No le toca a Andrés Manuel López Obrador determinar si el gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú, es “espurio” o legítimo. Le guste o no al tabasqueño, es la presidenta legalmente reconocida.
Boluarte juramentó ante el Congreso de Perú, tras la destitución del gemelo político de AMLO, Pedro Castillo, quien quiso establecer un “gobierno de excepción” en el país andino. En esa lógica, resulta “absurdo y bananero” –como bien apunta el excanciller Jorge Castañeda– que el tabasqueño se niegue a entregar a Boluarte la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico. El argumento de AMLO es que no quiere legitimar un “golpe de Estado”, ni entregar la presidencia de la Alianza a un “gobierno espurio”. Sobra decir que ni siquiera ha reconocido a Boluarte como presidenta.
En enero de este año, Perú debió haber relevado a México en la presidencia de la Alianza. AMLO iba a volar a Lima para entregársela a Castillo, pero vino el “autogolpe” y el viaje se canceló. La presidenta Boluarte reaccionó a la negativa del presidente López Obrador. Lo acusó de perjudicar a los pueblos que integran esa asociación de países. “Una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico”, dijo la presidenta a la televisión peruana.
–¿Qué pasará si AMLO insiste en no entregar la presidencia protempore? —preguntamos a Castañeda.
–Nada. Se paraliza la Alianza o se ponen de acuerdo para pasarla a Chile o a Colombia–, respondió. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. Hay otros cuatro en proceso de incorporación.
* El caso del supuesto plagio de tesis de Yasmín Esquivel pasó de ser una infracción al derecho de autor a un pleito político en el que sus detractores reclaman su destitución o su renuncia. Esa infracción derivó en un enfrentamiento entre la ministra y las autoridades universitarias, que implícitamente dieron por bueno que la exalumna Esquivel era la plagiaria, antes de que el Comité Universitario de Ética revisara las pruebas que presentó la ministra. Vino la suspensión provisoria que una jueza otorgó a la ministra, que ordena a la UNAM guardar silencio sobre el tema hasta que no se resuelva al amparo de fondo.
La UNAM reaccionó: acata la suspensión en el sentido de no divulgar información sobre el caso, pero no está de acuerdo con el silencio que se le impone. Lo califica de “censura” y de coartar el derecho a la información. Dice en un comunicado: “En la Universidad no se acallan las voces: por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”. Alejandro Romero, representante de la ministra, aclaró que no se trata de limitar la libertad de expresión de las autoridades universitarias, sino de que éstas se rijan por el principio de prudencia que debe imperar para no generar daño al honor, la reputación y dignidad de la ministra.
Recibimos un texto de las oficinas de la ministra que dice textual: “…Aunque en varios medios se ha reproducido la información de que es un proceso para detener la investigación, esto es falso debido a que un representante de la funcionaria acudió a la UNAM; como lo reconoció el rector Enrique Graue, para presentar más de 18 pruebas técnicas y científicas que acreditan que ella es la autora original de la obra…Como en los años de la Santa Inquisición, se ha buscado hacer un linchamiento en contra de la ministra por vías políticas, más no jurídicas, porque pareciera que Esquivel no debe defenderse de las acusaciones por las vías legales existentes para todos los mexicanos. Antes de emitir un juicio de opinión, se debería esperar la resolución del Poder Judicial, porque pareciera que no se sabe reconocer entre una suspensión provisional de una definitiva. También debemos de aguardar el dictamen de la UNAM que, todo parece indicar, le dará la razón a la ministra, debido a que las pruebas aportadas son más que suficientes”.
He visto algunas de las pruebas que Esquivel envió al Comité Universitario de Ética; leí la carta notariada del abogado Édgar Ulises Báez, en la que acepta que fue él quien copió; pero también su confesión al portal Eje Central de que sí tuvo acceso al trabajo de la entonces alumna Esquivel. Leí la deposición de la directora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, en la cual admite que compartió los trabajos de la hoy ministra.
Del otro lado, he escuchado que Édgar Ulises se tituló un año antes y que a éste y a la maestra Rodríguez “los billetearon” para eximir a la ministra. No me convencen.
