Presiones contra representantes ciudadanos, falta de nombramientos y carencia de recursos son parte de las estrategias de los gobiernos estatales que impiden el funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción.
La parálisis de estos sistemas ha impedido la creación de políticas para combatir la corrupción en Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México, por ejemplo.
En otras 13 entidades, la ausencia de nombramientos mantiene inoperantes estas áreas que son clave en la lucha contra la corrupción.