El socavón de la transparencia (De obras y tarjetas rosas)

IVONNE MELGAR

Más allá de las consecuencias que tendrán las definiciones tomadas ayer por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre Coahuila y el Estado de México, lo evidente es que la fiscalización del uso del dinero en las campañas sigue siendo un imposible.

Rehenes de las presiones y los intereses de los partidos, los consejeros del INE se encuentran atrapados entre los excesos que aquellos comenten y la urgencia de demostrar que tienen la capacidad de castigarlos.

La sesión del Consejo General del Instituto este viernes 14 se convirtió en un recuento de las tretas financieras en las que incurrieron los candidatos de esas entidades, según las denuncias de sus respectivos adversarios.

Se trata de expedientes ya conocidos: que si las tarjetas rosas del PRI que los abanderados Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo repartieron en Coahuila y el Estado de México; que si los descuentos a los trabajadores de Texcoco permitidos por la representante mexiquense de Morena, Delfina Gómez; que si el pago sin reportar que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, hizo a los representantes coahuilenses de casilla; que si las beneficiarias de un programa gubernamental fueron las voluntarias electorales del PRI en el Edomex…

Fue una sesión en la que se ofrecieron detalles de cómo se las gastan los partidos en la disputa del voto, una manera plural y pública de evidenciar que todos cuentan con una larga y sucia cola qué pisar.

Por supuesto que hubo definiciones que en teoría resguardan la democracia electoral y dan cuenta de la buena voluntad del presidente del INE, Lorenzo Córdova, y de consejeros como Ciro MurayamaPamela San Martín y Benito Nacif para ponerle un alto hacia 2018 al clientelismo grotesco de las tarjetas rosas.

Sin embargo, fue sintomático escuchar sus alegatos sobre la importancia de definir y delimitar cuándo ese fenómeno de las promesas electorales entre la población más vulnerable se convierte en una coacción del voto, un esquema probado por el PRI, pero igualmente exitoso para el PRD en la CDMX.

Sintomático porque al final sus pronunciamientos fueron sólo buenos deseos. Y es que según los argumentos de otros consejeros —como Enrique AndradeClaudia ZavalaDania Ravel y Marco Baños— el INE debía declararse incompetente para determinar si el monedero rosa es una acción sancionable.

Al menos el compromiso quedó ahí: promover una norma que prohíba cualquier modalidad de tarjeta o dádivas clientelares en las elecciones del próximo año.

No se trata de dividir a los consejeros del INE entre oficialistas y opositores. Porque al final, las cuotas que ahí se representan vuelven a todos destinatarios de esas etiquetas, dependiendo del pecado en cuestión y de si éste proviene de un partido en el poder, sea federal o local.

“¡Deberían dar vista a la Cámara de Diputados de que el INE no puede con la fiscalización!”, sugirió irónico el representante de Morena, Horacio Duarte, ante el rechazo a investigar su denuncia del presunto financiamiento de la empresa OHL en la campaña de Del Mazo.

“No existe una sola prueba que acredite la veracidad de esa telenovela”, cuestionó el representante del PRI, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

Por su parte, la consejera San Martín y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD en el Consejo General, reivindicaron la atribución del INE de investigar los asuntos donde hay sospecha, en vez de mandarlos al archivo de la duda, una facultad en la práctica supeditada a los arreglos partidistas de coyuntura.

Lo cierto es que el organismo colegiado que hace las veces de árbitro electoral carece de consenso para garantizar la transparencia mediante la fiscalización de los gastos de campaña.

Y ya en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial, esos asuntos —sea la multa del INE por el monedero rosa o la solicitud del PAN para que se anule la elección de Coahuila— se vuelven monedas en el aire, sí, volados sujetos a la aplicación de criterios que terminan siendo discrecionales.

Esta falta de transparencia que mina la credibilidad del sistema electoral es peccata minuta frente a la opacidad que se vive en otros espacios donde el uso de los recursos públicos carece de controles, como es el caso de la construcción de obras públicas.

Por eso el socavón que mató este miércoles a Juan Mena Romero y a Juan Mena López en el kilómetro 93. 8 del Paso Exprés en la Autopista Cuernavaca-México es el monumento a la opacidad, ese mal que sigue carcomiendo la política de comunicaciones y transportes.

En el Congreso se desgarran las vestiduras. Pero ni el Pacto por México pudo poner orden en los negocios de la obra pública. Hubo acuerdos hasta para la apertura de Pemex. Pero nadie buscó en serio concretar la reforma a la Ley de Obras Públicas, hoy congelada.

Y es que en los hechos, este socavón del sexenio tiene cómplices en una clase política que se hace de la vista gorda para regular el uso del erario en los contratos privados.

Por eso nadie le rinde cuentas a nadie cuando se trata de licitaciones y adjudicaciones de infraestructura.

Y, por eso, el secretario Gerardo Ruiz Esparza puede sacarse de la manga la soga moral de su ahorcamiento mediático al culpar a la basura y las lluvias de la tragedia.

Y nada pasa. Y nada pasará

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