Así, con la distribución de las 200 curules plurinominales, Morena tendrá 236 diputados, el Verde 77 y el PT tendrá 51.

Mientras que de la Oposición, el PAN alcanzará 72 legisladores, el PRI 35, PRD 1, Movimiento Ciudadano 27 y habrá una legisladora independiente.

Sin embargo, será el Tribunal Electoral el que dé la última palabra a más tardar el 29 de agosto, pues los partidos de Oposición impugnarán.

Espurios vs incongruentes

En la disputa, los partidos de Oposición acusaron a sus homólogos de la 4T de “espurios” y “tramposos”, mientras que el bloque oficial les llamó “incongruentes” por beneficiarse en el pasado y ahora exigir cambiar la fórmula.

En su intento por revertir el dictamen, los líderes partidistas acusaron a los consejeros de “matar la democracia” si avalaban la mayoría calificada de los partidos oficiales.

Pero los partidos oficiales también descalificaron a los cuatro consejeros que propusieron una interpretación distinta.

Al salón de plenos llegó Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, para reclamar que con el 10 por ciento de la votación a favor de su partido, pretendan darle sólo un 5.4.

“Están permitiendo que un partido con 8 por ciento de la votación (PVEM), se convierta en la segunda fuerza en San Lázaro, con 75 curules y avalando que un partido que obtuvo, escúchenlo bien, obtuvo el último lugar de la votación en un distrito, sea al que se le otorguen triunfos de mayoría. Sus cálculos matemáticos aturdirían al mismo Pitágoras.

“Que el INE sea omiso o permita estas distorsiones, bajo el argumento de que así se venía haciendo antes, no es justificante para que se trasladen curules o escaños a fuerzas electorales que no obtuvieron los triunfos”, criticó.

Panistas y perredistas advirtieron a sus adversarios que no pueden tener un 73 por ciento cuando los ciudadanos no les dieron ese poder, pues sólo obtuvieron el 58 por ciento.

En lo que parecía una ironía, el representante del PRI, Emilio Suárez, aseguró que la nueva distribución implicaría un retroceso de 50 años.

En respuesta, los representantes de los partidos oficiales defendieron su mayoría calificada.

“Esto se llama cinismo, venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que está establecido en la ley se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos”, soltó el representante morenista, Sergio Gutiérrez Luna.

El diputado federal acusó incongruencia de los consejeros que proponían una nueva fórmula, pues, dijo, en el pasado pedían que se cumplirá la ley. Sin mencionar que su partido también cambió de posición, pues en el pasado criticó la fórmula y ahora la apoya porque es el beneficiario.

Su enojo fue tanto, que amenazó a los consejeros con juicio político por modificar su postura.

En respuesta, los consejeros Dania Ravel, Arturo Castillo y Carla Humphrey reclamaron que se les amenace por no votar o interpretar la ley como quieren.

La principal defensa de los partidos oficiales fue el traspaso de votos de Morena al PVEM.

El morenista Hamlet García ejemplificó que existen estados donde el PT y PVEM ganaron 4 a 1 contra el PAN y PRI, por lo que les advirtió que lo poco que ganaron fue por la marca, no porque la gente confíe en ellos.

El pevemista Carlos Puente aseguró que se merecen los triunfos porque ganaron 57 diputaciones, por lo que les exigió dejarse de “rollos” y aceptar que en esta ocasión los votos no los favorecieron.

“La ciudadanía da y quita, mañana volveremos a ir al juicio de la ciudadanía, pero por lo pronto estos tres años así van”, dijo.

Inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva.- Taddei

Al respaldar la distribución que da mayoría calificada a los partidos de la 4T en la Cámara de Diputados, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, criticó a quienes presionaron al organismo para hacer otra interpretación de la Constitución para realizar el cálculo de curules.

El Consejo General del INE discute la distribución de diputaciones y senadurías plurinominales, sesión en la que consejeros muestran su división por aplicar la fórmula tradicional, y entre reclamos de los representantes de los partidos de Oposición por entregar espacios no acorde con la votación que recibieron.

“El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho.

“Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa. No hay dilema. Las reglas constitucionales son muy claras, pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución”, indicó Taddei.

Las diferencias

La consejera Claudia Zavala presentó su propuesta para cambiar la fórmula y reducir de 364 curules para Morena, PVEM y PT a 317, a fin de que no tuviera mayoría calificada y garantizar que cada partido se acerque lo más posible a la votación que obtuvo.

“A diferencia del proyecto de acuerdo, si en lugar de sumar ocho enteros a cada partido político para calcular su límite de sobrerrepresentación, lo que se hace es obtener el 8 por ciento del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas.

“Lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria: el principio de proporcionalidad”, dijo.

El consejero Jaime Rivera la secundó al considerar que el INE está obligado a realizar una distribución con una visión integral y haciéndose cargo de las implicaciones que la decisión que se adopte tendrá para la conformación de la representación política de la Nación.

Afirmó que debía aplicarse una interpretación “funcional” como se hace a ciertos apartados del artículo 54 constitucional, pues hacerlo parcial no es adecuarse a la realidad política.

Cuestionó si a alguien le queda duda que Morena, PVEM y PT actúan como una sola fuerza política y así debían evaluarlos, incluso acusó un traspaso de votos de morenistas a sus aliados.

“Por eso es indispensable una interpretación sistemática y funcional que preserve los fines superiores de la Constitución de pluralismo, proporcionalidad e igualdad del voto ciudadano. Es válido una reinterpretación en el actual contexto empírico que es algo diferente al pasado”, indicó.

Sin embargo, estas visiones fueron contrarias a las de otros de sus compañeros, como la consejera Norma de la Cruz, quien reclamó a los partidos de Oposición que hoy pretendan una nueva distribución cuando ellos fueron los que no cambiaron la legislación cuando pudieron.

“Debemos dejar claro que quienes formamos parte de este Consejo General, no somos un cuarto poder, no tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo, pretender que 11 personas integrantes de una autoridad administrativa electoral podemos cambiar las reglas de sobrerrepresentación dadas por el pacto federal, implicaría investirnos de una soberanía que no detentamos”, apuntó.

El acuerdo fue firmado por la Ministra el 8 de agosto y notificado hoy por lista, lo cual es práctica común en la Corte, cuya Presidencia tiene que revisar y acordar el trámite inicial de entre 150 y 200 expedientes diarios.

Se trata de uno de los dos asuntos fiscales de Elektra por los que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta semana una carta a Piña, reclamando lo que considera una dilación injustificada en el trámite.

Si Piña hubiera desechado el recurso, su decisión hubiera sido definitiva y Elektra estaría obligada a pagarle al SAT, pues ya perdió las instancias previas del juicio.

Por lo pronto, el expediente admitido fue turnado a la Ministra Yasmín Esquivel en la Segunda Sala, que tomará de uno a dos meses para resolverlo.

Desde el pasado 5 de junio, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia dictada en febrero de 2023 por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ratificó que la empresa dedujo indebidamente mil 900 millones de pesos de pérdidas fiscales de una filial, para así disminuir la base sobre la cual debía pagar su ISR por el ejercicio de 2008.

Esta táctica también fue usada por Elektra para pagar menos impuestos en los ejercicios de 2010 y 2011, lo que resultó en créditos fiscales que suman 6 mil 920 millones de pesos.

El crédito de 18 mil 455 millones de pesos, por el ejercicio de 2013, en tanto, deriva de la omisión de Elektra de reversar las pérdidas de años anteriores cuando salió del régimen de consolidación fiscal.

En ese caso, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo directo a la empresa el 13 de junio.

Al revisar estos asuntos, la Corte ya no puede pronunciarse sobre los hechos que sustentan los créditos fiscales o la actuación del SAT, sino sólo sobre la supuesta inconstitucionalidad de leyes aplicadas a Elektra, que tiene mínimas posibilidades de ganar estos recursos.