En Morelos la presencia del cártel de los talamontes es una realidad, pero ninguna autoridad la quiere ver: son grupos que, al estilo de los gavilleros, talan bosques, trafican con maderas preciosas y, al mismo tiempo, se dedican al trasiego de drogas, secuestros, extorsiones, asalto carretero y despojo de tierras. También se ostentan como comuneros y despojan a las familias de sus propiedades a la mala. Ellos están presentes en varios municipios de esa entidad, al amparo de autoridades. Los desmanes de este grupo criminal explican por qué el estado de Morelos ocupa el primer lugar en secuestros, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional; con altos niveles de impunidad, la entidad que gobernó Cuauhtémoc Blanco –elogiado por el presidente Andrés López Obrador y calificado como el mejor Gobernador que ha tenido Morelos — también ocupa destacados lugares en el robo de vehículos y es uno de los territorios más violentos. El llamado cártel de Los Talamontes devastan bosques y comercian con maderas preciosas sin que nadie los frene. En Morelos sólo su ley se impone. Además, existe una red de alcaldes, entre ellos el de Huitzilac, Rafael Vargas, que de acuerdo con informes de inteligencia, forma parte de esta mafia.

Además del escándalo protagonizado hace dos años por el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tras difundirse una fotografía en la que aparece posando al lado de criminales, esa entidad ocupa el primer lugar en secuestros a nivel nacional. Y los talamontes –toda una mafia impune — ya son considerados un cártel más que lo mismo secuestra, asesina y extorsiona.

Hace tres meses,  la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó un operativo: en el municipio de Huitzilac –uno de los más violentos –aseguraron varios aserraderos clandestinos. La reacción de los criminales no tardó. Fue inmediata: Hubo quema de autobuses y de autos particulares. Metralleta en mano, presuntos delincuentes bajaban a la gente de sus coches y les aventaban una bomba para incendiarlos. Todo esto ocurrió en la autopista México-Cuernavaca, así como en la ruta federal. Las beligerantes reacciones del crimen siguieron en las vías que conducen a Acapulco, donde varios autobuses fueron quemados.

El Ejército y la Guardia Nacional tuvieron que intervenir por varias horas. En Topilejo, en la ciudad de México, la vía que conecta a la calzada de Tlalpan con las rutas que enlazan a Cuernavaca, la gente salió a protestar por la tala desmedida de árboles. “Se están acabando nuestros bosques” –gritaban –“por eso hay sequía y ya no llueve nuestras comunidades.

Y es que la mafia de los talamontes está muy bien protegida por los llamados narco-alcaldes de Morelos, que no son pocos. El presidente municipal de Huitzilac, por ejemplo, Rafael Vargas Muñoz, es señalado de estar implicado en una red de secuestro carretero, robo de autos, tráfico de maderas y presuntamente en el tráfico de drogas. En el negocio criminal la red la conforman taxistas de Tres Marías, policías municipales, empleados de gasolinerías, alcaldes, gestores de placas y permisos para automovilistas.

El secuestro carretero es uno de los delitos más frecuentes en Morelos, tanto en la autopista como en la carretera federal. Lo operan policías y criminales que tienen protección política. En Morelos al menos la mitad de los alcaldes son jefes de plaza de la delincuencia organizada. Y el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, según informes de la DEA, es una pieza del negocio: es el que brinda protección desde Palacio de Gobierno.

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayor incidencia delictiva se concentra en siete municipios, aunque la expansión criminal se ha expandido a más de quince demarcaciones donde impera la ley del crimen organizado: Cuernavaca, Jiutepec. Cuautla, Temixco, Jojutla, Xochitepec y Yautepec, entre otros.

Tragedia en Huitzilac

En el municipio de Huitzilac –donde el Alcalde Rafael Vargas busca la reelección –han ocurrido decenas de asesinatos, secuestros en carreteras en los que piden rescates hasta de 200 mil pesos y cientos de extorsiones que implican al munícipe.

El sábado 11, por ejemplo, ocurrió una masacre. El reloj marcaba las ocho con quince minutos. En una fonda, varios comensales tomaban cerveza y degustaban de la comida del lugar. Llevaban varias horas conviviendo. Era un grupo, la mayoría conformado por jóvenes, que horas antes habían sostenido un partido de fútbol y decidieron ir al negocio a refrescarse y a contar los detalles del partido.

Cuando estaban cenando, una camioneta tipo tipo suburban se aproximó al lugar, situado en una céntrica calle de la cabecera municipal. Iba llena de gente armada. El vehículo se detuvo justo enfrente del negocio donde estaban conviviendo los jóvenes. El copiloto bajó el cristal y comenzó a disparar hacia los comensales. Era una metralleta que durante más de dos minutos no paró de escupir ráfagas. Ahí quedaron tiradas ocho personas que fallecieron al instante. Otro tanto están heridas pero en estado grave.

Ninguna autoridad intervino para detener a los maleantes, quienes arrancaron y se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa saña? Nadie hasta ahora lo ha podido explicar. Tanto la policía del municipio de Huitzilac como la Guardia Nacional arribaron a destiempo al negocio, pero oficialmente no se ha dado una explicación de las causas de esta masacre.

Una fuente consultada sostiene que se trataba de jóvenes que no tenían antecedentes penales ni estaban implicados en actividades ilegales. El grupo armado llegó a “matar por matar”, como a calentar la plaza. Podrían ser talamontes o narcotraficantes que no quieren que el Alcalde Rafael Vargas vuelva a gobernar el municipio. Es una guerra entre mafias, más que guerra política. Aquí está en disputa el negocio de las drogas, los autos robados, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso y el tráfico de maderas preciosas.

De acuerdo con la misma fuente, el pueblo se va a organizar y vamos a echar al Alcalde. No es posible que Huitzilac tenga este nivel de violencia y que nosotros como habitantes estemos en riesgo permanente. Si no pueden con el problema, que renuncien. Nosotros como pueblo nos haremos cargo de la seguridad, pero necesitamos armas y las vamos a comprar con dinero del municipio. El pueblo será vigilante de su pueblo. El Gobierno ya no sirve para nada mas que para coludirse con los maleantes.

Narco-alcaldes 

Durante el Gobierno de Graco Ramírez (2012-2018) se detectó que de los 36 municipios del estado por lo menos la mitad fueron gobernados por miembros del crimen organizado. En ese periodo gubernamental nada se hizo al respecto, por el contrario. De acuerdo con diversas denuncias –actualmente las investigaciones siguen en curso –el cártel de Los Rojos y su entonces líder, Santiago Mazari, “El Carrete” –recientemente sentenciado a veinte años de prisión –operó con absoluta libertad e impunidad, por ello se dijo que estaba protegido.

Los mismos informes de la Sedena establecen, además, que Morelos ocupa el quinto lugar en el robo de vehículos a nivel nacional, con una tendencia a la alza, así como en el robo de transporte de carga, un problema que se ha agudizado en todo el país.

La información oficial destaca, además, que la entidad que gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ocupa el octavo lugar en cuanto a robo a casa habitación, el décimo sitio nacional en el delito de extorsión y el lugar número trece en la trata de personas. A todo esto ahora se suma el secuestro carretero, sobo de autos, tala clandestina de bosques y tráfico de maderas preciosas.

El estado de Morelos cuenta con 1.9 millones de habitantes distribuidos en 36 municipios. El narcotráfico también es un delito con una fuerte dinámica. Los más recientes decomisos de droga así lo establecen. Según la Sedena, se incautaron en los últimos tres meses 390 kilogramos de cocaína; fueron detenidas mil 374 personas por diversas actividades delictivas; se aseguraron 271 vehículos, dos aeronaves, 353 armas y nueve granadas.

Actualmente, en Morelos se han erigido nuevas organizaciones criminales: se trata del llamado cártel de los talamontes, grupos dedicados a la tala clandestina de bosques que, al mismo tiempo, responden a los intereses del crimen organizado y cuentan con protección de alcaldes y policías, piezas de los cárteles.

En diversas regiones de Morelos, este grupo criminal se han convertido en una verdadera amenaza: no sólo talan árboles y explotan la comercialización de las maderas preciosas, como caoba y cedro, sino que también están implicados en secuestros y tráfico de drogas.

El pasado 18 de marzo, por ejemplo, tres talamontes fueron secuestrados por comuneros de Topilejo, una demarcación que pertenece al municipio de Tlalpan, en la ciudad de México.

Como medida de protesta, cientos de personas tanto de los municipios de Tres Marías como de Huitzilac bloqueron por más de seis horas la circulación de la autopista México-Cuernavaca, en pleno puente; también impidieron el paso a vehículos en la carretera federal.

Los comuneros exigían la liberación de las personas privadas de su libertad. El secuestro, en un principio, se lo atribuyeron a miembros de la Guardia Nacional. Horas después, dos de las tres personas secuestradas aparecieron muertas en el pueblo de Parres, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El tercer hombre plagiado fue  hospitalizado.

Y es que al parecer estos hombres enfrentaban un fuerte conflicto con el llamado cártel de los talamontes, el cual opera en todo el estado de Morelos, pero principalmente en las zonas boscosas, como Tres Marías, Huitzilac, entre otros municipios donde se comercializan maderas preciosas.

Desde hace varios años, en Morelos las autoridades han luchado contra los talamontes que insisten en derribar cientos de hectáreas de árboles, cuya madera venden al por mayor, generando jugosas ganancias.

Ante el nulo apoyo de las autoridades, habitantes de la comunidad de San Juan Atzingo, localizado en los límites de Morelos y el Estado de México, se cansaron. En días recientes tanto comuneros como ciudadanos decidieron tomar las armas para realizar recorridos tanto de día como de noche en la zona del bosque para localizar y detener a los talamontes.

La gente de San Juan Atzingo aseguró que la devastación de sus bosques es cada vez mayor, por lo que decidieron actuar.

El corredor biológico Chichináutzin es ahora escenario de persecuciones entre taladores ilegales y comuneros, quienes armados con pistolas cazan a los traficantes de madera o los corren con disparos al aire.

Hace unos días, los habitantes de Atzingo lograron que un grupo de talamontes abandonaran su camioneta repleta de madera. Ante el poder del llamado cártel de los talamontes, el Gobierno de Morelos se muestra impotente o es cómplice”, asegura una fuente consultada que solicitó el anonimato.

La guerra por el territorio

La guerra entre cuatro grupos criminales –Sinaloa, Cártel de Jalisco, Guerreros Unidos y Los Rojos –mantienen al estado de Morelos sumido en una crisis de seguridad sin precedentes.

Tanto de día como de noche las balaceras se presentan en la vía pública, bares, cantinas, centros nocturnos y hasta en los estacionamientos de las plazas comerciales el crimen organizado ajusta cuentas con sus rivales.

El año pasado, en la ciudad de Cuernavaca, fue ejecutado Moisés Brito, mejor conocido en el mundo del hampa como “El Balam”, a quien las autoridades tanto de Morelos como de Guerrero identificaron como jefe de sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.

De igual forma, las autoridades pudieron confirmar que se trata del mismo personaje que estaría implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 por el crimen organizado. Por esos hechos, Brito tenía orden de aprehensión

La ejecución del sicario ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia localizada en la avenida Diana, muy cerca de la autopista Cuernavaca-México. “El Balam”, según la recapitulación que hicieron las autoridades, arribó al lugar acompañado de una mujer.

Ahí se encontraron con otras personas y una de ellas sacó una pistola y le disparó; su acompañante, quien quedó gravemente herida y fue llevada a un hospital cercano,  donde falleció. El Cuerpo del jefe de sicarios de “Guerreros Unidos” quedó tirado en el lugar de los hechos y fue levantado por las autoridades forenses.

De inmediato hubo intercambio de información entre las fiscalías de Guerrero y Morelos para cruzar información. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos, quien acudió a la escena del crimen, dijo que el hombre asesinado –Moisés Brito tenía una orden de aprehensión por que se le vinculó a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Al revisar lo ocurrido dijo que “el presunto criminal murió como consecuencia de un ataque directo con pistola .9 milímetros; expuso que no se sabía si había sido un asalto o se trataba de una ejecución, pero expuso que ésta segunda hipótesis sería sobre la que trabajaría la Fiscalía a su cargo. Para corroborar lo ocurrido, la dependencia procedería a revisar los videos captados por el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5).

Por otra parte, a través de un comunicado de prensa el Gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco que al filo de las 22:00 horas el C-5 recibió un reporte de un tiroteo en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Diana de la colonia Las Delicias.

El cártel Guerreros Unidos y Los Rojos están enfrentados por el control de la plaza de Morelos. A esta guerra se ha sumado el Cártel Jalisco Nueva Generación y una célula del grupo Sinaloa.

La guerra entre los cárteles “Los Rojos, “Guerreros Unidos” y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen a Morelos sumido en una crisis de violencia que ha trastocado la gobernabilidad del estado que Gobierno el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

Tanto de día como de noche, en Morelos se suscitan balaceras y masacres; el comercio de drogas está imparable y, por si fuera poco, los grupos criminales ajustan sus cuentas pendientes en todas partes. Además, cobran el llamado “derecho de piso”, secuestran, “levantan” a personas que, después, son asesinadas y enterradas en fosas clandestinas a pesar de que los familiares pagan el costo del rescate. La mafia no tiene límites en la tierra del revolucionario Emiliano Zapata.

El estado de Morelos, gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, está convertido en un campo de batalla del crimen organizado.

La violencia que se enfrenta en esa entidad se debe, de acuerdo con las autoridades locales y federales, a la lucha que enfrentan las bandas criminales, las cuales están disputándose el control territorial.

Morelos se quedó sin control por parte del crimen organizado tras la captura, en el 2019, de Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, quien operó el narcotráfico protegido por el anterior Gobierno, el que encabezó Graco Ramírez y quien entregó malas cuentas a su sucesor.

Mazari controlaba todo Morelos y buena parte de Guerrero, éste, territorio de “Guerreros Unidos y “Los Ardillos”, dos de los más temibles cárteles generadores de violencia en el país.

De las muertes registradas, el caso que más llamó la atención fue la muerte de tres galenos, cuando fueron asesinados a balazos por un comando armado que supuestamente los atacó para robarles un vehículo: un Mercedes Benz, así como otras pertenencias.

La triple ejecución ocurrió en la colonia La Presa, en el poblado de Tilzopotla, municipio de Puente de Ixtla, donde según las autoridades los médicos se detuvieron a consumir bebidas alcohólicas.

Los médicos no portaban batas ni ningún tipo de identificación que indicara su profesión. Dos de ellos, de acuerdo con los informes oficiales, laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el tercero ejercía de manera privada.

No fue todo: la tarde del lunes pasado cuatro jóvenes, entre otros tres menores de edad, fueron asesinados. Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en el conocido barrio de San Juanito, en la demarcación de Yautepec.

Los muertos fueron Saúl (18 años), Jerson (17), Alan (17) y Fernando (16). Ellos se encontraban dentro de un vehículo, usado habitualmente para acudir a un tianguis en la colonia La Joya, donde venden ropa. Los atacantes huyeron en una camioneta color negro y una motocicleta verde.

Ese mismo día, en el municipio de Xochitepec, dos hermanos fueron asesinados a balazos a las afueras de una papelería ubicada en las calles Llamaradas y Capa de Oro, en la colonia Unidad Morelos.

Ahí los jóvenes Omar y Carlos Alfredo Lagunas Reyes, de 22 y 25 años, respectivamente, fueron ejecutados por impacto de bala, según dio cuenta un jefe policiaco.

Disputa sin fin

El estado de Morelos es una de las entidades que, desde hace décadas, es asidero del crimen organizado. El estado es clave en la ruta del Pacífico, la que conecta con Guerrero y Michoacán y que permite el abastecimiento de droga en la Ciudad de México: la droga llega a Morelos y luego ingresa a la capital del país por el municipio de Xochimilco.

En la década de los ochenta y noventa, Morelos estuvo bajo el dominio de los cárteles de Guadalajara y de Juárez, entonces encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Acosta Villarreal, respectivamente.

Tiempo después, Pablo Acosta se suicidó cuando Guillermo González Calderoni, el policía del salinato, pretendió detenerlo. Félix Gallardo, por su parte, fue detenido en 1989. Fue el segundo golpe espectacular de Carlos Salinas. Antes había capturado a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el líder petrolero.

Así, el camino quedó abierto en Morelos y en la ruta del Pacífico para Rafael Aguilar Guajardo , quien asumió el control del Vártel de Juárez hasta 1993, pues en abril de ese año fue asesinado en Cancún, Quintana Roo. Tras su muerte, Amado Carrillo asumió el liderazgo del cártel y tomó el control de Morelos.

No sólo el estado le sirvió como plaza: también optó por quedarse a vivir en el estado, en el municipio de Tetecala, donde adquirió una finca cuya característica es una enorme barda, como de unos cinco metros de altura, que convirtió aquella fastuosa mansión en una verdadera fortaleza.

En la hacienda o finca Tetecala se ahogó una hija de Amado Carrillo –Amada Carrillo –quien cayó en una de las albercas que había en ese lugar.

Con Amado Carrillo llegó la plana mayor del Cártel de Juárez a Morelos: Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, Ignacio “Nacho Coronel”, Ismael “Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva. Arturo Beltrán vivía en una zona residencial de Cuernavaca. Ahí murió en un tiroteo con efectivos de la marina. Vivía protegido, según se dijo, por altos mandos del Ejército.

Tras la muerte de Amado Carrillo, “El Azul” se afincó en Morelos. Era Gobernador el panista Sergio Estrada Cajigal. Se dijo que la hija de “El Azul” era novia del entonces Gobernador. Esparragoza tenía el control de la policía estatal y traficaba droga en las patrullas estatales y a través del aeropuerto del estado.

Ahora que Morelos vive una oleada de violencia sin tregua, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se ha mostrado impotente, pues el estado ha mostrado incapacidad para hacer frente a los cárteles que se disputan el control de la entidad.

Cuando Graco Ramírez, el exgobernador del PRD, dejó el cargo, el estado estaba dividido. En Morelos hay 37 municipios y al menos 15 de ellos estaban gobernados por alcaldes ligados al narcotráfico, según aceptaron las propias autoridades estatales. Esta situación prevalece hasta la fecha. El narco está desatado y las autoridades sólo son meros espectadores de la violencia de alto impacto.

La penetración del crimen en la política morelense sigue tan vigente como impune. Sin embargo, las autoridades nada hacen para desmantelar este andamiaje entre políticos y criminales. En Morelos se ha preferido gobernar con el crimen.

Y pese a las promesas políticas, el crimen toma mayores controles territoriales, como ocurre como el impune cártel de los talamontes.

De acuerdo con información de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, el capo Ismael “El Mayo” Zambada parece estar en el retiro de la actividad criminal, pues recientemente fue declarado en estado de gravedad debido a un complicado problema de diabetes que lo ha mantenido postrado en una cama en su casa de la sierra sinaloense. El capo es considerado como el jefe máximo del cártel de Sinaloa y mantiene pugnas con el grupo de “Los Chapitos” –los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”  quien purga una cadena perpetua en Estados Unidos –por el control del cártel. Sin embargo, fuentes consultadas señalan que Zambada ya no sale de su refugio debido a su problema de salud, una aguda diabetes que le ha mermado los órganos y lo mantiene no sólo inactivo sino postrado en una cama y bajo intensos cuidados médicos. Será el fin del capo mas influyente de las últimas décadas? El tiempo lo dirá.

Ismael “El Mayo” Zambada, considerado como “el capo de capos”, está enfermo y recientemente su estado de salud fue considerado como delicado; después se dijo que estaba grave y más tarde que estaba postrado en una cama.

Y es que el jefe del llamado cártel de Sinaloa, con más de ochenta años a cuestas, padece diabetes en grado avanzado, lo que le ha dañado varios órganos –riñones y la vista, principalmente –por lo que la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, lo declaró en estado de gravedad y sostiene que el capo ha estado alejado durante varios meses de las actividades criminales. Se la ha pasado encerrado en uno de sus refugios, en la sierra de Sinaloa.

Zambada padece diabetes desde hace unos cuarenta años, pero debido a sus descuidos alimenticios, la enfermedad se ha agravado considerablemente a grado tal que ya le causó consecuencias en su organismo.

El llamado “Mayo” Zambada enfrenta diferencias serias al interior del cártel de Sinaloa debido a las confrontaciones que tiene con el grupo de “Los Chapitos” y con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, quienes operan en ese grupo criminal. Los primeros están enfrentados entre sí por el control del cártel que tiene presencia en más de cien países y también enfrentan pleitos con Zambada, quien para la DEA es el verdadero jefe de esa organización de tráfico de drogas.

Ismael Zambada García, quien comenzó en el mundo de los negocios siendo empleado de una mueblería, ingresó al narcotráfico allá por los años sesenta; después fue pieza del grupo encabezado por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo –“Don Neto” –y Miguel Ángel Félix Gallardo, Estos últimos cayeron en desgracia en 1984, tras el secuestro y muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, lo cual derivó en un conflicto binacional entre México y Estados Unidos, a grado tal, que el gobierno norteamericano exigió la captura de los tres capos.

Con excepción de “Don Neto” –quien compurga su pena en su casa –los otros dos siguen presos. Es más, circulan versiones en el sentido de que Caro Quintero podría ser extraditado a Estados Unidos. En el caso de Félix Gallardo sigue pendiente su salida de prisión para que termine de purgar su pena en prisión domiciliaria.

El Mayo Zambada. Una larga historia criminal

Nadie lo molesta en su natal Sinaloa. Produce ganado, leche, carne y quesos de los mejores; se mueve con absoluta libertad por las calles de Culiacán y hasta se da el lujo de acudir a restaurantes y hacer sobremesa acompañado de amigos y socios.

Todo esto ocurre a pesar de que las autoridades mexicanas y norteamericanas aseguran que le siguen los pasos al jefe del cártel de Sinaloa, el más longevo, quien lleva cuarenta años gozando de libertad e impunidad.

Su búsqueda está prácticamente cancelada por parte de las autoridades mexicanas, a pesar de que la DEA aumentó la recompensa por su cabeza. El año pasado ofreció quince millones de dólares para quien aporte información que permita su detención. Pero no pasa nada: el capo sigue blindado.

Antes, la oferta era de cinco millones de dólares, pero como aseguran que las operaciones de búsqueda se han intensificado, ahora ofrecen diez millones de dólares más. Con este aumento la suma total asciende a quince millones de dólares para quien aporte pistas sobre su paradero.           Zambada García, quien antes de incursionar en el hampa se desempeñaba como empleado de una mueblería en Culiacán, Sinaloa, es uno de los capos sobrevivientes de la llamada “vieja guardia” junto con Rafael Caro Quintero, quien retomó actividades en el narcotráfico en el año 2013, luego de que las autoridades judiciales lo liberaron. A principios de este año fue recapturado y está preso en el penal de La Palma, Estado de México, acusado del asesinato de Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA que fue torturado y asesinado en 1984 en un rancho de Michoacán.

En 2013,  su liberación ocurrió luego de que sus abogados –seguramente con el apoyo de algunos jueces corruptos –interpusieron un recurso legal para solicitar que fuera puesto en libertad. Argumentaron que su cliente había sido juzgado, tras su detención, por una autoridad incompetente que lo acusó indebidamente del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, a quien los miembros del cártel de Guadalajara, poderoso entonces, asesinaron por venganza.

El alegato se centró en que la Procuraduría General de la República (PGR), por ser una instancia del ámbito federal, no podía investigar ni procesar a Caro Quintero por un homicidio. Aquella argucia funcionó y el juez del caso, presuntamente sobornado por el narcotráfico, liberó al exjefe del cártel de Guadalajara.

Después se dieron cuenta que había sido un error, que la PGR sí era autoridad competente. Entonces ordenaron su reaprehensión, pero Caro Quintero ya estaba resguardado en un escondite en el norte del país y encabezando al llamado cártel de Caborca, actualmente bajo la conducción Gil Caro Quintero, su sobrino.

Lo mismo ocurre con Zambada García, actual jefe del cártel de Sinaloa, quien relevó a “El Chapo” Guzmán tras su detención, en 2014.

De acuerdo con las denuncias interpuestas por los candidatos perdedores de la coalición PRI-PAN-PRD, “El Mayo” Zambada y otros miembros del cártel de Sinaloa, como los hijos de “El Chapo” Guzmán, operaron en favor del partido MORENA durante la elección del 6 de junio.

Los contrincantes de MORENA le atribuyen al narcotraficante facultades de negociador; aseguran que fue el gran elector aquel 6 de junio de 2021 para que al menos en Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí y Michoacán ganaran los abanderados del partido del presidente.

Las pruebas de la intervención del crimen organizado en las elecciones no las quiso recibir el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se las ofreció el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien las entregó a la Fiscalía General de la República y luego viajó a Estados Unidos para entregar una carpeta ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta ahora nadie conoce pormenores de esas pruebas que, aseguran los denunciantes, confirman cómo el cártel de Sinaloa operó en favor de MORENA. Lo que sí denunciaron los representantes de los partidos que compitieron en alianza es que, días previos a la elección, fueron secuestrados decenas de representantes de casilla y miembros de los partidos opositores a MORENA. Esto, se asegura, ocurrió en Sinaloa, el feudo de “El Mayo” Zambada, quien por cierto vive en esa entidad muy quitado de la pena, en la impunidad plena.

Asegura la DEA que busca al jefe del cártel de Sinaloa, pero resulta muy extraño que nadie lo ubique, ni la inteligencia militar tan sofisticada que, dicen, existe en México.

Lo cierto es que la política criminal de López Obrador, con base en la línea que ha trazado Estados Unidos –el que manda en estos temas –es que no se persiga a los cárteles, no se use la fuerza ni se detenga a narcotraficantes. Ahora la estrategia es bloquear zonas estratégicas, como puertos y aduanas, por donde trafican con drogas, armas y dinero. Sobre todo lo que más preocupa al gobierno norteamericano es el tráfico de fentanilo a través de los puertos. Pero algunas fuentes consultadas aseguran que de nada ha servido que los marinos ahora estén en las aduanas y puertos, pues desconocen las operaciones y todo el funcionamiento aduanero. Ahí los ganones siguen siendo los altos funcionarios a cargo de las aduanas.

Mientras la política antimafia no cambie, el jefe del cártel de Sinaloa, por quien ahora Estados Unidos ofrece una recompensa de quince millones de dólares, ni se inmuta. Sigue viviendo en la impunidad, produciendo queso, leche, carne, ganado de alto registro y traficando con drogas.

Para la DEA, Ismael “El Mayo” Zambada siempre fue el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. La figura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, era decorativa.

Zambada tiene una larga historia: militó en el cártel de Guadalajara cuando éste era encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”; era contemporáneo de Pablo Acosta Villarreal, “El Zorro de Ojinaga”, quien se suicidó en 1989 cuando iba a ser detenido por Guillermo González Calderoni, el famoso policía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari que también detuvo a Félix Gallardo.

Más tarde, Zambada se convirtió en pieza clave del cártel de Juárez cuando era dirigido por Rafael Aguilar Guajardo –asesinado en Cancún, Quintana Roo, en 1993 –y después durante la etapa de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien presuntamente murió en 1997 tras someterse a una cirugía plástica y liposucción para no ser perseguido.

Otras versiones sostienen que Carrillo Fuentes no murió: que terminó negociando con el gobierno de México y de Estados Unidos para convertirse en testigo protegido.

“El Mayo” Zambada sigue vigente en el negocio del tráfico de drogas. El gobierno de Estados Unidos lo considera un capo activo y cabeza central del cártel de Sinaloa. Sin embargo, nadie lo molesta ni lo persigue.

Las redes del crimen organizado mexicano se extienden a todo el mundo mediante alianzas, asociaciones y una amplia red de funcionarios que brindan protección al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Así, el cártel de Jalisco está presente en América Latina, Asia, Europa, África e incluso sus tentáculos llegan hasta Australia; es el mismo caso del cártel de Sinaloa, cuyos operadores están afincados en más de cien países. El narco mexicano incluso ya desplazó a las organizaciones colombianas –conocidos como “Los invisibles” por el bajo perfil que utilizan –y ahora controlan el tráfico en Latinoamérica, así como el blanqueo de activos mediante inversiones en compra de tierras, construcción  de edificios y otros negocios rentables. Esta es la herencia maldita de Andrés Manuel López Obrador que le tocará cargar a quien gane la presidencia de la República este 2 de junio. En suma, AMLO falló en materia de seguridad y en el combate a la corrupción. 

Nada cambió en un sexenio en materia de seguridad. La estrategia de “abrazos y no balazos” resultó un rotundo fracaso para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador falló en su empeño por pacificar el país y combatir la corrupción. Ambos proyectos resultaron un fracaso rotundo y hereda un país de muertos y violencia imparable.

Los cárteles mexicanos extienden sus tentáculos a diversos países del mundo; abrieron el mercado de las drogas químicas y ampliaron sus redes de lavado de dinero, las multimillonarias ganancias que obtienen por venta de droga de todo tipo.

Las redes se extienden a todo el continente latinoamericano pero también operan en Europa, Asía, África y Australia, donde explotan el amplio mercado de consumo de estupefacientes.

Apoyados por una amplia red de operadores, los cárteles mexicanos se afianzan en toda América Latina: han tomado los controles del trasiego y el transporte de drogas que, vía las rutas mexicanas, arriban a Estados Unidos, el voraz mercado de consumo.

A raíz de la guerra fallida del presidente Felipe Calderón –2006-2012 –los cárteles mexicanos establecieron alianzas sólidas en Colombia, Perú,  Bolivia, Venezuela y otros países con el objeto de asegurar el suministro de drogas.

En Colombia, por ejemplo, los cárteles mexicanos de Sinaloa, Golfo y Cártel de Jalisco Nueva Generación desplazaron a los colombianos, donde el narcotráfico se ha diversificado: actualmente son los cárteles mexicanos los que controlan el transporte de enervantes hacia México y Estados Unidos, mientras los colombianos sólo se han quedado con la producción de drogas, aunque con variados cambios: ya no existen los cárteles al viejo estilo, con capos ostentosos ejerciendo violencia. Ahora los cárteles operan divididos, pero con una muy bien organizada red de trabajo.

Para lograr sus objetivos, el cártel de Sinaloa cuenta con operadores en Colombia. De acuerdo con la DEA, uno de los principales es Ray Domínguez Ortiz, conocido como “El Matón”, personaje de origen sinaloense que, según la DEA, trabaja para la organización criminal de “El Mayo” Zambada en ese país sudamericano.

En Perú, otro de los países proveedores de los cárteles mexicanos, Sinaloa tiene otra pieza clave: se trata de Omar Lemus Rivas, alias “La Changa, responsable de mover los cargamentos de drogas vía aérea, según establecen informes de la DEA.

Y en Bolivia, donde en su momento estuvo refugiado Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el cártel de Sinaloa cuenta con los servicios de Rolando Giraldo, un colombiano ampliamente conocido por las agencias estatadunidenses porque ha trabajado para varios cárteles de la droga.

Este personaje, de acuerdo con los informes de la DEA consultados, es un enlace con los operadores mexicanos: la droga que proviene de Sudamérica la introducen a México vía el Pacífico, aunque también el Caribe se ha vuelto una ruta bastante socorrida para los cárteles mexicanos.

Otro de los cárteles que cuenta con operadores en el continente es el de Jalisco Nueva Generación. Su principal representante en Colombia responde al nombre de Rigoberto Ramírez Ortiz, mejor conocido como “La Rana” o “El Sapo”: de acuerdo con su perfil, es muy violento y sanguinario, según lo describen los informes de la DEA.

Este grupo criminal, uno de los más violentos, cuenta con otro operador en Perú.  Se trata de Manuel Rodríguez, “La Piraña”, quien lo mismo se mueve en Venezuela que en Guatemala. Es el responsable de suministrar precursores químicos para el CJNG y elaborar drogas sintéticas que exportan a Estados Unidos.

Las redes mafiosas

Después de la guerra fallida contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón — cuyo ahora está en entredicho porque los cárteles se fortalecieron y se internacionalizaron –ahora los grupos criminales encentran facilidades para establecer nuevas alianzas, lo que les permite fraccionarse en bloques, pues ninguna autoridad los persigue debido a que el gobierno federal carece de una política criminal efectiva.

Viejos cárteles, que en otro momento fueron considerados descabezados, debilitados y a punto de la extinción ahora reviven y se posicionan en el territorio nacional con mayor fuerza. Es el caso del cártel de Tijuana que, de verse casi al borde de la desaparición actualmente cobró un nuevo aire. Ahora se llama Cártel de Tijuana Nueva Generación. Su nuevo poderío se debe a la asociación que estableció con el Cártel de Jalisco, que encabeza Nemesio Oseguera.

Como antecedente importante cabe decir que, en 2006, cuando tomó posesión como presidente Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico –en ese tiempo los cárteles ya dominaban casi todo el territorio nacional, según el diagnóstico de entonces –se centró en no más de diez grupos criminales.

Entonces el mapa estaba conformado por los cárteles del Pacífico y/o Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera; la célula de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel de Juárez, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Zetas, Los Cuinis, los hermanos Valencia Cornelio, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Después de la guerra, que resultó un desastre –México se convirtió en ese tiempo en exportador de violencia e inestabilidad en todo el continente debido a la internacionalización de los cárteles mexicanos –los grupos criminales entendieron muy bien la transición que enfrentaban: fue entonces cuando los grandes cárteles empezaron a dividirse en bloques, establecieron alianzas estratégicas con grupos incluso antagónicos y pactaron con gobernadores y alcaldes. Esto explica el control territorial que actualmente detentan y no sólo eso: con el paso de los años ya no les bastó con tener la protección oficial –política y policiaca –sino que los propios capos compitieron electoralmente para detentar el poder: ahora muchos personajes de la delincuencia organizada son alcaldes, diputados locales y federales y, en muchos casos, están operando en las propias gubernaturas de los estados y hasta en el Poder Judicial.

Este cambio de paradigma, lejos de frenar la violencia, la exacerbó: muchos estados del país como Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Coahuila, entre otros, enfrentan uno de los más altos niveles de criminalidad, con jornadas de sangre y de terror.

Y ante este derramamiento de sangre que se vive por todas partes, el llamado del presidente a los cárteles para que “le bajen” ha resultado palabra vacía, pues los grupos criminales actúan en abierto desacato a la autoridad. O con la complicidad del gobierno.

Y es que si bien la guerra contra el crimen que emprendió Felipe Calderón no frenó la violencia, la inacción del gobierno de la Cuarta Transformación ha resultado igual de ineficaz e incluso peor: los cárteles operan abiertamente, pues ninguna autoridad los persigue; se dan tiempo para establecer alianzas, operan a lo largo y ancho del país, siembran amplios territorios con droga –mariguana y amapola –trafican con cocaína, heroína y drogas sintéticas como si sus actividades fueran legales. Nadie los molesta. Este sexenio resultó de jauja y fiesta para los criminales.

Las alianzas

De acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del 2019, pero vigente a la fecha,  los grandes cárteles que operaban en el país han sufrido un cambio sustancial. Ahora están fraccionados y su esquema está diseñado por bloques, lo que ha derivado en que se hayan conformado células o escisiones que controlan grandes extensiones de territorio a base de sangre y fuego.

Según el informe, éstas células operan con un elevado nivel de violencia –matan, secuestran, descuartizan, desaparecen personas, cobran piso a los comercios con amenazas –y disponen de armamento de alto poder que, por mucho, supera al que disponen las policías municipales, cuyos mandos, además, están coludidos con los grupos criminales.

Con base en esta radiografía, ahora cárteles como Los Zetas –antiguo brazo armado del cártel del Golfo y posteriormente transformado en cártel independiente –se han dividido en dos células: el cártel del Noreste, que representa una estructura renombrada de los nuevos Zetas –y Los Zetas de la Vieja Escuela, un grupo disidente que tiene presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Zacatecas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

En el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, esta región –según el informe criminal –opera un brazo armado conocido como “La Tropa del Infierno”, a la que se atribuye la ola de violencia que azota a ese estado.

Pero eso no es todo: El Cártel del Golfo –uno de los más viejos que opera en México, fundado en los años sesenta por Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego –sufrió una fractura en su cimentación con la captura y muerte de sus principales líderes. El último capo emblemático que lo dirigió fue Osiel Cárdenas, capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos, donde compurga una pena.

Esta escisión derivó en el surgimiento de tres grupos criminales tan violentos como sanguinarios: “Grupo Bravo”, “Los Metros” y “Los Ciclones”.

Las autoridades federales cuentan con registros que dan cuenta de la existencia de otros pequeñas células delictivas no menos perniciosas: “Grupo Sombra”, “Grupo Pantera”, “Comando del Diablo”, “Los Sierras”, “Escorpiones”  “Grupo Operativo Z”, “Alcatraz de los R”, éste último, asociado con otro conocido en el mundo del hampa como “El Combate del Diablo”-

Estos grupos de sicarios o de exterminio ligado a los cárteles de Los Zetas, Noreste y Golfo surgieron recientemente y su consolidación se explica en buena medida al vacío de Estado que priva en el país.

Su zona de influencia se ubica en Tamaulipas, Quintana Roo y en una parte de San Luis Potosí. A pesar de las alianzas, esta organización que ha tejido en poco más de una década, está a punto de desaparecer del escenario criminal nacional, de no aliarse con otros grupos delictivos.

Las alianzas entre células o fracciones establecidas por los grandes cárteles de la droga han permitido, en los últimos tres años –del último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto a la fecha –que algunas organizaciones criminales que estaban debilitadas o a punto de desaparecer ahora hayan comenzado un repunte con una nueva estructura que incluye apoyo financiero, base de sicariato y armamento de alto poder para enfrentar a los cárteles poderosos.

De esta manera, la guerra se centra en los municipios del norte y sur del país y la lucha es por el control territorial y el mercado de drogas, que ya es boyante en México.

Los casos ejemplificativos de este resurgimiento criminal lo representa el cártel de Tijuana, fundado en los años ochenta por la familia Arellano Félix. Ahora de autonombran Cártel de Tijuana Nueva Generación (CTNG), ya que sellaron una alianza con el Cártel de Jalisco, representado por Nemesio Oseguera, el cual domina en 20 estados de la República mexicana.

El CTNG, de acuerdo con los informes oficiales, se fortaleció en estructura de sicarios, armamento y distribuyó muy bien el territorio que controla –Baja California, por ahora –y su principal cerebro, se afirma en círculos policiacos, es Enedina Arellano, quien desde los años noventa opera el lavado de activos.

Otro caso es el cártel de Juárez, ahora llamado Nuevo Cártel de Juárez. Mantienen a su brazo armado –La Línea –y a su vez controlan a otras pandillas –Los Mexicles y Los Aztecas –y unidos como un ejército ahora han arremetido fuerte para reposicionarse en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En 2006, cuando Calderón declaró la guerra al narco, este cártel estuvo a punto de desaparecer. Vicente Carrillo, su jefe, fue detenido. El gobierno federal golpeó su estructura en 2009 cuando rescató a Ciudad Juárez, considerada entonces la zona más violenta del mundo.

Pero diez años después, el cártel de Juárez está de vuelta y, al igual que otros grupos criminales, ha encontrado facilidades para reorganizarse en el gobierno de López Obrador, pues esta organización no ha sido molestada por ninguna autoridad.

Además de Ciudad Juárez, Chihuahua, este cártel controla Sonora, El Paso y San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

A la lista de suma La Familia Michoacana, quienes hace menos de una década estuvieron a punto de la extinción. Se dividieron y de esa escisión surgieron Los Caballeros Templarios, activos hasta la fecha, pero disminuidos. Este grupo se dedica al tráfico de drogas, incluida las sintéticas; al secuestro, homicidio, lavado de dinero, trata de personas y cobro de piso a comercios.

Pero con nuevos refuerzos y mejor estructura en Michoacán resurgió lo que se conoce como La Nueva Familia Michoacana. Cuenta con un brazo armado –Los Troyanos –que operan en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Colima, Nuevo León, Baja California y Coahuila. Todo ello gracias a las alianzas que tejieron con otros cárteles.

Una de sus principales asociaciones la hicieron –según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública –con Las Morcas, señalados por la DEA como un cártel desde el 2009, pues distribuyen droga, heroína y drogas sintéticas, en territorio estadunidense.

El Cártel Beltrán Leyva y/o Gente Nueva es un claro ejemplo de la fragmentación criminal dado que, con la detención y muertes de Arturo, Carlos, Alfredo, Mario, Esaúl y Héctor Beltrán Leyva, este cártel dio origen al nacimiento de ocho células criminales que han continuado con las actividades de trasiego de droga, trata de personas, ejecuciones, tráfico de armas, lavado de dinero, secuestro y cobro de piso a comerciantes grandes y pequeños.

Por su parte, el cártel de Los Rojos, con presencia en el centro y norte de Guerrero, así como en Morelos, es otro de los grupos transformados que ahora controlan una mayor extensión territorial, lo que han conquistado a base de efectuar verdaderos baños de sangre.

El bastión principal de Los Rojos se construyó en Chilapa, Guerrero; su fundador fue Jesús Nava Romero, “El Rojo”, quien fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva. Además de este grupo en esa región operan Los Mazatlecos, brazo armado de Los Beltrán, ahora dedicados al tráfico de drogas.

También operan los Ruelas Torres, cuyo líder, José Luis Ruelas Torres, fue lugarteniente de Arturo Beltrán. En Guerrero está el semillero de nuevos grupos criminales, herencia de Los Beltrán, como es el caso de Los Granados, quienes operan en la Costa Grande.

También se incluyen a “Los Ardillos” –llevan 20 años en el crimen organizado dedicados al tráfico de amapola y heroína –, cobro de piso, piratería y secuestros. Ahora operan en lo que se conoce como la región de la montaña y el centro de Guerrero.

A estos grupos se suma, además, el Cártel Independiente de Acapulco, la cual es considerada una organización local. Opera en las colonias del puerto de Acapulco, Guerrero; se dedican al trasiego de drogas, secuestro, servicios de sicariato, ejecuciones y cobro de piso.

“El 2 mil” o “El Panchillo” es el jefe de otra banda criminal. Su verdadero nombre es Javier Hernández García. Su radio de acción ha crecido. Ahora se afirma que controla Coahuila, parte de Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora.

En Guerrero una parte del territorio le corresponde a “Guerreros Unidos”, eslabón del grupo Beltrán Leyva y del cártel del Pacífico.

En la zona del Bajío la lucha está fuerte entre los Cárteles de Jalisco y Santa Rosa de Lima, éste último fue encabezado por José Antonio Yépez, “El Marro”, quien actualmente está preso. Dichos grupos criminales se disputan el control del huachicol en los municipios de Valle de Santiago, Joral del Progreso, Cortázar, Yuriria, Salamanca, Irapuato, Silao y León, el llamado Triángulo del Huachicol.

Sin embargo, el cártel de Jalisco es el más poderoso en el negocio de robo y venta de gasolinas: Sus redes de extienden desde Quintana Roo hasta Baja California y en cada municipio del país opera un jefe de plaza que dispone de una estructura de sicarios y un área financiera para pagar asesinatos, corromper a funcionarios públicos –policías y fiscales –así como para aceitar sus relaciones con comandantes, policías, militares y miembros de la Guardia Nacional que están a cargo de puertos, aeropuertos y aduanas.

A cuatro meses de que concluya el sexenio de López Obrador no queda ninguna duda de que su accionar ante el crimen resultó un verdadero fracaso. Otro sexenio de impunidad, de muertos y violencia.

No hablar. AMLO, el adalid de la verdad, resultó otro engaño más.

A lo largo de más de cinco años de gobierno, el crimen organizado se ha entronizado y ha ganado mucho poder territorial en el país; se disputan los recursos naturales y desde hace varios años ya son gobierno en municipios y estados, lo que ha borrado casi por completo a lo que se llamaba la clase política. Ahora lo que impera es la clase criminal. La impunidad en el gobierno de la Cuarta Transformación es de tal magnitud que unos 16 cárteles operan abiertamente y con impunidad: matan, desaparecen, imponen candidatos, cobran derecho de piso y trafican con todo tipo de drogas sin ser molestados. Así, en el gobierno de Andrés López Obrador el crimen ha vivido en un completo festín.

El crimen organizado sigue impune a lo largo y ancho del país; sin política criminal, con una militarización atroz que no actúa, los cárteles de la droga –16 en total –se mueven con abierta soltura y en medio de la impunidad del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En Jalisco siguen las matanzas y lo mismo ocurre en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Coahuila, la Ciudad de México, por citar sólo algunas de las entidades más críticas en violencia.

Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador la violencia ha disminuido y la corrupción, según él, es cosa del pasado, pues afirma que en su gobierno ya fue erradicada. Lo cierto es que en las prisiones no hay un solo funcionario o exfuncionario preso por desvíos de recursos públicos.

En el caso del crimen organizado las cosas van de mal en peor, pues los grupos criminales no son combatidos, por el contrario, se les deja hacer todo tipo de fechorías y hasta imponen candidatos a puestos de elección popular.

LA RADIOGRAFÍA DEL CRIMEN

Al cumplirse el quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador el crimen organizado sigue sin ser abatido; el mandatario se adentra a su penúltimo año de gestión sin cumplir su promesa de pacificar el país, por el contrario: la violencia va en aumento a pesar de la multiplicada presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país.

La falta de resultados en materia de seguridad ya encendió los focos rojos en Washington debido a la violencia y al imparable tráfico de fentanilo, la droga sintética de moda, la cual quitó la vida a más de cien mil estadunidense en el año 2022, y sigue siendo exportada desde el territorio mexicano.

De acuerdo con reportes de inteligencia consultados, el fentanilo se procesa en México y es transportado hacia Estados Unidos a través de puertos y aeropuertos, con la complicidad de autoridades. La crisis del fentanilo fue un detonador de la militarización del país, pero ni aún con la presencia de las Fuerzas Armadas –que patrullan de día y ceden la plaza de noche –se ha podido detener el flujo de esa droga. Tampoco la violencia.

La guerra entre cárteles se mantiene en entidades como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Baja California, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco se disputan a sangre y fuego el territorio.

Todos estos enfrentamientos han sembrado terror entre la población; cientos de familias han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la violencia, mientras las autoridades actúan como meras espectadoras de las masacres.

El país está en llamas. Después de cuatro años de gobierno fallido el presidente López Obrador reconoció –quizá tardíamente –que su proyecto gubernamental estaba en riesgo si no se pacificaba el país. Todo el territorio sigue sumido en la violencia y en la corrupción institucional y la posición presidencial ya raya en el cinismo: nada comenta de los muertos, de los desplazados y mucho menos del poder de los cárteles. El mandatario sólo se ocupa de la confrontación y la rijosidad permanente. En eso ocupa su ejercicio populista cotidiano: La conferencia mañanera.

De no consolidarse el proyecto de pacificar el territorio, lo más probable es que el llamado proyecto de la Cuarta Transformación termine en un rotundo fracaso. Y, peor aún, el próximo candidato de MORENA a la presidencia de la República tendrá que romper con el presidente y replantear un proyecto diferente ante el modelo fallido del actual régimen. Por ninguna vía podrá haber continuidad ante un fracaso.

La violencia, por doquier, está imparable: Michoacán, Tamaulipas y Chiapas están en llamas. Ni se diga Zacatecas y Guerrero. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden. Ni la iglesia ha podido con el flagelo.

El otro punto crítico es Chiapas, hasta no hace mucho tiempo un territorio donde imperaba una suerte de pax mafiosa , pacto entre grupos criminales y el poder político.

Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo. Drogas, armas, químicos para las drogas de diseño, armas, indocumentados… Todo se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco en los años noventa para reforzar el brazo armado del cártel de Los Zetas, el cártel militar.

En Chiapas hay crisis y por ello hay violencia. El territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, Cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.

Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco, con presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.

La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado, en Tuxtla Gutiérrez un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora”, de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México.

La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, sin explotadas en el negocio de la trata.

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa. La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo. El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.

En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa –se descompuso después de las elecciones del 6 de junio, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.

Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca.      La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.

El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y la vida de quienes denuncian los hechos –aseguran –está en completo riesgo.

EL CRIMEN GOBIERNA

Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política antimafia, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Ahora que López Obrador cumple cinco años en el poder, esta situación se recrudece tanto como la violencia. Y esto ha causado preocupación en Estados Unidos, tanto por la violencia recrudecida en Tamaulipas, sobre todo en el municipio de Reynosa, de donde es oriundo el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca –rescatado y nombrado asesor de seguridad de la alianza Va por México – quien aún es  investigado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.

El narco y su influencia en la política es una realidad, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconoce; es obvio que no hay combate de parte del Estado ni existe una estrategia criminal o antimafia.

La penetración del crimen organizado en el país es muy grave. Desde el año 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República alertó sobre la fuerte presencia de presuntos delincuentes que, desde diversos partidos, eran lanzados como candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, entre otros cargos de elección popular.

Aquel estudio sostenía que más del 80 por ciento de los municipios del país eran gobernados, desde entonces, por personajes relacionados directa o indirectamente con alguna modalidad criminal: narcotráfico, secuestro, extorsiones, tráfico humano, por citar sólo algunas.

En los últimos diez años, la radiografía del crimen es realmente perturbadora.

Ahí siguen, intocables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán –quienes ahora encabezan el cártel de Sinaloa, el más poderoso de los grupos criminales en América Latina.

Impune y sin mayores conflictos sigue operando Ismael “El Mayo” Zambada, a quien la DEA considera el mayor capo de México, quien ahora opera en sociedad con Rafael Caro Quintero en norte del país.

Y de igual forma, Nemesio Oseguera Cervantes continúa expandiendo al cártel de Jalisco Nueva Generación, el más beligerante de los cárteles.

Actualmente la guerra entre los cárteles se centra en Tamaulipas, Baja California y la región de El Bajío. Ahí, los enfrentamientos se presentan entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En esta narcoguerra también se suma el cártel Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yépez, conocido como “El Marro”, quien construyó un verdadero imperio mediante el robo de combustibles –El Huachicol –, los secuestros y las extorsiones mientras estuvo en libertad.

De acuerdo con autoridades estadunidenses, que le han seguido la pista desde hace varios años, “El Mayo” Zambada suele financiar  a organizaciones criminales para enfrentarlas con sus enemigos. El dato que se ha confirmado, por ejemplo, es que Zambada financió con dinero y armamento a Los Matazetas, que originalmente pertenecían al cártel de Sinaloa, pero luego se enfrentaron al CJNG.

Los estados con mayor violencia son Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Guerrero. En este último estado operan varios cárteles que se disputan la llamada ruta del pacífico.

No es todo: En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes –y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Después de la guerra fallida implementada por Felipe Calderón y la corrupción desastrosa que prohijó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el crimen lejos de ser combatido se extendió a lo largo y ancho del país e incluso se internacionalizó: muchos cárteles ahora operan en Argentina, Uruguay, Brasil , Chile, Costa Rica y Guatemala.

E incluso cuentan con amplios ramajes en Europa, particularmente en España, Italia y Reino Unido, desde donde operan el tráfico de drogas hacia los mercados de Asia y África, por citar sólo esos continentes.

Un ejemplo de la expansión y de que la guerra contra el narcotráfico no ha dado resultados es la expansión del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más boyante del mundo, de acuerdo con la DEA.

Tras la captura de su líder, Joaquín Guzmán Loera –sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos –, dicha organización criminal se dividió en cuatro frentes y cambió sus operaciones: ahora es más dinámica, menos visible y ejerce un mayor control territorial en el país.

De igual forma, su poderío está mejor cimentado con las

alianzas que ha tejido con los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos criminales poderosos.

Del año 2000 a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y no menos poderosos.

De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más contaminadas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.

Esos mismos informes establecen, además,  que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante sus respectivos gobiernos –es la entidad con mayor número de grupos criminales asociados.

Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos — Los Zetas y al Cártel del Golfo –cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más sangrientos.

Ya desde los tiempos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política, social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.

En Tamaulipas este escenario de total control criminal minimizó la figura del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.

Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra –la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.

Los informes oficiales señalan también que después de Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe del Cisen titulado Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero, elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300 organizaciones criminales y cuyas cabezas son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

En sus partes medulares, el informe sostiene que la crisis  se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.

El informe incluye algunos datos históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico –al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel tiempo todavía aliados.

La Guardia Nacional (GN) quedó hace unos días formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional; con ello, el país alcanzó la máxima militarización de la historia, la cual comenzó en el gobierno de Carlos Salinas cuando algunos militares comenzaron a realizar tareas de seguridad como coadyuvantes de las Fuerzas Civiles.

El Ejército tomó mayor control de la seguridad con Ernesto Zedillo: en ese sexenio altos mandos militares y GAFES pasaron a la Procuraduría General de la República para apoyar la lucha contra el narcotráfico, la cual resultó un fracaso porque muchos soldados desertaron del Ejército para pasarse del lado del crimen. Así surgió el grupo paramilitar Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo a a finales de la década de los noventa del siglo pasado.

Con el paso de los sexenios, los militares comenzaron a tomar mayor poder y control; con Felipe Calderón se le declaró la guerra al crimen organizado, guerra que por cierto resultó fallida por sus nulos resultados.

López Obrador consolida el proyecto de militarización en el país y ahora las Fuerzas Armadas son las que tienen todo el control, por encima de las policías. Sin embargo, la crisis de inseguridad prevalece lo mismo que la violencia, secuestros, balaceras y masacres debido a las luchas entre bandas dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades.

El narco se ha mantenido en constante transformación pese a la caída de muchos capos emblemáticos. Tras la muerte de Arturo Beltrán, en 2009, durante un enfrentamiento con marinos en su condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, El H, quien se enfrentó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido en México debido a un percance de tránsito — quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192 millones de dólares.

Pero cuando los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.

La caída y extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el grupo Cida, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos Antonio Barragán, El Melón, Benjamín Flores Reyes, llamado El Padrino (capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, El Coreano, quien fue identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.

El segundo grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, El Cris y Eder Yair Sosa, El Cremas. Estas dos células, de acuerdo con el informe oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.

Dicha alianza tiene razones de peso: El Cris, según los reportes policiacos, es hijo de Arturo González Hernández, El Chaky, quien fuera lugarteniente de Amado y Vicente Carrillo Fuentes en la Comarca Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, respectivamente, una zona con una alta incidencia delictiva.

De acuerdo con su ficha criminal, González Hernández operó por varios años en la Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada Torreón, Coahuila-Gómez Palacio, Durango, considerado un territorio de muerte.

El diagnóstico del Cisen señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan  José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico.

Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.

No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo –quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.

A pesar de que el presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales –él asegura que se deben atacar las causas y no actuar con represión para combatir al crimen organizado –y echó a andar a la Guardia Nacional –el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad.

Es el caso del cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora ese grupo criminal se dividió en cuatro frentes: Los hijos de El Chapo –Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán — encabezan un bloque; otro lo opera Aureliano Guzmán, hermano de Guzmán Loera, quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta que tomó su parte.

De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero estuvo al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa mientras mantuvo su libertad. Y una cuarta posición –para muchos la más importante –es la que mantiene Ismael El Mayo Zambada, quien se ha sostenido más de cinco décadas en el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.

Empleado de una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que Esparragoza murió hace tres años, presuntamente debido a un infarto, pero las autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la mentira, El Azul pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo, pues de ambos se afirma que no están muertos:

Del primero se ha dicho que se autodesapareció, mientras que de El Señor de los Cielos se dice que opera en Rusia y que su muerte pudo ser parte de un acuerdo con el gobierno federal. Lo que sí fue un hecho es que antes de morir –presuntamente –Carrillo Fuentes entabló negociaciones con el gobierno federal.

De acuerdo con los informes oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.

La lista que organizaciones que se mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga; muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y han extendido sus redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del cártel de Tijuana, actualmente encabezado por Enedina Arellano Félix, La Jefa, quien controla toda la estructura financiera del cártel.

En 2014 se pensaba que Fernando Sánchez Arellano –hijo de Enedina –sería el heredero del narcoimperio construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.

Tras el vacío que dejó su captura, el cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando narcomantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la violencia.

Sin embargo, para la DEA la jefa del cártel de Tijuana es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus actividades, al menos por un tiempo.

En julio de 2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la prestigiada publicación indicó que “es menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la clave de su éxito”.

El texto de Time refiere una cita de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.

Explicó: “Ella no está interesada en provocar guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán”.

Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.

De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.

De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales –con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.

Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.

Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.

De hecho, el gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que la semana pasada hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su gobierno no negocie ni pacta con criminales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el presidente.

Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia –el país sigue incendiado por la violencia criminal.

A pesar de que el presidente afirma que los delitos de alto impacto van a la baja, el crimen organizado sigue causando estragos en el país. Son los amos y señores del territorio.

La ausencia de un combate eficaz contra el crimen organizado, la impunidad con la que se mueven los grupos criminales ha hecho que proliferen por todas partes las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras veinte actividades delictivas verdaderamente medrosas.

Y esa impunidad de que gozan provocó que la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, fuera interceptada en un retén –presuntamente integrado por miembros de la delincuencia organizada –en la comunidad de Motozintla, donde un grupo de encapuchados le retuvieron unos minutos para hacerle algunas peticiones.

La candidata presidencial por el partido oficial realizaba una gira por el estado de Chiapas, uno de los más violentos del país, donde seis grupos criminales se disputan el control territorial, pues por esa entidad cruzan cuantiosos cargamentos de droga que provienen de Centro y Sudamérica; luego los llevan a Tabasco, Veracruz y después, por la vía del Golfo de México, llegan a la frontera de Tamaulipas para enviarlos a Estados Unidos. Es una ruta muy socorrida por el crimen organizado.

El domingo 21 de abril, cuando cumplía su segundo día de gira por Chiapas, la candidata de Morena se trasladó de Comitán a Tapachula. En el trayecto había retenes –como ocurre en todo el país –con personas encapuchadas y que están identificados como miembros de la delincuencia organizada.

Horas antes, se había reportado que en los tramos de Mazapa de Madero, Huehuetán y Huixtla había grupos de encapuchados que detenían los vehículos , interrogaban a sus tripulantes y revisaban las unidades.

Cuando Sheinbaum transitaba por Motozintla los encapuchados abrieron paso a su comitiva. Junto con ella iba Eduardo Ramírez Aguilar, candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas.

En uno de los cruces la candidata presidencial fue retenida por los criminales que tenían el rostro cubierto. Ahí le hicieron algunas peticiones, de acuerdo con los videos que se han difundido en las redes sociales, este fue el mensaje:

“Que se acuerde cuando esté en el poder .Acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre. Nada más eso le queremos decir . No estamos el contra del Gobierno, llévese eso en su mente . No estamos en contra de ustedes. Por eso estamos acá tres veces por semana , cuidando a nuestro pueblo”.

Presuntamente los encapuchados eran elementos del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal al que se le ha ligado con el partido Morena. Aunque en Chiapas en realidad son seis los cárteles que se disputan el control territorial.

Claudia Sheinbaum fue captada cuando iba a  bordo de uno de sus vehículos de su comitiva. Sólo miró fijo hacia el frente y escuchó el mensaje, Pero no intercambió ningún comentario con los presuntos delincuentes. Luego se despidió y siguió su camino sin mayores contratiempos.

Con este hecho, a la candidata de Morena le debió quedar claro el nivel de impunidad que prima en el país; que el combate al tráfico de drogas ha sido un fracaso del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación y que sin una política antidrogas eficaz el país está en caída libre; que su Gobierno –si es que gana las elecciones –deberá construir un modelo de combate criminal para liberar a la sociedad de la violencia criminal, lo que no hizo el Presidente López Obrador por complicidad, incapacidad u omisión.

Le debió quedar claro, además, de qué tamaño es la herencia que recibirá de López Obrador en materia social, pero sobre todo, en el tema de la seguridad pública, un rubro totalmente abandonado por el mandatario, quien al inicio de su Gobierno se comprometió a serenar el país. Cuando faltan cinco meses para que concluya su mandato en el país no hay pacificación ni combate.

Chiapas, territorio del crimen

La guerra de alta intensidad vuelve a sacudir al estado de Chiapas. Dos cárteles poderosos –el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa –están enfrentados por el control de la frontera con Guatemala, una de las más porosas y también considerada como ruta clave para el tráfico de drogas que proviene de centro y Sudamérica.

Y por si fuera poco, ahora emergió el cártel de Chiapas y Guatemala, una nueva organización criminal que está enfrentada con los cárteles de Sinaloa y CJNG por el control del estado.

La situación en Chiapas es crítica, pues no hay autoridad local ni federal que ponga orden en la entidad.

El epicentro de esta guerra frontal son los municipios fronterizos de Comalapa y El Porvenir; hace unos días, cientos de personas fueron testigos de un desfile en el que hombres armados con rifles de alto poder y metralletas, presuntamente miembros del CJNG, caminaban por las calles amenazando a la gente y gritando a sus enemigos de Sinaloa que salieran a la calle “para rompernos la madre”.

Comalapa  –comunidad donde habitan unas 81 mil personas dispersos por la selva lacandona –es el punto central del conflicto criminal entre los cárteles de Sinaloa y CJNG; se trata de una zona estratégica  de la frontera con Guatemala para el trasiego de drogas, precursores químicos y migrantes que cruzan por esa región en busca del llamado “sueño americano”.

“Existe un corredor central  para el tráfico de drogas  y migrantes; pasa por la Trinitaria, y Comitán hasta llegar al municipio de  San Cristóbal y de aquí a Tuxtla Gutiérrez”, dice una fuente de la DEA entrevistado para ahondar en los detalles del conflicto.

Y es que por el estado de Chiapas cruzan la mayoría de los cargamentos de droga que abastecen a los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Golfo, Tijuana, entre otros; en el pasado, esa entidad vivía una suerte de “pax mafiosa”, pues había pactos entre políticos del Gobierno estatal, federal, policías y jefes del narcotráfico”, dice la fuente consultada.

Pero dicha “pax mafiosa” se rompió, afirma el agente de la DEA.

–¿Por qué? –se le pregunta.

–Los acuerdos no se respetaron y ahora ha brotado una guerra de alta intensidad. Hay más de 40 mil desplazados debido a la violencia y no hay fecha para que este conflicto termine: se van a exterminar unos y otros o bien surge un acuerdo algún día. Pero mientras esto último ocurre seguirán las matanzas, la violencia y el terror.

De ser una entidad donde criminales y políticos mantenían un pacto de impunidad, el estado de Chiapas pasó a ser tierra de disputas entre grupos del crimen organizado. La guerra es por el control territorial y el trasiego de droga de proviene de América Central, la más importante bodega de almacenamiento de estupefacientes que entran por el sureste y luego terminan en el voraz mercado de consumo: Estados Unidos. También se detona por el negocio del tráfico humano, en manos de los cárteles se trata de personas indocumentadas que utilizan esa entidad para cruzar de Centroamérica a México. El narco les cobra y los lleva a la frontera donde pueden pasar a Estados Unidos o bien ser repatriados. Muchos incluso mueren en el intento.

La guerra de lata intensidad en Chiapas está protagonizada por seis grupos criminales, pero informes de inteligencia del Gobierno federal identifican también a organizaciones subversivas que, con el membrete de la lucha social, incursionaron en el tráfico de drogas y por ello defienden sus territorios a sangre y fuego.

Con base en los informes del Gobierno federal, seis cárteles se disputan el control de Chiapas, entidad clave del Pacífico mexicano para el movimiento de drogas, armas, ganado robado y migrantes –negocios de la delincuencia organizada –que cruzan desde Guatemala a México por esa frontera porosa; luego, la droga viaja hacia Tabasco y de ahí puede ser enviada hacia el Caribe o bien al Golfo de México, vía Veracruz y Tamaulipas, para después introducirla a Estados Unidos a través del Valle de Texas. Si los cargamentos salen hacia El Caribe viajan hasta Miami, Estados Unidos.

Los seis cárteles que se disputan el estado de Chiapas, con base en los informes consultados, operan con varios delitos: secuestro, extorsión, venta de droga a granel incluida las sintéticas. Chiapas es estratégico como territorio para los grupos criminales: colinda con Centroamérica. En la entidad también se ha detectado la de grupos subversivos, pandillas como “La Mara Salvatrucha 13”, “Barrio 18”, entre otros.

Documentos de inteligencia consultados del Gobierno federal revelan que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están enfrentados por apropiarse del control de los municipios ubicados en la costa del Pacífico. También quieren las demarcaciones fronterizas con Guatemala, todos estos territorios son estratégicos para sus actividades ilegales.

Los Zetas –según los informes citados –dominan la zona metropolitana y el centro del estado; con mayor fuerza están Los  Beltrán Leyva (o lo que queda de este grupo, desarticulado en 2010 tras la muerte de Arturo Beltrán, su jefe), Golfo y entre todos estos cárteles destaca el de San Juan Chamula, el cual está operando en quince regiones de la entidad.

Representado por Gilberto Zavala Páramo, “El Manco” y otro sujeto citado en los informes como “Don Gil”, Sinaloa y Jalisco, a través de José Inés Landero, “El Indio” o “El Apestoso” pelean por el control del corredor de Arriaga, Tonalá.

La disputa se extiende hacia Cintala, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Matazintla, Siltepec y Ángel Albino Corzo, entre otras demarcaciones ubicadas en las inmediaciones de la costa del Pacífico.

Dicen los informes: “El Manco se apoya en Faustino Damián Castro o Fausto Damián Castro, “El Patrón” o “El Jefe” o “El Chapulín.” Este sujeto está identificado por las autoridades federales como uno de los lugartenientes a cargo de las operaciones ilícitas en Huehuetán, Mazatán, Acapetahua, Suchiate, Frontera Hidalgo y Tapachula.

Con base en un mapa general del narcotráfico nacional, Los Zetas, encabezados por Adán Juárez Gómez, “El Pelón”, domina la región metropolitana que incluye zonas como Mezcalapa norte, Soconusco y Selva Lacandona, entre las que destacan las alcaldías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Berriozábal, Comitán de Domínguez, donde se concentra la mayor parte de los habitantes de la entidad, la cual colinda con Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Aunque está debilitado en su estructura y operación el cártel de Los Beltrán Leyva mantiene sus células activas en Chiapas: están encabezadas por Marco Antonio Zetina Ricardez, conocido en el mundo del hampa como “El Zetina”. Opera en el municipio de Palenque, colindante con Tabasco. Esta zona es considerada una de las rutas de paso de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Además del tráfico de drogas, ese grupo criminal también controla el tráfico humano.

Los informes de inteligencia consultados señalan, además, que el cártel de San Juan Chamula es otro grupo delictivo con fuerte presencia y poder en esa entidad del Pacífico. Lo encabeza un sujeto que en los reportes oficiales está identificado como “El Caracol”. Su radio de acción es la comunidad que lleva por nombre el del mismo cártel. Sus alcances llegan hasta los límites con Veracruz y Tabasco, donde también está presente el Cártel del Golfo.

No es todo: En Chiapas operan decenas de grupos subversivos relacionados con el trasiego de drogas. Las áreas de inteligencia federales tienen detectada la presencia de pandillas juveniles, entre otras, Los Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dedicados principalmente a los homicidios y narcomenudeo en al menos doce localidades chiapanecas: Metapa de Domínguez, Mapastepec, Palenque, Pijijiapan, Ciudad Hidalgo. Los informes señalan que estos grupos también cuentan con una extraordinadia narcodinamica en Centroamérica.

La presencia de grupos subversivos radicales en Chiapas, entidad azotada por la pobreza y la marginación  de los pueblos originarios, data de varias décadas atrás. El Gobierno federal tiene conocimiento de cinco distribuidos en regiones indígenas, principalmente.

Entre los llamados grupos subversivos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en 1994, en pleno cierre del Gobierno de Carlos Salinas –quien pregonaba que México había entrado al primer mundo — declaró la guerra al Gobierno y puso al descubierto que el país no formaba parte de los países ricos del orbe sino que seguía sumido en el subdesarrollo social y económico, como hasta ahora.

El EZLN opera en municipios como Ocosingo, Altamira, Larráinzar, Chenalhó, Las Margaritas, Altamirano, Tonalá, Palenque, Salto de Agua, Túmbala y Benemérito de las Américas.

Le sigue el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), presente en Villa Flores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Matazintla, San Cristóbal, Salto de Agua, Altamirano y Ocosingo.

Luego está el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y/o Organización por el Desarrollo de la Paz y Justicia, asesorada por Óscar Sánchez Alpuche, con el control de comunidades como Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Túmbala y Palenque.

Por último, la lista de organizaciones subversivas incluye a la organización paramilitar “Chinchulines”, que antes pertenecía a la organización para la Defensa y/o agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y Coordinación de Pueblos, así como al Movimiento Campesino Regional Independiente y Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional.

Migrantes y droga: gran negocio

En Chiapas, territorio donde el narco y el poder político han pactado históricamente, se vive una crisis de seguridad pública que ya alcanzó niveles no antes vistos.

Se han roto los pactos establecidos, después de la elección del 6 de junio de 2021, como ocurrió en quince estados del país, y las fuerzas del crimen organizado se reacomodan en diversos territorios que en breve gobernarán los aliados del partido Morena.

Esto no es novedad. El Presidente lo sabe, pero calla.

En Chiapas –también en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas –la crisis de violencia está imparable.

En la entidad del sureste, la tierra donde en 1994 surgió la insurgencia con la irrupción del EZLN, la violencia no tiene precedente en los años recientes. El Cártel de Jalisco y el de Sinaloa se disputan una puerta clave del ingreso de drogas provenientes de Sudamérica que, en la etapa del PRI, estaba bajo control. Pero el esquema cambió. Y esto causó la guerra en la zona de Chenalhó y la región Tsotsil.

Atenazadas por la violencia y la corrupción, las autoridades de Chiapas están rebasadas ante el crimen; también la Federación con todo y su Guardia Nacional. Por ello, los indígenas se reorganizaron y crearon la autodefensa “El Machete”, con la cual pretenden hacer frente al crimen organizado, a lo que el Gobierno federal ha rehusado.

“El Machete”, según informes públicos, está constituido por un par de centenares de hombres enmascarados que se enfrentaron a los grupos del crimen para salvaguardar los intereses de sus regiones. Se espera que se mantengan en esa línea de lucha.

Esto, porque en los últimos ocho años han surgido unos cincuenta grupos de autodefensas en seis estados –Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas – que en su mayoría han terminado convertidas en brazos armados del crimen organizado, pues han aceptado apoyo económico y armas de los diversos cárteles que operan en el país.

Las autodefensas formaron parte de un proyecto que propuso el general colombiano Óscar Narango, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, quien fue asesor del entonces Presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto empezó en Michoacán, pero todo derivó en un verdadero fiasco: las autodefensas fueron capturadas por el crimen, lo que explica la violencia actual. Otros proyectos similares también han terminado devorados por los cárteles.

Puerta de entrada de la droga y precursores químicos que provienen de Sudamérica y Centroamérica; zona de abastecimiento de los cárteles, territorio donde por años imperaron los pactos para evitar la violencia, el estado de Chiapas se ha convertido en un infierno: Tres grupos criminales –el Cártel de Sinaloa, así como los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación– están en abierta disputa por el control de ese territorio.

Tales enfrentamientos –que se agudizaron la semana pasada –han provocado el desplazamiento de al menos unas dos mil personas que, hasta la fecha, huyen de la violencia perpetrada por el crimen organizado en la zona tsotsil de Pantelhó-Chenalhó. La región –se asegura –ha sido abandonada debido a la ola de muertes causadas por los enfrentamientos entre los cárteles. Ninguna autoridad local ni federal interviene para impedirlo.

No sólo eso: en medio del fuego que han desatado estos tres grupos criminales fue asesinado Simón Pedro Pérez López, un activista defensor de los derechos humanos que, el 6 de julio de 2021, fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con testigos de los hechos, el autor del crimen fue un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. El activista era miembro  de la Organización Civil  Las Abejas Acteal, organismo de la que fue Presidente en el año 2020.

Según las investigaciones consultadas, los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana en el municipio de Simojovel. En ese momento, Simón Pedro –un indígena tsotsil  –realizaba compras en compañía de su hijo. La víctima, además de ser defensor de los derechos humanos, era catequista de la parroquia de Santa Catarina en Pantalhó.

El párroco de esa población, Marcelo Pérez, señaló que Simón Pérez era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pentalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas repudió “la acción criminal que está imperando en los Altos de Chiapas”.

Expuso su versión: “Desde su trabajo como integrantes de Las Abejas Acteal y como servidor de la iglesia trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, desde esa labor había estado había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”.

Y agregó en otro apartado de su comunicado: “Exigimos a las autoridades del Gobierno del estado de Chiapas una investigación diligente”.

Durante años, el crimen organizado y el poder político selló pactos para lograr lo que se conoce como “una pax mafiosa”. Estos acuerdos tenían como objetivo que el territorio chiapaneco estuviera libre de violencia de alto impacto. En resumen, trataban de impedir que se calentara la plaza, ya que las masacres ponían en riesgo el negocio de las drogas.

Y es que a través de Chiapas –puerta de entrada en la puerta del pacífico –entra al país buena parte de los cargamentos de droga que provienen de Centro y Sudamérica. Dicha droga, así como cuantiosas cantidades de precursores químicos, llegan a Guatemala y cruzan a México por la frontera del sureste, es decir, por Chiapas, una de las zonas más porosas del país donde no existe ningún tipo de vigilancia.

Incluso, la gente tanto de Guatemala como de México pueden cruzan con mercancías sin presentar ningún tipo de documento de identidad; es una zona que también tiene una amplia actividad de abigeato, pues el ganado suele ser cruzado a cualquiera de los territorios por el río Suchiate , que divide a los dos países y que es considerado uno de los más importantes para el tráfico de drogas y de personas.

En Chiapas se han afincado tres cárteles y sus redes comenzaron a reacomodarse después de las elecciones del 6 de junio, como ha ocurrido en los territorios donde ganaron los candidatos que lanzó el Partido de Regeneración Nacional (Morena).

En ese territorio del sureste mexicano, por ejemplo, operan “Los Ciriles”, una célula criminal que las autoridades federales ligan con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuya presencia se extiende a la zona tsotsil, particularmente en las demarcación de Pantelhó, donde fue asesinado el activista de los derechos humanos Simón Pedro Pérez.

Esta región ha estado sacudida por la violencia en los últimos días. Además del crimen de Pérez el crimen organizado atacó a los habitantes de la comunidad, bloqueraron caminos y sometieron a un toque de queda obligatorio; luego hubo enfrentamientos con fuerzas armadas, lo que dejó un saldo de decenas de muertos y nueve heridos.

No fue todo: durante los días agitados que vivió Chiapas también se incendió el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde fue asesinado Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –operador de Ismael “El Mayo” Zambada –, quien es hijo de otro capo importante conocido en el mundo del hampa como “El Tío Gil”, cuyo nombre real es Gilberto  Rivera Amarillas, extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Rivera Amarillas, “El Tío Gil”, también fue acusado de conspiración y en total de seis cargos relacionados con la distribución de cocaína a los Estados Unidos. Este capo estaba estrechamente relacionado con Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada. Fue capturado cuando había decidido a México.

Por lo que respecta de su hijo, “El Juniors”, fue ejecutado cuando viajaba con sus escoltas. El relato sobre su muerte indica que le dispararon a quemarropa justamente cuando un vehículo donde viajaban rivales suyos le dieron alcance.

Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en Chiapas las operaciones de narcotráfico y, por ende, las disputas armadas las protagonizan tres cárteles: Golfo, CJNG y Sinaloa. Los tres se reparten el control del territorio.

Controlan la frontera con Guatemala. En el caso del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera, opera en la frontera sur-occidental, mientras que el Cártel del Golfo, el grupo criminal que más ha crecido, tiene tentáculos que llegan hasta los estados de Oaxaca y Veracruz.

Los mismos informes, por otra parte, indican que en Chiapas también hay células de Los Zetas, antiguo brazo armado del Cártel del Golfo. Estos cárteles rompieron relaciones en 2004. Los Zetas, fundados en 1997 por Heriberto Lazcano Lazcano y Arturo Guzmán Decenas, decidieron independizarse y convertirse en un cártel independiente, aunque en los últimos años se ha debilitado y ha perdido decenas de territorios.

En el escenario nacional –y en el particular de Chiapas –el Cártel de Sinaloa es el grupo criminal que mayor presencia tiene en la entidad del sureste.

Tras las elecciones del 6 de junio de 2021, la organización que dirige Ismael “El Mayo” Zambada avanzó en el control territorial: ahora está afincado en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, todo un corredor que ahora dispondrá para operar sus más de veinte actividades delictivas.

Así, después de varios años sin presentar violencia de alto impacto, todo esto debido a los pactos entre el poder y el crimen organizado, Chiapas pasó a ser un territorio sin ley.

Así, el conflicto entre el CJNG y Sinaloa escala a pasos agigantados y nadie pone freno a la violencia. Más de 40 mil personas se han desplazado a otros estados, pero muchos de ellos afirman: “Ya no hay donde esconderse y estar en paz. Todo el país está envuelto por el terror”.

Y ahora surgió el cártel “Chiapas-Guatemala”, grupo criminal que se enfrenta a Sinaloa y al CJNG. Así, la guerra no tiene para cuando acabar en el estado de Chiapas.

Una amplia red de empresarios resultaron estafados por el Grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano Silva, mediante operaciones de inversión presuntamente para importar combustible y venderlo en México. La estafa alcanza unos ochocientos millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República. En realidad, el grupo empresarial se dedica al robo de combustibles, mejor conocido como Huachicoleo; cuentan con protección política en los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, entre otros estados. Y de acuerdo con la denuncia el responsable garantizar la protección y de enganchar a los empresarios es César Agustin Hernández Pérez, diputado federal de Morena por el distrito 30 del Estado de México.

En el Estado de México el fraude, la impunidad y la compra de la justicia es una práctica constante en el gobierno que encabeza la maestra Delfina  Gómez.

Y es que un grupo de empresarios terminaron unidos para denunciar las prácticas fraudulentas del conocido Grupo Virreyes, cuyos miembros están cobijados por la impunidad, pues tienen como protector a César Agustín Hernández Pérez, diputado federal de MORENA.

La estafa de la que fueron objeto, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República – carpeta FED/QRO/0002106/2023 –asciende a unos 800 millones de pesos y tiene que ver con el robo de hidrocarburos en el Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.

Los miembros del presunto grupo delictivo Virreyes tienen una forma peculiar de operar. Su modus operandis –dicen los denunciantes – es “enganchar” a sus víctimas con el argumento de que cuentan con el respaldo de grupos políticos poderosos, gobiernos estatales, fiscales y redes empresariales.

Posteriormente, les piden que inviertan fuertes sumas de dinero en un fondo que, dicen ellos, está destinado para la supuesta compra de hidrocarburos importados y les ofrecen un porcentaje de ganancias mensuales. El jugoso negocio en realidad no son las importaciones de gasolinas, pues el grupo se dedica al robo de combustibles. A través de tomas clandestinas ordeñan los ductos propiedad de Petróleos Mexicanos.

Los empresarios que han sido estafados narran en su denuncia ante la FGR que luego de que se hacen las inversiones los cabecillas del Grupo Virreyes que protege el diputado morenista César Agustín Hernández Pérez continúan con la persuasión: les exhiben comprobantes de supuestas transferencias bancarias, contratos amañados o falsos con empresas internacionales, entre otras, Mada  Energy, así como las mexicanas Proksol o Dihico, las cuales se dedican a la distribución y comercialización de gasolinas.

Otra artimaña del Grupo Virreyes, de acuerdo con los denunciantes, es convencer a sus víctimas de que realizan la distribución de las gasolinas y para ello utilizan la figura de una empresa fachada con la que simulan dichas operaciones con hidrocarburos.

–¿Cuánto dinero les piden para invertir en el negocio? –se le pregunta a uno de los denunciantes que pidió a este reportero el anonimato por temor a represalias.

–No menos de un millón de pesos –responde.

Y cuenta que el dinero se deposita en un área financiera del Grupo Virreyes y una de las condiciones es que debe hacerse en efectivo; posteriormente, en una oficina administrativa también simulada se firman los convenios de confidencialidad. Los contratos tienen una vigencia de seis meses. Dichos contratos, dice la fuente, tienen la característica de que son forzosos. El dinero es destinado a un fondo (para) compra de hidrocarburos y durante ese lapso de tiempo nadie puede retirar sus inversiones.

–¿Quién encabeza al Grupo Virreyes –se le pregunta al denunciante.

–Mario Giordano Silva, él es el responsable de enlazar a los empresarios para que inviertan. Y este personaje presume tener el respaldo del diputado César Agustín Hernández  Pérez, de quien afirma que ha servido como enlace tanto con empresarios como con políticos.

De acuerdo con datos obtenidos a través de los denunciantes se pudo saber que el Grupo Virreyes tiene su centro de operaciones en Boulevard de los Virreyes, en la exclusiva zona de Bosques de Las Lomas de la Ciudad de México, justo ahí donde viven las familias más acaudaladas de la ciudad de México.

En ese domicilio es frecuentemente visto el diputado morenista Hernández Pérez –muy cercano, por cierto, al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, actual coordinador de campaña de la candidata de Morena al gobierno de Morelos, Margarita González Saravia –. Con el respaldo de Adán Augusto y del Grupo Virreyes, Hernández Pérez busca la reelección como legislador, pues ha resultado ser una pieza clave para la presunta red de defraudadores, así como para enlazar contactos en gobiernos estatales, fiscalías; también compran la protección de policías y políticos de peso completo.

Adán Augusto fue llamado como operador emergente al estado de Morelos y trabaja junto con el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralda, ligado a presuntos fraudes aduaneros y principal operador de la llamada “Ley Bonilla” con la que el exgobernador de Baja California –Jaime Bonilla –pretendía prolongar su mandato por seis años. El responsable de “billetear” a los legisladores, según las denuncias presentadas en su momento, fue precisamente Peralta, actual coordinador político de la campaña de González Saravia en Morelos.

–¿Quiénes son los empresarios que encabezan al Grupo Virreyes? Se le pregunta a otro de los denunciantes.

Responde: “La parte financiera la maneja Felipe de Jesús Villar García, mientras que como responsable de simular las operaciones con la presunta compra de combustibles es Arturo Segura Orive”.

Por todo lo anterior, el Grupo Virreyes es investigado desde el mes de noviembre de 2023 por parte de la la FGR. La carpeta de investigación contra sus miembros y la red de complicidades con la que cuentan se integró después de que fue asegurado un inmueble en el estado de Querétaro que servía al grupo como centro de operaciones en el robo de hidrocarburos.

Paralelamente, los empresarios estafados exigieron a las autoridades federales, así como a las del Estado de México y Querétaro investigar a fondo la estafa de la que fueron objetos. En la investigación también participa la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sin embargo, hasta ahora no hay un solo detenido por la estafa millonaria y menos por el robo de combustibles.

El ambiente político se polariza en Veracruz: Rocío Nahle, la candidata por la coalición “sigamos haciendo historia”, arrancó campaña en medio de escándalos. Corrupción, tráfico de influencia, negocios multimillonarios al amparo de la Secretaría de Energía y del proyecto emblemático del gobierno de la Cuarta Transformación: La Refinería de Dos Bocas, la cual tuvo un costo final de 15 mil millones de dólares y no produce lo que se ofreció.

Se dijo que con esa refinería, el país abatiría las importaciones de combustibles; que México sería autosuficiente en la producción de gasolinas, entre otras promesas vanas, que siguen sin cumplirse. Todo este cúmulo de mentiras o verdades a medias –además de la presunta corrupción –es lo que arrastra Rocío Nahle en su arranque de campaña por la gubernatura de Veracruz.

La zacatecana está tan perturbada por los cuestionamientos en su contra que ignora cuantos municipios tiene el estado de Veracruz. En un evento de campaña trastabilló al referirse al número de municipios que va a recorrer: “Nos vamos a seguir viendo porque nos vamos a seguir encontrando, este es el municipio ochenta y me faltan por recorrer ciento veinte o ciento veintidós municipios…

Cualquier político veracruzano que ha recorrido el estado sabe cuántos municipios hay en Veracruz y también sus respectivos distritos.

Rocío Nahle dio sus primeros pasos hacia la gubernatura el pasado 31 de marzo; arribó al café de La Parroquia del boulevard Adolfo Ruiz Cortines, ahí donde está el famoso café conocido como La Parroquia de los doscientos años, y fue recibida con abucheos.

Decenas de mujeres y hombres gritaban al unísono. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera…que se regrese a Zacatecas, fuera, fuera, fuera…

El rechazo evidente a una mujer cuyo único mérito es haberse colgado del presidente Andrés Manuel López Obrador; que no tiene un proyecto para Veracruz y que en muchas ocasiones ha demostrado su falta de cultura y graves problemas para argumentar ideas.

Pero más allá de eso está la presunta corrupción que envuelve a Nahle. Las propiedades que ha adquirido son parte del cuestionamiento público, sobre todo, porque la llamada Cuarta Transformación ha ondeado la bandera de la austeridad y Nahle ha actuado en la opulencia.

Según información pública, adquirió dos residencias en el fastuoso fraccionamiento “El Dorado”, en el municipio de Boca del Río, cuyo costo se estima en unos cincuenta millones cada una. En este lugar viven los hombres más acaudalados del estado. Las residencias tienen embarcaderos y ahí están atracados los yates lujosos que utilizan para ir de compras a las plazas más cercanas. Todo lo hacen por agua, el paraíso a sus pies.

La pregunta se impone: De dónde obtuvo tanto dinero Rocío Nahle para adquirir esas propiedades? No hay explicación de su parte. Y debido a que no ha dado la cara al respecto, pues las versiones corren por todas partes. Pero buena parte de su fortuna proviene de los contratos que otorgó a decenas de empresarios que participaron en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Detrás de Rocío Nahle hay varios personajes que han hecho jugosos negocios con la refinería y con otros giros no menos cuantiosos. Además de su esposo –José Luis Peña Peña, presunto operador de contratos en la refinería de dos bocas, comprador de ganado de dudosa procedencia –también aparece Juan Carlos Fong Cortés, amigo de Nahle, de quien se asegura que ya prepara, entre otros proyectos, una empresa distribuidora de frutas que estaría operando en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Por esa razón también corre y muy fuerte la versión de que Peña Peña, el marido de Rocío Nahle, tendría una importante posición de mando en el área agropecuaria del estado si su esposa gana la gubernatura. En pocas palabras, ya hay negocios en puerta, aunque los veracruzanos todavía no conozcan la propuesta gubernamental de Nahle.

Fong Cortés, según su historia, se fue hasta las nubes cuando su empresa –Construcciones y Reparaciones del Sur –se sumó al Grupo Huerta Madre y ambas participaron directamente en la construcción de refinería de Dos Bocas con multimillonarios contratos de obra otorgados desde la Secretaría de Energía, donde se manejaba el presupuesto millonario para la refinería ubicada en Tabasco que, por cierto, sigue sin producir la gasolina que el gobierno ofreció cuando se dio a conocer el proyecto. Se afirma que esta empresa habría ganado poco más de cinco mil millones de pesos con Dos Bocas.

Ahora el grupo se apresta a ser los nuevos dueños de Veracruz, pero no está fácil para Rocio Nahle. En nada le ayuda el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien es uno de los mandatarios más cuestionados no sólo por su ineficacia para gobernar sino por haber sumido al estado en una severa crisis de seguridad pública: muertes, desapariciones, tráfico de drogas y enfrentamiento entre grupos criminales ha sido la tónica de su sexenio.

García Jiménez ganó la gubernatura en 2018 no por sus ideas y menos por que haya encantado a los veracruzanos con algún proyecto. Se movía en un carrito destartalado y sin dinero. Y cuando preguntaba: ¿Qué hago? la respuesta de López Obrador era: Tú permanece tranquilo, no hagas pendejadas. Y así se trepó a la ola que lo llevó a la gubernatura.

Pero sus números no son nada aceptables. Bajo su gobierno, el crimen organizado no sólo domina territorios. También mata, desaparece, trafica con migrantes y cobra derecho de piso con absoluta impunidad.

En muchos municipios de Veracruz –como en casi todo el país –el crimen organizado ya es gobierno y, desde las más altas esferas del poder, tiene aliados y redes que les brindan protección. No es exagerado decir que en esa entidad, como ocurre en Jalisco y Tamaulipas, el gobierno estatal opera como una empresa criminal.

Y es que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez las actividades ilícitas –trasiego de drogas, trata de migrantes centroamericanos, extorsiones, cobro de piso, secuestro, robo de contenedores portuarios y de ferrocarriles, así como la circulación de alcohol y mujeres en los veinte penales del estado –es dominado en un 75 por ciento por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra parte del negocio la explota el cártel de Sinaloa, afincado en esa entidad desde el 2018, tras el triunfo electoral de MORENA.

La cabeza visible de esta organización criminal, de acuerdo con informes de la DEA, es José Roberto Sánchez Cortés, “El 80”, un exfiscal regional del sur de Veracruz que fue impulsado durante el gobierno de Javier Duarte.

Otro de los negocios jugosos que volvió millonario a Erick Cisneros fue el cobro a migrantes centroamericanos que cruzaban por Veracruz. En este enjuague también participaban elementos de la policía estatal, efectivos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración.

PEPE YUNES: EL CAMINANTE SILENCIOSO

Previo al arranque formal de su campaña –lo hizo el primer minuto del 31 de marzo en el municipio de Boca del Río – José Yunes Zorrilla se transformó en un caminante silencioso pero muy efectivo: los sondeos más serios sostienen que tiene amplias posibilidades de ganar la elección del 2 de junio próximo por varias razones: no tiene antecedentes de corrupción, no ha estado involucrado en escándalos, ha trabajado y muy bien la base territorial, tiene una estructura social sólida que lo sigue y se ha observado el apoyo de miles de veracruzanos en sus mítines y reuniones.

José Yunes Zorrilla tiene una amplia formación académica. Cuenta con  estudios de economía y administración en el ITAM; maestrías en el extranjero y en sus dos tareas legislativas –fue senador de la República y luego diputado federal –ha trabajado muy bien en las comisiones donde se ha desempeñado, entre otras, la de Hacienda.

Es serio, discreto, silencioso. No es ostentoso, todo lo contrario, muestra una sencillez casi franciscana que gusta a la gente. Además, Yunes Zorrilla sí cuenta con un amplio proyecto para transformar a Veracruz, pues asegura que uno de los principales problemas que enfrentará será la criminalidad con inteligencia; buscará colocar a Veracruz, otra vez, en los primeros lugares a nivel mundial en materia de exportaciones y cuenta con un amplio programa de promoción turística en todo mundo para que Veracruz sea una potencia, pues el estado tiene con todos los recursos –litorales, cultura, gastronomía, zonas verdes, entre otras –para lograrlo.

Sobre el otro candidato, Polo Deschamps, de Movimiento Ciudadano, ni hablar. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Se asegura que dado el posicionamiento de José Yunes Zorrilla existe una amplia posibilidad de que en Veracruz MORENA se lleva una gran sorpresa si es que no se roban la elección o la operan con el crimen organizado, como ocurrirá en otras entidades.

Ante los escándalos de presunta corrupción que envuelven a Rocío Nahle, José Yunes Zorrilla presentó una denuncia ente la Fiscalía  General de la República en contra de Rocío Nahle por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El candidato Yunes dijo que para reunir todo el dinero que Nahle dispone habría tardado 39 años, debe responder a los veracruzanos de dónde obtuvo su fortuna para comprar casas de alto nivel económico. “La candidata de MORENA al gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco”, expuso Yunes Zorrilla.

Y exigió que la FGR la investigue.

El secuestro de sesenta y seis personas, en unas cuantas horas del viernes 22, demuestra no sólo la división interna –o fractura –que enfrenta el cártel de Sinaloa sino su poder en esas entidad y en cien países. Pero en Sinaloa, su asiento,  los cabecillas de “esa banda”, como dijo el presidente, imponen desde alcaldes hasta gobernadores.

El cártel de Sinaloa, cuya nueva etapa comenzó en el año 2000, durante el sexenio de Vicente Fox con la fuga de Joaquín Guzmán Loera –“El Chapo”, sobre quien pesa una cadena perpetua en Estados Unidos –se afianzó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el grupo criminal más poderoso del país.

Detrás de cada triunfo gubernamental de los candidatos de MORENA, de inmediato, arriba el cártel de Sinaloa para ocupar el territorio. Ha sido el caso de Sonora, Baja California, Veracruz, Guerrero, Michoacán y recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que las huestes de Ismael “El Mayo” Zambada –el más longevo de los capos en operación –se afincó en Tamaulipas tras el triunfo de Américo Villarreal. Ahora Zambada está asociado con el cártel del Golfo, en otro tiempo sus acérrimos enemigos.

En un amplio reportaje publicado por el periodista Tim Golden, del New York Times, se afirma que el cártel de Sinaloa financió la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. En ese tiempo, dice Goldem, el grupo criminal entregó dos millones de dólares a un equipo cercano al entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Goldem –dos veces premio Pulitzer –se basó en los testimonios que ante la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, rindió un testigo protegido que responde al nombre de Roberto López Nájera y que en el sistema de testigos tiene el nombre de “Jennifer”.

Este personaje aseguró, según lo que cuenta Tim Goldem, que uno de los enlaces entre López Obrador y el cártel de Sinaloa fue el empresario marmolero Francisco León García, conocido en La Comarca Lagunera como “Pancho León”.

Millonario, dueño de hoteles en Acapulco, “Pancho León” era amigo de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entonces miembro del cártel de Sinaloa. Pertencía a la célula de los hermanos Beltrán Leyva.

López Nájera arribó un día a la embajada de Estados Unidos en México y contó una historia que convenció a los agentes de la DEA. En ese tiempo, ese personaje era abogado de Édgar Valdez Villarreal, “la Barbie”.

Y ante los agentes de la DEA, López Nájera contó algunos pormenores respecto de cómo se hacía llegar el dinero del cártel de Sinaloa para la campaña de López Obrador en 2006.

Sin embargo, el famoso testigo Jennifer no goza de crédito al menos en México. Fue utilizado por la extinta Procuraduría General de la República como testigo de cargo en múltiples investigaciones. Todas terminaron derrumbadas porque los testimonios de Jennifer no pudieron probar ninguna de las acusaciones.

En 2008, el gobierno de Felipe Calderón realizó en la PGR la llamada Operación Limpieza. Se trataba de una limpia al interior de la institución donde funcionarios, incluidos militares, estaban presuntamente ligados al cártel de Sinaloa y en particular a los hermanos Beltrán Leyva.

El testigo Jennifer fue un instrumento de batalla: declaró en contra de Javier Herrera Valles, quien incriminó a Genaro García Luna por brindar protección al cártel de Sinaloa cuando era secretario de Seguridad Pública: también le pasó cuchillo al exsubprocurador Noé Ramírez Mandujano, quien entonces era titular de la Siedo y, de igual forma, acusó de ligas con el narco al general Tomás Ángeles Dauahare, en ese tiempo subsecretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, los incriminados recobraron su libertad por falta de pruebas, pues el testigo nunca pudo probar sus dichos.

López Nájera gozó de impunidad tanto en México como en Estados Unidos, pues fungía como testigo protegido de la DEA y de la PGR. En México el testigo se volvió omnipresente. Aparecía como testigo de cargo en gran parte de los expedientes, como el hubiera militado en todos los cárteles, decía conocer las relaciones de altos funcionarios con el narcotráfico. Pero nada de lo que declaró se sostuvo en tribunales, pues los acusados por él tuvieron que ser liberados al no demostrarse sus vínculos criminales.

Ahora Tim Goldem revive un viejo expediente que data del año 2011, cuando la DEA investigó el supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador; ese expediente fue desechado, incluso, por inconsistente, pues nunca se pudo probar que el grupo criminal pagó la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

En su habitual conferencia mañanera, López Obrador dijo que se trataba de una calumnia; pidió a Estados Unidos que si tiene pruebas que las exhiba o de lo contrario ofrezca una disculpa pública. Y añadió que este tipo de publicaciones siempre aparecen en etapa electoral. México y Estados Unidos actualmente atraviesan una etapa preelectoral donde surgen todo tipo de descalificaciones.

EL CÁRTEL OFICIAL

El año pasado, en el transcurso de un mes y medio, el cártel de Sinaloa sufrió dos fuertes embates: la captura de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, y la de Aureliano Guzmán Loera, “El  Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien encabezaba uno de los cuatro bloques que conforman a esa organización criminal que tiene dominios en más de cien países. Junto con “El Guano” fueron capturados por efectivos del Ejército Mexicano tres sicarios en un operativo conjunto con fuerzas estatales de Sinaloa al realizar recorridos aéreos en la zona serrana del municipio de Badiraguato, la tierra de los capos más emblemáticos de Sinaloa.

Autoridades federales informaron que durante un operativo aéreo elementos militares y policías observaron camionetas estacionadas en un lugar poco enmontado y, seguido de ello, personas armadas que, al notar a las autoridades, abordaron las unidades para huir.

Al aterrizar, los militares interceptaron a los hombres en posesión de siete armas largas –una de ellas tipo Barret calibre .50 –, aditamentos lanzagranadas , un arma corta, dos granadas decenas de cargadores y municiones , casos, chalecos tácticos y una cantidad de hierba que, según las autoridades, es parecida a la mariguana.

Tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien ya fue extraditado — el cártel de Sinaloa no sufrió ninguna merma, pues mantiene un férreo control en veinticinco estados.

Además, continúa exportando drogas a Estados Unidos, principalmente fentanilo, y, por si fuera poco, conserva la hegemonía de ser la organización criminal más poderosa del mundo, de acuerdo con la Agencia Antidrogas Norteamericana, la DEA.

Hasta enero pasado –y pese a la captura de Ovidio Guzmán –el cártel de Sinaloa mantenía sus cuatro bloques muy sólidos, pero la detención de Aureliano Guzmán hizo que cambiara el esquema.

Ahora sólo quedan dos alas que se disputan el poder porque no existen buenas relaciones al interior: un frente quedó bajo la tutela de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, hijos de “El Chapo y medios hermanos de Ovidio Guzmán; el otro sigue bajo el mando de Ismael “El Mayo” Zambada, el capo más longevo del narcotráfico mexicano, sobreviviente de muchas batallas a lo largo de décadas que, de acuerdo con la DEA, es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa.

Ambos bloques controlan más de la mitad del territorio nacional, siguen teniendo amplios controles en América Latina y otros continentes y una hegemonía muy poderosa en al menos cien países, de acuerdo con la DEA, pues han mantenido muy bien aceitadas sus redes internacionales.

El cártel de Sinaloa cobró notoriedad en el año 2001, luego de que su jefe máximo de entonces –Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –se fugara del penal de Puente Grande, en Jalisco; en esa etapa inició la expansión del grupo criminal entonces conformado por Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”; “El Mayo” Zambada”, Ignacio “Nacho” Coronel, entre otros, que construyeron la más poderosa mafia de narcotráfico de los últimos veinte tres años.

Actualmente el cártel se mantiene intocado en su estructura operativa y financiera, pues hasta ahora el gobierno de la Cuarta Transformación no ha podido desmantelar el patrimonio criminal de esa agrupación del crimen organizado, por lo que se mantiene boyante y bien cimentada su base económica.

Como organización criminal, Sinaloa es el más poderoso de América Latina. Sólo rivaliza con el cártel de Jalisco Nueva Generación, otrora su brazo armado; ambos grupos mantienen el monopolio de las drogas sintéticas en el país y se disputan el mercado del fentanilo, una de las drogas más letales y adictivas que tan sólo en el año 2021 dejó cien mil muertos en Estados Unidos por sobredosis.

El cártel de Sinaloa se apresta a conquistar la Ciudad de México, uno de los principales mercados de alto consumo de drogas, y para ello ha incrementado su presencia a través de operadores y representantes, quienes realizan tareas de relaciones públicas, reciben cargamentos y distribuyen una alta gama de narcóticos entre los consumidores.

Lo anterior ya fue reconocido por las autoridades capitalinas, entre otros, por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, quien aceptó que el cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada ha decido apoderarse del mercado de la ciudad de México.

En la capital del país operan cuatro cárteles: Unión Tepito, cártel de Tlahuac, Grupo Anti-Unión y cártel de Neza, todos ellos rivales; ahora, las autoridades han detectado una fuerte presencia del cártel de Sinaloa y amplias redes de operadores que responden a los intereses de Rafael Caro Quintero, el capo que en 2013 fue liberado mediante argucias legales sin sustento.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, el llamado “presidente de la guerra”, el cártel de Sinaloa mantuvo el control de la capital del país: tuvieron exclusividad en las operaciones de recepción de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el verdadero jefe de la mafia era Rey Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada.

En aquellos años, el cártel de Sinaloa, entonces comandado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, recibían cargamentos de droga procedentes de Centroamérica y Sudamérica en aviones comerciales; la organización criminal también mantuvo un fuerte control entre el personal de las aduanas, pues muchos funcionarios eran, en realidad, operadores del crimen organizado.

El cártel de Sinaloa es el grupo criminal que más creció durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Por ello, la organización criminal tiene presencia en 22 de los 31 estados de la República, con centros importantes en la Ciudad de México, Tepic, Nayarit; Toluca, Estado de México; Zacatecas, Guadalajara y gran parte del estado de Sinaloa. El cártel está involucrado en el tráfico de cocaína, droga que le surten sus socios colombianos. También ha incursionado en el trasiego de drogas sintéticas –el fentanilo y otras –que introducen a Estados Unidos.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital del país, el cártel de Sinaloa ha enviado a representantes a la ciudad de México para intentar expandir su presencia en el mercado de los narcóticos.

La confirmación de lo anterior se efectuó tras la ejecución de varias detenciones de personajes relacionados con “El Mayo” Zambada, jefe de la organización. García Harfuch también reconoció la presencia de Sinaloa en la capital del país cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México:

“Se registraron dos detenciones en 2021, pero en diciembre tuvimos otras cuatro y en enero hicimos dos aseguramientos importantes de droga, donde tienen vínculos grupos criminales del norte del país.

“En Concreto sí creemos que hay una presencia y una intención de entrar al mercado de la ciudad de México, pero tengan la seguridad de que estamos alerta para continuar deteniendo a estas personas”, dijo el funcionario, quien es hijo de Javier García Paniagua, un político jalisciense que fue titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el gobierno de José López Portillo.

–¿Desde cuándo detectaron que el cártel de Sinaloa tiene presencia en la Ciudad de México? –se le preguntó a García Harfuch.

“Nosotros creemos que estas organizaciones grandes siempre han tenido presencia en la ciudad de México y constantemente, al ser organizaciones delictivas con grandes recursos, siempre van a intentar tener mayores espacios en la ciudad de México.

Diversas detenciones de personajes ligados al cártel de Sinaloa permiten confirmar que ese grupo criminal ya opera abiertamente en la capital del país.

El pasado 5 de febrero de 2022, por ejemplo, se realizó la detención de un sujeto ligado al cártel de Sinaloa en la ciudad de México, Su nombre: Josué Ramón “M”, apodado “El Pollo”. Fue capturado por elementos de la Marina en el barrio de Tepito.

La detención se efectuó tras la implementación de un operativo de seguridad conjunto entre la Marina y elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También fueron cateados ocho domicilios en zonas aledañas que eran refugios de “El Pollo”.

Durante el operativo se estableció un perímetro entre las calles Granada, Gorostiza, Tenochtitlán, Toltecas y Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos. El resultado fue la detención de dos sujetos más y una mujer, quienes fueron acusados de almacenar y comerciar con drogas.

El 15 de mayo de 2021, personal de la SSC capturaron a Gilberto Pérez Camacho, “El Mex”, quien fungió como enlace del cártel de Sinaloa en la ciudad de México.

Según la ficha criminal, “El Mex” recibía cargamentos de droga en pistas clandestinas del estado de Puebla, las cuales provenían de diferentes partes de Sudamérica y eran transportados por pilotos mexicanos y extranjeros, quienes estaban bajo las órdenes del presunto criminal.

No es todo: El 13 de enero último, policías de la Ciudad de México arrestaron a Rodolfo Moreno y Marco Murguía mientras circulaban a bordo de un vehículo BMW blanco. Iban armados y llevaban consigo cinco paquetes de cocaína. La detención se efectuó en la avenida presidente Mazarik, en la colonia Polanco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los detenidos –de 21 y 27 años de edad –notaron la presencia policial, por lo que aceleraron la marcha del vehículo e intentaron cambiar de dirección. Por ello les fue marcado el alto. Cuando descendieron fueron inspeccionados y en el interior del automóvil fue hallada la droga, así como armas cortas, una de ellas, según las autoridades, estaba bañada en oro.

Las autoridades aseguraron que los detenidos son originarios de Sinaloa y Sonora, respectivamente; el mayor de ellos, dicen los reportes, está relacionado con una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas.

EL AUGE CRIMINAL

Después del proceso electoral del 6 de junio de 2021, donde el Partido de Regeneración Nacional (MORENA) lo ganó casi todo, el cártel de Sinaloa se posicionó en territorios que anhelaba pero que no podía controlar debido a la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), su acérrimo rival en el mundo de las drogas.

Ahora, con los triunfos de MORENA en Sinaloa, Sonora y Baja California, el cártel que comanda Ismael “El Mayo” Zambada se colocó como la primera fuerza criminal en la zona norte del país y, a través de diversas alianzas, ahora domina todo ese corredor, uno de los más importantes en el tráfico de drogas –entre ellas la cocaína, heroína, drogas sintéticas y fentanilo –así como el tráfico humano, otro de los negocios boyantes de esa organización criminal.

Se asegura que los operadores del cártel de Sinaloa fueron una pieza clave para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuviera el triunfo en trece de las quince gubernaturas que se disputaron en junio de 2021; con ello, el grupo sinaloense más poderoso del mundo se colocó como una fuerza criminal importante. Lo curioso de todo esto es que ninguno de sus miembros son perseguidos por la justicia, a pesar de que su líder –“El Mayo” Zambada –es reclamado por la justicia estadunidense por tráfico de estupefacientes y existe una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.

Con el posicionamiento logrado en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California –además de los municipios aledaños a estas entidades –el cártel de Sinaloa ya cuenta con un amplio dominio territorial que lo convirtió  en un cártel más que boyante en el mercado de las drogas.

Y es que su dominio territorial le permite diversas facilidades para traficar drogas hacia Estados Unidos. Una ciudad clave para este propósito es Tijuana, donde el cártel del mismo nombre encabezado por los Arellamo Félix han establecido alianzas con los sinaloenses, algo que habría sido impensable en la época de Benjamín y Ramón Arellano, fundadores del legendario y violento cártel de Tijuana, uno de los primeros que logró alianzas internacionales: se asoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento guerrillero que se ligó al tráfico de drogas en la década de los ochenta y noventa.

El cártel de Sinaloa lo ha tocado absolutamente todo desde que fue reactivado, en el año 2001, tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien se evadió del penal de Puente Grande dieciséis días después de que el entonces presidente Vicente Fox tomó posesión como presidente de la República.

Ese grupo criminal fue, en estricto sentido, un proyecto de la derecha: se rearticuló con Fox y se consolidó con Felipe Calderón –el llamado “presidente de la Guerra” –en cuyo gobierno esa organización criminal tuvo la capacidad para tener a su disposición una secretaría de Estado: la Secretaría de Seguridad Pública que encabezó en ese sexenio Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección a esa organización criminal.

Con Enrique Peña Nieto, los líderes de ese cártel –Juan José Esparragoza Moreno, El Azul”; Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca fueron perseguidos puntualmente, todo lo contrario, se les brindó cobijo oficial. Debido a la presión internacional que ejerció el gobierno de Estados Unidos, en el segundo tramo de ese periodo gubernamental el entonces poderoso líder de ese clan empezó a ser buscado. Fue en 2014 cuando dieron con su paradero y lo encarcelaron en el penal de La Palma, de donde otra vez se fugó con apoyo gubernamental. Se dijo que mandó a cavar un túnel y por ahí se escapó. La realidad es que le abrieron la puerta.

Esparragoza Moreno, “El Azul”, optó por autodesaparacerse: lo dieron por muerto, según la versión de su familia, falleció después de sufrir un accidente automovilístico. Pero hasta la fecha ninguna autoridad extranjera ni mexicana ha confirmado que el capo esté muerto. Un dato que nos aproxima a considerar que esté vivo es que en el actual gobierno se consolida el proyecto que él siempre anheló: construir una Federación de organizaciones criminales que controlen el negocio del tráfico de drogas en el país, que se pongan de acuerdo en el manejo de los negocios y territorios y que no generen violencia. Todo indica que el gobierno de la Cuarta Transformación consideró viable ese proyecto. Por ello, les concedió los territorios al crimen a cambio de que MORENA obtuviera triunfos arrolladores, como ocurrió, e la elección del pasado 6 de junio.

Así, el proyecto criminal y político se consolida.

Todo esto viene a cuento precisamente porque el cártel de Sinaloa ha negociado con todos los gobiernos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ese grupo criminal lavó dinero a través de diversas empresas que son investigadas en Andorra, España, junto con el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades de Andorra, el abogado postulante –quien está preso desde julio de 2019 – cobró en ese paraíso fiscal 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear fondos, según una denuncia periodística del diario “El País”.

En total son catorce empresas con cuentas en la banca privada de Andorra a las que recurrió para lavar su dinero la organización de “El Chapo” Guzmán. Según el periódico español, entre 2009 y 2013, movieron sumas multimillonarias a esa institución financiera, cuyo objetivo fue lavar los fondos.

Dice “El País” que las sociedades supuestamente eran instrumentos, no tenían actividad real y fueron empleados también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales.

Para indagar quien o quienes se esconden tras el patrimonio de Collado –presuntamente los expresidentes Salinas y Peña, entre otros políticos acaudalados –las autoridades de Andorra solicitaron en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaran dinero al letrado, por ser su eslabón imprescindible  a fin de determinar el origen de los fondos.

También se pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA –entre otras unas 14 que fueron usadas por el cártel de Sinaloa –para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.

En todo este enjuague está implicado el abogado Collado Mocelo, quien sigue preso en una prisión de la ciudad de México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Seis son los cárteles que se disputan el control territorial en el estado de Guerrero, donde se viven días cruentos, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación sigue escalando al más alto nivel. A esta ola de violencia y muerte se han sumado “Los Ardillos”, el cártel de Guerreros Unidos y Los Tequileros. Éstos últimos son quizá los más violentos y sanguinarios, a quienes se les atribuye la crisis de las desapariciones forzadas, los entierros clandestinos, las decapitaciones y el descuartizamiento de cuerpos humanos. Nada frena al crimen, ni la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas, cuyos miembros parecen turistas y no combatientes de la criminalidad.

El estado de Guerrero, con todo y su gobierno, encabezado por Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado Macedonio, viven días de suplicios, muertes, miedo y zozobra. Ni se diga la corrupción institucional, galopante por doquier: alcaldes y funcionarios menores de los Ayuntamientos conviven abiertamente con la delincuencia organizada ya sin recato alguno. Es el descaro, pues ya no se sabe dónde termina la delincuencia y en qué límite empieza el gobierno. La línea divisoria está borrada.

A la desatada violencia causada por el crimen organizado –que opera con abierta impunidad y protección oficial –se sumó, la madrugada del martes 24 de octubre de 2023, la arremetida de Otis, el huracán que en cuestión de horas pasó de la categoría dos a la cinco, algo sorprendente incluso para los metereólogos, pues no pudieron prever que una simple tormenta tropical alcanzara tal magnitud en tan poco tiempo. Hasta en la hora de su entrada los pronósticos fallaron: el huracán se encontraba a 70 kilómetros de Acapulco y hubo contradicciones hasta para precisar la hora exacta para que tocara tierra no obstante que las rachas de viento se calcularon en más de doscientos kilómetros por hora.

Pero después de Otis otro huracán llegó a Guerrero para quedrse: la violencia.

De acuerdo con informes de la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del gobierno federal, Guerrero es una de las entidades con más grupos criminales: desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se calcula que en ese territorio operan unas 500 organizaciones del crimen organizado.

Todos los grupos criminales tienen una característica  singular –que ya se observa también en todo el país –: sus cabecillas, operadores y sicarios tienen líneas de parentesco con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y comandantes de la policía. Estos últimos, según datos oficiales, operan como jefes de plaza de cárteles como Los Ardillos –cuyos miembros gobiernan una veintena de municipios en esa entidad.

El cártel de Los Ardillos, de acuerdo con sus antecedentes, se fundó en el año 2000. Sus jefes son los hermanos Celso, Álvaro y Jorge Ortega Jiménez. Este grupo criminal ha impuesto su ley en Guerrero: gobierna una veintena de municipios, como ya se dijo, pero otros aliados, como la alcaldesa de Chilpancingo –Norma Otilia Hernández –quien hace unos meses apareció en al menos un par de videos desayunando y haciendo planes con Celso Ortega Jiménez, una de las piezas de ese grupo criminal. En una de las reuniones también aparece el esposo de la alcaldesa, Diego Omar Beningno González, presuntamente ligado a ese cártel.

La alcaldesa no tuvo otra salida más que aceptar que sí se reunió con Celso Ortega cuando arribó al poder municipal, pero negó –algo dudoso –que el encuentro no fuera para pactar con los criminales. ¿Entonces para qué se reunió?, le preguntaron. “Fue algo fortuito”, dijo titubeante. Y añadió: “Esperemos a que la Fiscalía General de Investigación termine la indagación que inició”.

Pero en una entrevista reciente que le concedió a la televisora Latinus, el líder de “Los Ardillos”, Celso Ortega Jiménez dijo que el encuentro con la alcaldesa de Chilpancingo no fue fortuito: “Nos pudimos de acuerdo para la reunión y para hablar de negocios”.

Y añadió que cuando él formaba parte del cártel de Los Zetas le aportaron dinero a la campaña presidencial de a Andrés Manuel López Obrador, en 2006; que esto también lo sabe Heriberto Treviño Morales, “El Z-40”, detenido en 2012, porque también aportó ayuda económica para esa campaña.

Como consecuencia de estas declaraciones, la Fiscalía General de la República solicitó al líder criminal de Guerrero que por cualquier vía ratifique sus dichos; también se abrió una carpeta de investigación para averiguar si en ese año (2006) hubo dinero del crimen organizado en la campaña de López Obrador.

Algo parecido publicó  Tim Golden, exreportero de New York Time, en un reportaje publicado en Pro-Pública en el que, con base en testimonios, sostiene que el cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de López Obrador en 2006 con dos millones de dólares. Sin embargo, la FGR no se ocupó de indagar nada al respecto, como sí lo hizo ahora con el jefe del cártel de “Los Ardillos”, Celso Ortega.

Así como Norma Otilia Hernández –la alcaldesa de Chilpancingo — existen cientos de alcaldes dentro y fuera de Guerrero que forman parte de la delincuencia organizada o han entrado en negociaciones con jefes de cárteles.

Eso explica la violencia que azota a Guerrero y que es muy parecida a la etapa en la que Félix Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda. En esa etapa el actual senador de MORENA permitió la entrada del grupo de Los Beltrán Leyva, encabezado por Arturo –“El Barbas” –asesinado durante un enfrentamiento en 2010 en Cuernavaca, Morelos.

Beltrán Leyva vivía cómodamente en Guerrero, a la sombra del poder municipal. Junto con él operaba Édgar Valdez Villarreal –“La Barbie” –, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entre otros narcotraficantes temibles que bañaron de sangre a esa entidad del Pacífico mexicano. Los daños causados resultaron irreparables.

Y actualmente el estado se desangra todos los días y la sociedad no termina de recuperarse por los daños causados por Otis. Y es que a diario arremete un huracán de violencia. Seis cárteles se disputan a sangre y fuego el control territorial y el mercado de las drogas: Estos grupos son cártel de Sinaloa, Jalisco, Tequileros, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos. Todos estos cárteles están en guerra y ya rebasaron la capacidad de las autoridades para lograr la pacificación del estado, uno de los más conflictivos junto con Guanajuato y Zacatecas.

Territorio codiciado por los varones de la droga, Guerrero ahora está tomado por más de cuatrocientas organizaciones criminales –otros cálculos dan cuenta de 500 grupos — de acuerdo con informes de la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC).

Se trata de grupos poderosos como el cártel de Sinaloa, Jalisco, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero también células delictivas tan perniciosas y violentas como Los Ardillos, el cártel de la Sierra del Sur, La Familia Michocacana, entre otros.

Pero lo que convierte a Guerrero en un estado violento es que en cada uno de sus municipios y agencias municipales operan grupos criminales conformados por familias que se dedican al secuestro, cobro de piso, trata de personas, venta de protección y que, además, están ligados con ramajes criminales que, a su vez, tienen protección política: son familiares o cómplices de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y de los comandantes policiacos, brazos ejecutores del crimen.

Son estos jefes policiacos los que se encargan, en muchos casos, de las ejecuciones o desaparición de personas por órdenes de los cárteles; ellos mismos realizan las detenciones y luego entregan a las personas a los grupos contrarios para los que trabajan para ser ejecutados.

De esta forma, el cambio de gobierno en Guerrero de poco sirvió: Evelyn Salgado, la gobernadora, sigue las indicaciones de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2004 fue ligado al cártel de Sinaloa cuando fungió como alcalde de Acapulco. Y tales vínculos no parecen haberse extinguido a la fecha.

En Guerrero todo huele a delito. Y es que en los hechos la ley no existe, por ello ocurren de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel; los cárteles que se disputan el territorio son “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, Los Ardillos” –éste con amplias ramificaciones políticas –, la célula Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta con jefes policiacos, éstos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales.

El cártel de Los Ardillos, por ejemplo, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Éste último fue alcalde de Quechulaltenando por el PRD en los años 2002-2005 y diputado local por ese mismo partido en dos periodos: 2005-2008 y 2012-2015.

Controlan una veintena de municipios, entre otros, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Atlixtlac, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo, la capital del estado.  Con todos estos grupos pactó Salgado Macedonio para alcanzar el poder. De otra forma, imposible.

El cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controlan grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en Guerrero ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.

EL CRIMEN ES LEY

Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

El nivel de violencia se exacerbó en Guerrero en 2021, a grado tal que el crimen organizado arremetió en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby Ó, a la cual le prendieron fuego y terminó incendiada.

Según el dueño de la discoteca –una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República –Eduardo Cesarman la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos.

Después del incendio en la discoteca el crimen organizado  exigió a otros negocios pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen. El negocio es para todos.

No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la Guerra”. E insistió en que seguirán “combatiendo las causas”, aunque resulte una política fallida. ¿Pago de facturas?

Esto lo expresó a propósito de la violencia que azota a Michoacán, donde unos cinco cárteles, entre otros el de Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios y Los Viagras están enfrentados por el control del estado.

En Michoacán –al igual que en Guerrero –las autoridades están enfrentadas por el control del territorio y los recursos naturales, como la minería, el litio, las zonas aguacateras, por citar sólo algunos negocios que son atractivos para los criminales.

Pese al elevado nivel de violencia, ni el Ejército ni la Guardia Nacional han podido detener la ola delictiva, sobre todo, porque tienen órdenes de no usar la fuerza. De esta forma, el país difícilmente podrá entrar en una etapa de pacificación, como lo prometió el mandatario al tomar posesión de la presidencia, en diciembre de 2018.

Territorio de guerras y muerte, Guerrero no encuentra la pacificación desde hace por lo menos dos décadas: el crimen organizado, con sus múltiples tentáculos, mantiene una vierta disputa por el control territorial, sobre todo la región productora de amapola, de donde sale la mayor parte de la producción  de goma de opio (base de la heroína) que se consume en Estados Unidos.

Gobiernos van y vienen y la violencia galopa, impune, en todo el estado de Guerrero donde actualmente operan catorce grupos criminales, con todas sus ramificaciones, las cuales están vinculadas a los presidentes municipales, regidores, síndicos y a los comandantes de la policías locales, convertidos en brazos armados del crimen organizado.

Aunque desde el 2019 el gobierno federal incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas en Guerrero, lo cierto es que los cárteles de la droga avanzan en el control de los territorios, desplazando a las autoridades, según reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado.

Informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana sostienen que en Guerrero el crimen ha ido ganando terreno en el control geográfico. El cártel de Los “Ardillos”, por ejemplo, que hasta hace tres años sólo tenía presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones situadas tanto en la Montaña Baja como en la Montaña Alta.

Encabezados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, “Los Ardillos ejercen el poder criminal al extremo. De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de Guerrero, quien pidió el anonimato, contra este grupo criminal existen unas veinte carpetas de investigación por tráfico de drogas, homicidios y extorsiones, pero se encuentran archivadas.

El poder del narcotráfico en Guerrero rebasa, por mucho, a las autoridades del estado. Y es que todo el territorio está invadido de células criminales. Un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) del 2018 reveló que en esa entidad operan más de 450 organizaciones criminales, entre cárteles y células.

Estos grupos, ligados a las autoridades municipales, caciques y policías, están diseminadas por todas partes y su portafolio de actividades ilícitas es inmenso: trabajan con extorsiones, secuestros, cobro de piso, despojo de propiedades, venta de protección, piratería, contrabando, cobro de cuotas a negocios, comercio establecido e informal, cantinas, bares, burdeles y, por si fuera poco, también regentean a mujeres de la vida galante, quienes tienen que pagar sus respectivos impuestos al crimen para poder ejercer la prostitución.

Actualizado hasta el 2020, el mapa de ubicación de los grupos criminales da cuenta de la alarmante expansión del crimen organizado en Guerrero:

–El cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera, opera en veinte municipios.

–La Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga –éste conocido como “El Pez” –controla diecisiete demarcaciones.

–Guerreros Unidos, uno de los más violentos, también está inmerso en la disputa territorial. Este cártel lo encabeza Alfonso Deloya, “El Medusa”.

–En el mapa criminal guerrerense también destaca el cártel de “Los Granados”, dirigidos por Rubén y Salvador Granados Vergas. Su territorio abarca varios municipios de Tierra Caliente.

–Los Rojos, el cártel que hasta 2018 dirigió Santiago Mazari, “El Carrete” –detenido hace un año y medio –opera en un radio de acción más amplio: además de Guerrero, su presencia se extiende hasta Michoacán, Estado de México , Morelos y la Ciudad de México.

–El cártel Independiente de Acapulco (CIDA), cuyo control es fuerte en las costas, está encabezado por Irving Macedo Acevedo.

El grupo criminal con más antigüedad es la organización Beltrán Leyva, cuyas operaciones en Guerrero se conocieron desde el año 2001, poco después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco.

En aquel entonces, la organización era encabezada por los llamados Tres Caballeros –Arturo, Alfredo y Héctor –quienes construyeron un imperio criminal cuya base de operaciones era el estado de Sinaloa y Sonora, cuyos tentáculos se extendieron hasta Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán.

En 2004, cuando el alcalde de Acapulco era Félix Salgado Macedonio –actualmente senador de la República y candidato de MORENA al gobierno de Guerrero pese a tener dos acusaciones por violación –los hermanos Beltrán Leyva operaban en Acapulco. Su brazo derecho era Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” –actualmente preso en Estados Unidos bajo cargos de delincuencia organizada –y la principal guerra que enfrentaban por el control de la plaza era con Los Zetas.

Desde el 2020 la guerra entre cárteles se ha agudizado en Guerrero, sobre todo, después de que el Cártel de Jalisco selló una alianza con “Los Tequileros”, otro cártel poderoso, para enfrentar a La Familia Michoacana.

De lo anterior da cuenta un video difundido en enero de 2020, en el que un sujeto identificado como “La Mula”, líder del cártel de “Los Tequileros”, lanzó una advertencia para La Familia Michoacana y anunció su alianza con la organización que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En la grabación, que dura un par de minutos, a lo mucho, “La Mula” amenaza a uno de sus rivales, a quien llama “El Zarco”; también arremete contra “El Médico”, Francisco Maldonado Bustos, “Don José”, o gente de “El Pescado”, todos ellos relacionados con La Familia Michoacana.

Y es que La Familia Michoacana lucha por el control territorial, sobre todo en los municipios de San Rafael y Zirándaro, donde mantienen un cerco y ejercen constante terror en contra de la población. Esta zona está en disputa desde hace varios años entre La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco. Ni la presencia de la Guardia Nacional ha podido frenar la violencia.

LOS TEQUILEROS

El municipio de San Miguel Totolapan está considerado el más violento de la zona Tierra Caliente, Guerrero: Pueblos enteros han sido abandonados por sus habitantes, como consecuencia de la violencia exacerbada que ejercen los cárteles de la droga. Aquí la ley la impone el cártel de “Los Tequileros”, organización delictiva que se caracteriza por su violencia extrema. Sus miembros son los más sanguinarios.

San Miguel Totolapan –territorio de asiento de “los Tequileros” –, es uno de los municipios más pobres de esa región. Las autoridades del estado reconocen que algunas familias viven de la siembra y cultivo de amapola. Por eso el narco los mantiene capturados.

El cártel de “Los Tequileros” tiene historia: surgió de una escisión que sufrió la organización “Guerreros Unidos”, una de las organizaciones más violentas, que opera en Tierra Caliente y al norte de Guerrero. La disputa territorial de “Los Tequileros” es con el cártel de la Familia Michoacana. Y los territorios que están en guerra son Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro y Coyuca de Catalán.

El líder del cártel, apodado “El Tequilero”, trabajó con “El Chente”, líder de Guerreros Unidos hasta antes de su captura, en 2014. Tras este hecho, se separó del cártel y se independizó. Los tentáculos de este cártel crecieron con cierta rapidez: de operar en San Miguel Totolapan y La Gavia, ahora controlan diez municipios.

De acuerdo con informes policiacos, se caracterizan por la amenaza. Extorsionan a los alcaldes de la región, explotan la industria del secuestro y para ello utilizan los servicios de su grupo armado –Las Fuerzas Especiales Tequileras –las cuales actúan ejecutando los plagios para luego cobrar los rescates. Quien no paga, se muere, es su leyenda.

El Cártel de “Los Tequileros”, de acuerdo con las autoridades, también opera con extorsiones, cobro de cuotas o piso. Explotan el terror a través de las redes sociales, a través de las cuales lanzan amenazas, exhiben videos de sus víctimas y presionan a sus familiares para que paguen los rescates.

Disponen de armamento de alto poder –rifles de asalto Ak-46, granadas y pistolas de largo alcance –con las que mantienen bajo amenaza a toda la región.

Uno de sus crímenes más horrendos fue el de Carlos Salanueva, dirigente municipal del PRI en Ajuchitlán del Progreso: su cuerpo fue hallado completamente descuartizado. Junto a los despojos, un cartelón decía: “Esto les va a pasar a quienes apoyen a la FM (Familia Michoacana), atentamente, “El Tequilero”.

El grupo criminal, según las radiografías criminales elaboradas por las autoridades de Guerrero, son uno de los cárteles más sanguinarios, pues no sólo asesinan: también decapitan, descuartizan los cuerpos y los desaparecen.

Así, Guerrero vive en la zozobra, entre la violencia del crimen organizado y las consecuencias de  Otis, el huracán que azotó el territorio la madrugada del martes 24 de octubre de 2023 causando, en minutos, destrozos millonarios todavía irreparables.

Chiapas vive un nuevo episodio de Guerra. Esta vez están enfrentados los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, grupos que se disputan el tráfico de drogas que proviene de Sudamérica, así como el tráfico de migrantes. Es la frontera más porosa pero actualmente la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, la considera una de las más peligrosas de México. No hay fecha para que se restablezca el orden. Según información de inteligencia, esa entidad está controlado por seis cárteles que se disputan una de las rutas más codiciadas por el crimen organizado. Por ahí entran a México cuantiosos cargamentos de droga, armas y ganado robado proveniente de Centroamérica, particularmente de Guatemala, que en sus panzas llevan bolsas con cocaína. El crimen goza de absoluta impunidad, pues a pesar de la guerra de alta intensidad que libran cárteles como Sinaloa, Golfo, Zetas, Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y el de San Juan Chamula, ninguna autoridad frena las matanzas, secuestros y el pernicioso trasiego de estupefacientes y migrantes que, provenientes de Centroamérica, arriban a México por Chiapas. A todo esto hay que sumar que en Chiapas emergió otro grupo criminal que se autodenominó cártel de Chiapas y Guatemala. Sus miembros están enfrentados con Sinaloa y Jalisco, a quienes quieren echar del estado “porque nos han robado la paz”.

La guerra de alta intensidad vuelve a sacudir al estado de Chiapas. Dos cárteles poderosos –el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa –están enfrentados por el control de la frontera con Guatemala, una de las más porosas y también considerada como ruta clave para el tráfico de drogas que proviene de centro y Sudamérica.

Y por si fuera poco, ahora emergió el cártel de Chiapas y Guatemala, una nueva organización criminal que está enfrentada con los cárteles de Sinaloa y CJNG por el control del estado.

La situación en Chiapas es crítica, pues no hay autoridad local ni federal que ponga orden en la entidad.

El epicentro de esta guerra frontal son los municipios fronterizos de Comalapa y El Porvenir; hace unos días, cientos de personas fueron testigos de un desfile en el que hombres armados con rifles de alto poder y metralletas, presuntamente miembros del CJNG, caminaban por las calles amenazando a la gente y gritando a sus enemigos de Sinaloa que salieran a la calle “para rompernos la madre”.

Comalapa  –comunidad donde habitan unas 81 mil personas dispersos por la selva lacandona –es el punto central del conflicto criminal entre los cárteles de Sinaloa y CJNG; se trata de una zona estratégica  de la frontera con Guatemala para el trasiego de drogas, precursores químicos y migrantes que cruzan por esa región en busca del llamado “sueño americano”.

“Existe un corredor central  para el tráfico de drogas  y migrantes; pasa por la Trinitaria, y Comitán hasta llegar al municipio de  San Cristóbal y de aquí a Tuxtla Gutiérrez”, dice una fuente de la DEA entrevistado para ahondar en los detalles del conflicto.

Y es que por el estado de Chiapas cruzan la mayoría de los cargamentos de droga que abastecen a los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Golfo, Tijuana, entre otros; en el pasado, esa entidad vivía una suerte de “pax mafiosa”, pues había pactos entre políticos del gobierno estatal, federal, policías y jefes del narcotráfico”, dice la fuente consultada.

Pero dicha “pax mafiosa” se rompió, afirma el agente de la DEA.

–¿Por qué? –se le pregunta.

–Los acuerdos no se respetaron y ahora ha brotado una guerra de alta intensidad. Hay más de 40 mil desplazados debido a la violencia y no hay fecha para que este conflicto termine: se van a exterminar unos y otros o bien surge un acuerdo algún día. Pero mientras esto último ocurre seguirán las matanzas, la violencia y el terror.

De ser una entidad donde criminales y políticos mantenían un pacto de impunidad, el estado de Chiapas pasó a ser tierra de disputas entre grupos del crimen organizado. La guerra es por el control territorial y el trasiego de droga de proviene de América Central, la más importante bodega de almacenamiento de estupefacientes que entran por el sureste y luego terminan en el voraz mercado de consumo: Estados Unidos. También se detona por el negocio del tráfico humano, en manos de los cárteles se trata de personas indocumentadas que utilizan esa entidad para cruzar de Centroamérica a México. El narco les cobra y los lleva a la frontera donde pueden pasar a Estados Unidos o bien ser repatriados. Muchos incluso mueren en el intento.

La guerra de lata intensidad en Chiapas está protagonizada por seis grupos criminales, pero informes de inteligencia del gobierno federal identifican también a organizaciones subversivas que, con el membrete de la lucha social, incursionaron en el tráfico de drogas y por ello defienden sus territorios a sangre y fuego.

Con base en los informes del gobierno federal, seis cárteles se disputan el control de Chiapas, entidad clave del Pacífico mexicano para el movimiento de drogas, armas, ganado robado y migrantes –negocios de la delincuencia organizada –que cruzan desde Guatemala a México por esa frontera porosa; luego, la droga viaja hacia Tabasco y de ahí puede ser enviada hacia el Caribe o bien al Golfo de México, vía Veracruz y Tamaulipas, para después introducirla a Estados Unidos a través del Valle de Texas. Si los cargamentos salen hacia El Caribe viajan hasta Miami, Estados Unidos.

Los seis cárteles que se disputan el estado de Chiapas, con base en los informes consultados, operan con varios delitos: secuestro, extorsión, venta de droga a granel incluida las sintéticas. Chiapas es estratégico como territorio para los grupos criminales: colinda con Centroamérica. En la entidad también se ha detectado la de grupos subversivos, pandillas como “La Mara Salvatrucha 13”, “Barrio 18”, entre otros.

Documentos de inteligencia consultados del gobierno federal revelan que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están enfrentados por apropiarse del control de los municipios ubicados en la costa del Pacífico. También quieren las demarcaciones fronterizas con Guatemala, todos estos territorios son estratégicos para sus actividades ilegales.

Los Zetas –según los informes citados –dominan la zona metropolitana y el centro del estado; con mayor fuerza están Los  Beltrán Leyva (o lo que queda de este grupo, desarticulado en 2010 tras la muerte de Arturo Beltrán, su jefe), Golfo y entre todos estos cárteles destaca el de San Juan Chamula, el cual está operando en quince regiones de la entidad.

Representado por Gilberto Zavala Páramo, “El Manco” y otro sujeto citado en los informes como “Don Gil”, Sinaloa y Jalisco, a través de José Inés Landero, “El Indio” o “El Apestoso” pelean por el control del corredor de Arriaga, Tonalá.

La disputa se extiende hacia Cintala, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Matazintla, Siltepec y Ángel Albino Corzo, entre otras demarcaciones ubicadas en las inmediaciones de la costa del Pacífico.

Dicen los informes: “El Manco se apoya en Faustino Damián Castro o Fausto Damián Castro, “El Patrón” o “El Jefe” o “El Chapulín.” Este sujeto está identificado por las autoridades federales como uno de los lugartenientes a cargo de las operaciones ilícitas en Huehuetán, Mazatán, Acapetahua, Suchiate, Frontera Hidalgo y Tapachula.

Con base en un mapa general del narcotráfico nacional, Los Zetas, encabezados por Adán Juárez Gómez, “El Pelón”, domina la región metropolitana que incluye zonas como Mezcalapa norte, Soconusco y Selva Lacandona, entre las que destacan las alcaldías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Berriozábal, Comitán de Domínguez, donde se concentra la mayor parte de los habitantes de la entidad, la cual colinda con Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Aunque está debilitado en su estructura y operación el cártel de Los Beltrán Leyva mantiene sus células activas en Chiapas: están encabezadas por Marco Antonio Zetina Ricardez, conocido en el mundo del hampa como “El Zetina”. Opera en el municipio de Palenque, colindante con Tabasco. Esta zona es considerada una de las rutas de paso de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Además del tráfico de drogas, ese grupo criminal también controla el tráfico humano.

Los informes de inteligencia consultados señalan, además, que el cártel de San Juan Chamula es otro grupo delictivo con fuerte presencia y poder en esa entidad del Pacífico. Lo encabeza un sujeto que en los reportes oficiales está identificado como “El Caracol”. Su radio de acción es la comunidad que lleva por nombre el del mismo cártel. Sus alcances llegan hasta los límites con Veracruz y Tabasco, donde también está presente el cártel del Golfo.

No es todo: En Chiapas operan decenas de grupos subversivos relacionados con el trasiego de drogas. Las áreas de inteligencia federales tienen detectada la presencia de pandillas juveniles, entre otras, Los Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dedicados principalmente a los homicidios y narcomenudeo en al menos doce localidades chiapanecas: Metapa de Domínguez, Mapastepec, Palenque, Pijijiapan, Ciudad Hidalgo. Los informes señalan que estos grupos también cuentan con una extraordinadia narcodinamica en Centroamérica.

La presencia de grupos subversivos radicales en Chiapas, entidad azotada por la pobreza y la marginación  de los pueblos originarios, data de varias décadas atrás. El gobierno federal tiene conocimiento de cinco distribuidos en regiones indígenas, principalmente.

Entre los llamados grupos subversivos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en 1994, en pleno cierre del gobierno de Carlos Salinas –quien pregonaba que México había entrado al primer mundo — declaró la guerra al gobierno y puso al descubierto que el país no formaba parte de los países ricos del orbe sino que seguía sumido en el subdesarrollo social y económico, como hasta ahora.

El EZLN opera en municipios como Ocosingo, Altamira, Larráinzar, Chenalhó, Las Margaritas, Altamirano, Tonalá, Palenque, Salto de Agua, Túmbala y Benemérito de las Américas.

Le sigue el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), presente en Villa Flores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Matazintla, San Cristóbal, Salto de Agua, Altamirano y Ocosingo.

Luego está el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y/o Organización por el Desarrollo de la Paz y Justicia, asesorada por Óscar Sánchez Alpuche, con el control de comunidades como Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Túmbala y Palenque.

Por último, la lista de organizaciones subversivas incluye a la organización paramilitar “Chinchulines”, que antes pertenecía a la organización para la Defensa y/o agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y Coordinación de Pueblos, así como al Movimiento Campesino Regional Independiente y Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional.

Migrantes y droga

En Chiapas, territorio donde el narco y el poder político han pactado históricamente, se vive una crisis de seguridad pública que ya alcanzó niveles no antes vistos.

Se han roto los pactos establecidos, después de la elección del 6 de junio de 2021, como ocurrió en quince estados del país, y las fuerzas del crimen organizado se reacomodan en diversos territorios que en breve gobernarán los aliados del partido MORENA.

Esto no es novedad. El presidente lo sabe, pero calla.

En Chiapas –también en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas –la crisis de violencia está imparable.

En la entidad del sureste, la tierra donde en 1994 surgió la insurgencia con la irrupción del EZLN, la violencia no tiene precedente en los años recientes. El cártel de Jalisco y el de Sinaloa se disputan una puerta clave del ingreso de drogas provenientes de Sudamérica que, en la etapa del PRI, estaba bajo control. Pero el esquema cambió. Y esto causó la guerra en la zona de Chenalhó y la región Tsotsil.

Atenazadas por la violencia y la corrupción, las autoridades de Chiapas están rebasadas ante el crimen; también la Federación con todo y su Guardia Nacional. Por ello, los indígenas se reorganizaron y crearon la autodefensa “El Machete”, con la cual pretenden hacer frente al crimen organizado, a lo que el gobierno federal ha rehusado.

“El Machete”, según informes públicos, está constituido por un par de centenares de hombres enmascarados que se enfrentaron a los grupos del crimen para salvaguardar los intereses de sus regiones. Se espera que se mantengan en esa línea de lucha.

Esto, porque en los últimos ocho años han surgido unos cincuenta grupos de autodefensas en seis estados –Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas – que en su mayoría han terminado convertidas en brazos armados del crimen organizado, pues han aceptado apoyo económico y armas de los diversos cárteles que operan en el país.

Las autodefensas formaron parte de un proyecto que propuso el general colombiano Óscar Narango, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, quien fue asesor del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto empezó en Michoacán, pero todo derivó en un verdadero fiasco: las autodefensas fueron capturadas por el crimen, lo que explica la violencia actual. Otros proyectos similares también han terminado devorados por los cárteles.

Puerta de entrada de la droga y precursores químicos que provienen de Sudamérica y Centroamérica; zona de abastecimiento de los cárteles, territorio donde por años imperaron los pactos para evitar la violencia, el estado de Chiapas se ha convertido en un infierno: Tres grupos criminales –el cártel de Sinaloa, así como los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación– están en abierta disputa por el control de ese territorio.

Tales enfrentamientos –que se agudizaron la semana pasada –han provocado el desplazamiento de al menos unas dos mil personas que, hasta la fecha, huyen de la violencia perpetrada por el crimen organizado en la zona tsotsil de Pantelhó-Chenalhó. La región –se asegura –ha sido abandonada debido a la ola de muertes causadas por los enfrentamientos entre los cárteles. Ninguna autoridad local ni federal interviene para impedirlo.

No sólo eso: en medio del fuego que han desatado estos tres grupos criminales fue asesinado Simón Pedro Pérez López, un activista defensor de los derechos humanos que, el 6 de julio de 2021, fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con testigos de los hechos, el autor del crimen fue un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. El activista era miembro  de la Organización Civil  Las Abejas Acteal, organismo de la que fue presidente en el año 2020.

Según las investigaciones consultadas, los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana en el municipio de Simojovel. En ese momento, Simón Pedro –un indígena tsotsil  –realizaba compras en compañía de su hijo. La víctima, además de ser defensor de los derechos humanos, era catequista de la parroquia de Santa Catarina en Pantalhó.

El párroco de esa población, Marcelo Pérez, señaló que Simón Pérez era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pentalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas repudió “la acción criminal que está imperando en los Altos de Chiapas”.

Expuso su versión: “Desde su trabajo como integrantes de Las Abejas Acteal y como servidor de la iglesia trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, desde esa labor había estado había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”.

Y agregó en otro apartado de su comunicado: “Exigimos a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas una investigación diligente”.

Durante años, el crimen organizado y el poder político selló pactos para lograr lo que se conoce como “una pax mafiosa”. Estos acuerdos tenían como objetivo que el territorio chiapaneco estuviera libre de violencia de alto impacto. En resumen, trataban de impedir que se calentara la plaza, ya que las masacres ponían en riesgo el negocio de las drogas.

Y es que a través de Chiapas –puerta de entrada en la puerta del pacífico –entra al país buena parte de los cargamentos de droga que provienen de Centro y Sudamérica. Dicha droga, así como cuantiosas cantidades de precursores químicos, llegan a Guatemala y cruzan a México por la frontera del sureste, es decir, por Chiapas, una de las zonas más porosas del país donde no existe ningún tipo de vigilancia.

Incluso, la gente tanto de Guatemala como de México pueden cruzan con mercancías sin presentar ningún tipo de documento de identidad; es una zona que también tiene una amplia actividad de abigeato, pues el ganado suele ser cruzado a cualquiera de los territorios por el río Suchiate , que divide a los dos países y que es considerado uno de los más importantes para el tráfico de drogas y de personas.

En Chiapas se han afincado tres cárteles y sus redes comenzaron a reacomodarse después de las elecciones del 6 de junio, como ha ocurrido en los territorios donde ganaron los candidatos que lanzó el Partido de Regeneración Nacional (MORENA).

En ese territorio del sureste mexicano, por ejemplo, operan “Los Ciriles”, una célula criminal que las autoridades federales ligan con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuya presencia se extiende a la zona tsotsil, particularmente en las demarcación de Pantelhó, donde fue asesinado el activista de los derechos humanos Simón Pedro Pérez.

Esta región ha estado sacudida por la violencia en los últimos días. Además del crimen de Pérez el crimen organizado atacó a los habitantes de la comunidad, bloqueraron caminos y sometieron a un toque de queda obligatorio; luego hubo enfrentamientos con fuerzas armadas, lo que dejó un saldo de decenas de muertos y nueve heridos.

No fue todo: durante los días agitados que vivió Chiapas también se incendió el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde fue asesinado Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –operador de Ismael “El Mayo” Zambada –, quien es hijo de otro capo importante conocido en el mundo del hampa como “El Tío Gil”, cuyo nombre real es Gilberto  Rivera Amarillas, extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Rivera Amarillas, “El Tío Gil”, también fue acusado de conspiración y en total de seis cargos relacionados con la distribución de cocaína a los Estados Unidos. Este capo estaba estrechamente relacionado con Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada. Fue capturado cuando había decidido a México.

Por lo que respecta de su hijo, “El Juniors”, fue ejecutado cuando viajaba con sus escoltas. El relato sobre su muerte indica que le dispararon a quemarropa justamente cuando un vehículo donde viajaban rivales suyos le dieron alcance.

Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en Chiapas las operaciones de narcotráfico y, por ende, las disputas armadas las protagonizan tres cárteles: Golfo, CJNG y Sinaloa. Los tres se reparten el control del territorio.

Controlan la frontera con Guatemala. En el caso del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera, opera en la frontera sur-occidental, mientras que el cártel del Golfo, el grupo criminal que más ha crecido, tiene tentáculos que llegan hasta los estados de Oaxaca y Veracruz.

Los mismos informes, por otra parte, indican que en Chiapas también hay células de Los Zetas, antiguo brazo armado del cártel del Golfo. Estos cárteles rompieron relaciones en 2004. Los Zetas, fundados en 1997 por Heriberto Lazcano Lazcano y Arturo Guzmán Decenas, decidieron independizarse y convertirse en un cártel independiente, aunque en los últimos años se ha debilitado y ha perdido decenas de territorios.

En el escenario nacional –y en el particular de Chiapas –el cártel de Sinaloa es el grupo criminal que mayor presencia tiene en la entidad del sureste.

Tras las elecciones del 6 de junio de 2021, la organización que dirige Ismael “El Mayo” Zambada avanzó en el control territorial: ahora está afincado en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, todo un corredor que ahora dispondrá para operar sus más de veinte actividades delictivas.

Así, después de varios años sin presentar violencia de alto impacto, todo esto debido a los pactos entre el poder y el crimen organizado, Chiapas pasó a ser un territorio sin ley.

Así, el conflicto entre el CJNG y Sinaloa escala a pasos agigantados y nadie pone freno a la violencia. Más de 40 mil personas se han desplazado a otros estados, pero muchos de ellos afirman: “Ya no hay donde esconderse y estar en paz. Todo el país está envuelto por el terror”.

Y ahora surgió el cártel “Chiapas-Guatemala”, grupo criminal que se enfrenta a Sinaloa y al CJNG. Así, la guerra no tiene para cuando acabar en el estado de Chiapas.

Como ningún otro grupo criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación alcanzó uno de sus dominios territoriales más fuertes durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su control en quince estados forma parte de su historia, pues ahora ejerce férreo dominio desde Quintana Roo hasta Baja California. En todo ese tramo, que en realidad cruza el territorio nacional, el grupo criminal explota el robo de combustibles, secuestros, cobro de piso, secuestros, asalto carretero, tráfico de drogas químicas en el que se incluye al letal fentanilo, el cual mueve por todos los puertos del país impunemente. El crecimiento del CJNG es un ejemplo que explica la fallida política antidrogas del Gobierno de López Obrador.

Al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) nada los detiene. Dueños del país, se han afincado en todos los rincones de México; impunes, controlan municipios completos y explotan todo tipo de negocios ilegales.

Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien han dado por muerto en un par de ocasiones, el CJNG)mantiene su paso ascendente en el mundo del crimen.

Si bien su ascenso es vertiginoso y fulgurante desde hace quince años, en el Gobierno de la Cuarta Transformación el grupo criminal que dirige Oseguera Cervantes ya se posicionó en todo el territorio nacional, por encima del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo.

De acuerdo con datos oficiales, este grupo criminal, surgido hace tres lustros, opera sin restricciones y explota delitos como el secuestro, “huachicoleo”, cobro de piso, tráfico de drogas, “regenteo” de giros negros , piratería y controla hasta la prostitución. Ni se diga el huachicoleo, uno de sus negocios centrales.

Si bien se afirma que el Cártel de Sinaloa tiene líneas de entendimiento con el Gobierno federal, lo cierto es que el Cártel de Jalisco es el que más ha crecido en poco más de cinco años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política anticrimen ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de México por ineficaz.

Hoy se habla más del Cártel de Jalisco que de Sinaloa. Este segundo grupo criminal, encabezado desde el año 2000 hasta el 2014 por Joaquín Guzmán Loera era el grupo hegemónico de México.

Sin embargo, el cártel sinaloense, ahora dirigido por “Ismael “El Mayo” Zambada y los vástagos de “El Chapo” Guzmán mantiene su presencia inquebrantable en unos 80 países del orbe, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

“El Mencho”, libre e impune

El caso del CJNG y su líder, “El Mencho”, es singular: durante el año 2019 y el 2020 surgieron dos versiones, no confirmadas oficialmente, de que había muerto; una tercera indicó que el capo michoacano nacido en el municipio de Aguililla, a quien apodan “El Señor de los Gallos”, estaba en fase terminal debido a un problema renal que lo obligaba a someterse a diálisis frecuentes.

El área antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que, debido a ese padecimiento, “El Mencho” se había mandado construir su propio hospital para recibir atención médica. Paralelamente, se habló de que el capo ya había renunciado a la jefatura del cártel y que un nuevo líder, formado en su feudo, ocuparía su lugar.

Pero hasta la fecha ninguna de las versiones que lo han dado por muerto o las que afirman que está en fase crítica de salud ha confirmado tales versiones, por el contrario, el CJNG sigue con su expansión en todo el territorio, a grado tal que ya domina en todos los estados de la República mexicana con excepción de Sinaloa, donde sus antiguos socios mantienen la hegemonía histórica.

El CJNG tiene su feudo en Jalisco, la entidad que gobierna Enrique Alfaro Ramírez; durante los años que lleva en el poder, ese grupo criminal ha gozado de impunidad, pese a que Alfaro se comprometió a combatir al crimen organizado.

Al tomar posesión del cargo, Alfaro Ramírez –exalcalde de Guadalajara y exsenador de la República –ofreció poner freno al crimen organizado y a la violencia criminal, pero no ha podido: el estado está bajo el fuego de seis cárteles que se disputan la plaza, un vasto mercado de drogas que también está convertido en un paraíso, por su impunidad, para el lavado de dinero.

Además del CJNG –el cártel emblemático que surgió hace quince años –en Jalisco operan los grupos de Sinaloa, La Residencia, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y el cártel Nueva Plaza, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estos grupos criminales están afincados en demarcaciones como Valles, Sureste, Sierra de Amula, Guadalajara y Zapopan; ahí imponen su ley con secuestros, extorsiones, “levantones”, ejecuciones tanto de día como de noche, balaceras, cobros de piso a bares, cantinas y burdeles, así como a restaurantes y comercios en general. De igual forma controlan los giros negros: casinos, casas de apuesta y, por si fuera poco, cobran cuotas a las mujeres de la llamada “vida galante” para permitirles ejercer la prostitución. En otros casos, son obligadas a vender drogas a sus clientes.

A base de violencia, muerte y terror, sus instrumentos bélicos, el cártel que comanda “El Mencho” controla todo el territorio nacional, desde Quintana Roo hasta Baja California, donde selló una alianza con el Cártel de Tijuana, también llamado de “Nueva Generación” porque, aunque es dirigido por Enedina Arellano Félix –miembro de la llamada vieja guardia –el resto de sus integrantes son jóvenes con poca antigüedad en el crimen organizado.

De la mano del CJNG, el Cártel de Tijuana también ha expandido sus reales a otras entidades: ahora se  afirma que opera en Oaxaca.

En Quintana Roo y Yucatán, los bastiones del Caribe, el CJNG opera con tráfico de drogas, secuestros y cobro de piso. En Campeche ocurre lo mismo, pero aquí se suma el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, el llamado “Huachicol”, la ordeña de ductos y venta de gasolinas a granel, uno de los negocios más boyantes del cártel.

De esa región y hasta Veracruz, pasando por Tabasco y el corredor petrolero Coatzacoalcos-Minatitlán, el CJGN ha construido un imperio: desplazó a Los Zetas, antiguos amos y señores de esa zona, y se posicionó como grupo criminal. En el caso de Veracruz, la irrupción ocurrió a finales del Gobierno de Javier Duarte (2015-2016) pero su consolidación ocurrió entre 2016 y 2018, cuando esa entidad fue gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

A Yunes, precisamente, se le atribuye haber abierto la puerta a ese grupo criminal. Durante su Gobierno, se puso de moda que en los municipios panistas los comandantes de la policía fungieran, a su vez, como jefes del CJNG.

En Veracruz, uno de sus bastiones más fuertes, el CJNG controla el tráfico de combustibles robados, el cobro de piso, el secuestro y exige cuotas a negocios, los llamados giros negros; la misma situación ocurre en Puebla, otros de sus feudos; también en Hidalgo, donde están afincados con tanto poder como el que ejercen en el Estado de México, uno de sus territorios importantes al igual que el Distrito Federal, donde desplazaron al cártel Unión Tepito.

La irrupción en la capital del país –donde ya dominan el tráfico de enervantes, el cobro de piso y los plagios, cuyas víctimas son empresarios grandes y pequeños, ocurrió luego del ataque armado que sufrió Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México.

El propio jefe policiaco responsabilizó al CJNG del atentado. Lo dijo el mismo día que fue atacado, sin que mediara investigación alguna; posteriormente él y el entonces Secretario de Seguridad Pública Ciudadana,  Alfonso Durazo, confirmaron que el grupo criminal encabezado por “El Mencho” ya estaba operando en la capital del país.

En Guanajuato, como en otros estados que domina, el CJNG irrumpió a base de balazos y sangre. En El Bajío desplazó al Cártel Santa Rosa de Lima, liderado antes de su encarcelamiento por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, actualmente preso.

La disputa en Guanajuato se originó por el negocio del “Huachicol”, uno de los más rentables. “El Marro” obtenía el combustible robado en decenas de tomas clandestinas, aunque también lo adquiría directamente de la refinería de Salamanca a través de una red de funcionarios ligados al negocio, quienes eran sus cómplices. Impensable que el huachicoleo sea tan rentable sin la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos. Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al tomar posesión como Presidente en 2018, se comprometió a destruir a la mafia del huachicol, incluidos los funcionarios de la paraestatal implicados. Hasta hoy no hay un solo preso por ese delito.

Cuando el Ejército Mexicano le empezó a bloquear el territorio, “El Marro” se fue debilitando por las pérdidas económicas. Ante las presiones oficiales, amenazó con asesinar a más personas inocentes, como lo venía haciendo como una forma de “ablandar” al Gobierno; luego lanzó la amenaza de que haría estallar la refinería de Salamanca si no lo dejaban de molestar.

Cuando ya andaba a salto de mata, “El Marro” siguió secuestrando personas para hacerse de recursos. Cuando mantenía en cautiverio a una empresaria el delincuente fue detenido y encarcelado en el penal de La Palma.

Así, el Ejército Mexicano le quitaba un obstáculo al CJNG, que de inmediato tomó la plaza de Guanajuato, la cual explota hasta la fecha. Desde ese estado controla Querétaro y por su puesto Jalisco, su bastión; luego se extendió hasta los límites con Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sus ramificaciones se han posicionado hasta Baja California sin que ninguna autoridad civil o militar le cierre el paso.

El jefe del CJNG, Nemesio Oseguera, apareció recientemente en una lista que difundió la DEA donde destaca como uno de los criminales más buscados del mundo. En esa lista le acompañan Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, el capo que en los años setenta y ochenta lideró el desaparecido Cártel de Guadalajara y que fue liberado en 2013 mediante argucias legales.

Para la DEA, Caro Quintero operaba desde el norte del país el tráfico de enervantes durante su etapa de libertad, aunque el mismo capo aseguró que estaba retirado, en bancarrota y enfermo. Recientemente un tribunal de alzada le negó un amparo contra la extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato, en 1984, de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA que en esos años investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara, entonces encabezado –además de Caro Quintero –por Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Este último fue liberado por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. Compurga el resto de su sentencia en prisión domiciliaria.

Los amos de Jalisco

De acuerdo con informes del Ejército, y en particular de la V Región Militar –que abarca los estados de Aguacalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Colima –la problemática de la violencia obedece a la pugna que enfrentan los seis cárteles que pelean por la plaza en Jalisco.

“En Jalisco hay una gran producción de droga sintética que se muestra con la gran cantidad de narcolaboratorios. Por lo menos cada año se desmantelan dos. Es un estado donde hay producción de marihuana. Esta se cultiva en varias zonas, como Valles, Sureste, Sierra de Amula. Esta narcodinámica nos genera este problema de disputas territoriales y también por el mercado”, dijo el titular de la V Región militar, Genaro Fausto Lozano en una entrevista difundida hace varios meses.

De acuerdo con el militar, el estado de Zacatecas –que está bajo el radio de acción de la V Región Militar –es donde más agresiones han recibido por parte de los narcotraficantes. El año pasado, por ejemplo, del total de agresiones contabilizadas en contra de las fuerzas del orden unas 26 fueron directamente para el personal militar.

Es debido a esta fuerte actividad criminal que el Ejército y la Fiscalía General de la República optaron por instalar unidades de rayos Gamma y rayos X, con el objeto de detectar drogas y de esa forma evitar los enfrentamientos con el crimen organizado.

En los últimos dos años, particularmente desde que Enrique Alfaro asumió la gubernatura del estado, la violencia se ha agudizado en Jalisco debido, principalmente, al choque de cárteles.

Y es que precisamente cuando Alfaro arribó al poder hizo su aparición pública en el estado un grupo criminal que se autodenominó cártel “Nueva Plaza”, señalado como una división del Cártel de Jalisco.

Su líder fue identificado por la Fiscalía General del Estado como Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”, ex -aliado de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a quien le declaró la guerra tras ordenar el asesinato del operador financiero al servicio de Oseguera, un personaje llamado “El Colombiano”. Fue ejecutado en Puerto Vallarta.

La pugna por el control del tráfico de drogas y por el dominio de otras de otras actividades ilegales se acentuó cuando el cártel Nueva Plaza reclutó a cientos de jóvenes a los que les otorgó empleo como “halcones” y narcomenudistas en colonias exclusivas que estaban bajo el control del CJNG y de “El Mencho”.

En sendos videos que aparecieron en las redes sociales, presuntamente protagonizados por operadores de Nueva Plaza, explican cómo Oseguera Cervantes –cuyo cártel tiene como asiento el estado de Jalisco, su cuna –aprovechó las circunstancias para arrebatar el liderazgo de los negocios ilegales a otros grupos rivales, entre ellos, a Los Caballeros Templarios, La Familia, entre otros.

Nueva Plaza ganó popularidad como un cártel sanguinario y despiadado luego de que se le implicó en el caso de los estudiantes de cine desaparecidos y asesinados; la Fiscalía General del Estado afirmó, con base en sus investigaciones, que el Cártel de Jalisco Nueva Generación confundieron a los jóvenes con sicarios al servicio de “El Cholo”.

Lo curioso de todo es que la mayor expansión del Cártel de Jalisco ocurrió en los últimos cinco años, los de las Cuarta Transformación; queda más que claro que el combate al crimen durante el Gobierno de López Obrador ha fallado. Prueba de ello es que el CJNG alcanzó uno de sus mayores dominios territoriales.

La violencia política volvió a sacudir al estado de Zacatecas, entidad que gobierna David Monreal, hermano del Senador y exgobernador Ricardo Monreal.

La mañana del miércoles 7, cuando se dirigía a una zona del municipio de Fresnillo –uno de los más violentos de esa entidad– fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de esa demarcación. La víctima era cuñado de Ricardo Monreal, actual Senador de la República. Pero unos días después el crimen volvió a usar sus armas, ésta vez para asesinar Jorge Antonio Monreal Martínez, familiar del exgobernador zacatecano. El modus operandis fue parecido al usado en el crimen de Pérez Guajardo: los presuntos criminales iban a bordo de una motocicleta y le dispararon a la víctima. Todo esto ocurrió en menos de una semana.

El funcionario municipal –el primero que mataron –iba acompañado de una cuadrilla de empleados de la limpieza pública; cuando arribaron al lugar donde se realizarían unos trabajos dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta le dispararon a Juan Pérez, quien cayó al piso tras recibir varios balazos en la cabeza.

De 58 años de edad, Pérez Guardado era hermano de María de Jesús Guardado, esposa de Ricardo Monreal; en días recientes había expresado, entre algunos amigos y conocidos, sus intenciones de contender por una diputación local para el proceso del próximo 2 de junio.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de Justicia del estado, que inició las investigaciones del caso, el funcionario municipal llegó pasadas las 9:00 de la mañana a la avenida Prolongación Sonora, frente al hospital Real de Minas.

Luego de que descendió de su vehículo, unos sujetos armados que iban a bordo de una motocicleta le dieron alcance y abrieron fuego en su contra.

El Gobernador del estado, David Monreal, dijo que el funcionario y cuñado de su hermano fue asesinado en un ataque directo. Las primeras pesquisas arrojan que el ataque fue frontal y directo, no es como en otros casos, dijo el mandatario. “Fue un asesinato cobarde y artero”, reiteró el mandatario de Morena.

David Monreal contó que se enteró del crimen cuando encabezaba una reunión con su gabinete de seguridad. “De inmediato giré instrucciones al secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes, así como al titular de Seguridad Pública, general Arturo Medina, y al Fiscal Cristian Camacho”.

Los funcionarios se trasladaron al municipio de Fresnillo; además, el mandatario expuso que ordenó el despliegue de un operativo para dar con los responsables “de este artero crimen”.

Respecto de las líneas de investigación que se siguen en este caso, Monreal señaló que no quiere dar detalles pero ya cuentan con indicios de los presuntos asesinos, aunque no se conoce aún el móvil del crimen. Las investigaciones ya están en marcha y pronto se aclarará este asesinato, dijo Monreal.

Pese al operativo que ordenó el mandatario, la violencia política continuó en Zacatecas. Por la noche del mismo miércoles 7 se informó que Cecilio Murillo –empresario gasolinero  y hermano del alcalde de Sombrerete, Alan Murillo –fue ejecutado.

Respecto de este caso, la Fiscalía de Zacatecas no había dado a conocer detalles del móvil hasta el jueves 8, pero si se dijo que ya se estaban investigando las causas del asesinato.

El crimen, imparable

En Zacatecas la paz social ha pasado al olvido. Lo que más recuerda la gente es la oleada de asesinatos y desapariciones que han azotado al estado desde hace más de diez años, durante los cuales la violencia ha sido imparable por parte del Gobierno estatal y de las Fuerzas Federales, cuya presencia de poco o nada ha servido para desarticular a los seis cárteles que se disputan el control del estado.

Hace una década, el estado ya vivía una violencia crítica, pero tras el arribo de David Monreal a la gubernatura, en 2021, la entidad entró en un estado de descomposición sin solución hasta la fecha.

Los hechos detallan la barbarie que sufre Zacatecas:

El sábado 10 de diciembre de 2023, cinco cadáveres semidesnudos fueron arrojados en la comunidad de Loreto; los informes de la Fiscalía Estatal detallan que todos tenían huellas de tortura.

A este hecho se sumó otro acto violento: ese mismo día fueron asesinados dos personas más. No bastó con privarlos de la vida: antes de matarlos fueron torturados y maniatados. Todos aparecieron con la cara cubierta en el municipio de Guadalupe.

La violencia continuó, imparable: a estos muertos se sumaron, también, los cuerpos de tres policías estatales que al día siguiente fueron acribillados en una casa de la colonia Buenavista , en Zacatecas.

Según los informes oficiales, estaban atendiendo un reporte que les llegó por el 911. Como consecuencia del enfrentamiento tres presuntos criminales fueron asesinados.

La DEA, la agencia antidrogas norteamericana, así como la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y las autoridades locales atribuyen esta barbarie –y la violencia en general –a la guerra que enfrentan seis cárteles por el control territorial. Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, cártel del Noreste, Golfo, Familia Michoacana y Viagras  Este último es considerado uno de los más violentos y tiene su base en Michoacán.

Las estadísticas colocan a Zacatecas, a nivel nacional, como un territorio sin ley y sin Gobierno: Ocupa el primer lugar a nivel nacional como el estado con mayor número de policías asesinados; en 2019, por ejemplo,  nueve agentes perdieron la vida en enfrentamientos con el crimen organizado. En 2022, sesenta fueron ejecutados en circunstancias diversas. Y en lo que va de este año diez más han sido asesinados. El total de policías acribillados en el Gobierno de David Monreal suman 161 en los últimos dos años. Los casos siguen impunes, pero se sabe que los ejecutó el crimen organizado.

No obstante esta crisis sin precedentes, el Gobernador David Monreal atribuye la violencia y las matanzas a las acciones de grupos externos, es decir, que no habitan en el estado.

La crisis al interior del Gobierno estatal también se agudizó: El Fiscal Francisco Murillo renunció al cargo el año pasado pese a que había sido citado a comparecer ante el Congreso para explicar la oleada de crímenes y desapariciones. Pero se fue sin rendir cuentas. Su lugar lo ocupó Cristian Camacho.

Y es que Zacatecas ocupa el tercer lugar en feminicidios y muerte de menores de edad. Hace un mes estalló un escándalo nacional tras el secuestro de siete adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, que fueron plagiados en el rancho Malpaso, en el municipio de Villanueva. Seis de los jóvenes fueron asesinados, aparentemente sin causa alguna. Su muerte se atribuyó al crimen organizado.

A todo esto se suma una constante criminal en Zacatecas: la aparición de cadáveres colgados en puentes, abandonados en carreteras o bien envueltos en sábanas o encajuelados. El desastre de la inseguridad en Zacatecas ocurre pese a la multiplicada presencia de la Guardia Nacional y de efectivos del Ejército Mexicano. Nadie frena la criminalidad.

El mapa criminal

En Zacatecas la paz social se ahuyentó para siempre. Ninguna autoridad local ni federal le pone freno a la guerra que libran cinco grupos criminales en esa entidad ni puede frenar los secuestros, extorsiones, cobros de piso y, mucho menos, las balaceras que se desatan tanto de día como de noche.

Las organizaciones criminales no dan tregua a los habitantes del estado, pero particularmente de Fresnillo, el municipio más violento del país. En esa demarcación un día sí y otro también están marcados por las balaceras, levantones y asesinatos.

En un día es posible que ahí se  encuentren cuerpos tirados, despedazados o bien pedazos de piernas, brazos o cabezas que ruedan por las calles después de que fueron arrancadas a machetazos en la clásica decapitación.

Basta recorrer algunas zonas del estado para ver viviendas con agujeros de balas después de noches y días de refriega criminal entre los cárteles del Golfo, Jalisco, Sinaloa y Noreste, cuyos sicarios se disputan a sangre y fuego la entidad que gobierna el morenista David Monreal López, quien prácticamente se ha declarado impotente para frenar el flagelo de la violencia del crimen.

En los municipios zacatecanos, el miedo es la constante entre los habitantes. Poca gente sale de sus casas –donde prácticamente viven secuestrados debido a la violencia –por temor a enfrentar una balacera, secuestro, levantón o, en el peor de los casos, a perder la vida en un enfrentamiento entre las bandas del narcotráfico.

Después de varios meses de violencia y muertes, el Gobierno federal determinó que el estado de emergencia sería atendido por la Guardia Nacional, cuya presencia de efectivos se multiplicó en el estado.

Pero a pesar de la fuerte presencia de militares, el crimen organizado no ceja en su violencia, la cual ha escalado cada vez más fuerte en todo el estado, a grado tal que ya se afirma que los criminales son los dueños del territorio.

Desde el pasado 12 de septiembre de 2021, cuando asumió la gubernatura estatal David Monreal Ávila, esa entidad no ha respirado tranquilidad: se registraron 414 asesinatos, mientras que en lo que va del año se registran 57 personas colgadas, 34 de ellas fueron halladas en el municipio de Fresnillo, considerado uno de los más violentos.

Rico en minería y producción agropecuaria, Zacatecas cuenta con 58 municipios, la mayoría son rurales. Sin importar su condición social, cientos de familias han sido desplazadas debido a la violencia criminal. Y ninguna autoridad lo ha impedido.

En la comunidad de San José de Lourdes, por ejemplo, se ha vuelto común que los cárteles cuelguen a sus víctimas de árboles o los aten a los barandales de puentes elevados. Cerca del río Aguanaval y en la comunidad de Montemariana se han descubierto cadáveres torturados que penden de los árboles. Así exhibe el crimen organizado su saña.

Otros hombres asesinados que fueron colgados de los árboles aparecieron en la carretera estatal que une a los poblados de San Ignacio y San Gabriel.

Extrema y sin tregua, la violencia en Zacatecas está imparable y ya provocó la primera renuncia en el gabinete estatal. El Gobernador David Monreal relevó de su cargo al secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán. En su lugar fue nombrado el general en retiro Adolfo Marín.

La causa del cese fue la aparición, el pasado 18 de noviembre de 2023, de diez cadáveres colgados. Estaban en un puente vehicular en el municipio de Cuauhtémoc. Presentaban huellas de tortura y estaban semidesnudos.

En Fresnillo –uno de los municipios más violentos de Zacatecas, se contabilizaron en 2023 treinta y cuatro cuerpos colgados de un total de 57 que se han registrado en toda la entidad.

De junio a la fecha, en este municipio el principal modus operandis de un grupo criminal que se disputa el territorio es dejar los cuerpos colgados con mensajes a sus adversarios.

El primer hallazgo de cadáveres colgados se presentó en la capital del estado –Zacatecas –en el mes de junio de este año. Correspondía a dos policías estatales que fueron privados ilegalmente se su libertad en el municipio de Villa de Ramos, en San Luis Potosí, ubicado en los límites con Zacatecas.

Un mes después, en julio de 2023, hubo dos eventos delictivos en Valparaíso: el primero se trató del hallazgo de un cuerpo que fue colgado de un puente vial; y el 25 de ese mismo mes cuatro hombres más estaban suspendidos debajo de un tejabán en la carretera federal 44 que conecta a Fresnillo con Valparaíso.

Y en agosto del año pasado se reportó el caso de seis cuerpos colgados del puente El Orito, en la capital de Zacatecas; todas eran personas del sexo masculino y estaban semidesnudos.

El 18 de noviembre pasado, la oleada de violencia siguió imparable y alcanzó niveles máximos con el hallazgo de diez cuerpos colgados en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc.

Personal de la Fiscalía General del estado acudió a los sitios para realizar el levantamiento de cadáveres y la Secretaría de Seguridad Pública recuperó los cuerpos y los trasladó al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con informes oficiales, las víctimas  eran del sexo masculino y sus edades oscilaban entre los 15 y 77 años; eran originarios de Fresnillo. Siete de ellos fueron identificados y posteriormente entregados a sus familiares. Uno de los asesinados sigue sin ser identificado.

La guerra de los cárteles

Zacatecas cuenta con 75 mil kilómetros cuadrados de territorio y en esa superficie hay 58 municipios, la mayoría rurales; el estado tiene una intensa actividad agropecuaria y minera. También el turismo es una actividad importante.

Debido a su privilegiada posición geográfica, seis cárteles se disputan a sangre y fuego el control del estado. Se trata del cártel del Noreste y Los Talibanes. Ambos surgieron de la escisión de los antiguos Zetas, uno de los más violentos; en la guerra que enfrenta Zacatecas también participa el cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Viagras, Familia Michoacana y Sinaloa MZ. Este último es una ala encabezada, según las autoridades, por Ismael “El Mayo” Zambada, a quien las autoridades estadunidenses identifican como el verdadero jefe del cártel que lideró Joaquín “El Chapo” Guzmán y por quien se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares para quien aporte información que permite su captura.

De acuerdo con informes oficiales, en Zacatecas operan dos alianzas criminales conformadas por los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Los Talibanes, por su parte, hicieron lo propio con Sinaloa, el cártel más que poderoso.

Sinaloa MZ, según los mismos informes consultados, ya controla los municipios del norte y noroeste de Zacatecas. Se trata de las regiones que colindan con los estados de Durango, Coahuila y Nuevo León. También tiene fuerte presencia hacia el sur, ahí cerca de Aguascalientes.

En el sureste del estado, en la región de Los Cañones de Jalpa y Tlaltenango, el predominio hasta ahora es del CJNG y su aliados el del Golfo. Controlan los municipios colindantes con Jalisco y Nayarit, feudos de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, jefe del cártel de Jalisco.

Hasta ahora la principal zona de guerra es la zona serrana de Zacatecas, en el occidente del estado, región que se convirtió en una suerte de “patio trasero” de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Debido a la intensa narcodinámica, en Zacatecas se ha vuelto frecuente el movimiento de caravanas de entre veinte y cien hombres armados tanto del CJNG como del cártel del Golfo en busca de sus rivales o bien asegurando territorios ya conquistados.

Los enfrentamientos son cada vez más frecuentes, imposibles de controlar para las autoridades estatales, que están rebasadas por el flagelo de la violencia criminal.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional patrullan el estado, pero no se enfrentan a los criminales que viajan en convoyes por distintas regiones.

La violencia del crimen ha impactado en municipios y hasta en rancherías.  En los municipios de Valparaíso, Monte Escobedo, Jerez, Tepetango, Chalchuihuites y Jiménez de Teúl, decenas de familias han sido desplazadas forzadas por el miedo a morir en los tiroteos. Por ello, abandonan negocios, casas, parcelas y ranchos. “Aquí ya no se puede vivir”, señalan.

Las principales zonas urbanas también enfrentan el terror. Fresnillo, Guadalupe y Calvo, así como Zacatecas son azotadas por tiroteos y ejecuciones cotidianas; con frecuencia aparecen personas apuñaladas, colgadas de puentes, árboles o cruces. Estado sin ley, en Zacatecas impera el cobro de piso y los secuestros se han convertido en toda una industria criminal.

Estado fallido

La corrupción estatal y la impunidad son los principales problemas de Zacatecas. Esto explica por qué en los últimos meses se han registrado más de 700 crímenes. Ninguna investigación aclara qué pasó con los muertos. El Gobierno estatal está totalmente rebasado.

La guerra la protagonizan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se enfrascaron en una fuerte disputa por el territorio, las rutas de la droga y el mercado de consumo después de las elecciones del 6 de junio, cuando ganó el morenista David Monreal Ávila, quien como Gobernador enfrenta la peor crisis de su historia política.

En Zacatecas, concretamente la región de Valparaíso, se convirtió en un campo de batalla de los cárteles del narcotráfico, concretamente de Sinaloa y Cártel de Jalisco, dos acérrimos rivales que ahora luchan a sangre y fuego por el control del estado, estratégico en el tráfico de enervantes y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

La violencia que azota al estado no es nueva: La vorágine comenzó a ser preocupante en 2020 cuando el estado registró mil 200 asesinatos, según cifras de la Fiscalía General de Justicia. En los primeros días de enero de este año el repunte de la violencia fue notorio, pues se contabilizaban 90 ejecuciones y se previó que el 2021 sería un año extremadamente violento.

La inseguridad pública, recrudecida con la violencia extrema, colocaron a la entidad entre las cinco con mayor número de asesinatos por cada cien mil habitantes. El territorio no es muy grande: el estado tiene un millón 600 mil habitantes, algo que fácilmente suman las alcaldías de Gustavo A. Madero y Benito Juárez –en la Ciudad de México – juntas.

En Zacatecas han fracasado los proyectos para reforzar la seguridad y pacificar el territorio: Hace una década, a finales del Gobierno de Felipe Calderon –el Presidente de la guerra fallida contra el crimen –y durante el mandato del entonces Gobernador Miguel Alonso Reyes, se realizó una multimillonaria inversión para construir en el estado tres bases militares, las cuales se localizarían en los municipios de Fresnillo, Jalpa y Juchipila.

Pero el proyecto no funcionó, igual que la militarización de la seguridad. Las guerras entre los criminales ha continuado pese al despliegue de más de tres mil efectivos de la Guardia Nacional. Todo ha resultado un rotundo fiasco, de acuerdo con la opinión de varias fuentes consultadas.

La ola de ejecuciones, secuestros y desaparición de personas se recrudeció en la entidad desde que era gobernada por el priista Alejandro Tello Cristerna, quien dejó el cargo en septiembre último.

La crisis tronó el 31 de diciembre de 2019 cuando, en el penal de Cieneguillas, durante una riña en la que se usaron armas de fuego, presos ligados al cártel de Sinaloa asesinaron a 18 integrantes del cártel del Golfo recluidos en esa prisión. Otros veinte presos resultaron heridos de gravedad.

Paralelamente, células del cártel de Sinaloa, aliados todos ellos de Ismael “El Mayo” Zambada, según reconocieron en múltiples mensajes, irrumpieron en Zacatecas por el noroeste. Todos los sicarios provenían del estado de Durango. Y así comenzaron los enfrentamientos con el cártel de Jalisco. La violencia incendió los municipios de Fresnillo, Calera, Guadalupe y Jerez.

La disputa no tiene otra explicación más que el control territorial. Y es que, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por Zacatecas cruzan tres grandes rutas del tráfico de drogas y de precursores químicos. También son claves para el tráfico de armas, el movimiento de indocumentados y la trata de personas.

Su posición geográfica, además, es causa de embates entre cárteles, pues al centro se ubica cerca de El Bajío y la Ciudad de México; hacia el Pacífico se conecta con los puertos de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Manzanillo, dos zonas portuarias preferidas por la delincuencia organizada. También tiene conexión con el estado de Jalisco y, hacia el Golfo de México, se conecta con los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como con la frontera con el estado de Texas, en Estados Unidos.

Otros negocios que se disputan los cárteles son el mercado de las drogas sintéticas para lo que resulta clave el trasiego de fentanilo, una de las sustancias con mayor demanda en Estados Unidos pese a que ha causado la muerte de unas 90 mil personas en los últimos años. En Zacatecas también se explotan negocios ilegales como las extorsiones y los secuestros, ambos convertidos en una gran industria dentro del ámbito del hampa.

Frente al flagelo criminal, el Gobierno estatal es impotente: treinta de los cincuenta y ocho municipios tienen corporaciones policiacas que sólo cuentan con dos y a lo mucho con diez elementos. Esto los convierte en estructuras inoperantes, proclives a la corrupción e incapaces de enfrentar al crimen, pues están mal capacitados, carecen de armamento y, por si fuera poco, la mayoría de los agentes han reprobado los exámenes de control de confianza.

En materia de seguridad los proyectos han fracasado. Hace un lustro, por ejemplo, se planeó contar con 2 mil 500 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, el principal grupo de reacción en Zacatecas; sin embargo, la corporación no superó los mil 200 agentes por falta de reclutas. A esto se sumaron las renuncias de varios uniformados y bajas por asesinatos y/o desapariciones forzadas.

A demás de no contar con suficientes policías, el estado enfrenta un grave problema de coordinación con las Fuerzas Federales debido a que los integrantes de la Guardia Nacional –hay más de 3 mil en el estado – han evadido hacer frente a los cárteles del narcotráfico.

Recientemente la violencia se ha recrudecido en Zacatecas. En San Juan Capistrana las autoridades recogieron 18 cadáveres a mediados de junio. Estas muertes ocurrieron cuando unos 200 hombres armados y otro tanto de presuntos criminales se enfrentaron a balazos. La balacera, según aseguraron testigos de los hechos, duró varias horas. Se esperaba lo peor.

Las autoridades tardaron un día en llegar al lugar a recoger los cuerpos a San Juan Capistrana, una pequeña comunidad del municipio de Valparaíso. Los enfrentamientos del 24 de junio encendieron los reflectores y dieron cuenta de la grave crisis que enfrenta el estado frente al crimen.

Y es que tras el triunfo electoral de David Monreal, quien fue candidato de Morena al Gobierno de Zacatecas, los grupos delincuenciales que se disputan el territorio están desatados. Buscan a como de lugar controlar el estado y las rutas de la droga.

En los días aciagos de la violencia el cártel de Jalisco exhibió una narcomanta con un mensaje elocuente: “Esto les va a pasar a todo el Gobierno de San Luis Potosí por volteados y (por) andar apoyando a los sinaloas”. ATTE: Grupo Guerrero CJNG”.

Según expusieron las autoridades, el mensaje fue colocado en el estado de Zacatecas, cerca de un puente, en la capital del estado. A escasos metros habían sido colgados dos elementos de la policía de San Luis Potosí –Benito Salazar Coronado y Felipe de Jesús Martínez –, quienes desaparecieron días antes. La patrulla que ellos manejaban fue hallada en el municipio de Santo Domingo, cerca de Zacatecas.

Se asegura  que David Monreal presuntamente pactó con el crimen para ser Gobernador y esa es la razón del recrudecimiento de la violencia en el estado.

Zacatecas le aporta al Producto Interno Bruto miles de millones por su actividad minera, agrícola y también por las remesas que envían los paisanos que trabajan en Estados Unidos.

Pero también aporta muertos. En lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan 178 mil 702 crimenes hasta el jueves 8. A ocho meses de que concluya el sexenio, el crimen sigue imparable.

El crimen organizado está desatado. Cuando faltan ocho meses para que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los cárteles siguen en guerra por el control del territorio.

Tan ineficaz ha sido el gobierno actual en materia de seguridad que, en lo que va del sexenio, se contabilizan más de 178 mil muertos –es el periodo más sangriento de la historia –y no sólo eso: el cártel de Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ya tiene presencia en tres continentes: Europa, Asia y América Latina, de acuerdo con información de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.

El CJNG es la segunda fuerza criminal en México, después del cártel de Sinaloa –el consentido del sexenio –pues ha sido el menos molestado en los últimos cinco años, de ahí las versiones respecto de que ese grupo criminal mantiene presuntos vínculos con López Obrador desde el año 2006, cuando fue por primera vez candidato presidencial.

El periodista Tim Golden, del New York Time, publicó un reportaje en el que, con base en versiones de testigos protegidos que declararon en Estados Unidos, sostiene que López Obrador recibió financiamiento del cártel de Sinaloa cuando fue candidato presidencial en 2006. El presidente lo negó y dijo que se trataba de una calumnia.

De acuerdo con el texto firmado por Tim Golden –dos veces premio Pulitzer –López Obrador habría recibido en 2006 unos dos millones de dólares del cártel de Sinaloa para su campaña. El periodista atribuye tal señalamiento a los testigos que declararon ante la DEA.

En el texto, el reportero de Time cita un nombre: Francisco León García, conocido en La Comarca Lagunera como “Pancho León”; este personaje era un empresario del mármol que, de acuerdo con Golden, era enlace con los Beltrán Leyva. En 2006 aspiraba a ser senador de la República, pero no concretó su objetivo: fue levantado y desde entonces nada se sabe de él. “Pancho León” operaba directamente con Manuel Camacho Solís, quien en ese año era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país.

Según Golden, el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador tenía un costo: que cuando llegara al poder respondiera con facilidades para que el grupo criminal gozara de impunidad.

Los testimonios que cita Golden no son del todo verificables, pero se trata de dichos. En los hechos, lo cierto es que durante los cinco años que lleva en el poder López Obrador el cártel de Sinaloa ha disfrutado de impunidad y ha podido expandir sus dominios. En los estados donde han ganado las elecciones los candidatos a gobernador de MORENA, ahí está Sinaloa.

Es el caso de Sonora, Michoacán, Guerrero, Baja California, Colima y, recientemente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que los operadores de Ismael “El Mayo” Zambada se afincaron en Tamaulipas luego del triunfo de Américo Villarreal. Zambada terminó asociado con el cártel del Golfo, en otro tiempo sus acérrimos enemigos. Así pudo conquistar esa frontera, una de las más boyantes en el tráfico de enervantes hacia Estados Unidos.

Más allá de estos elementos, lo cierto es que no existe una prueba fehaciente que indique que López Obrador recibió dinero del cártel de Sinalos. Más allá de los dichos de los testigos, no existen depósitos, documentos ni grabaciones o videos que den cuenta de ese presunto contubernio.

El presidente López Obrador atribuyó el reportaje de Tim Golden al ambiente político en Estados Unidos y México, pues en amos países habrá elecciones y hay un escenario de tensión, cuestionamientos y acusaciones. Dijo, además, que el golpe de Golden bien pudo ser orquestado por la DEA, pues señaló que los agentes norteamericanos “están muy enojados”. Se refirió a que el enojo surgió tras el caso del general Cienfuegos, cuya investigación, realizada por la DEA, fue desechada en México presuntamente por inconsistente. Además, el gobierno mexicano puso condiciones a la DEA para operar en México: le deben informar a la Sedena qué investigaciones están realizando y si quieren portar armas los agentes necesitan tramitar un permiso ante la misma institución.

CJNG, en jauja

Tan pronto se entronizó como jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera se desprendió del cártel de Sinaloa –no sin entrar en guerra con ese grupo criminal –y selló una alianza con su cuñado, Abigael González Valencia, El Cuinis, líder del cártel del mismo nombre, quien ayudó a El Mencho introducir cuantiosos cargamentos de cocaína a México y Estados Unidos a bordo de submarinos.

De hecho, fue el primer capo que se dio a conocer en el mundo criminal utilizando naves sumergibles que eran enviadas desde Colombia hacia México y que lo mismo eran descargadas en costas del Caribe que en las del Pacífico. Luego, en lanchas rápidas, ponían el cargamento a salvo para después enviarlo al mercado estadunidense en barcos portacontenedores, según ellos, el medio más seguro.

El poder que ha acumulado el CJNG y El Mencho se debe, en buena medida, a la capacidad que mostró a partir del año 2008 y hasta el 2015 el cártel de Los Cuines, pues para el gobierno de Estados Unidos este grupo criminal tuvo en ese momento más poder que el propio cártel de Sinaloa. Y eran aliados de El Mencho. Ahora su expansión es descomunal: tiene presencia en tres continentes y en México goza de impunidad, pues no se le combate.

Un agente de la DEA dijo en 2015 que Los Cuines –los exsocios de “El Mencho” –eran el cártel más rico del mundo; lo expuso en el momento en que la agencia antidrogas norteamericana y otros órganos de inteligencia sumaban fuerzas para investigar a este cártel mexicano, sus alianzas, sus mercados y su poderío económico. Su conclusión en ese momento no dejó lugar a dudas: eran más poderoso que Sinaloa, pero curiosamente no atraían los reflectores nacionales ni internacionales como ocurría entonces con el grupo criminal encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.

Este diagnóstico del cártel de Los Cuinis no era visto por las autoridades mexicanas con el lente de aumento con el que lo miraba la DEA. Incluso, el 28 de febrero de 2015, cuando fue detenido el jefe de esta banda, Abigail González Valencia —El Cuini –la extinta Procuraduría General de la República desconocía que habían capturado al capo “más rico del planeta”, de acuerdo con el perfil criminal y económico realizado por la agencia antidrogas de Estados Unidos.

González Valencia, en efecto, había sido detenido en Puerto Vallarta, Jalisco; su captura fue producto de un operativo conjunto realizado entre la Marina, Policía Federal y PGR. La caída de este capo fue festinado por el gobierno de Estados Unidos. Y tenían razón:

“Los Cuinis son los dueños caso absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas –dice el diagnóstico de la DEA –que detectó la alianza de este cártel con la organización encabezada por Nemesio Oseguera, de ahí que éste último haya alcanzado tanto control y poder dentro y fuera de México.

El diagnóstico de la DEA amplió todavía más su visión sobre el jefe del cártel de Los Cuinis:

“El Cuini y sus hermanos, cinco en total, son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetaminas a Europa y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de drogas. Esto quiere decir que sus ganancias se podría afirmar que son cercanas al cien por ciento”.

Abigael González Valencia –según los informes de la DEA –fue el responsable de traer a México a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para entrenar al equipo de sicarios del CJNG.

Lo anterior fue confirmado por uno de los socios de El Mencho, Óscar Nava Valencia, El Lobo, tras ser capturado en 2009. Ante las autoridades estadunidense declaró que integrantes de la guerrilla colombiana proporcionaron adiestramiento militar a sicarios del CNJG entre 2010 y 2012, antes de que las FARC aceptara las conversaciones de paz y cese al fuego en Colombia.

Y añadió:

“Yo también sabía que Abigael González tenía conexiones con las FARC y que se aprovechó de las mismas para traer al menos cuatro combatientes de las FARC para entrenar a los integrantes del CJNG y Los Cuinis en técnicas de fabricación de bombas y asesinato.

Este testimonio resultó clave para que Estados Unidos ordenara el arresto de Abigael González Valencia, pues otras fuentes confirmaron no sólo su poderío en materia de introducción de drogas a varios países del mundo sino sus vínculos con la guerrilla colombiana, lo que favoreció en todo a “El Mencho”, sobrevivientes de aquella redada internacional.

El testimonio de El Lobo tuvo varios efectos y sirvió para abrir nuevas líneas de investigación: por ejemplo, sirvió a las autoridades estadunidenses para documentar la relación de Los Cuinis con el CJNG y narcotraficantes colombianos.

Entre otros nombres salieron a relucir el de Diego Pérez Henao, identificado por las autoridades colombianas como “Diego Rastrojo”, quien encabeza a las Rondas Campesinas Populares o “Los Rastrojos”, un grupo armado que sirvió como brazo ejecutor del Cártel del Norte del Valle de Colombia.

No es todo: Según el testimonio de El Lobo, Pérez Henao –“El Rastrojo” –fue quien enlazó a Abigael González Valencia con su principal proveedor de cocaína en Colombia: El Cártel de Cali, en otro tiempo representado por el legendario Pablo Escobar Gaviria.

En el año 2000 las autoridades estadunidenses tuvieron informes confidenciales de que El Cuinis –socio de El Mencho –movía entre mil y dos mil 500 toneladas de cocaína de Colombia a México cada trimestre.

“El Rastrojo” fue capturado, después de una larga carrera criminal, el 3 de junio de 2012 en Barinas, Venezuela, y ese mismo año El Lobo Valencia se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

El lobo declaró pormenores de cómo transportaban la droga desde Colombia hacia México. E aquí el modus operandis:

“En 2006 y 2007 invertí en tres cargamentos de drogas cuyo traslado de Colombia a México operó Abigael González Valencia. Cada uno era de 1,500 kilos y todos llegaron a buen puerto.

“González Valencia era el encargado de coordinar con el proveedor colombiano la cocaína. “Los Rastrojos eran nuestro proveedores”, dijo.

Para sus servicios de transporte y venta, “El Lobo” se reunía personalmente con González Valencia en Guadalajara y le entregaba maletas repletas de dólares. Después El Cuinis se trasladó a la ciudad de México, desde donde despachaba los pagos a los proveedores colombianos.

De esta amplia relatoría sobre las operaciones de narcotráfico entre Los Cuinis, el CJNG y los cárteles Colombianos se desprenden otros episodios que implican en todas estas maniobras a Nemesio Oseguera, por aquel tiempo todavía sin gran notoriedad en el mundo criminal, pero con amplios movimientos en el mercado de las drogas.

Se consigna en dicho expediente que a mediados de 2007, “El Cuinis” y su cuñado, “El Mencho”, invirtieron junto con “El Lobo” en un cargamento de cocaína que salió de Colombia.

Relata “El Lobo”:

“La cocaína se estaba moviendo desde Sudamérica hasta México a bordo de una nave sumergible. El plan era que la nave viajaría hasta un punto predeterminado fuera de costa, donde varias lanchas rápidas se encontrarían con la embarcación y llevarían la cocaína hasta México.

“En aquella ocasión –prosiguió –todos perdieron su dinero porque las autoridades colombianas detectaron el submarino y los tripulantes prefirieron hundirlo antes que permitir la incautación”.

De acuerdo con los informes, esta operación fallida de El Lobo y “El Cuinis” era manejada a través de una ruta compartida. La droga también la cargaban en portacontenedores que eran enviados desde Colombia, pasaban por Panamá o Costa Rica y luego desembarcan en algún puerto mexicano, donde tenían todo arreglado para su entrega.

El testigo dijo que por esta vía transportaba un cargamento de droga cada dos o tres meses y nadie se lo impidió durante un lapso de dos años, por lo que después los narcotraficantes michoacanos siguieron el ejemplo transportando droga desde Guatemala pero en avión: cargaban entre 300 y 1, 200 kilos. González Valencia era el encargado de comprar la droga en Colombia.

En otros de sus testimonios “El Lobo· dijo que “el Cuinis” le propuso mover cocaína desde Panamá directo a Los Ángeles, California, en buques de contenedores.

Nava Valencia dijo que rechazó la oferta porque le pareció insegura, aunque luego reconoció que “El Cuinis” nunca tuvo problemas en esa ruta. El testigo fue capturado cuando preparaba el envío de tres mil kilos de coca a bordo de un avión con matrícula estadunidense. La operación se canceló.

El negocio entonces quedó en manos de “El Cuinis” y su cuñado “El Mencho” Oseguera. Y tras la captura de “El Cuinis”, Nemesio Oseguera se quedó con el negocio y no sólo eso: con el control total del CJNG. Hoy es el amo y señor del narcotráfico y conoce como nadie las rutas por donde introducir drogas de Sudamérica a México y a Estados Unidos.

Aunque en México operan dieciséis cárteles –con todas sus ramificaciones –sólo dos grupos se disputan el territorio nacional: Sinaloa y CNJG. La guerra en Chiapas es un ejemplo de ello. Ambos cárteles quieren controlar la frontera sur. Ahí hay un negocio boyante. El trasiego de droga que proviene de Sudamérica y el tráfico humano. Eso explica los enfrentamientos.

Pero hay algo más: ambas organizaciones criminales no han sido combatidas en el gobierno de López Obrador. Así, sus acciones se realizan sin el riesgo de ser frustradas, pues gozan de impunidad. A estos dos grupos sí les vino como anillo al dedo la estrategia de “abrazos y no balazos”. Nada es gratis. Por ello se afirma que el crimen organizado será, en este año, el gran elector.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y que ha fallado en la mayoría de sus acciones contra los corruptos y presuntos criminales, ahora se apresta a revocar un amparo que interpuso el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, para no ser detenido.

El amparo se lo otorgó al exgobernador de Tamaulipas la jueza Octava de Distrito con sede en esa entidad, Adriana Yolanda Vega Marroquín; la juzgadora ordenó en 2023 la cancelación del mandamiento judicial (orden de aprehensión) dictado por un juez en el año de 2022 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La juzgadora Vega Marroquín, al hacer la revisión del caso, consideró que la FGR no aportó pruebas suficientes para acreditar que el ahora exmandatario tamaulipeco estaba enlodado en esos delitos, algo curioso y no menos extraño, pues si algo acreditó la FGR fue el enriquecimiento descomunal del político panista mediante la compra de varios departamentos y casas dentro y fuera de México, así como la constitución de empresas presuntamente para lavar dinero sucio. Por ello, interpuso el juicio de desafuero, recurso que terminó convertido en un verdadero desgarriate, ya que Cabeza de Vaca no sólo terminó su mandato sino que pudo evadir la acción de la justicia.

Con el amparo de la justicia, Cabeza de Vaca pudo huir del país e instalarse en Estados Unidos. Allá también es investigado por el delito de blanqueo de capitales, pero vive cómodamente en Texas y desde allí llegó al descaro: dijo ser un perseguido político, se registró virtualmente como precandidato a la presidencia de la República y no obstante las acusaciones por delincuencia organizada se le otorgó una suerte de coordinación sobre temas de seguridad en la campaña de Xóchitl Gálvez.

Quizá un poco tarde, la FGR impugnó el amparo que la jueza Vega Marroquín le concedió a Cabeza de Vaca; ahora la impugnación está en manos de dos tribunales colegiados de Tamaulipas –ahí donde sigue teniendo influencias el exmandatario – y algunas fuentes consultadas afirman que en un plazo de tres meses, más o menos para abril de este año, deberán resolver si confirman, modifican o desechan la sentencia de amparo de la jueza mencionada.

En caso de que la resolución inicial sea confirmada, pues no habrá otra alternativa más que la anulación de la orden de arresto por parte de un juez. Esto sería de forma definitiva y, así, cabeza de Vaca podría pasar a ser algo así como una gran víctima de la FGR y del gobierno de la Cuarta Transformación.

El caso ha resultado todo un circo: cuando se le empezó a investigar las autoridades dijeron que tenían pruebas sólidas contra Cabeza de Vaca para desaforarlo y encarcelarlo. Pero el entonces gobernador tenía mucha información sobre los financieros que pagaban las campañas de los candidatos de MORENA. Uno de ellos era Sergio Carmona, presuntamente relacionado con Mario delgado, líder de MORENA, asesinado en el estado de Nuevo León.

LA INVESTIGACIÓN FALLIDA DE LA FGR

Desde hacía por lo menos cuatro años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, por presuntos nexos con el crimen organizado: se le acusa de haber recibido dinero del cártel de Los Zetas, el grupo criminal que también financió las campañas políticas de otros dos exmandatarios tamaulipecos –Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores –ambos actualmente presos.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos inusuales en las cuentas de Cabeza de Vaca: se trataba de sumas multimillonarias, presuntamente también desviadas del gobierno estatal, que beneficiaron a empresas fantasmas creadas por el exmandatario, según la acusación, para apropiarse del dinero público.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados abrir un juicio de procedencia en contra de Cabeza de Vaca, a fin de quitarle el fuero y poder llevarlo a juicio por delitos de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

El voluminoso expediente que integró la PGR da cuenta de las maniobras criminales del exmandatario tamaulipeco, quien fue impulsado políticamente desde el gobierno de Vicente Fox a través de los hijos de Martha Sahagún –los llamados hermanos Bribiesca, de infausta memoria –con quienes Cabeza de Vaca hizo negocios al amparo del poder. Más tarde, Felipe Calderón Hinojosa lo protegió e incluso quiso hacerlo gobernador desde que era presidente, pero el entonces mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández, lo impidió. Esta confrontación explicaría por qué Cabeza de Vaca encarceló a Hernández, quien fue acusado de fraude por la compra de un terreno ubicado cerca del puerto de Altamira, propiedad del gobierno de Tamaulipas, que Hernández compró abaratando el costo. En Estados Unidos, Eugenio Hernández es buscado: se le acusa de lavado de dinero por unos 30 millones de dólares cuyo origen no ha podido comprobar, aunque él mismo aduce que se trata de dinero obtenido a través de sus negocios relacionados con los bienes raíces. Las autoridades norteamericanas afirman que los recursos provienen de la protección que el entonces mandatario otorgó al crimen organizado.

Cabeza de Vaca tiene amplia historia que lo mismo lo han ligado con negocios sucios que con el hampa. En el año 2009, el entorno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca –exalcalde de la ciudad de Reynosa –ya estaba plagado de sospechas por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

En ese tiempo, se le relacionó con negocios realizados con los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún, la exjefa de prensa de Vicente Fox que después terminó siendo su cónyugue en el año 2000, tan pronto el Guanajuatense asumió la presidencia de la República.

En diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer el resultado de una encuesta entre sus militantes para definir al candidato a la gubernatura de Tamaulipas. En ese tiempo, Cabeza de Vaca competía con José Julián Sacramento, Ramón Antonio Sampoyo, José Ángel Sierra y Luis Alonso Mejía, pero Cabeza de Vaca llevaba la delantera, pues había empezado su campaña para la gubernatura tres años antes –violando las reglas –y luego se metió fuerte en el ánimo del entonces presidente Felipe Calderón, ya que había operado como enlace entre 430 alcaldes durante la campaña presidencial del 2006.

Los antecedentes de Cabeza de Vaca dan cuenta que en 1986 estuvo preso en McAllen, Texas por robo de armas –expediente 03645237 – y estaba relacionado, desde entonces, con los hermanos Manuel, Fernando y Jorge Bribiesca Sahagún, con quienes se asoció e hizo multimillonarios negocios. El exalcalde de Reynosa negó haber hecho negocios con ellos, pero aceptó que tenía una excelente relación con los hijos de la exprimera dama Martha Sahagún:

“Si, son mis amigos y me llevo muy bien con ellos, no lo voy a negar, pero con ellos sólo me une una amistad. Sin embargo, los hermanos Bribiesca lo acompañaron en su toma de posesión como alcalde de Reynosa, el 1 de enero de 2005; además, Ismael García, hermano del actual gobernador, ya estaba asociado con Sergio Amaury Flores Pérez, uno de los amigos más entrañables de Manuel Bribiesca.

No es todo: En el entorno político y personal de García Cabeza de Vaca también figuraban personajes del crimen organizado, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, a quien le autorizó la ocupación del estadio de béisbol  Adolfo López Mateos para que el capo festejara el día del niño.

Estos hechos alcanzaron niveles de escándalo, sobre todo porque en ese tiempo Felipe Calderón –quien le había declarado la guerra al narcotráfico –había hecho un fuerte llamado a su partido, el PAN, para que no permitieran la infiltración del crimen organizado entre sus candidatos a puestos de elección popular. Pero Cabeza de Vaca ya estaba adentro y nadie le puso freno a sus ambiciones políticas.

Las palabras de Calderón, pronunciadas el 17 de septiembre de 2008, se perdieron en el vacío: “ Esas plagas sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales”. Y agregó: “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político nacional”.

Pero el llamado señor de la guerra contra el narcotráfico no se dio cuenta –al igual que tampoco se enteró de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa –que Cabeza de Vaca ya estaba relacionado con el crimen organizado. Al exmandatario tamaulipeco lo seguía una larga estela de escándalos desde 1986.

Según informes obtenidos en los archivos de la policía del condado de McAllen, Texas, el entonces alcalde de Reynosa estuvo detenido bajo la acusación de robo de armamento.

Los hechos están asentados en el expediente criminal 03645237 del estado de Texas. El caso fue registrado en la oficina del sheriff de McAllen con el número 86/4632 y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tomó nota del mismo y lo registró con el número 76915EA9.

El expediente citado señala que a las 19:10 horas del 9 de febrero de 1986 “el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca –número de detenido 33696 –y otros tres sujetos despojaron a dos personas – Emilio Rodríguez y Diana Ramírez –de diversas armas que transportaban en un vehículo. El atraco ocurrió en un estacionamiento de los cinemas gemelos Plitt, en la calle 10 norte de la ciudad de McAllen, Texas.

Como consecuencia del robo, Cabeza de Vaca fue detenido el 2 de septiembre de ese mismo año y procesado penalmente junto con sus  cómplices: Antonio Barba Villanueva, “El Toño Barba”, asesinado el 20 de agosto de 1999; Alfredo Cerda Ramos, “El Paya”, ejecutado presuntamente por el crimen organizado el 9 de octubre de 1998, y Alberto Gómez, “La Chona”, quien fue acribillado en el año 2000.

En su etapa como alcalde de Reynosa, Cabeza de Vaca ya era señalado de tener vínculos con el narcotráfico. El 3 de enero de 2005, por ejemplo, el cadáver de su jefe de escoltas –René Izaguirre –apareció en la autopista que va a la ciudad de Monterrey. Había desaparecido desde el 31 de diciembre de 2004.

Izaguirre tenía historia: Había trabajado varios años a las órdenes de su cuñado Guillermo González Calderoni, el célebre policía del sexenio de Carlos Salinas ligado con los capos de la droga y que fue asesinado en McAllen, Texas, el 5 de febrero de 2003.

Días antes de que lo asesinaran, Izaguirre había anunciado que sería coordinador de Seguridad Pública municipal. Todo indica que su posible arribo a ese cargo no cayó nada bien en el cártel del Golfo, a cuyos miembros le atribuyeron el asesinado de este personaje.

Durante el tiempo que estuvo ligado a García Cabeza de Vaca, Izaguirre ya había recibido varias amenazas y mensajes del narcotráfico que subestimó. Por ejemplo, Raúl Guerra –su cuñado – había sido ejecutado; otro cuñado, Jorge Guerra, huyó luego de que su casa fuera cateada por militares que lo investigaban por traficar con drogas en vehículos a los que les colocaba logotipos de la paraestatal Petróleos Mexicanos.

En una ficha elaborada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) consignó un dato relevante: “Se informa que a René Izaguirre lo levantaron tres o cuatro días después de que Cabeza de Vaca se reunió en el Embassy Suite de McAllen,  Texas, con dos sujetos que manejaban las finanzas de narcos en Reynosa.

“El hecho parece ser producto de una promesa incumplida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que sería determinada banda delictiva (Presuntamente el cártel del Golfo) la que nombraría al subdirector de la Policía Municipal de Reynosa y no la administración municipal, compromiso que supuestamente fue adquirido en reciprocidad a las grandes cantidades de dinero del narcotráfico que financiaron la campaña del actual edil.

Y es que las presuntas relaciones de García Cabeza de Vaca con el narcotráfico se hicieron evidentes en 2005, cuando el ayuntamiento que él encabezaba otorgó un permiso para que el capo Osiel Cárdenas Guillén –preso en ese momento en el penal de La Palma después de haber sido detenido en 2003 –pudiera festear el Día del Niño a unos 20 mil infantes en el parque de Béisbol Adolfo López Mateos. En esa celebración se repartieron 20 mil juguetes, 150 bicicletas y cientos de tarjetas firmadas por Cárdenas Guillén en las que resaltaba la frase: “El estudio es la clave del éxito”.

El hecho trascendió y alcanzó niveles de escándalo, tanto, que la entonces Procuraduría General de la República citó a declarar a varios funcionarios del ayuntamiento de Reynosa. Cabeza de Vaca dio la cara e hizo frente al desgarriate. El cinismo en sus palabras: “Nosotros otorgamos un permiso, pero no sabíamos quién o quiénes eran los organizadores”.

Una semana antes del evento organizado por Osiel Cárdenas, el ayuntamiento presidido por Cabeza de Vaca había negado un permiso a Radio GAPE para festejar el día de las madres, evento que se venía organizado desde hacía tres lustros.

La PGR inició las investigaciones contra personal del ayuntamiento de Reynosa y se incluyó a María del Carmen Rojas Bernal, quien días previos al festejo del Día del Niño había sido nombrada directora de Seguridad Pública  municipal.

Otro de los hombres de mayor confianza de Cabeza de Vaca –Alfredo Leal Guerra, exsubdirector Operativo de Seguridad Pública –había sido detenido el 12 de agosto de 2006 en San Antonio, Texas, con 25 kilos de cocaína. En el momento de su arresto, Leal García formaba parte del equipo de seguridad privada de García Cabeza de Vaca, quien ya era diputado local.

La detención de Leal ocurrió aparentemente de manera fortuita: Agentes Especiales Antidrogas revisaron el vehículo del funcionario. Según el reporte, en el interior del Ford Expedition negra del escolta los policías hallaron un saco grande de plástico” en el que estaba oculta la droga, valuada en unos 400 mil dólares.

Tras la captura de Leal, García Cabeza de Vaca se volvió a deslindar: negó tener vínculos con el traficante de cocaína: “No forma parte de mi escolta”, dijo reiteradamente el entonces precandidato panista al gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, el 5 de julio de 2009 varios medios de comunicación tamaulipecos publicaron fotografías en la que ambos aparecen en abierta plática.

Otro de los antecedentes perturbadores que marcaron la historia de Cabeza de Vaca es que, además del narcotráfico, también se habría ligado al contrabando y a la extorsión de importadores textiles, presuntamente en complicidad con los hermanos Bribiesca Sahagún, en el año 2000, cuando fungía como diputado federal, según denunció María Leticia Ramos Esparza, militante del Partido Verde Ecologista de México y exrepresentante de una agencia aduanal, quien fue encarcelada por presuntos actos de extorsión.

Fechada en 2002, una carta de Ramos Esparza da cuenta de cómo Cabeza de Vaca se enredó en la extorsión de empresarios importadores. Dice:

“En 2002, fui notificada por la Secretaría de Hacienda de que unas chamarras de mujer que importó una agencia aduanal de la localidad habían sido clasificadas incorrectamente. En mi calidad de representante de dicha agencia aduanal traté de encontrar una solución justa, a través del diputado federal Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, quien entonces era integrante de la Comisión de Hacienda y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.

Sigue la carta: “Me fui a México y durante la plática que sostuve con él me preguntó, entre otras cosas, quiénes eran los importadores de productos imperecederos que utilizaban la aduana de Reynosa. Le comenté quiénes eran los principales importadores y luego me preguntó cuántas operaciones se hacían semanalmente, a lo que le contesté que 500”.

A partir de entonces, dijo Ramos Esparza, el entonces diputado García Cabeza de Vaca cobró cuotas a todos los importadores. Quienes no accedieron a la extorsión fueron bloqueados. En la soledad de una celda del Cereso de Reynosa, víctima de su miedo a ser descubierta, reflexiona y se arrepiente de haberle dado a Cabeza de Vaca información de buena fe.

En otro tramo de su carta, Ramos Esparza escribió: “Y desde aquí te hablo a ti, Francisco Javier, para que desde donde andes gozando de una inmerecida libertad, me desmientas. Pero además te pregunto de qué vas a vivir, si de lo que vives es de las cuotas que impusiste a todos los importadores de perecederos, textiles y licores…

Entre 2002 y 2005, García Cabeza de Vaca –como ya se dijo –fue relacionado con los hermanos Bribiesca Sahagún en otros negocios, como la obtención de concesiones de radio. En enlace, según los datos de esa historia, fue Amaury Flores Pérez, quien fue subdirector de tránsito municipal en el ayuntamiento de Reynosa.

Flores Pérez estudió con Manuel Bribiesca en Celaya, Guanajuato, donde entablaron una estrecha amistad. Flores Pérez entonces vivía una temporada en Guanajuato y otra en Río Bravo, Tamaulipas. Pronto, el trío conformado por García Cabeza de Vaca, Flores Pérez y Manuel Bribiesca enfocaron sus esfuerzos y aprovecharon sus influencias políticas para concretar diversos negocios.

Con el respaldo de los Bribiesca, García Cabeza de Vaca creó las empresas Compañía Difusora del Noroeste de México y Corporativo Radio del Norte –en el que aparece como socio Ismael, hermano de Francisco Javier –, cuyo objeto social era, desde entonces, obtener concesiones de radio y televisión, estaciones terrenas de satélites nacionales e internacionales, así como la realización de investigaciones publicitarias, socioeconómicas y de mercadotecnia, entre otros fines.

A ellos se les unieron dos de los más cercanos colaboradores de García Cabeza de Vaca cuando fue alcalde de Reynosa: Miguel Ángel Villarreal Ongay (secretario técnico) y Horacio Ortiz Renán (secretario del ayuntamiento).

Villareal Ongay se convirtió en socio del corporativo Radio del Norte, según el acta constitutiva formulada por a notaría pública 147 de Reynosa, Emma Alicia Treviño Serna, el 24 de octubre de 2005 (acta 3393, volumen CXXll). En tanto, Ortiz Renan apareció como socio de la Compañía Difusora del Noroeste, según el acta constitutiva 274  de Reynosa, Tamaulipas.

Por si fuera poco, Manuel Gómez Reséndez y Manuel Gómez García, suegro y cuñado de García Cabeza de Vaca, respectivamente, fueron investigados por la PGR, desde aquella época, por el presunto robo de combustibles en perjuicio de Pemex, según consta en la averiguación PGR/TAMPS/rey-1/519/05.

En dicha investigación se asienta que la empresa Intertransport inc, S.A de C.V “almacenaba un combustible que emana de los pozos de gas natural que perfora Pemex y es traficado en el mercado negro por su bajo costo”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sabido combinar bien los negocios con la política: desde el 2002 se le atribuyó ser propietario de diversas empresas que utilizó para obtener contratos de obra pública, en presunta sociedad con los hermanos Bribiesca y familiares suyos.

Desde hace casi veinte años se le relaciona con las empresas Grupo Inmobiliario Cava, S.A. de C.V., cuya representante es la señora María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, su madre, y con Sierra Gorda Construcciones, S.A de C.V., cuyo operador es Salvador González, quien fue proveedor del ayuntamiento de Reynosa cuando Cabeza de Vaca fungió como alcalde de esa ciudad fronteriza.

POLÍTICA, NEGOCIOS Y NARCO

El exmandatario tamaulipeco, de acuerdo con las investigaciones, adquirió como gobernador unas cien propiedades dentro y fuera de México: departamentos de lujo, residencias, ranchos, entre otras, que por mucho rebasan el monto de sus ingresos como servidor público; además, Cabeza de Vaca formó parte de los senadores panistas que recibieron sobornos por parte de Emilio Loyoza, director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para aprobar la Reforma Energética que permitió al gobierno anterior entregar los intereses petroleros a las empresas internacionales.

Las investigaciones contra Cabeza de Vaca se comenzaron a realizar tanto en Estados Unidos como en México con datos y evidencias hasta conformar dos voluminosos expedientes sobre las aportaciones de dinero que –se asegura –hizo el cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.

Su caso rememora las acciones criminales de dos exgobernadores tamaulipecos: Tomás Yarrington –actualmente preso en Estados Unidos tras su extradición de Italia –y Eugenio Hernández Flores, quien ya fue liberado, pero estuvo acusado por un fraude derivado de la compra de un terreno; además, tiene un expediente abierto en Estados Unidos por lavado de dinero al no poder acreditar el origen de 30 millones de dólares.

Los reflectores se encendieron en contra de Cabeza de Vaca cuando Raúl Eduardo Monge Castillo –titular de la Comisión del Agua en Tampico y funcionario de finanzas del gobierno tamaulipeco –fue secuestrado presuntamente por Los Zetas durante 41 días.

Durante su cautiverio fue obligado a declarar que García Cabeza de Vaca está relacionado con el narcotráfico. Sus plagiarios encendieron una cámara y le exigieron a golpes que dijera la verdad. Ahí no tuvo más opción que contar la historia que sabía. Fue grabada y después difundida en medios de comunicación y redes sociales.

Dijo que el Cabeza de Vaca se relacionó con el narcotráfico desde hace varios años y relató que cuando fue lanzado por el PAN como candidato recibió de Los Zetas dos millones de dólares. No fue todo: su hermano Ismael García –dijo –también recibió dinero del crimen, según expuso, le dieron un millón de dólares. Los recursos fueron utilizados para sus respectivas promociones políticas.

A raíz de estos hechos, ocurridos en 2018, en Estados Unidos –donde Cabeza de Vaca tiene una historia plagada de claroscuros –el FBI y la DEA abrieron amplios expedientes para investigar los vínculos del mandatario tamaulipeco con el narcotráfico.

Sin embargo, el exmandatario goza de un amparo, otorgado por un juez federal, y en Estados Unidos, donde está refugiado, ni siquiera lo persiguen.

La alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, enfrenta un ambiente hostil y no menos peligroso en la ciudad de Manzanillo. Víctima de dos atentados por parte de presuntos miembros del cártel de Sinaloa, ahora enfrenta amenazas y presiones por parte de la gobernadora de esa entidad, Indira Vizcaíno, pues la mandataria pretende imponer a una aliada suya en la presidencia municipal de Manzanillo –Rosy Bayardo –y busca frenar la candidatura de Martha Zepeda del Toro, ambas pertenecen a MORENA.  El tema va más allá de lo político: Muy cerca de la candidata ligada a la gobernadora operan personajes presuntamente relacionados al cártel de Sinaloa que, a su vez, están relacionados con la campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pues la gobernadora colimense se ha encargado de acercarlos a ese entorno.

En el estado de Colima impera una guerra interna en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA): la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, ha generado una división en su mismo partido debido a sus ambiciones personales, lo que la ha llevado a ligarse, presuntamente, con personajes de la delincuencia organizada, según denuncias que conoce muy bien la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Actualmente la guerra está centrada en la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez y la aspirante a la alcaldía de ese municipio, Martha Zepeda del Toro, secretaria del Ayuntamiento, pues la gobernadora pretende imponer en la presidencia municipal a  Rosy Bayardo, quien en 2021 perdió la contienda electoral frente a Martínez pese a tuvo financiamiento de grupos empresariales presuntamente ligados al cártel de Sinaloa.

Esta larga historia de conflictos comenzó en 2018, cuando Griselda Martínez ganó por primera vez la alcaldía de Manzanillo, cuya terminal portuaria está capturada por el crimen organizado. Es uno de los puertos preferidos de los cárteles para introducir drogas, contrabando y precursores químicos.

En los primeros meses de su gestión se dio a la tarea de frenar al crimen organizado. Empezó por depurar a los cuerpos policiacos, pues había dos grupos: uno servía a los intereses del cártel de Sinaloa y otro al de Jalisco Nueva Generación, dos grupos criminales que están enfrentados por el control del estado y cuentan con aliados incuso en el gobierno del estado.

También se ocupó de revisar las finanzas del municipio. En las pesquisas descubrió un desvío de unos tres millones de pesos, realizado por su antecesor, Virgilio Mendoza Amezcua, presuntamente ligado al crimen organizado; informes de la Secretaría de Marina que son del conocimiento de la alcaldesa de Manzanillo indican que el exalcalde es compadre de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe del cártel de Jalisco. Respecto a los depósitos, los informes del municipio de Manzanillo indican que se realizaban a tarjetas de American Express y luego los fondos terminaban en cuentas de Banorte.

En el año de 2019, la alcaldesa Griselda Martínez presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del estado, pero se topó con que el órgano de fiscalización frenó la indagatoria. Hasta ahora el caso sigue impune. Una mujer que influyó mucho en tapar este caso fue Griselda Benavides Cobos, exsenadora y comadre de Virgilio Mendoza, quien a pesar de que ya fue dos veces alcalde de Manzanillo ahora busca ser senador de la República por MORENA y el Partido Verde.

Con el paso de los meses, la alcaldesa Griselda Martínez empezó a enfrentar amenazas de muerte. Las sacudidas a los cuerpos policiacos y el combate a la corrupción incomodó a los mafiosos de Colima y a miembros de la Cuarta Transformación ligados a esos intereses. Por ello, la Secretaría de Marina, que conocía el fondo de las cosas, dispuso de un cuerpo de escoltas para su servicio y de un vehículo blindado.

Pese a la seguridad que disponía, en julio 2019, poco antes de cumplir un año como presidenta municipal, fue atacada a balazos por un comando armado que se movía a bordo de motocicletas.  La camioneta en la que viajaba recibió 36 disparos de armas de alto poder. El objetivo era masacrarla, pero salió ilesa.

–¿Qué grupo criminal la atacó? –se le pregunta a la alcaldesa de Manzanillo.

–Al principio de la indagatoria se pensaba que los atacantes eran piezas del cártel de Jalisco Nueva Generación; después se supo con certeza que los sicarios pertenecían al grupo criminal de Sinaloa.

Griselda Martínez no entendía por qué el cártel de Sinaloa la quería asesinar. Creo que fue un encargo o una petición. Estaba más que claro que era por un tema político.

Tras el atentado, la alcaldesa de Manzanillo no regresó a su casa. Temía que la acribillaran. Fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Marina, donde se resguardó. Ahí vivió un año bajo la custodia de quince elementos de seguridad, efectivos de la Guardia Nacional y personal de protección a funcionarios públicos.

Sin embargo, un brote de Covid 19, que provocó una oleada de contagios, hizo que la alcaldesa abandonara las instalaciones de la Marina y se fue a vivir al palacio municipal. Ahí habilitó un espacio para vivir. Dormía en un sofá de una de las salas de juntas. Su esposo iba a verla cada semana para recoger su ropa y el domingo le regresaba su indumentaria lista. Pero ocurrió otra circunstancia desfavorable: Un sismo causó daños en el edificio y tuvo que abandonar el espacio. Optó por irse a otro edificio, La Puerta Violeta, construido para albergar a mujeres que sufren violencia. Ahí vive acuartelada y apoyada por el mismo equipo de seguridad.

La muerte siguió persiguiendo a Griselda Martínez. En junio de 2022 volvió a sufrir un segundo atentado. Un grupo de sicarios rociaron de balas varios vehículos en los que se transporta. Nuevamente salió ilesa. Sobre este ataque armado no se integró ninguna carpeta de investigación por parte de la Fiscalía estatal. El caso sigue impune a pesar de que se detuvo a una persona que pertenece al cártel de Sinaloa.

El suplicio continuó en la vida personal y política de Griselda Martínez. Un día el tesorero del municipio le dijo que las cuentas del Ayuntamiento y de  toda su familia estaban bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto. El caso era extraño, pues sus hijos, que tienen su propio trabajo, no podían disponer de sus respectivas quincenas.

Lo primero que hizo para saber lo que pasaba fue hablar con Alfonso Ramírez Cuéllar y le pidió que hablara con Santiago Nieto para conocer las razones del bloqueo de cuentas. Se entrevistó con el entonces titular de la UIF, quien le dijo: No hay problema , te desbloqueo las cuentas el lunes.

–¿Y las de mis hijos? –le inquirió. Y le añadió al funcionario. ¿Cómo me voy amparar ante acciones de ustedes? Nieto le respondió que a través del correo electrónico de la UIF solicitara derecho de audiencia y le ofreció que se destrabaría el tema. Era el mes de junio y la audiencia se la dieron para diciembre.

En una segunda entrevista con Santiago Nieto, la alcaldesa Griselda Martínez le preguntó por qué habían bloqueado las cuentas. El entonces funcionario federal le dijo que recibió un expediente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que se documentaba que la alcaldesa y su familia estaban lavando dinero para el cártel de Jalisco. Y, según le dijo Nieto, esa habría sido la causa del ataque armado que perpetró el cártel de Sinaloa.

Al día siguiente sostuvo una entrevista con Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Le contó todo. Luego fue a ver al general Audomaro Martínez Zapata, titular del CNI. El militar le pidió encarecidamente a Griselda Martínez que no le dijera nada del caso al presidente. Ese día la conferencia mañanera se llevó a cabo en Manzanillo. El general Martínez Zapata le dijo: Ya me dijeron que usted se negó a colaborar con el CNI. Son chingaderas lo que me hizo.

–¿Usted no le dijo nada al presidente Andrés Manuel López Obrador?

–No

En la conferencia mañanera la alcaldesa de sentó a un lado del presidente y cerca estaba Santiago Nieto.

El tema del bloqueo de cuentas continuó por largos meses y causó mucho daño en el seno familiar de la alcaldesa de Manzanillo. Resulta que una de sus hijas había solicitado una beca en Conacyt  para continuar sus estudios. Le pidieron que abriera una cuenta bancaria y cuando fue a abrirla le negaron el servicio en el banco. Sin haber tenido nunca una cuenta bancaria, la hija de la alcaldesa ya estaba bloqueda en el sistema financiero. Para entonces la UIF ya estaba a cargo de Pablo Gómez, quien tuvo que ir a Bancomer a pedir que desbloquearan la cuenta. Pero el bloqueo tardó tanto tiempo que su hija perdió la beca.

El tema de las cuentas llegó hasta la oficina del entonces subsecretario de seguridad, Ricardo García Berdeja. Dice la alcaldesa que cuando iba caminando en el interior del edificio una persona le habló por la espalda: “No voltee, siga caminando, presidenta, le voy a decir quien hizo el expediente del CNI.

Según la alcaldesa, el autor del expediente fabricado había participado en el caso Ayotzinapa, fue uno de los creadores de la llamada “verdad histórica. “Yo tenía temor –dice Griselda Martínez –, en realidad no sabía dónde estaba parada. Poco después, el general Audomaro Martínez Zapata le dijo que el expediente ya había desaparecido.

–¿Qué opina usted de esta fabricación? –se le pregunta.

Lo grave es que haya gente incrustada en el gobierno de López Obrador que quiere afectar a quienes apoyamos al presidente.

En realidad, el expediente fue fabricado en el CNI para frenar su reelección a la alcaldía de Manzanillo.

Y de ese golpe bajo, así como de los atentados, responsabiliza a la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno  Silva, amiga del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, del grupo apodado “Los Chuchos”, miembros del PRD.

No obstante sus negros antecedentes, el presidente López Obrador nombró a Vizcaíno Silva súper delegada en Colima y desde esa plataforma saltó a la gubernatura del estado.

Actualmente la guerra en Manzanillo continúa entre la alcaldesa Griselda Martínez y la mandataria. Todo el encono es porque la gobernadora quiere frenar la candidatura de Martha Zepeda del Toro, secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, pues busca imponer a su aliada Rosy Bayardo.

Este viejo pleito político se agudizó aún más cuando Griselda Martínez buscó la reelección en la presidencia municipal. Cuenta que en la campaña “no traíamos dinero”, pero sí una buena imagen por el trabajo que había hecho en el primer periodo.

Un día la gobernadora Vizcaíno Silva y el padre de ésta le llamaron por teléfono. La invitaron a comer a la casa de un empresario de nombre Rubén Álamo, quien de acuerdo con la alcaldesa e informes de la Marina es uno de los presuntos lavadores de dinero del cártel de Sinaloa. El personaje se dedica a la construcción.

La casa a donde me invitaron es muy lujosa. Tiene albercas, cámaras de seguridad. En la reunión, Rubén Álamo le dijo: Mi gallina para la elección de Manzanillo es Rosy Bayardo. El PRI y el PAN le están metiendo mucho dinero y sin dinero vas a perder. ¿Cuánto dinero ocupas? Ellos están metiéndole 35 millones. ¿Cuánto ocupas tú?

La mesa donde estaban sentados Álamo, la gobernadora, su padre y Griselda Martínez estaba llena de vinos, champaña y langostas.

–¿Qué le respondió usted?

–No le recibí el dinero. Le dije que no necesitaba, que yo ganaría la elección por mis resultados. Me levanté y me fui.

Y así fue: la elección la ganó Griselda Martínez con una ventaja abrumadora; a Rosy Bayardo la hicieron diputada federal y luego solicitó licencia porque la gobernadora la llamó al Gabinete estatal: primero la nombró Secretaría de Economía, luego la colocó en el DIF.

El conflicto entre Griselda Martínez y la gobernadora de Colima continúa, pues la mandataria está empeñada en frenar la candidatura de la maestra Martha Zepeda del Toro, pues otra vez quiere imponer a Rosy Bayardo.

Para ello, Zepeda del Toro fue acusada de falsificación de documentos y está bajo investigación de la Fiscalía del estado. “Es claro el uso de las instituciones de manera facciosa”, dice la alcaldesa Griselda Martínez, quien añade que “el fiscal es una joya. Se llama Bryant Alejandro Ramírez. Según el CNI y la Marina está ligado al cártel de Jalisco”. De igual forma, el exfiscal Marcos Santana tiene negros antecedentes: ahora se dedica a litigar en favor de miembros del cártel de Sinaloa y es una pieza cerca a la gobernadora.

Pero hay algo todavía más preocupante, dice.

–¿Qué?

–Que la gobernadora ahora le esté acercando a Claudia Sheinbaum a personajes ligados al cártel de Sinaloa. Mucha de la gente que le mencioné han aparecido en eventos de campaña de la candidata.

–¿Esto lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador?

–Lo sabe Alfonso Durazo, lo sabe el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo se lo dije a la candidata a través de un mensaje de WhatssApp, pero no recibí respuesta.

En el mes de agosto de 2023, Griselda Martínez dice que le concedió una entrevista sobre su caso –los atentados que sufrió y el complicado ambiente político que enfrenta en Colima –al periodista Álvaro Delgado . Tras denunciar que sus atacantes eran miembros del cártel de Sinaloa, le fue retirada la seguridad por parte de elementos de la Marina. Ahora la apoyan efectivos de la Guardia Nacional y el general Luis Rodríguez Bucio. No obstante la gravedad de su caso, pues peligra su vida, la secretaria de seguridad pública, Rosa Icela Rodríguez “no me ha recibido”.

–¿Y el presidente ya la recibió?

–No