Perseguidor perseguido

RAMON ALBERTO GARZA

¿Puede un Fiscal Anticorrupción fiscalizar a otros, cuando él mismo rechaza la fiscalización que de él hacen otros organismos jurídicos por actos presuntamente ilegales?

Viene la pregunta porque Ernesto Canales Santos, el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León –designado por Jaime “El Bronco” Rodríguez- está dando un miserable ejemplo como abogado.

Por segunda ocasión, el hombre responsable de perseguir la corrupción, no acude a un citatorio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Se le requería para aclarar el destino de los 6 millones de dólares que recibieron él y su socio César Gerardo García Mendez, como presunto finiquito del litigio entre Paula Cusi y su demandada Televisa.

El meollo del conflicto es que mientras Cusi reclama que nunca le entregaron ese dinero, que sería parte del acuerdo de desistimiento de su demanda sobre la herencia de Emilio Azárraga Milmo, sus abogados Canales y García Méndez lo tomaron para ellos, como honorarios.

Pero el Fiscal Anticorrupción, un abogado de prestigio, sin apremios económicos, acabó por reaccionar como lo suelen hacer los delincuentes: eludiendo a la justicia.

Si Ernesto Canales nada debe y nada teme, ¿por que dejar plantada a la maxima autoridad judicial en  las comparecencias?

¿Cuál es la necesidad de que la próxima escena sea que con policías sea requerido a la fuerza para su comparecencia? ¿Es digna reacción de un Fiscal Anticorrupción?

Se dirá que es su privilegio presentarse o no, que se acoge a las instancias y que en la inevitable tercera lo hará. Pero ¿cual es la necesidad de dejar ese sabor de boca en quien exige que sus presuntos culpables se presenten en la primera llamada? ¿Es candil de la calle y oscuridad de su casa?

El caso toma especial relevancia en momentos en que el poder legislativo debate la implementación del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y que se están por elegir al Fiscal General que relevará al Procurador General de la República y al Fiscal Nacional Anticorrupción.

Se da cuando el Consejo de Acompañamiento Ciudadano (CAC) para designar al Fiscal Nacional Anticorrupción renunció en pleno, en protesta porque los juegos del Senado impiden elegir al zar anticorrupción.

Lo advertíamos en la columna Políticos Miserables  que circuló el 30 de junio. Los legisladores y los partidos tienen secuestrada la designación del Fiscal General y el Fiscal Anticorrución, por juegos políticos.

Triste espectáculo para la ciudadanía el que a esos jaloneos entre legisladores y comités ciudadanos, se sume ahora la pobre exhibición en el cumplimiento de sus responsabilidades judiciales del Fiscal Anticorrupción de Nuevo León.

El Bronco buscó adelantarse al futuro con la designación de Ernesto Canales como el primer zar anticorrupción. Y las expectativas fueron muy altas.

Pero la realidad confirma que ni pueden cumplir su promesa de poner tras las rejas a Rodrigo Medina, como tampoco se pueden darse baños de pureza exigiendo el derecho de perseguir, cuando al final acaban siendo los perseguidos.

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