Congreso de Q. Roo aprueba reformas para recuperar predios vendidos en gobierno de Borge

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de Quintana Roo aprobó el jueves, por unanimidad, una serie de reformas para recuperar los predios vendidos de forma irregular durante la administración de Roberto Borge.

“Hay que recompensar a la ciudadanía, hay que escuchar a los ciudadanos y que esta nueva forma en que Quintana Roo se gobierna, debe servir para que los ciudadanos vayan restaurando, poco a poco, su credibilidad”, señaló el diputado Eduardo Martínez, presidente del Congreso quintanarroense.

Explicó que la aprobación de la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos, al no ser una reforma constitucional no requiere de la aprobación de los municipios. Y aseguró que no se trata “de revanchismos ni nada, simplemente es aplicar la justicia, aplicar la ley”.

En entrevista con radio Fórmula Martínez indicó que se aprobaron reformas al Instituto de Patrimonio “que fue como la cueva de Alibaba, desde donde se hizo todo este dispendio”, al vender el patrimonio de los quintanarroenses.

Y la idea del gobierno actual, a cargo de Carlos Joaquín, es “tener todas las garantías para poder resarcir y reincorporar todos estos predios que fueron mal vendidos”.

Durante la administración de Roberto Borge, quien estaba al frente del Instituto de Patrimonio de Quintana Roo era Claudia Romanillo, quien actualmente cuenta con varias órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Eduardo Martínez subrayó que la exfuncionaria no pudo justificar la venta de predios a “precios de caja” además de que Quintana Roo ya “no cuenta con reservas territoriales “.

Como parte de las reformas aprobadas, dijo, se busca realizar la expropiación de los predios adquiridos por familiares y gente cercana a Roberto Borge.

Eduardo Martínez también dio a conocer que el jueves se aprobó, con 29 votos a favor y dos en contra, la eliminación del fuero en el estado.

Sin embargo, reconoció que aún se debe legislar en materia de revocación de mandato, rendición de cuentas y candidaturas independientes, medidas que se considerarán en la próxima reforma electoral; así como una nueva ley de participación ciudadana.

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