Mientras el presidente insiste en su discurso sobre la soberanía nacional, al defenderse de cuestionamientos de legisladores estadounidense que califican a México como un narco-estado, la realidad muchas veces supera a la ficción o el discurso político. Como botón de muestra está el de la entrega de los supuestos secuestradores y ejecutores de cuatro norteamericanos que hacían turismo médico pero que podrían haber hecho el viaje para asuntos de drogas.
Así es, los jefes del cártel del Golfo entregaron maniatados en calles de Matamoros a cinco hombres que habrían participado en el secuestro de los cuatro estadounidenses, dos de los cuales fueron ejecutados.
La entrega fue acompañada de un mensaje en cartulina en el que condena el secuestro y se disculpa con la sociedad por la muerte de tres personas. La tercera muerta fue una mujer tamaulipeca que desgraciadamente estuvo en la hora y lugar equivocado. En el lugar de los hechos ningún policía, ninguna cámara, pese a estar en céntrica avenida de Matamoros.
Mientras las autoridades mexicanas se envuelven en la bandera para defender la soberanía nacional, los ciudadanos que siguen el curso de las noticias nomás arquean las cejas y casi sueltan la carcajada por la entrega de los presuntos responsables de la muerte de dos estadounidenses y una mexicana. De plano, ya no se sabe si defienden la misma causa autoridades y barones de la droga en Matamoros.
Si no hubiesen muerto estadounidenses en esta tragedia, el asunto seguro queda sepultado en el clásico aquí no pasa nada. Y nada hubiese pasado si no intervienen autoridades gabachas.
Obviamente hasta ahora los cinco hombres “entregados” no han sido presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal, que se encuentra a cargo de las investigaciones de los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de marzo.
Y como siempre después del niño ahogado se tapa el pozo: Las calles de Matamoros siguen vigiladas por patrullas del Ejército, Guardia Nacional, Coordinación Nacional Antisecuestro y agentes estatales.
Por lo pronto queda en el recuerdo el juicio contra Genaro García Luna, en Estados Unidos, porque aquí no había ni orden de aprehensión en su contra. Como defensa de la soberanía nacional habría que pedirle al Tío Sam que enjuicie a más mexicanos acusados de proteger al crimen organizado. Pueden empezar con Ovidio Guzmán y después seguirle con policías, militares y políticos.
Vaya que así se defendería la soberanía nacional.
