Aeromar debió haber quebrado por lo menos desde octubre del año pasado, cuando la banca de desarrollo le había rechazado un crédito para salvar sus finanzas, se había desvanecido la opción de una capitalización por parte de inversionistas, el Ejército mexicano había desistido de comprar sus activos para lanzar su aerolínea y su dueño, el empresario israelita-mexicano Zvi Katz, había huido del país. Era la crónica de una muerte anunciada.
Pero no se tomó la decisión de cerrar sus operaciones. Los dueños de la aerolínea la dejaron morir de inanición y no solo dejaron colgados al gobierno (SAT, Seneam, ASA, AICM, entre otras dependencias) sino a los empleados (pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra) a quienes les deben salarios caídos, prestaciones, caja de ahorro, sus cuotas patronales ante el IMSS, Infonavit, Afores, y por si fuera poco también a decenas de pasajeros que se quedaron sin poder viajar tras el anuncio de este miércoles.
A Aeromar le pasó lo que a la mayoría de las aerolíneas que quiebran: malas decisiones operativas y administrativas combinadas con crisis internacionales que disparan los precios del combustible o desploman la demanda de vuelos, aunado a la falta de apoyo gubernamental.
El problema de la aerolínea regional comenzó, sin saberlo, en 2016, cuando tras haber fichado a un ejecutivo de Volaris, Andrés Fabre, y convertirlo en su nuevo director general, anunció también la compra de ocho aeronaves ATR-600 por un monto de 200 millones de dólares para renovar su flota de 17 aviones que tenía en ese entonces. El acuerdo contemplaba una opción para adquirir seis aeronaves más, con lo que el monto total superaría los 360 millones de dólares.
En el horizonte, los directivos de Aeromar veían el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se comenzaba a construir en Texcoco. Como el resto de las aerolíneas nacionales e internacionales, la promesa de tener una infraestructura de esa magnitud, que se aprestaba a ser el nuevo hub de América Latina, había deslumbrado a sus dueños, quienes solicitaron aviones, planearon nuevas rutas y buscaron sumar a inversionistas.
En Aeromar, la aerolínea latinoamericana Avianca se interesó por convertirse en su socia. A través de su controlador, el Grupo Sinergy, planteó la posibilidad de invertir hasta 100 millones de dólares para adquirir un 49% de la línea aérea mexicana fundada en 1987 y que para ese entonces (2016) atendía 28 destinos en México, y algunos otros a las ciudades de Tucson y McAllen, en Estados Unidos. La operación nunca se concretó.
La ambición de la familia Katz por crecer y aprovechar el nuevo aeropuerto de Texcoco se estrelló con la pared del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya primera decisión de gobierno fue cancelar esa obra y sustituirla por una ampliación de la base militar de Santa Lucía.
Para marzo del 2019, Aeromar ya estaba en crisis y con mil 110 empleados a la deriva. La compra de los aviones para su expansión había agotado la caja y se enfrentaban a incumplimientos con las empresas fabricantes y con el gobierno. Junto con Interjet, arrastraba pagos por el uso del espacio aéreo, por combustible, por concepto del pago del TUA y otros. Luego estalló la crisis del Covid-19 que desplomó el mercado de la aviación. La empresa de la familia Alemán quedó a deber cientos de millones de pesos y hoy tanto el patriarca, Miguel Alemán Velasco, como el hijo, Miguel Alemán Magnani, están fuera del país –el primero en Miami y el segundo en París–, con órdenes de aprehensión y activos embargados.
La misma suerte le espera a Zvi Katz, un empresario cercano al exgobernador Alejandro Murat y también al secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien desde mediados del año pasado decidió cambiar su residencia a Israel. En total, Aeromar adeuda unos 7 mil millones de pesos entre el gobierno, arrendadores privados, fabricantes de aviones, cuentas por pagar, sueldos y prestaciones de trabajadores, entre otros.
El problema de fondo no es solo la quiebra de Aeromar e Interjet, sino la falta de una política aérea del gobierno en turno. Entre propuestas absurdas como el cabotaje, una nueva aerolínea del Ejército y el rediseño del espacio aéreo nacional, sumadas a la pérdida de la Categoría 1 de seguridad aérea –que ya va para dos años–, la presión gubernamental a las aerolíneas para volar en el poco accesible Aeropuerto Felipe Ángeles y la crisis financiera de las empresas por los precios del combustible, se está desahuciando a una industria que de por sí es volátil… y el gobierno le quiere aventar cerillos.
