Delitos bajo la alfombra

Los gobiernos de las entidades federativas siguen contando con un amplio margen para la manipulación o el maquillaje de los registros delictivos que publican: una vía simple y útil para retocar la fotografía de su criminalidad al gusto del gobernador en turno.

El reciente caso que documentó en Nuevo León el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, demuestra que un gobierno local bien puede mantener bajo la alfombra más de 171 mil delitos, sin aparecer durante años en su incidencia, y sin contrapesos que lo detecten e impidan.

La misma situación se había dado antes en Jalisco, donde tanto el anterior gobierno panista como el actual priista, dejaron fuera de la estadística oficial 542 mil 497 delitos que denunciaron los ciudadanos de 2007 a 2016, y que yacen sin una indagatoria formal, soterrados en actas circunstanciadas, ministeriales, o expedientillos.

Esta precaria veracidad de las bases delictivas de los gobiernos de los estados, se evidencia en los constantes e inexplicables cambios que hacen a su antojo sobre los datos ya publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por ejemplo, tan solo sobre los registros de 2016, los gobiernos locales realizaron 38 mil 410 modificaciones a posteriori, con las que sumaron 32 mil 712 nuevos crímenes de los que no habían dado cuenta originalmente, incluyendo homicidios, secuestros, extorsiones, robos, entre otros, según el “Estudio Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2016” del Observatorio citado.

El director de esa organización, Francisco Rivas, explica a Reporte Indigo que el problema se agrava debido a que los gobiernos locales no están rindiendo cuentas sobre las causas específicas que motivan estos cambios, a pesar de que así se había acordado entre asociaciones ciudadanas e instancias gubernamentales, lo que aumenta la discrecionalidad.

“En teoría no debería haber riesgos si nosotros tuviéramos la plena información de por qué hacen estas modificaciones, qué significan. Hace algunos años tuvimos el acuerdo precisamente en el seno de una mesa que compartíamos organizaciones sociales y la autoridad federal, se acordó que en las bases del Secretariado se establecería una leyenda toda vez que hubiesen estas modificaciones.

“(Así los estados) pondrían en evidencia el cambio, y pondrían una leyenda de a qué se debe, es decir, si es una reclasificación, si es algún otro motivo. Lo que ha sucedido hasta el momento es que, efectivamente, hay un señalamiento puntual de la modificación, lo que sigue careciendo es una información mucho más desagregada de por qué hicieron estos cambios. Desafortunadamente esto nos habla de un incumplimiento por parte de las entidades”, dice Rivas.

Estas variaciones las efectúan tanto para sumar delitos que habían omitido como para esfumar otros que habían reportado; y se pueden dar con tan solo un mes de transcurrida la publicación de la estadística, o esperar hasta siete años para modificarla, como hizo Nuevo León, que en 2017 aplicó cambios sobre sus datos de 2010 –sumó 14 mil 055-.

Pero la opacidad a la que refiere Rivas no se da únicamente sobre las causas de los cambios, también sobre la propia clasificación de los delitos que son añadidos de manera extemporánea por los gobiernos locales a sus estadísticas.

Es decir, que de esos 32 mil 712 crímenes que se fueron añadiendo a las bases originales de 2016, el 99 por ciento -32 mil 306- simplemente se colocó en el oscuro apartado de “otros delitos”, sin rendir mayores detalles sobre el tipo delictivo específico del que se trata.

“Este tipo de actos no quedan simplemente en un ‘error’ estadístico, sino que este puede derivar en la equívoca implementación de posibles estrategias de seguridad, que no remedien ni atiendan eficientemente la realidad que vivimos millones de personas en México”, advierte el Observatorio.

Una sospecha nacional

Las modificaciones que se aplicaron sobre la estadística 2016 -efectuadas entre marzo de ese año y febrero de 2017-, se realizaron por 18 gobiernos estatales, pero son seis los casos más graves: Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas.

Hidalgo sumó 314 delitos, pero entre estos hay 106 homicidios (27 dolosos y 79 culposos) no reportados originalmente, además de 202 robos; Jalisco añadió 159 ilícitos incluyendo 49 homicidios (37 dolosos y 12 culposos); y Zacatecas sumó 911 crímenes, con 30 homicidios (23 dolosos y siete culposos), 248 robos y 13 violaciones.

Los estados que redujeron la incidencia que habían publicado en un inicio son Querétaro, que eliminó mil 391 infracciones, entre estos, 321 delitos patrimoniales; Sinaloa que, como por arte de magia, hizo desaparecer 662 crímenes, entre los que hay 66 homicidios (67 culposos y sumó uno doloso).

Caso por completo aparte en esta materia, dice Rivas, es el de Nayarit, cuya Fiscalía estuvo en manos de Édgar Veytia Cambero, actualmente acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

“Hay un estado que no debemos considerar, que es Nayarit; cuando consideres las 32 entidades, quítale una, porque Nayarit por años ha mentido, entonces todos los datos que te presenta son imposibles de considerar como una fotografía ni siquiera borrosa de la realidad. No tenemos ni idea de lo que ha pasado en esa entidad, y por lo tanto, lo que vamos a ver es un crecimiento muy importante de los delitos con el ingreso de la nueva administración”, dice el especialista.

“Estos hechos y muchos otros de entidades que de un instante a otro modificaron sus registros de incidencia delictiva, generan cuestionamientos en torno a la veracidad y confiabilidad de las estadísticas oficiales. El poco interés de las autoridades estatales en tener estadísticas confiables y en evitar posibles manipulaciones de los datos, urge la necesidad de generar mecanismos externos mediante los cuales se pueda vigilar la calidad y certeza de los datos”, concluye el Observatorio.

Hallazgos del Observatorio 2016

>> 38 mil 410

Modificaciones a registros delictivos de 2016

>> 32 mil 712

Nuevos delitos fueron sumados en 2016 a posteriori

>> 18

Estados realizaron estas modificaciones

‘El Bronco’ y las actas

El caso de Nuevo León puso de manifiesto la amplia discrecionalidad con que las procuradurías y fiscalías locales manejan la alternativa de las actas circunstanciadas o ministeriales.

Para registrar delitos sin que aparezcan en la estadística oficial, el Observatorio detectó que el 20 de enero de 2017 el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, realizó 171 mil 229 modificaciones sobre sus bases de los últimos siete años, es decir, de 2010 a 2016, todas para aumentar esa misma cantidad de ilícitos que se habían mantenido fuera de la luz pública.

Ese periodo implica tanto al gobierno del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, como al primer año de “El Bronco”.

Posteriormente, el procurador de la entidad, Bernardo González, reconocería ante los medios que esa masa de delitos se había plasmado meramente en actas circunstanciadas, es decir, que nunca se formalizaron en una averiguación o carpeta de investigación, por lo que no figuraban en las bases públicas.

Esa medida gubernamental, sin embargo, muestra una doble opacidad: primero, porque en realidad no se especifican los tipos de ilícitos que se mantuvieron bajo la alfombra, pues solo se añadieron a la categoría de “otros delitos”, no obstante que el propio procurador manifestó que se trataba en su mayoría de robos.

Y segundo, porque ejemplifica la negativa de las entidades por transparentar las causas de estos cambios a la incidencia, pues solo justificó que se debió a “un proceso de revisión y mejora continua de la calidad de la información de incidencia delictiva. Este ajuste implicó incorporar todos los delitos no reportados anteriormente en el rubro de OTROS del formato CIEISP”.

Se le consultó al director del Observatorio si, en efecto, los cambios que detectaron en 2016 se debieron a que eran crímenes que se hallaban en actas circunstanciadas.

“Es que eso es lo que no sabemos, precisamente, esa es la parte que se acordó con la autoridad (federal) que nos dijeran por qué había modificaciones. Generalmente tiene que ver con reclasificación, pero no tenemos la certeza. Lo ideal sería contar precisamente con esos elementos que te dicen ‘modificamos dos carpetas debido a que estaban en actas circunstanciadas y se abrió la carpeta de investigación porque no había’; o ‘esto estaba registrado como un homicidio culposo y ya sabemos que es doloso’, lo que sea, lo importante es que sepamos a qué se debe esta transformación.

“Si no lo sabemos, pues lo malo es que nada más vamos a estar ‘hipotizando’ y en esas hipótesis podemos cometer errores importantes en términos de entender qué sucede alrededor del comportamiento de una procuraduría”, respondió Francisco Rivas.

De cualquier forma, lo cierto es que el uso discrecional de las actas circunstanciadas para el registro de delitos, le ha sido útil al actual gobierno neoleonés para intentar aligerar, aunque sea artificialmente, la mala situación de seguridad que vive, o al menos, la percepción de la misma.

Es decir, que durante el primer año que le corresponde enteramente a “El Bronco”, el 2016, la incidencia que estuvo publicando se subestimó en un 39 por ciento, pues fue hasta ya concluido ese año, en enero de 2017, que sumó a sus bases de 2016 otros 33 mil 365 crímenes, para sumar un total de 84 mil 746.

El paraíso artificial

Tanto el pasado gobierno de Jalisco que encabezó el panista Emilio González Márquez, como el actual del priista, Aristóteles Sandoval Díaz, han dejado soterradas cientos de miles de denuncias de delitos en actas ministeriales, circunstanciadas, de hechos o expedientillos, que siguen sin figurar en la estadística oficial.

El sexenio de González Márquez (2007-2012) reconoció en total 477 mil 646 delitos en averiguaciones, pero ocultó en actas y expedientillos otras 736 mil 423 denuncias, de las que 323 mil 490 refieren hechos delictivos, y 412 mil 933 solo extravíos de diverso tipo como celulares o documentos.

Algo similar ha pasado en el actual gobierno de Sandoval Díaz, que en su primera mitad (2013 a julio de 2016) incluyó en estadísticas 341 mil 530 delitos con averiguaciones o carpetas de investigación, pero omitió con actas y expedientillos otras 453 mil 266 denuncias, de las que 219 mil 007 dan cuenta de ilícitos, y 234 mil 259 de extravíos.

Por eso la oposición política advirtió que el desplome extraordinario de la criminalidad de Jalisco en el primer año que le correspondió enteramente a Sandoval Díaz, el 2014, se debía a la manipulación de la estadística oficial: las denuncias quedaban bajo la alfombra como actas y expedientillos.

En efecto, los números del gobierno priista eran difíciles de creer: el robo a casa había bajado un 15 por ciento de un año a otro, de 2013 a 2014; el robo a persona, un 64 por ciento; el robo a negocio, un 15 por ciento; y el robo de autos, un 24 por ciento.

Pero ese paraíso artificial se desvanece cuando se obtiene acceso a la ingente cantidad de denuncias que el gobierno de Sandoval Díaz ha asentando solo en actas y expedientillos, y no en averiguaciones o carpetas de investigación (folio de transparencia 02334916).

Así, por ejemplo, en el periodo de 2013 a julio de 2016, en robo a persona se reconocían 13 mil 933 delitos, mientras se omitían otros 38 mil 619 registrados en actas y expedientillos, un 277 por ciento más.

En robo a casa habitación había 20 mil 110 ilícitos publicados, pero se sabía de otros 9 mil 404 en actas y expedientillos, un 47 por ciento más; en robo a negocio se aceptaban 11 mil 861 delitos, pero había en actas y expedientillos otros 17 mil 208, un 145 por ciento más.

En robo de vehículos se difundían 28 mil 758 crímenes, pero existían en actas y expedientillos otras 25 mil 969 denuncias, un 90 por ciento más; y aun en homicidio doloso, que se supone es de los delitos con mejor contabilidad, se reconocían oficialmente 3 mil 361 averiguaciones, pero había 48 más en actas y expedientillos -uno por ciento más-.

También sucedió con la privación ilegal de la libertad, que oficialmente sumaban mil 155 casos, mientras había 387 ocultos, un 33 por ciento más; o el robo a interior de vehículos, con 5 mil 611 averiguaciones oficiales, ante 16 mil 610 denuncias en el olvido, un 296 por ciento más.

El candado roto

Se suponía que el nuevo sistema de justicia penal serviría como un dique para evitar la manipulación de la estadística delictiva, pues eliminaba la alternativa de inscribir delitos en actas circunstanciadas y ministeriales o expedientillos. Todo crimen debía tener una carpeta de investigación, y lo que no lo fuera, una carpeta no judicializable.

Sin embargo, el hallazgo del Observatorio Nacional en Nuevo León pone a temblar esa certidumbre, pues aún en 2016 en aquella entidad se siguieron registrando ilícitos en actas.

“Definitivamente desaparecen y solamente nos circunscribimos a dos opciones: carpeta de investigación y carpeta no judicializable. Ahorita ya no maneja nadie ni actas, ni expedientillos, ni actas ministeriales, ni actas de hechos, ni ninguna otra figura que se le pueda parecer”, había declarado a Reporte Indigo a fines de 2016, Blanca Trujillo Cuevas, quien fue pieza clave en la adopción local del nuevo sistema, y actual directora de Atención a Delitos contra la Indemnidad Sexual y la Integridad de las Personas.

Al respecto, el director del Observatorio comenta que ha escuchado hablar a operadores del sistema penal que aún consideran a las actas circunstanciadas como una opción vigente, por lo que el que se estipule su eliminación “me suena un poco raro”.

“Desconozco este particular, ojalá fuera cierto porque, en realidad, precisamente la generación de estas actas circunstanciadas a veces lo que permite a una autoridad es no registrar adecuadamente los delitos”, dijo.

Estados con la mayor problemática en 2016

De las modificaciones que se aplicaron sobre la estadística 2016, hubo estados que sumaron sus delitos, pero otros redujeron la incidencia que habían publicado en un inicio

>> 159

Ilícitos en Jalisco

>> 662

Ilícitos eliminados en Sinaloa

> 911

Crímenes en Zacatecas

>> 314

Delitos en Hidalgo

>> 1,391

Delitos eliminados en Querétaro

La fragilidad

Al uso discrecional de actas circunstanciadas o ministeriales para registrar crímenes, y a la reconfiguración de los mismos en el proceso investigativo, se suman otros factores que afectan la confiabilidad de los registros estatales.

Primero, la concurrencia de delitos. Es decir, apunta Rivas, que si en un hecho delictivo se cometen, por ejemplo, una violación, un secuestro y un homicidio, solo se publicará una carpeta de investigación del homicidio, no de la violación ni del secuestro, pese a haber ocurrido, y ello “no te lleva a tener el mapa de entendimiento de los delitos que se cometen en una entidad”.

“(Segundo), con el nuevo sistema de justicia y con los casos que se van a los sistemas alternos (de solución de conflictos), parece que nos estamos perdiendo de algo de información”.

Tercero, no hay certeza de que los criterios de clasificación de los crímenes que aplican los Ministerios Públicos, sean los establecidos por ley y en la nota técnica del INEGI en la materia.

Cuarto, sobre el caso de secuestro, “la única modalidad que se está registrando a nivel nacional es el secuestro extorsivo”, pero no el exprés u otras formas no extorsivas.

Por todo ello, concluye Rivas sobre la confiabilidad de los registros estatales: “Yo tengo muchas reservas”.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Delitos bajo la alfombra

Gracias por compartir
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales