La contrarreforma que viene

¿El nuevo Sistema de Justicia Penal es responsable del aumento en la inseguridad? ¿Causa impunidad? ¿Es hipergarantista?

Los gobernadores de México creen que sí y preparan impulsar una serie de cambios al nuevo sistema acusatorio que está basado en la presunción de inocencia y respeto de los derechos de los acusados.

Sobre el SJP, aprobado con la reforma constitucional del 2008 pero que entró en implementación hace un año a nivel federal, pesan cuestionamientos sociales y políticos sobre la nueva administración e impartición de justicia en el país.

La posibilidad de que miles de reos que hoy están encarcelados puedan salir en los próximos meses apelando beneficios del nuevo modelo acusatorio ha prendido las alertas principalmente entre el grupo de gobernadores.

Los mandatarios, aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, que preside en este momento el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, buscarán reformar el nuevo sistema penal para ampliar el catálogo de delitos donde se pueda aplicar la prisión preventiva al presunto sospechoso.

Una reforma que de concretarse puede ser un retroceso para el nuevo sistema de resolución oral, cuya implementación costó más de 20 mil millones de pesos para el país.

Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia solamente siete ilícitos contemplados dentro del Código Penal Federal son considerados como graves y obligan a los inculpados a la prisión preventiva oficiosa, en el resto de los casos cualquier indiciado puede alcanzar la libertad mediante el pago de una finanza.

Eso es lo que ha hecho que diversas voces en el país se alcen para señalar la posibilidad de que miles de reos procesados por el sistema de fallo penal mixto, vigente hasta el 15 de junio del año pasado puedan beneficiarse con libertades anticipadas, luego de que los delitos por los que están procesados o sentenciados han dejado de ser considerados como graves.

Población penitenciaria

A la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en todo el país existen:

>> 65 mil

Convictos podrían alcanzar la libertad con el Nuevo Sistema de Justicia Penal

>> 216 mil 831

Personas encarceladas

>> 375

Cárceles albergan a los reos

>> 273

Reclusos liberados de penales federales en 2016

Sentencia a puertas abiertas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recién acaba de establecer jurisprudencia en el sentido de que los reos sujetos a proceso penal con base en el Sistema Penal Mixto ahora pueden solicitar los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, principalmente en lo que se refiere a la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, a fin de que puedan enfrentar sus procesos o terminar sus condenas en libertad.

El inconveniente con el nuevo sistema de resolución no es tanto la disminución de la gravedad en muchos de los delitos establecidos en el Código Penal Federal, dice el jurista y especialista en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Luis Carlos Sainz.

“El problema es que muchos reos, algunos de ellos reincidentes, podrían quedar en libertad”.

El asunto real que plantean tanto los lineamientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal como la decisión de SCJN, explica Sainz, es con los reos que ya están procesados y/o sentenciados, y que podrían alcanzar la libertad, convirtiendo al sistema en uno de sentencia de puertas abiertas.

De acuerdo con lo que establece el nuevo modelo de fallo penal, los siete delitos que son considerados para que los infractores sean obligados a pagar con cárcel son crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos como armas y explosivos, además de las infracciones graves cometidas contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Fuera del esquema jurídico de gravedad han quedado delitos como la portación de arma, narcomenudeo, lesiones, extorsión, robo de hidrocarburos, daño a la propiedad, ejercicio ilegal del servicio público y lavado de dinero, entre otros, ilícitos que mantienen en prisión a casi el 40 por ciento de los reos que actualmente están recluidos en cárceles, tanto federales como estatales.

A la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en todo el país existe una población penitenciaria estimada en 216 mil 831 personas, recluidas en 375 cárceles; 278 son estatales, 17 federales, 13 dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 a cargo de los gobiernos municipales.

De acuerdo con el criminalista y maestro en derecho Álvaro Segovia, por lo menos el 30 por ciento de los internos recluidos actualmente en el sistema carcelario del país, se encuentran sujetos a proceso penal o han sido sentenciados en base a delitos que hasta el 15 de junio del 2016 eran graves, pero que con la entrada en vigor de las reformas del Nuevo Sistema de Justicia Penal han dejado de tener esa condición.

El año pasado, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de auditar la Administración del Sistema Federal Penitenciario, se reconoce que el gobierno federal, aún bajo los lineamientos del Sistema de Justicia Penal Mixto, otorgó el beneficio de libertad anticipada al 1.6 por ciento de los 17 mil 324 reos internos en cárceles federales, es decir se liberó a sólo 273 reos.

Ahora, estima el jurista Álvaro Segovia, el número de presos que, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, podrían solicitar los beneficios de ley y así alcanzar la libertad en cualquier momento son más de 65 mil personas, que por decreto dejarían de ser de alto riesgo para la sociedad.

Fomento a la impunidad

Para el investigador jurídico y especialista en temas carcelarios, Luis Carlos Sainz, la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha minimizado la gravedad de muchos delitos y fomenta la impunidad al permitir la libertad condicional a los infractores que atentan contra el orden social.

No es bueno bajo ninguna circunstancia, dice, que quienes cometieron delitos de tipo sexual o de portación de arma, salgan a la calle solo con el apercibimiento de un juez.

En ese mismo tenor se manifestó el maestro en derecho Álvaro Segovia, quien desde su óptica estima que la clasificación de no gravedad a una serie de delitos de alto impacto, lo único que está propiciando el Estado es que ese tipo de ilícitos sigan cometiéndose, al no existir una sanción punitiva ejemplar.

Dijo que en las condiciones actuales en las que se plantea el Nuevo Sistema de Justicia Penal, solo se puede esperar que los índices delictivos en todo el país sigan al alza, sobre todo por considerar que 3 de cada 10 personas que cometen un delito son proclives a la reincidencia, lo que deja a la sociedad en pleno estado de indefensión contra sus propios agresores.

Bloque de gobernadores contra reforma penal

Sin importar el color de su partido, varios gobernadores se unieron para un solo fin: buscar una reforma al nuevo sistema judicial.

Los mandatarios de la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Durango y Nuevo León no están a favor de que miles de reos salgan de la cárcel para seguir su proceso en libertad como lo determinó la Suprema Corte.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino y anfitrión de la reunión de la Conago celebrada el lunes pasado, mostró su preocupación por la liberación de reos cuyos delitos no son considerados graves, ya que la reforma de la Suprema Corte de Justica es aplicable a todos las entidades.

“Hay cosas que no están funcionando con el fin del Sistema Penal y a ello debemos de poner atención”, comentó Mancera.

Recientemente, el Poder Judicial Federal anunció que de noviembre del 2014 (fecha cuando inició el nuevo sistema) a junio de este año, al menos 5 mil consignados por portar amas de alto poder y de uso exclusivo del ejército están libres.

Esto se debe a que los jueces no lo consideran un delito grave y porque la PGR no acredita su peligrosidad ni nexo con otros delitos.

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo por el PRI, señaló que para garantizar el derecho de las víctimas a tener justicia, los delincuentes no pueden enfrentar sus procesos en libertad, además de que se debe de reclasificar como grave la portación de armas de fuego.

El mandatario de Durango, José Rosas Aispuro del PAN, dijo que varios mandatarios coinciden en que se debe de cambiar el sistema de justicia, ya que hay personas libres que fueron detenidas por portación de armas de fuego.

“Vamos a firmar un manifiesto todos los gobernadores para pedirle al Poder Legislativo que legisle en esa materia, pero también estamos tomando medidas en torno a una posible salida de presuntos delincuentes”, informó.

Francisco Domínguez, de Querétaro se vio más institucional, por lo que propuso mandar una carta a todos los gobernadores para después pedirle a la Cámara de Diputados y luego al Senado revisar lo propuesto por la Suprema Corte.

Jaime Rodríguez, “El Bronco” se mostró más laxo y señaló que en su entidad se revisarán los casos para ver en cuáles sí es posible aplicar el criterio de la Corte.

“Quizá en la declaración que vamos a hacer todos los gobernadores podríamos alarmar a la población, por lo que primero debemos de revisar los expedientes de cada uno de ellos, revisar si son reos de alta peligrosidad o si sólo cometieron un delito, como la portación de arma, que no dañe a la sociedad, no se puede generalizar”, indicó el gobernador de Nuevo León.

Fuerzas federales en contra  de la liberación de reos

La Comisión Nacional de Seguridad presentó hace unos días una reforma para que las personas que son detenidas por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, no lleven su proceso en libertad.

“Si una persona es detenida con tres armas largas, cuatro lanzagranadas, cinco Barretts calibre .50, no puede ser que esa persona se vaya a su casa. Necesitamos modificar nuestros textos legales para que se disponga que exista prisión preventiva oficiosa en ese tema”, dijo Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad.

Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal pidió también revisar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el rubro de portación de armas de fuego de alto calibre.

“Nos resulta un poco complicado entender el que una persona que detenemos con armas como las Barret, lanzacohetes, lanzagranadas, que no necesariamente se van a emplear con fines de esparcimiento, es un hecho obvio, por eso ese tipo de casos se tendría que revisar”, indicó.

>> Miguel Ángel Mancera

Jefe de gobierno capitalino

>> Omar Fayad

Gobernador de Hidalgo

>> José Rosas Aispuro

Mandatario de Durango

>> Francisco Domínguez

Gorbernador de Querétaro

>> Jaime Rodríguez, “El Bronco”

Gobernador de Nuevo León

Reporte Indigo

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