Rara vez en México se aplica la justicia a los narcotraficantes. Pocos son los que fueron aprehendidos en el País y purgan condena por sus terroríficos actos de violencia, inseguridad y trasiego de drogas. Efectivamente escasean los casos relevantes tratándose de capos: el de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Zar de la Droga de la década de los ochenta, quien aún purga sentencia en el Penal de Puente Grande, Jalisco, y Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, quien cumplió una sentencia de 1985 hasta el 2017, por mencionar dos de los poquísimos.

De vez en cuando a los capos en México se les detiene. Cuando eso sucede, es por motivos específicos: o los arrestaron después de haber cometido delitos de alto impacto, como fue el caso de Joaquín Guzmán Loera en 1993 luego del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, o porque les caen del cielo en un golpe de suerte, como cuando la avioneta en la que viajaba Héctor Palma se desplomó en los límites de Jalisco y Nayarit en junio de 1995. También están aquellos que son detenidos para fines de extradición, como Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo que fue aprehendido y liberado en octubre de 2019, y finalmente detenido en enero de 2023, y extraditado a los Estados Unidos nueve meses después.

Muy pocos casos se han dado en México de narcotraficantes de peso frente a la justicia como resultado de una investigación. Y aquí persiste la corrupción. Lo cierto es que los cárteles suelen tener compradas a las corporaciones investigadoras y sus cabecillas son alertados de cualquier acción en su contra, aunque sí se han dado casos. El propio Joaquín Guzmán, el Chapo, cayó por tercera y última vez en una acción coordinada de autoridades de los Estados Unidos y de México, para ser aprehendido y extraditado hacia la Unión Americana.

El gobierno de la República ha enviado a un sinfín de criminales mexicanos hacia los Estados Unidos: Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar, Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Eduardo Arellano Félix, Juan García Abrego, Rubén Oceguera González, Ismael Zambada Imperial, Jesús Vicente Zambada Niebla, entre los más notorios.

La extradición suele ser expedita, aunque se dan casos como el de Benjamín Arellano que fue detenido en el año 2002, y extraditado en el 2011, y otros, cuyos abogados han encontrado fallas o lagunas en el sistema penal para postergar dicho proceso.

La mayoría de estos capos detenidos y extraditados no fueron debidamente procesados o sentenciados en México. Algunos de ellos, como Héctor Palma Salazar u Osiel Cárdenas Guillen, fueron reaprendidos en territorio mexicano una vez deportados al país después de cumplir su sentencia en la Unión Americana. Benjamín Arellano tiene pendiente en México el proceso por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo. Por el atentado al periodista Jesús Blancornelas ni siquiera le han abierto causa.

Entre los casos más sorprendentes de extradición está el de Juan García Ábrego, líder criminal del cártel del Golfo, detenido en enero de 1996 y ese mismo día entregado a las autoridades de los Estados Unidos, aprovechando que el capo tenía la ciudadanía norteamericana ¿había cometido delitos en México García Abrego? Indudablemente que sí, era la cabeza de uno de los cárteles más poderosos de la época. ¿Le importó al gobierno mexicano que esos delitos quedaran en la impunidad en este país? No, para nada. En un juicio que no fue tan espectacular como el del Chapo Guzmán, o el de García Luna, a García Ábrego lo sentenciaron en la Unión Americana a once cadenas perpetuas según información pública.

Y eso es lo que sucede normalmente con los “grandes” capos mexicanos, son detenidos aquí, por azar, en flagrancia, en coordinación con los Estados Unidos, o por delación interna, sólo para ser extraditados a la Unión Americana, donde sí son sentenciados por los delitos cometidos en aquel país, quedando impune la estela de sangre dejada en México, la inseguridad, el terror, el tráfico de drogas que heredaron a los suyos y así asegurando una larga vida para los cárteles de siempre al amparo de un gobierno omiso, sea por incapacidad o por colusión. Por eso, como en estos casos. El gobierno de México parece haberse acostumbrado a delegar a otro país la aplicación de la justicia.

En estas condiciones resalta el caso de Ismael Zambada García, un capo impune en México por cerca de 50 años, y que, si se le da la validez que la FGR le dio a su versión, fue privado de la libertad por otro ciudadano mexicano y entregado a autoridades de los Estados Unidos, donde está encarcelado y a la espera de la celebración de su juicio.

Pero no, el señor Zambada como se refieren a él las autoridades mexicanas y sus abogados, está buscando que el gobierno de la República lo repatrie a México, porque justifica, la forma en que fue entregado a los Estados Unidos, es violatoria de la Constitución. Esto quedó expuesto en una carta entregada a sus abogados y publicada en el periódico Reforma: “El Estado mexicano tiene la obligación ineludible, inmediata y categórica de intervenir de manera activa y contundente en la defensa de mis derechos humanos, de mi soberanía como ciudadano mexicano y de la soberanía de México como Estado, en virtud de que mi traslado a los Estados Unidos de América fue producto de un secuestro transfronterizo”.

Lo que le preocupa al capo, dicen sus abogados, es ser condenado a la pena de muerte, por lo tanto, conmina al gobierno de Claudia Sheinbaum a “exigir de manera categórica y sin margen de discrecionalidad a los Estados Unidos de América una garantía formal, vinculante e irrevocable de que no se me impondrá ni ejecutará la pena de muerte bajo ninguna circunstancia”.

El narcotraficante colmilludo abundó: “Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”. Es decir, Zambada se desprende de sí mismo, deja el fondo de lado y alega la forma en la que fue detenido, algo con lo que la presidenta Sheinbaum parece concordar, al momento en que declaró que no “hay un tema en la carta que tiene que ver con la soberanía”, además que ella no “está defendiendo al personaje, sino al hecho”, es decir, a la forma en la que fue capturado y entregado a los Estados Unidos.

Aunque a estas alturas México no está en posición de negociar la repatriación de Zambada García, el Mayo, es un hecho que si en dado y remotísimo caso las autoridades mexicanas hubiesen detenido a Zambada, este criminal estaría ya en un proceso de extradición que se concretaría en los siguientes meses, porque en lo que a narcotráfico se refiere, en vez de aplicar la ley México, no lava la ropa sucia en casa, dándole así bases a un gobierno como el de Donald Trump para fundamentar sus reacias políticas arancelarias, migratorias y demás imposiciones que estarán por verse.