí, el 6 de enero busca bajo el árbol.

La presidenta ayer felicitó a los partidos oficialistas por estas leyes. No al Congreso plural, donde voces disidentes lograron una menos pior Ley de Telecomunicaciones. Porque ése es también un dato: piden que confíes, pero si no militas de su lado, no existes ni en el discurso.

En tal contexto ya sólo queda preguntar: ¿a cambio de qué? ¿Perdemos privacidad, pero habrá paz? Hmmm. ¿Y será parejo el combate? ¿A los políticos de casa se les perseguirá? ¿O a esos ni con la mugre que salga en su CURP biométrica se les procesará?

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

Edición: 

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