Palos de ciego

Los índices delincuenciales van al alza en todo el país. Con 2 mil 452 homicidios dolosos, mayo se convirtió en el mes más violento de los últimos 20 años.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una gran cantidad de municipios que recibieron recursos como parte del programa de Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, no hubo cabal trasparencia en el ejercicio de los fondos federales destinados a la seguridad.

Las observaciones que hizo la ASF van desde subejercicios, falta de control interno y violación a la normatividad de adquisiciones hasta incumplimiento de metas y transparencia, eventos que ocasionaron quebrantos a la hacienda pública federal al no haberse ajustado la aplicación de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad, tal como lo establece la norma federal.

En el municipio de Aguascalientes, la autoridad local incurrió en inobservancias de la norma administrativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 211 mil 600 pesos.

Lo mismo sucedió en el municipio de Jesús María, también del estado de Aguascalientes, en donde la ASF tuvo que solicitar la devolución de 161 mil 500 pesos a la tesorería de la federación, luego dichos fondos que se debieron aplicar a los costos de dictámenes de control de confianza de policías locales, nunca se ejercieron.

En el municipio de Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias, y 2 millones 730 mil 900 pesos no fueron pagados a proveedores que incumplieron en la entrega de bienes; allí, 81 mil 100 pesos simplemente no fueron utilizados para fortalecer la seguridad pública municipal.

En Tijuana, Baja California, la autoridad local incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo federal de apoyo para seguridad pública, ya que el municipio no publicó -en su página de internet, ni en medios locales de difusión- los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, en donde se dejó de ejercer el 1.7 por ciento de los 54 millones 789 mil pesos recibidos.

En el municipio de La Paz, Baja California Sur, uno de los focos en donde se ha concentrado la violencia en los últimos meses, la ASF tuvo que reclamar la devolución de 3 millones 411 mil 600 pesos, de los cuales 3 millones 080 mil 200 pesos simplemente no fueron ejercidos, en tanto que otros 331 mil 400 pesos resultaron de la “la falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el retraso en la entrega de los bienes”.

En Los Cabos, Baja California Sur, otra de las ciudades más violentas del país, la ASF reconoció en su informe del 2016, que hubo “irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros”, pues aunado al retraso con que se hizo la entrega de participaciones por parte del Gobierno estatal, también “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público”.

En el municipio de Campeche también saltaron a la luz las dudas sobre el manejo de los fondos destinados a la seguridad; allí, la ASF determinó “incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, en virtud de que el Gobierno del estado de Campeche no sujetó a evaluaciones de desempeño los recursos, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas”, lo que hizo que no se aplicaran fondos por 726 mil 900 pesos.

En el municipio de Carmen, también en Campeche, el órgano fiscalizador tuvo que solicitar la devolución de 632 mil 600 pesos que no se aplicaron en pago de becas a aspirantes a policía municipal, diplomado para mandos de la policía y cursos de capacitación y equipamiento para personal de seguridad pública, pese a que esos recursos que ya estaban autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ASF reclamó la devolución de un millón 641 mil pesos, luego que 835 mil 500 pesos no se reflejaron en las compras argumentadas de bienes para la policía local, y otros 805 mil 500 pesos se utilizaron para pagar bienes que no se ajustaron a las características y especificaciones solicitadas en los contratos de compra de la dirección de seguridad pública de ese municipio.

La lista sigue

En la capital de Chihuahua, el órgano fiscalizador solicitó la devolución del 0.3 por ciento de los 50 millones 935 mil 500 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, luego que esa proporción no fue utilizada por “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, adquisiciones, así como de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Lo mismo sucedió en Cuauhtémoc, Chihuahua, otro municipio con más homicidios dolosos de todo el país, en donde la administración municipal no hizo uso del 2.7 por ciento de los 12 millones 269 mil 700 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local, esto como resultado de “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, transparencia, así como evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Reporte Indigo

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