El proyecto de reformas votado y aprobado en comisiones por Morena y aliados que castiga las ofensas al Presidente y a la jefa de Gobierno, nada tiene de inocente. No fue casualidad ni súbita ocurrencia de una legisladora.
Desde el inicio del sexenio se ha tratado de castigar la libertad de expresión, e incluso de suprimir, y no han podido.
No fue un acto magnánimo del Presidente decir que vetaría esa ley si llegara a aprobarse en el pleno. Hay medios de comunicación y periodistas que han defendido el derecho a la libertad de expresión, a pesar de las consecuencias. Y López Obrador ya no tiene la sumisión de la mayoría de los ministros de la Corte.
La reforma a la Ley de Imprenta encendería una polémica nacional, con repercusión internacional, y al final se caería. Era una batalla perdida para el gobierno, por ahora. No tiene las condiciones favorables.
Ese proyecto de reformar la Ley de Imprenta se presentó en febrero del año pasado. Tuvieron 12 meses para pensarlo y sopesarlo. No fue ocurrencia de una diputada que amaneció de malas. Lo votaron a favor los 19 legisladores de la coalición gobernante que integran la comisión.
Son: Félix Durán, Mario Llergo, José Luis Elorza, Mario Carrillo, Elva Vigil, Julieta Ramírez, Karla Rabelo, Martha Arreola, César Hernández, Julio Moreno, Amílcar Sandoval, Ismael Brito, Lilia Aguilar, Maribel Martínez, Gerardo Fernández Noroña, Itzel Domínguez, Sonia Mendoza, José Estefan y R. Domínguez.
Votaron por reformar una ley de don Venustiano Carranza, para castigar a periodistas que ofendieran a la autoridad.
No es sólo el hecho –de por sí grave– de pagar por un insulto u ofensa al Presidente y otras autoridades que se pusieron en la lista (la jefa de Gobierno, el fiscal general, gobernadores, generales, coroneles, etcétera), sino de llevar al tortuoso mundo de los juzgados a los periodistas que injurien al Presidente, dar explicaciones, atender a nuevos citatorios, pagar un abogado.
Y con un Presidente que se ofende por todo…
En enero de 2020 la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz, se presentaron ante la Junta de Coordinación Política del Senado con un paquete de 14 reformas constitucionales para restringir libertades.
Ahí, en ese paquete de reformas constitucionales, estaba el proyecto esencial del gobierno de López Obrador: la construcción de una dictadura.
La propuesta pedía incorporar al Código Penal, con cárcel de seis meses a seis años, el delito de “la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso (sic)”.
Mientras se desarrollara el juicio, el acusado quedaría detenido en alguna casa de arraigos del gobierno o en la cárcel que eligiera el régimen.
Hasta la verdad se pretendió castigar con cárcel.
El fiscal Gertz puede alegar que llevó esa iniciativa al Senado en el marco de su autonomía, porque esas son sus convicciones, y que no le consultó al Presidente. Obvio no es creíble, pero es un argumento.
¿Y la secretaria de Gobernación? Ella dependía directamente del Presidente. Era su secretaria. No era autónoma. Y llevó al Senado un proyecto de 14 reformas a la Constitución.
Las reformas contemplaban la legalización del espionaje telefónico en temas electorales y fiscales. Además de que se ampliaba el arraigo a todos los delitos.
El proyecto de reformas que Sánchez Cordero llevó al Senado, para su aprobación, legalizaba la instauración de la tiranía en México: el gobierno, como fiscal, tendría la facultad de encarcelar a opositores, críticos, periodistas, abogados, contadores y ciudadanos en general.
Así opera el sistema en las dictaduras.
Durante la presentación del proyecto de reformas, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, los detuvo con el argumento de que un paquete de esa catadura era impasable.
Desde entonces Monreal cayó de la gracia de López Obrador y se esfumaron sus posibilidades de ser candidato presidencial.
¿Sorprende el intento de reactivar la ley de Carranza y endurecer los castigos a quien insulte al Presidente y otras autoridades?
Desde luego que no, porque el proyecto es la dictadura. Ahí están los votos, unánimes, de los legisladores de Morena en la Comisión de Gobernación.
La prensa libre, el INE y la Corte son sus objetivos para destruir la democracia en México.
