Han sido apenas cinco días, pero el arranque de la campaña ha sido muy favorable para Xóchitl Gálvez. El presidente López Obrador no deja de equivocarse y como ha perdido el control de la narrativa, ha perdido el control: lo de narco-presidente lo tiene fuera de sí. Claudia Sheinbaum no se siente cómoda con el reflector: cada que sale de la sombra de AMLO, se equivoca: desde el “que siga la corrupc… la transformación” pasando por la escenita con Clara Brugada en el templete, hasta una sucesión de mítines desangelados en sus recorridos por el país. Y de remate, ha sido una propuesta de Xóchitl la que ha marcado el debate en el inicio oficial de la contienda: la megacárcel para los delincuentes más peligrosos.

Xóchitl Gálvez va ganando la campaña. Pero eso no significa que vaya a ganar la elección. Ese es un error que la oposición ha cometido sistemáticamente en este sexenio: creer que ganando la campaña se gana la elección.

Tomemos un ejemplo muy reciente: la contienda por la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, fue sustancialmente mejor candidata que la morenista Delfina Gómez. Su discurso fue más estructurado, sus propuestas más solventadas, su desempeño en los debates fue mejor. Tuvo una campaña intensa. No paró. Actos, reuniones, mítines abarrotados de simpatizantes que coreaban su nombre. Agenda desde las primeras horas del día y hasta altas horas de la noche. Remontó en las encuestas y terminó estrechando la ventaja de Delfina Gómez, que sencillamente se apertrechó bajo el manto electoralmente mágico del Presidente de México: las encuestas terminaron en promedio con una ventaja de 15% a favor de la morenista, y el resultado final fue de 8%. Todo mundo le reconoció a Alejandra del Moral que hizo una campaña estupenda, que fue una gran candidata, que la derrota no fue su culpa. Pero perdió. Ganó la campaña… pero perdió la elección.

La tónica de las elecciones posteriores al triunfo de López Obrador en el 2018 ha sido muy parecida. La estrategia de los candidatos de Morena y aliados ha sido bajar el perfil y colgarse de la popularidad de López Obrador. La oposición no ha encontrado un buen antídoto contra eso. Entre 2019 y 2023 hubo elección para gobernador en 24 estados y sólo en 6 ganó la oposición. Lo del Estado de México se repitió en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, y otros más: el candidato opositor fue mucho más activo en campaña, pero no le sirvió en las urnas.

En esta campaña presidencial que oficialmente apenas ha empezado, Xóchitl Gálvez arrancó con más fuerza. Comenzó con enjundia, marcando agenda y se le ve echada para adelante. ¿Será eso suficiente para revertir las preferencias o estaremos ante el mismo fenómeno? ¿Va Xóchitl hacia el mismo destino: ser reconocida como una candidata que luchó, que hizo un gran esfuerzo, que no tendrá culpa de la derrota? ¿Ganará la campaña pero perderá la elección? ¿O encontrarán el antídoto ante la estrategia exitosa de Morena que Sheinbaum está calcando: salirse del reflector y dejar que AMLO le haga la campaña? ¿El antídoto será convencer a los que no se definen claramente como pro-AMLO ni anti-AMLO pero que han sido proclives a votar por Morena?

En cualquier caso deben tener en cuenta que no cuentan los mítines. Cuentan los votos.

Un tabique de documentos se presentó frente a los ojos de Luis Rosendo Gutiérrez Romano, el operador financiero de Marcelo Ebrard. Era el expediente de su jefe: los contratos de la Línea 12 y los vínculos con un controvertido fideicomiso en Singapur donde salen salpicados no solo el excanciller, sino sus cercanos y hasta el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien fue su secretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México en los años en los que se construyó esa polémica obra.

Según fuentes de primer nivel, ese expediente se puso sobre la mesa como un mensaje de Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard: te alineas o esto empieza a salir a la luz. Marcelo Ebrard se alineó. Se conformó con ser el número siete de la lista plurinominal de candidatos del oficialismo al Senado, y uno que otro puesto para sus cercanos. De qué tamaño será la debacle que su cercanísimo Javier López Casarín es solamente candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde la oposición tiene las de ganar. Fue una derrota brutal para Ebrard. No tiene ni cerca lo que tenía antes. Migajas y humillación para el político que se posicionó como el gran estratega del sexenio, el funcionario ejemplar, el que amagó con romper con Morena, que denunció que le hicieron fraude, que dijo que le perpetraron una chicanada. Migajas y humillación. En cambio, sorprendieron las posiciones que obtuvieron para sus respectivos grupos políticos Adán Augusto López, Mario Delgado y Ricardo Monreal.

De acuerdo a lo que me informan, el expediente que dobló a Ebrard no lo armó el gobierno federal. Ni siquiera la administración de Sheinbaum en la Ciudad de México. El expediente sería el que se armó durante la administración de Miguel Ángel Mancera, sucesor de Ebrard en la Jefatura de Gobierno de la CDMX y hoy una de las figuras del PRD, que integra la alianza opositora que postula a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo llegó ese expediente al cuarto de guerra de la campaña presidencial de Morena? Hay quien asegura que fue a cambio de un pacto de no agresión Mancera-Sheinbaum. Eso se verá con el tiempo.

En el cuarto de guerra de Sheinbaum tuvieron la percepción de que el hombre más rico de México, el ingeniero Carlos Slim, se la jugó con Marcelo Ebrard en la contienda de las “corcholatas” por la candidatura presidencial de Morena. Los unían los viejos lazos de la construcción de la Línea 12 del Metro, cuando Ebrard era jefe de Gobierno.

Pero Ebrard perdió. Lo arrasó Claudia Sheinbaum. Después de esto, cuentan las fuentes, el ingeniero Slim buscó tender un puente con la candidata favorita de López Obrador, pero este puente recibió dinamita cuando el ingeniero ofreció una larga conferencia de prensa en la que la declaración más relevante fue que la tragedia de la caída de la Línea 12 no fue por problemas de construcción, sino de mantenimiento. O sea, no fue culpa de Marcelo sino de Claudia.

Mataron al Abulón. Fue mucho más que el exsuegro de la gobernadora morenista Evelyn Salgado. En Guerrero se sabe que Joaquín Alonso Piedra “El Abulón” fue uno de los pilares sobre los que se fundó el encumbramiento del grupo de Félix Salgado Macedonio —senador de Morena, papá de la gobernadora y verdadero poder en el estado— pues fungió como vaso comunicante entre el crimen organizado y ese movimiento político.

Qué tan tenso será el tema para la gobernadora y su papá, que a pesar de que el crimen fue de alto impacto para el estado, hasta el cierre de esta columna (24 horas después de los hechos), el gobierno no había dicho una sola palabra.

Poco después de las 19 horas horas del domingo, en la calle Vista de Brisamar del fraccionamiento Joyas de Brisamar, ejecutaron a Joaquín Alonso Piedra, el muy conocido empresario apodado El Abulón, padre de Alfredo Alonso Bustamante, exesposo de la gobernadora Evelyn Salgado.

El Abulón estuvo en la cárcel acusado de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva. Lo procesaron por lavado de dinero y asociación delictuosa. En los círculos policiacos y políticos se señalaba que operaba en coordinación con la esposa de Héctor Beltrán Leyva, “El H”.

A Félix Salgado Macedonio se le ubica como el hombre que abrió la puerta de Acapulco al cártel de los Beltrán Leyva cuando fue presidente municipal del puerto, según las fuentes muy enteradas en Guerrero que me compartieron toda esta información. Los Beltrán controlaron Acapulco hasta que rompieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán. A Salgado Macedonio se le acusa de haber “jugado” para ambos bandos y con ello haber detonado una espiral de violencia que prevalece no sólo en Acapulco sino en todo el estado. De hecho, Salgado Macedonio fue el primer alcalde del país al que los narcos le dejaron unas cabezas cercenadas en las escaleras del Palacio Municipal de Acapulco.

La alianza entre El Abulón y Félix Salgado Macedonio va más allá. Tienen una relación familiar muy cercana: un nieto en común fruto del matrimonio de Alfredo y Evelyn. La resurrección y ascenso de los Salgado Macedonio en Guerrero no se explica sin El Abulón, aseguran las mismas fuentes. Al grado que en diciembre pasado se le vinculó con el asesinato del conocido político, muy influyente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ricardo Taja. A Ricardo Taja y su hermano Javier, quien hoy es candidato de Morena a diputado federal por Acapulco, se les acusó durante las campañas políticas de mover el dinero ilícito… del Abulón. Habrían roto por la disputa en torno a una deuda: se dice que los Taja se encumbraron en el gobierno del priista Héctor Astudillo, disputaron la deuda y El Abulón para presionar colgó mantas en diversos puntos de Acapulco donde los acusó de corrupción en la asignación de obras. El Abulón fue a dar a la cárcel y salió cuando terminó el gobierno de Astudillo.

El domingo lo mataron. Lo que puede destapar su crimen tiene el potencial de ser más gasolina para las acumuladas evidencias de los tratos del crimen organizado con el movimiento político en el poder en México.

La columna vertebral de la narrativa de Andrés Manuel López Obrador es que él es la víctima. Su carrera opositora la construyó colocándose en la mente de la gente como el principal enemigo del poderoso sistema político mexicano que no lo quería dejar llegar a la Presidencia. La gran víctima nacional. Pero cuando finalmente llegó, siguió siendo la víctima. El David que había vencido al Goliat.

El propio López Obrador se sorprendió por la amplitud de su triunfo, y por empezar el sexenio con más del 80% de aprobación. En la recta final de su administración, goza de una aprobación de alrededor del 55%, que analistas no suelen interpretarlo como evaluación del gobierno sino más como cariño e identificación hacia la persona de AMLO (en la evaluación del gobierno, las mismas encuestas lo ponen dramáticamente reprobado en combate a la inseguridad, combate a la corrupción y situación económica).

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Mucho de este cariño y hasta adoración que tiene un importante segmento de la población hacia el presidente se explica porque lo ven como el gran emblema de una lucha del pueblo. Él es pueblo y está enfrentando a los poderosos. El problema es que no hay nadie más poderoso que él.

Lleva cinco años siendo el hombre más poderoso de México. Tiene el presupuesto y las fuerzas armadas a su disposición. Usa las instituciones de investigación y procuración de justicia (SAT, UIF, FGR) para perseguir sus objetivos políticos. Pero se sigue haciendo la víctima. Es él contra los poderosos, contra la mafia. Su mejor herramienta para tapar los malos resultados en los indicadores de gobierno: mantener en el imaginario de muchos esta idea de seguir siendo el débil a pesar de ahora tener todo el poder.

En su administración sobran los ejemplos del enorme poder que detenta. Autoritarismo, abusos y presiones contra críticos y opositores. Es burdo. Se presume como un gran demócrata, mientras a la vista de todos él está dirigiendo cada detalle de la sucesión presidencial. Se autoproclama como el segundo presidente más atacado de la historia —no sería de extrañar que pronto diga que rebasó a Francisco I. Madero— cuando nadie ataca más que él. Es evidente que tiene a la mayoría de los medios de comunicación a su favor y al servicio de su candidata. En días pasados llegó al punto de confesar que le tiraba línea al anterior presidente de la Suprema Corte y de criticar a la actual por actuar como autónoma y no someterse a sus órdenes. “No me vengan con que la ley es la ley”, “por encima de la ley, mi autoridad moral” son frases del Presidente que retratan su estilo de gobernar.

Y justo en estos días que nada le sale bien, que trae la mala racha por el tráfico de influencias de sus hijos, que anda atorado por no poder sacudirse el #NarcoPresidente como tendencia y que tiene el reflector internacional por ser un acosador de la prensa —tras sus arteros ataques a Tim Golden de ProPublica y Natalie Kitroeff del New York Times—, lleva al banquillo de los acusados a un periodista que ha exhibido algunos de los más sonados escándalos de corrupción de su sexenio: los videos de sus hermanos Pío y Martinazo López Obrador, la Casa Gris de su hijo José Ramón López Beltrán, El Clan de tráfico de influencias de sus otros hijos, Andy y Bobby.

En el clímax del descaro, declara que a ese periodista no le van a hacer nada porque es muy poderoso. Insulta a la jueza que lleva el caso, insulta a los magistrados y ministros que podrían analizarlo, no escatima en injurias que no tienen sustento en ninguna prueba contra mí, y con ese disciplinado método, el gandalla mayor… se dice la gran víctima.

Escribo esto recién me levanté del banquillo de los acusados. En el mundo al revés que se ha vuelto este gobierno, el hermano del presidente López Obrador me demandó por haber presentado sus videos recibiendo a escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel. Y tuve que ir a ser interrogado por su abogado. La audiencia duró ocho horas sin recesos.

El acusado no es él, Pío Lorenzo López Obrador (PiLLO, por sus iniciales), a quien se ve flagrantemente recibiendo el cash en secreto. El acusado no es su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en el video señalan como el destinatario final de los recursos. El acusado tampoco es David León, quien le da el dinero clandestinamente y que luego se volvió alto funcionario del gobierno de AMLO. Yo no le di el dinero. Yo no recibí el soborno. Yo no di el soborno. Yo no grabé el soborno. Pero el acusado soy yo.

El hermano del presidente de México quiere que le pague 200 millones de pesos yo y otros 200 millones Latinus por haber difundido los videos. ¿Pues qué negocio le tumbamos? ¿Esperaba ganar esa monstruosidad de dinero en la administración de su hermano Andrés Manuel? ¿Cómo lo pensaba ganar?

Frente a la contundencia de las pruebas —dos videos que no dejan espacio a la duda—, la demanda es un descaro, un desplante de soberbia del poder: sí, lo hago, y qué.

Ocho horas en las que Pío López Obrador no pudo desacreditar un renglón de nuestro reportaje. De hecho, terminó aceptando que los videos son reales, que él aparece en los videos, que recibe sobres amarillos, que los sobres contenían dinero en efectivo y que todo fue “para apoyar el movimiento”.

Esta demanda exhibe una más de las armas de las que ha echado mano el presidente de México para tratar de silenciar a los periodistas que revelamos los escándalos de su administración. El presidente no ejerce su derecho de réplica. No desmiente la información porque no puede, porque lo exhiben videos, audios, documentos. Entonces insulta, revela los datos personales de quien lo incomoda, muestra el número de teléfono celular, difunda fotos de la casa donde vives, invita a sus huestes al linchamiento y la persecución, y todo en un país que aparece entre los punteros mundiales por número de periodistas muertos.

Hoy el régimen me sentó en el banquillo de los acusados por la sencilla razón de hacer mi trabajo: dar a conocer a la audiencia información de notorio interés público. Esto implica escalar un peldaño más en la cordillera autoritaria de ataques a la libertad de expresión en este sexenio. Es una venganza. Es también el mensaje de López Obrador a todos los periodistas: atrévanse a cuestionarme, y ya saben cómo les va, bájenle dos rayitas. Son sus propias palabras.

Dice la sabiduría popular que el presidente es presidente hasta el último minuto, y que en el último minuto todavía puede hacer locuras. También dice la sabiduría popular que hay que tener cuidado con el dragón herido, porque siempre puede dar un último coletazo. A López Obrador le quedan 7 meses de presidente. No sé hasta dónde esté dispuesto a llevar esta persecución. ¿Me va a embargar? ¿Me quiere meter a la cárcel? Por lo pronto debe saber que aquí se topó con pared. Y que por más que lo ha intentado, por más que use armas cada vez más rudas, no me ha doblado… ni me va a doblar.

SACIAMORBOS

Y no me alcanza una columna para agradecer todas las muestras de solidaridad.

Nunca lo va a aceptar públicamente por obvias razones, pero las estructuras partidistas de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ya recibieron la orden de dejar de trabajar para Clara Brugada, la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno.

Hacia afuera todo son sonrisas, pero hacia adentro, el cálculo de Sheinbaum y su equipo es que si llegan a triunfar en la elección presidencial -cosa que calculan altamente probable, pero no segura- no quieren al grupo de Brugada (Martí Batres, Encinas, et al) de vecinos, con el monumental presupuesto del gobierno de la capital del país a su disposición y con la fascinante herramienta de las auditorías a los cinco años de gobierno de Sheinbaum.

En el equipo de la candidata presidencial del oficialismo sienten que Brugada y su gente no harían equipo, ni siquiera serían un sano contrapeso interno, sino francamente se comportarían como chantajistas por goteo, con tal de ir amarrando su lugar en la sucesión presidencial del 2030.

Así me lo revelan fuentes de primer nivel en el círculo de confianza de Sheinbaum, quienes ya están implementando la instrucción de mantener una relación fría con Clara Brugada y su equipo de campaña.

En cambio, me revelan las mismas fuentes, ya empezaron a tender puentes con el panista Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Me dicen que la oferta fue diáfana: si te comprometes a no usar políticamente las auditorías a la gestión de Sheinbaum, nosotros sacamos las manos del proceso por la capital del país y dejamos de apoyar a Clara Brugada. A los pocos días, Taboada tejió la respuesta en un mensaje público: no tengo intenciones de gobernar con el espejo retrovisor. Y de inmediato los rudos del morenismo en la Ciudad de México, que llevan como bandera a Brugada, se activaron en su contra reviviendo viejos expedientes y creándole nuevos desde los espacios de poder que controlan.

Se ve que el tema de las auditorías inquieta a la candidata del oficialismo. La semana pasada dedicó uno de sus mensajes diarios a presumir que su administración en la Ciudad de México fue la única entidad que no tuvo señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Se ve que el trabajo político y las presiones han surtido efecto, porque con tantas obras que tienen accidentes (unos más trágicos que otros, pero ya casi como sistema), lo de menos es pensar que una rápida auditoría hecha con seriedad podría poner en aprietos a la candidata cuya única estrategia de campaña ha sido apertrecharse en la figura de su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

SACIAMORBOS

Hace un año, el gobernador Samuel García armó tremendo show porque Tesla anunció la construcción de su megafábrica en Nuevo León: se reunió con Elon Musk, dio entrevistas, hizo videos en sus redes sociales, supo sacarle cada gota de jugo a esta importantísima noticia que fue tema de conversación varios días. Ha pasado un año y la gigafactory de Tesla no tiene un ladrillo.

Ayer se reveló una noticia tan importante como esa, pero que pasó casi desapercibida: Amazon anunció la creación de un centro de datos gigantesco en Querétaro, una inversión de 5 mil millones de dólares. La diferencia fue que el gobernador, el panista Mauricio Kuri, no supo cacarear el huevo.

De manera inesperada y sin dar ninguna explicación públicamente, la fiscal de Guerrero solicitó una licencia de seis meses sin goce de sueldo, en medio de la peor crisis de violencia y narco-política que vive el estado.

Para Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la exfiscal guerrerense, la tercera fue la vencida.

Ella no formaba parte del grupo político de Félix Salgado Macedonio, el senador morenista y papá de la gobernadora, quien es el mandamás en el estado. Salgado Macedonio quería poner de fiscal a su operador Ludwig Reynoso (el tristemente célebre funcionario que brindaba e inauguraba en Acapulco un foro minero la misma noche que el huracán Otis ya estaba encima del puerto). Pero no lo dejaron y lo tuvo que colocar en la Secretaría de Gobierno estatal. La Fiscalía quedó encomendada al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, quien para intentar pacificar el estado mandó a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, especializada en justicia militar. Así que cuando llegó al cargo y le pidieron reportarle a la gobernadora y a su papá, ella se negó y les dijo que su jefe era el general secretario. Esa fue la primera.

La segunda fue más grave. Según me revelan fuentes de primer nivel en el estado, le pidieron cerrar las carpetas de investigación por acoso y abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio. Querían desactivar los casos que han descarrilado la carrera política del senador morenista. La fiscal se negó a cancelar los expedientes y entró de nuevo en choque con quien manda en Guerrero.

La tercera, que fue la vencida, fue la consecuencia natural de la creciente desconfianza. Le pidieron que avisara a las autoridades estatales de los operativos que iba a realizar: dónde, cuándo, a qué hora. Su respuesta, según fuentes informadas en el estado, radiografía la desconfianza en el grupo morenista que tiene a Guerrero en el puño: si les digo dónde voy a hacer los operativos me van a terminar matando a mí.

Cuentan que la gobernadora Evelyn Salgado pidió al presidente AMLO la cabeza de la fiscal y él se la concedió, tras platicarlo con el general secretario.

En el camino, Guerrero se ha vuelto el símbolo del control del crimen organizado sobre una sociedad. Por días, las ciudades más importantes del estado —Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo, Iguala— se han vuelto pueblos fantasmas porque la gente no sale de su casa por miedo, el transporte público no funciona por las amenazas de extorsión, y cierran escuelas y comercios. En un municipio dieron armas a niñas y niños para que la hicieran de policías. Hay drones atacando poblaciones. Apenas antier mataron a 17 en un mismo episodio. El líder del cártel de Los Ardillos da una entrevista contando cómo López Obrador recibió financiamiento del narco y cómo las autoridades morenistas que actualmente gobiernan en Guerrero también. Ya tuvo que entrar la Iglesia a negociar la paz con los líderes criminales. Y el presidente López Obrador reconoció antier que, con tal de no enfrentar a los criminales, dio la orden a la Guardia Nacional de permitir que una organización criminal “tomara Chilpancingo”, ni más ni menos que la capital del estado.

De ese tamaño es el pacto. Y ya vienen las elecciones.

Servicios Integrales de Teapa era una pequeña empresa de Tabasco que nunca había tenido negocios con el gobierno federal… hasta que el tío del dueño se volvió presidente de México. Entonces empezaron a llover los millones.

Osterlen Salazar Beltrán es dueño de Servicios Integrales de Teapa y es primo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalados por encabezar una red de tráfico de influencias para canalizar contratos del gobierno de su papá a las empresas de sus íntimos amigos… y familiares.

Servicios Integrales de Teapa, la empresa del primo de Andy y Bobby, recibió dos contratos de Pemex por una suma total de 190 millones de pesos. No es la primera vez que un integrante de la familia presidencial recibe un contrato de Pemex: en diciembre del año 2020, el mismo reportero de Latinus, Mario Gutiérrez Vega, reveló que la prima del presidente, Felipa Obrador Olán, recibió contratos por casi 400 millones de pesos.

Osterlen Salazar Beltrán tiene su empresa por su lado con sus contratos por su lado, y además hizo equipo con su hermano Pedro Salazar Beltrán para volverse operadores de El Clan, la red de tráfico de influencias que encabezan sus primos, los hijos de AMLO. En grabaciones se escucha cómo Osterlen y Pedro se ponen de acuerdo con Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Bobby, en la implementación de los negocios que reciben del gobierno.

Una frase del primo Pedro desnuda la corrupción de los hijos del presidente: “Hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar”.

En el momento más complicado de mi vida profesional, Carlos Urzúa —sin saberlo— respaldó mis convicciones.

Yo estaba trabajando en Nueva York para promover un documental en el que participé. Era la oportunidad de tomarme unos días y reflexionar. La mañana del 9 de julio de 2019 salí a correr por la ribera del Río Hudson. Ya casi de regreso al hotel tras el ejercicio matutino, mi celular vibró mucho más de lo normal, casi incesantemente. Me detuve y leí la noticia: Urzúa renunciaba al gobierno federal de López Obrador y se iba dejando una granada política a manera de carta de renuncia.

Con apenas siete meses encabezando la Secretaría de Hacienda, escribió que ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando en ese gobierno: habló de negocios a la sombra del poder, de conflictos de interés, de decisiones que se tomaban por capricho y de funcionarios ineptos que eran impuestos en altas responsabilidades.

Era lo que yo estaba denunciando en mis espacios periodísticos. Y por eso ya me había ganado los primeros insultos públicos y presiones privadas del presidente de México (no imaginaba la embestida que vendría después). La carta de renuncia de Urzúa fue un punto de quiebre para mí: si el secretario de Hacienda de López Obrador lo estaba viendo desde adentro y optaba por irse, no estaba yo equivocado.

Cuatro años después, cuando el doctor Urzúa y yo coincidimos en los pasillos de Latinus, le conté la anécdota. Me dio gusto compartírsela, y él, con la generosidad que siempre le caracterizó, lo agradeció y comentó lo difícil que resultaba enfrentar el poder. Siempre le preocupó mucho el país. Descanse en paz.

Lorenzo Córdova pudo haber sido candidato presidencial de la oposición si lo hubiera querido. A juzgar por su desempeño este domingo ante el Zócalo lleno, hubiera sido un candidato muy atractivo: su discurso tuvo fondo y estructura, pero también frases fáciles de atrapar y replicar, explicó con claridad y sencillez el áspero tema de los riesgos de las reformas antidemocráticas de AMLO, leyó con ritmo y ahínco, incluso su presencia física empata con la de un candidato exitoso.

No suele ser fácil la transición de la academia al templete. Muchos tropiezan. Se ve que su escala en el INE le dio kilometraje en el ajetreo del debate, y su reciente etapa de opinador le aportó la soltura que su anterior cargo le obstaculizaba.

Córdova tiene todo para ser un gran candidato. A lo que quiera: diputado, senador, gobernador, presidente. Mucha gente salió del Zócalo especulando si Lorenzo sería un buen candidato presidencial. Incluso el verano del año pasado —antes de que surgiera el fenómeno de Xóchitl Gálvez— su nombre sonó, y en la cúpula de la oposición lo buscaron para ofrecerle la candidatura.

Afortunadamente Lorenzo Córdova no es candidato a nada. Y ojalá nunca lo sea. Tomó la decisión difícil, la correcta. A pesar de contar con todos los atributos que pueden despertar simpatía en un elector, puso de lado el ego, desoyó el canto de las sirenas y con ello, logró algo mucho más profundo: aportó a la preservación de la institución encargada de resguardar la democracia en México, el INE.

Recuerdo que cuando la oposición no encontraba candidato(a), me llegaron a comentar: debería lanzarse Lorenzo. Les respondía tajante: ojalá no, sería un injusto ataque a la democracia mexicana perpetrado por uno de sus más notables defensores.

Nada le hubiera hecho más daño al INE que un Lorenzo Córdova candidato. Ni las reformas de López Obrador hubieran sido tan dañinas, porque un lance así le hubiera dado la razón al presidente de México en todos sus cuestionamientos al árbitro de la contienda. Hubieran legitimado su apetito de reformar al INE al grado de la destrucción.

Desde la trinchera ciudadana, crítica ante el creciente autoritarismo del obradorato, la voz de Lorenzo Córdova se ha vuelto aún más fuerte. El retrato de López Obrador, que dibujó a las puertas de su Palacio y en el Zócalo, le dio sistema óseo a la protesta. Un presidente que quiere organizar las elecciones, juzgar las elecciones, decidir qué información se publica, quién puede tener un monopolio, y quién es corrupto y quién no. Un personaje inmensamente poderoso que se dice víctima de la falta de democracia cuando por la vía democrática tiene 23 gubernaturas, mayoría en las dos Cámaras y ¡es presidente de la República! Córdova terminó por desnudar al régimen.

A la mañana siguiente quedó claro lo profundo que había dolido en el ánimo presidencial su mensaje. La reacción enojada, furibunda, desordenada, exhibe a AMLO.

SACIAMORBOS

Este sí es legado de AMLO: terminó de exhibir quién es quién en los

medios.

A Zócalo lleno, miles de personas gritaron al pie del Palacio donde vive Andrés Manuel López Obrador: “¡narco presidente!”. La arenga se repitió una y otra vez este domingo por la mañana en la marcha por la defensa de la democracia convocada por distintas organizaciones de la sociedad civil y respaldada por la oposición al régimen. En el templete nadie pidió a los asistentes lanzar esa consigna. Al micrófono nadie animó a la plaza a gritarle tal descalificación al primer mandatario. Tampoco abordó ese tema el discurso central de la manifestación, emitido por el expresidente del INE, Lorenzo Córdova. De manera orgánica, el Zócalo de la Ciudad de México -ese que López Obrador considera su propiedad privada- le gritó una y otra y otra vez que era un narco-presidente.

Cuatro horas más tarde, la Fiscalía General de la República emitía un comunicado que terminaba de hundir el discurso oficial de que era “un montaje” la declaración del líder del cártel de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, sobre dinero del narco en la primera campaña presidencial de López Obrador. Un comunicado que dejó en ridículo al presidente, sus propagandistas y sus periodistas funcionales.

Desde hace casi tres semanas, AMLO no ha podido sacudirse el mote de “narco-presidente” que ha inundado las redes sociales. Empezó por un reportaje del muy respetado medio estadounidense ProPublica que relataba que cinco testigos declararon a la DEA que el cártel de Sinaloa dio 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Y se potenció cuando el jueves pasado, en el noticiario a mi cargo en Latinus, presentamos las declaraciones del líder del cártel de Los Ardillos quien aseguró que en ese mismo año él atestiguó que el grupo criminal de Los Zetas -al que pertenecía en ese entonces- financió y operó electoralmente para López Obrador.

El presidente dijo al día siguiente que era un montaje (su candidata presidencial, a quien por algo apodan La Calca, dijo exactamente lo mismo). Sugirió que no era el líder de Los Ardillos, sino un encapuchado. El obispo de la región -avalado por el propio AMLO para buscar una tregua con los capos de la mafia- aseguró públicamente que sí se trataba del jefe criminal. El presidente jugueteó con que la entrevista no se había grabado en el estado de Guerrero sino en el turístico Valle de Bravo. El mismo obispo lo desmintió: sí fue en Guerrero.

Los propagandistas del gobierno y los periodistas funcionales al régimen trataron de desquitar el sueldo. Tuitearon, hicieron mesas de análisis, entrevistas. Se esforzaron en contrarrestar la declaración explosiva. Alegaron que el líder de Los Ardillos se veía muy joven, que hubiera sido un niño en el año 2006. El propio obispo aclaró que Celso Ortega Jiménez tiene 48 años de edad. Luego salieron con que el cártel de Los Zetas no existía en el año 2006. Se comprobó que había reportajes publicados sobre ellos desde el 2004.

Pero nada los ridiculizó tanto como el desmentido desde dentro. Ayer, cuatro horas después de los gritos de “narco-presidente” que inundaron el Zócalo, la Fiscalía General de la República revivió el expediente contra el líder de Los Ardillos (al que habían dejado operar en paz, hasta que tuvo la osadía de cuestionar a López Obrador, el delito más grave en este país) y emitió un comunicado exhortando al líder de Los Ardillos que aportara pruebas de sus dichos. En la prisa por exonerar al presidente, terminó admitiendo la veracidad del personaje y la entrevista:

“En los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal denominada “Los Ardillos”, se ha abierto de inmediato un desglose con objeto de que Celso “O”, supuesto líder de esa agrupación, sea localizado para que, en su caso, ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. En tanto esto se logra, se le exhorta a dicho individuo para que, también de inmediato, y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta Representación Social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística”.

¿No que era montaje?

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El gobierno ha tratado de echar a volar el AIFA usando la extorsión. La última: el Ejército está cobrando hasta el 15% de las ventas a locales comerciales instalados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En un arrojo de autoritarismo, la Secretaría de la Defensa Nacional se ampara en un contrato abusivo en donde asume las labores del SAT: fiscaliza empresas, interviene contabilidades y audita los ingresos de los comercios para que no rebajen el monto de sus ventas y los militares puedan cobrar ese impuesto extra al que llaman “participación de ingresos”. Ellos lo manejan a su conveniencia: cuota fija o hasta 15% de las ventas. Lo que más les convenga.

Esto me lo denunciaron dueños de locales en el AIFA que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, pero para corroborar sus dichos me compartieron un documento, cuya copia se adjunta en estas Historias de Reportero. El oficio tiene el escudo nacional y membrete de “Secretaría de la Defensa Nacional. AIFA, S.A. de C.V.” Es el DCS/SSC/GEP/11440, con fecha 28 de diciembre del 2023 (no es broma de los Santos Inocentes), que tiene como “Asunto: Acciones de verificación”. Está dirigido a los prestadores de servicios, arrendatarios de servicios complementarios y comerciales del AIFA.

En el documento, acusa que hay locales comerciales que no están reportando fielmente sus ventas al Ejército:

“… se hace de su conocimiento que la Dirección de Administración de esta Empresa (AIFA) informó a esta Dirección Comercial que: se han detectado diferencias en los ingresos reportados y la facturación correspondiente a las ventas en este aeropuerto por parte de algunos prestadores de servicios y arrendatarios”, señala el documento, y establece dos líneas de acción:

La primera es que personal designado por el AIFA -que administran los soldados- pueda realizar “revisiones y verificaciones de cumplimiento” a los locales. La segunda es “enviar comprobantes de pago, reporte de ingresos y cualquier otra documentación derivada de las obligaciones de ámbito de competencia del área de cobranza” del AIFA.

Imagen: Especial

Me parece un escándalo. ¿Quién le autorizó al Ejército a hacerla de SAT? ¿Se vale que los militares cobren una comisión de las ventas de los comercios en el AIFA? ¿Quién les dio el derecho de hurgar en las finanzas de las empresas privadas?

Luce más bien como una extorsión que busca darle una mejor cara a las finanzas del AIFA, un aeropuerto fracasado. Como casi no hay vuelos ni pasajeros, de algún lado tiene que salir el dinero para que los números no se vean tan rojos. Porque el que no pague esta cuota enfrenta consecuencias… con los militares. Ni más ni menos.

No es nuevo que el gobierno extorsione a la iniciativa privada para apuntalar sus proyectos. En el caso del AIFA, la primera extorsión la hizo el presidente López Obrador contra las aerolíneas, cerrándoles espacios en el aeropuerto Benito Juárez para que a fuerza tuvieran que irse al AIFA. La segunda extorsión la hicieron los propios militares: hablaron con locatarios del AICM para decirles que si no abrían sucursales en el AIFA iban a perder sus locales en el AICM, que es donde está el negocio porque ahí sí hay vuelos y pasajeros.

Extorsionando. Sólo así. Y ni así.

Después de la derrota electoral en la Ciudad de México en 2021 él la citó a Palacio y la regañó: le dijo que eso pasaba por mostrarse moderada. Ella decidió dar un giro de 180 grados, se despojó de cualquier asomo de personalidad propia y se convirtió en una suerte de robot que repetía lo que él decía y actuaba como él señalaba. Él dictó las reglas para la selección del candidato de la alianza de Morena y ella siguió al pie de la letra el guion dictado: ella sería la gran beneficiaria. Él le levantó la mano. Él le dio el bastón de mando nombrándola como la nueva líder de su movimiento. Y ella sonrió para la foto con la claridad de que su papel era secundario, de comparsa: él seguiría tomando las decisiones, él seguiría dando las órdenes.

Él ofreció puestos en el gabinete. Él definió quiénes iban a coordinar las bancadas en el Congreso. Él determinó quién fungiría como coordinador de la campaña. Ella ni chistó. Ella se atrevió a pedirle una sola cosa: que García Harfuch fuera el candidato a jefe de Gobierno. Él dijo que sí, pero luego ya no le gustó. Y le dijo que siempre no. Aunque la humillación fue pública, ella no hizo ni un solo gesto. Él impuso a una impresentable cercana como ministra de la Suprema Corte de Justicia sin importarle que ella tenía su propia favorita, que era mucho mejor perfil. Ella, de nuevo, guardó silencio y apoyó la decisión. Ella creyó que era su decisión armar su proyecto de plan de gobierno. Y reunió a un grupo de figuras moderadas, bien vistas por distintos sectores. Él le impuso una agenda de 20 reformas que son en realidad un plan de gobierno porque abarcan lo mismo justicia y economía, que agua y vapeadores. Ella salió públicamente a apoyarlas: dijo que las adopta como propias. Él ya anunció que dejará una lista con recomendaciones de proyectos de infraestructura que no pudo concretar por falta de tiempo. Con ironía remató: “estoy seguro que me van a hacer caso”. Ya sabemos qué hará ella.

En su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum no ha podido despojarse de la percepción de que ella no tiene personalidad ni proyecto propio, sino que es una copia desabrida de López Obrador, una marioneta manejada desde Palacio.

No lo ha logrado, en buena medida, porque el presidente con sus dichos y hechos es el principal alentador de esa imagen. Quizá les resulte una buena estrategia de campaña. Quizá ese sea justo el diseño. Sería devastador para la lucha feminista. Pero el pragmatismo político no tiene convicciones.

La doctora Sheinbaum está llevando al extremo la estrategia empleada por la mayoría de los morenistas que hoy son gobernadores en los estados: hacer una campaña con bajo perfil dejando que sea la fuerza del presidente la que consiga el triunfo. La diferencia en esta elección es que la ruta de salida de AMLO ya se ve y ya se siente. Este 2024 inició bastante turbulento para el presidente y no está claro que llegará a la campaña oficial con la fuerza de procesos electorales pasados. De apuesta segura podría pasar a apuesta arriesgada.

No es que se interrumpa su gira para saludar a la mamá del narcotraficante más famoso del mundo. No es que en las mañaneras trate a delincuentes con el respeto que no dispensa a los que considera sus adversarios. No es que la oposición arme un expediente ante organismos internacionales porque las elecciones de 2021 fueron “narcoelecciones” mientras él declaraba que la delincuencia organizada “se portó bien”. No es que un magistrado del Tribunal Electoral declare que la incidencia del crimen organizado en las elecciones mexicanas ha ido creciendo y nadie quiere hablar de ello. No es que en Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa y Chiapas los grupos narcotraficantes controlan cada vez más territorios. No es que sean varios los gobernadores morenistas con acusaciones de vínculos con el narco. No es que haya videos de líderes del narco con autoridades obradoristas. No es que haya declaraciones de morenistas y exmorenistas confesando que el dinero del narco entró a Morena. No es que sea el sexenio con más asesinatos en la historia del país. No es que las denuncias de extorsión estén en niveles récord. No es que las madres buscadoras sigan encontrando fosas clandestinas y que ya mejor pidan clemencia a los grupos del crimen organizado.

No. Todos los hechos anteriores vistos de manera independiente no son evidencia concreta de que el presidente López Obrador sea un narcopresidente. Pero cuando se ven todos juntos y se analiza qué ha pasado con los cárteles este sexenio —más poder, más territorio—, se entiende por qué un reportaje como el de ProPublica caló tanto.

Uno de los villanos favoritos de la mañanera, Genaro García Luna, fue declarado culpable de estar relacionado con el narco con base en declaraciones de testigos protegidos. Hace dos semanas, el reportaje reveló que hay cinco testigos protegidos que declararon a la DEA que el cártel de Sinaloa entregó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO en 2006. El presidente giró la narrativa: las declaraciones de testigos protegidos que antes alababa, hoy reciben contundente descalificación. La doble vara de López Obrador. Nada nuevo en su sexenio.

El gobierno de Estados Unidos ha sido claro en que el caso está cerrado. No ha dicho que las acusaciones sean falsas ni que López Obrador sea inocente. Sólo que el caso está cerrado.

El presidente luce descolocado por la penetración del #NarcoPresidente. Sabe que su imagen ante la opinión pública está en juego. La evidencia está a la vista de todos: el crimen organizado opera con cada vez más márgenes en México y el gobierno, si no es cómplice, da permiso y no combate. Ese es el problema. Que la propaganda no le está alcanzando al presidente: la sospecha entre la ciudadanía está presente por todo lo que está a la vista. El río está sonando.

López Obrador lleva un mes sin control de la narrativa. Sin control de los temas de discusión pública. En un gobierno cimentado en la saliva del presidente, eso es políticamente letal. En las mañaneras se nota la ansiedad, la desesperación. Los reportes de varios periodistas hablan de crisis en Palacio Nacional, de que López Obrador está del peor humor que se le ha visto en todo el sexenio. No es para menos. Lleva un mes en la lona. Y no está acostumbrado a eso.

Mañana se cumple un mes de que se publicó el reportaje donde su hijo Bobby (Gonzalo López Beltrán) es exhibido en una red de tráfico de influencias para gestionar multimillonarios contratos del gobierno de su papá a favor de sus íntimos amigos. Grabaciones y documentos lo sustentan. Son miles de millones de pesos. Hacen negocio con las medicinas, con equipo médico, en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas.

La narrativa de que sus hijos son corruptos, son traficantes de influencias persigue al presidente desde el inicio de año. La oposición y su candidata presidencial tomaron la bandera y se la restregó todos los días, y esto obligó a López Obrador a abordar el tema una y otra vez. Además, como el enriquecimiento de los hijos y sus cuates es cierto, el asunto generó crisis personal y política. Los reportes que han circulado hablan de gritos, regaños del papá, reparto de culpas dentro de El Clan, señalamientos entre hermanos, cruce de sospechas sobre “quién filtró esas llamadas”, reclamos desde la campaña de la candidata oficialista.

Cuando el presidente estaba contra las cuerdas por eso, apareció el reportaje de Tim Golden en ProPublica citando que dos testigos protegidos de la DEA señalaron haber participado en un soborno de 2 millones de dólares del cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador, en el año 2006. El #NarcoPresidente lleva varios días como tendencia en redes sociales. AMLO ha tratado de amenazar a Estados Unidos por esto. Luego se echó para atrás. Más tarde advirtió que exigiría una disculpa. Luego que siempre no. Habló con Biden. No le mencionó nada. Vino una funcionaria de altísimo nivel de la Casa Blanca y dijo que el caso estaba cerrado (cosa que el propio reportaje señala), y de ahí trató de colgarse para seguir rechazando la acusación. Pero lleva una semana seguida sin poder parar de hablar de eso. Ya hasta dijo que el periodista es un mercenario, agente de la DEA, que le pagaron por el reportaje. Se exhibe solito.

De qué tamaño será la crisis desatada por estos señalamientos —la corrupción de sus hijos, el dinero del narco en su campaña— que el presidente resucitó el caso Colosio, a 30 años de distancia. No le ha servido de mucho. Es demasiado obvio. De qué tamaño será la crisis desatada por estos señalamientos que el presidente presentó una metralla de reformas a la Constitución, que de aprobarse sin cambios, van a meter al país en una bronca económica de pronóstico reservado. Pero como las presentó cuando ya está terminando su sexenio y no tiene los votos en el Congreso para aprobarlas, no le sirvieron como distractor: él mismo en sus mañaneras ha tenido que seguir refutando lo de #NarcoPresidente.

¿La oposición está aprovechando cabalmente que el presidente lleva un mes en la lona? Eso es otra cosa.

Las frases son sorprendentemente iguales. En su discurso del lunes en la tarde, al presentar su metralla de reformas, el Presidente de México retomó —casi en copia— el argumento del dictador Augusto Pinochet cuando justificaba las reformas a la Constitución de Chile.

Dijo AMLO en Palacio Nacional: “Si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo, y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegado el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía”.

Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución del dictador chileno Augusto Pinochet, expresó: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. El párrafo es de su artículo “El camino político”, publicado en 1979, seis años después de que el general encabezó el golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo, el izquierdista Salvador Allende.

Los discursos del presidente de México y del ideólogo de la Constitución del dictador Augusto Pinochet son casi iguales. Incluso, el de López Obrador resulta más polarizador que el del chileno.

No solo las frases son paralelas. También los momentos: ambos mandatarios defendiendo reformas profundas a la Constitución que plasmen ahí sus apetitos autoritarios —disfrazados de proyecto de nación democrática— y destilar sus rencores personales.

El ideólogo pinochetista confiesa en el mismo artículo el objetivo final de su proyecto: “que en las elecciones populares no se juegue lo esencial de la forma de vida de un pueblo”. Es decir, que la democracia no lo sea en realidad. Que se diga que hay democracia, pero que nunca puedan cambiar las cosas que quedaron alineadas por la dictadura militar.

Nada más audaz que enarbolar la bandera de la democracia… para destruir la democracia. Esa es la gran farsa que pretende imponer ahora López Obrador con su tren de reformas a la Constitución. Sólo una cosa se interpone entre su deseo y la realidad: el voto del pueblo.

El 26 de enero, con su habitual contundencia, Brozo (Víctor Trujillo) planteó que en la elección de este año estaríamos sencillamente votando entre dictadura y democracia. López Obrador se irritó por esa frase. Su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, también. Ambos defendieron en los días subsecuentes la idea de que en realidad ellos representaban el verdadero cambio democrático. Pero lo que hacen y lo que dicen avanza en la carretera del autoritarismo… hasta con las mismas palabras.