En el banquillo de los acusados de la Corte de Brooklyn está sentado el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, pero no nos equivoquemos, en la narrativa construida por la Fiscalía, el principal acusado es México, que termina siendo mostrado como un virtual narcoestado, donde todo se compra y donde el crimen organizado puede alcanzar cualquier nivel político, en un espectro que no admite ninguna gama de grises.
El martes, en el interrogatorio a Jesús Reynaldo El Rey Zambada, ahora en libertad en Estados Unidos luego de que se convirtiera en testigo protegido, que acusa a García Luna de haber recibido sobornos del Cártel del Pacífico, el abogado defensor del exsecretario, César de Castro, preguntó a Zambada respecto a anteriores declaraciones que hiciera, en el juicio a El Chapo Guzmán y en el propio proceso de García Luna, sobre financiamiento del Cártel del Pacífico a partidos y candidatos.
Zambada había dicho que entregó, entre otros aportes a partidos, siete millones de dólares a Gabriel Regino, entonces subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, para apoyar candidaturas en 2006. Se equivocó, como en muchas otras cosas, y dijo que fue en la campaña contra Vicente Fox, en realidad era contra Felipe Calderón. Zambada dijo que no había dado dinero para López Obrador, pero sostuvo que sí había dado dinero a funcionarios y partidos. No aportó ninguna prueba.
Ayer en la mañanera, el presidente López Obrador fue muy duro contra el abogado defensor y dijo que De Castro era “falsario, calumniador, chueco” y que resultaba “peor que Zambada”. De paso, sostuvo que, “si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera de cuello blanco que imperó en el país”, y agregó que el exsecretario de Seguridad tuvo en el sexenio de Calderón un poder “omnímodo”.
En realidad no es así. El abogado defensor es un profesional neoyorquino de un bufete que lleva su nombre y que no es especialmente relevante. Se recibió en el año 2002 y enseña en la Universidad de Nueva York y antes estuvo trabajando en la Corte de Apelaciones de ese estado. Verlo como parte de una “mafia” y decir que “es peor que Zambada” parece un exceso, sobre todo porque el que habló de los dineros dados a las campañas fue Zambada, como aquí dijimos antes de que comenzara el juicio a García Luna, recordando las declaraciones del narcotraficante en el proceso contra El Chapo Guzmán.
Desde entonces, Zambada habló de financiamiento a campañas de todos los partidos en 2000 y 2006. Y ahí también habló de Gabriel Regino, aunque en el juicio de El Chapo había equivocado su nombre. Los adjetivos que el Presidente le endilga al abogado defensor tendrían que adjudicarse al narcotraficante reconvertido en testigo protegido, porque, como ocurre con el caso García Luna, sus dichos, por otra parte altamente contradictorios y algunos inverosímiles, no están acompañados de prueba alguna y los modifica a conveniencia del caso.
Estoy convencido, y lo hemos trabajado ese tema desde hace tres décadas, de que el crimen organizado interviene en la política mexicana, financia campañas y compra voluntades. Ni antes ni ahora hemos avanzado lo suficiente en la lucha contra los grupos criminales porque no se asume esa realidad y, a veces, de acuerdo a conveniencias coyunturales, tampoco se combaten. Pero para hacerlo hay que partir de pruebas, de identificar con precisión quién participa y quién no de esa trama, porque, si no, todo termina, como está siendo descrito en la Corte de Brooklyn, en un narcoestado, en un país donde todo está tomado por el crimen.
Regirse simplemente por las declaraciones de criminales reconvertidos en testigos sin aportar una sola prueba es alimentar ese relato y desafío: es quedarse con la tesis del narcoestado donde todo está podrido y esos mismos testimonios que hoy se usan contra el pasado podrán utilizarse en el futuro contra quienes detentan el poder en el presente.
Alguna vez me decía el exalcalde de Palermo, en Sicilia, Leoluca Orlando, un personaje central en la lucha contra la mafia, que “hay una diferencia entre una organización delictiva normal y la mafia, porque una organización normal va en contra del Estado y está fuera del Estado, contra los bancos y está fuera de los bancos, está contra la Iglesia y fuera de la Iglesia, está en contra de la sociedad y fuera de ella. Pero la mafia, las mafias, son algo diferente, están en contra del Estado, pero dentro del Estado, en contra de la banca, pero dentro de la banca, en contra de la Iglesia y han penetrado en la Iglesia, están contra la sociedad, sin embargo, están asentadas en la sociedad; la mafia, para serlo, tiene que estar dentro de la sociedad civil”. Eso sucede con nuestras mafias, pero también con nuestras instituciones y la sociedad.
No hemos cumplido ni remotamente con nuestras responsabilidades en seguridad, en la limpieza de nuestro cuerpos policiales y judiciales. Tampoco en la política. La corrupción es algo más que una realidad, pero para combatirla se necesita, como me decía también Orlando, “encender las luces” y sacar la corrupción de la oscuridad.
Para eso y para que no quede todo en venganzas políticas coyunturales, se requiere trabajar con base en pruebas, testimonios, investigación, inteligencia. Y, en el caso de García Luna, no existe casi nada de eso. Ni una prueba material contra un personaje que estuvo una década en un espacio clave de poder en el ámbito de la seguridad. Sin ello, los verdugos de hoy, siguiendo la misma narrativa, pueden convertirse en las víctimas de mañana.
