No bastó la reciente entrega de 29 jefes criminales, ni el despliegue de miles de efectivos en la frontera sur para detener la avalancha migratoria hacia Estados Unidos. Sirvió de nada la visita del gabinete de seguridad a Washington para presentar a la administración de Donald Trump una lista de resultados obtenidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate a dos de los principales reclamos de Trump: fentanilo y migración.
El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, los secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, regresaron de esa reunión (a la que, de manera significativa, como ha observado el periodista Ramón Alberto Garza no fue convocada la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez) con las manos vacías.
La amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas entró en vigor la medianoche del lunes a pesar de las catastróficas predicciones que la acompañaban. Para rematar, la delirante guillotina arancelaria de Trump llegó acompañada de un comunicado demoledor.
Según se lee en ese documento, a pesar de que Donald Trump dio a nuestro país “amplias oportunidades para frenar la actividad de los cárteles”, el problema de la afluencia de drogas a Estados Unidos no ha sido abordado de manera adecuada: las organizaciones criminales operan en México sin obstáculos, debido a la “intolerable relación” que mantienen con el gobierno mexicano, que les proporciona “refugios seguros” para la fabricación de drogas.
El documento afirma que los cárteles controlan regiones enteras de México; que el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación fabrican fentanilo y lo introducen en Estados Unidos “a través de los numerosos puntos que controlan”. Que la alianza entre los cárteles con el gobierno de México pone en peligro la seguridad nacional de EU y ha provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses.
El mensaje es claro: Estados Unidos ya tiene al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, y también los hijos de este. Tiene a Rafael Caro Quintero y a importantes jefes criminales de los Zetas, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y el Cártel del Noreste.
Pero no le basta: el asunto no se ha abordado “de manera adecuada”. La “intolerable relación” prosigue. Los cárteles continúan manteniendo “refugios seguros”, “controlan regiones enteras”, mueven la droga “sin obstáculos” a través “de los numerosos puntos que controlan”.
Nada de esto está dicho en pasado: todo en tiempo presente.
Sheinbaum afirma que el comunicado es ofensivo y que su administración tiene todo tipo de planes para contrarrestar la imposición arancelaria. Para no variar, ha convocado al Zócalo a sus seguidores el próximo domingo para enviar una imagen de fuerza, de unidad, de respaldo popular. Bienvenido el Himno.
Se podrá abarrotar el Zócalo varias veces, pero arriba, con aranceles o sin ellos, continuarán con lo de la “intolerable relación” (en la cadena Fox de televisión ya se ha adelantado incluso que esa relación es precisamente con Morena, “el partido de Sheinbaum”).
El Zócalo lleno no cambiará un centímetro la situación para México, como no lo hará tampoco el desplegado de respaldo firmado por la Conago –y que con absoluta desvergüenza posteó ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En realidad, el discurso sobre la “intolerable relación” solo cambiará cuando el gobierno de Sheinbaum se decida a retirar la protección política que envuelve a los principales objetivos que las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos tienen en la mira desde el sexenio pasado, y sobre los que han acumulado abultados expedientes de cuya existencia, de acuerdo con fuentes del gobierno norteamericano, se encuentran perfectamente al tanto en Palacio Nacional y en el gabinete de seguridad.
Estados Unidos quiere narcos, pero también a quienes, mediante su complicidad, hicieron posible el poder destructor de esos narcos. Es cosa de tiempo para que los nombres exploten. La primera lista, sin embargo, ya está confeccionada.
De un modo u otro, la presión seguirá hasta que la presidenta se decida a lanzar por la borda el lastre que ha heredado y que no solo amenaza con hundir a su gobierno, sino al país entero. La pregunta es si estará en condiciones de hacerlo.
A fines de 2022, el hackeo masivo de documentos por parte del colectivo Guacamaya tuvo por objeto exhibir el conocimiento que la Sedena tenía del avance del crimen organizado y su complicidad con gobernadores de varios estados. El entonces presidente López Obrador acusó a “agencias internacionales de inteligencia” de esa filtración. Si AMLO tenía razón, las agencias estaban enviando un mensaje. Pero no fue escuchado.
Ahora nos invitan a llenar el Zócalo.
